Segunda quincena, octubre de 2022
Los desafíos para alcanzar la paridad de género en el país continúan vigentes. Las postulaciones femeninas a cargos ejecutivos son menos frecuentes en los estados con más poder político y económico, según estudios
El domingo 27 de octubre de 1946 ocurrió, por primera vez, una votación universal y con participación femenina en Venezuela, tanto de electoras como de candidatas. Se celebraban hace 76 años las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del llamado “trienio adeco”.
Recordamos un hecho trascendental de nuestra historia civil que, como recuerda un hilo del newsletter venezolano Arepita, generalmente no sale en los libros. Ni siquiera en la entrada de la enciclopedia digital Wikipedia dedicada a la Constituyente del año 46.
Este logro significó el resultado de un proceso de lucha que había empezado años atrás. Ya en 1944 el Comité Pro Sufragio Femenino de Venezuela había tomado las calles para exigir sus derechos, y el entonces senador Jóvito Villalba había apoyado en el Congreso una reforma constitucional a favor del sufragio femenino.
Un movimiento que iniciaron, entre otras, Ada Pérez Guevara, Ana Sénior, Argelia Laya, Carmen Clemente Travieso, Eumelia Hernández, Olga Luzardo, Panchita Soublette Saluzzo, junto a la Agrupación Cultural Femenina y la Asociación Venezolana de Mujeres. Todas lograron, en principio, la adopción de la votación femenina en el Estatuto Electoral de 1945.
La prensa calificó la cita del 27 de octubre de 1946 como las primeras elecciones absolutamente limpias en la historia nacional, sin ningún incidente, con orden y tranquilidad. En ese contexto cívico, 1,4 millones de personas concurrieron a las urnas electorales. El partido Acción Democrática arrasó con casi 80 % de los votos y 86 % de los 160 escaños, y su dirigente, el poeta Andrés Eloy Blanco, sería investido presidente de esa Constituyente.
Fuentes consultadas por Arepita refieren que 58 fueron las candidatas y 12 las elegidas (11 como suplentes): Ana Luisa Llovera (principal), Mercedes Fermín, Cecilia Núñez, Carmen Gracián, Amparo Monroy, Isaura Saavedra, Catalina de Romero, Nieves de Entrena, Panchita Soublette, Lucila Palacios, Luisa del Valle Silva e Inés de Lara.
Esta votación de 1946 es recordada en publicaciones de historia como la primera que demuestra una transformación radical en el sistema electoral venezolano, aún decimonónico. “Esta era la consigna de los partidos políticos: celebrar una elección universal y directa”, documenta el número 28 de la revista Memorias de Venezuela, del Centro Nacional de Historia.
La carta magna que redactó esa cámara fue sancionada el 5 de julio de 1947. Ahora sí, con rango constitucional, quedó consagrado el voto directo y universal para mujeres y hombres, pobres o ricos, leyeran o no leyeran. Y el 14 de diciembre del mismo año, 1947, las mujeres venezolanas votaron por primera vez en una elección presidencial, que ganó Rómulo Gallegos, y parlamentaria nacional, de mayoría adeca.
Pero, como sabemos y repasaremos a continuación, la inclusión tardía de las mujeres en la ciudadanía a través del reconocimiento del sufragio activo no impactó en una participación equitativa sobre los procesos de decisión.
El desafío de alcanzar la paridad de género
En un mundo en el que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se proponen asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública de las naciones.
Ruanda, Emiratos Árabes o Nueva Zelanda, en otras latitudes, pero también México, en América Latina se hallan entre los 10 países del mundo con mejores prácticas en el liderazgo político de las mujeres, según informes de la Unión Interparlamentaria.
En el caso de México, el proceso electoral de 2009 dejó para la historia el fenómeno político de las “Juanitas”: en ese año la cuota de género se cubrió en las candidaturas, pero al ganar, un grupo de las mujeres diputadas electas fueron obligadas a ceder su lugar a los suplentes, todos varones, quienes ascendieron al poder.
México empezó a implementar cuotas de género de manera progresiva hasta llegar al actual 50 %. En 2014 se incluyó el principio constitucional de paridad de género para candidaturas.
En la Cámara de Diputados la correlación ha dado un giro histórico desde 1991, cuando 7,8 % de parlamentarias eran mujeres y 92,2 % hombres, hasta 2021, tres décadas después, cuando hay 50,2 % de diputadas mujeres y 49,8 % de diputados hombres. Los congresos locales, en la actualidad, tienen un mínimo de 40 % de representación femenina, según datos de funcionarios del órgano electoral nacional.
Esto ha avanzado no solo en órganos colegiados mexicanos, sino también en cargos ejecutivos: en el caso de las gubernaturas, desde 2021 el órgano electoral obliga a que, por ejemplo, si son 15 cargos por elegir, cada partido tenga que postular por lo menos siete candidatas en los estados.
Más allá del tema de la paridad, también se abre el desafío de que las mujeres alcancen real incidencia sobre la toma de decisiones y ocupen altos cargos y no solo cargos medios o bajos en la administración pública en general.
Con el aumento de la paridad se han elevado los casos de violencia política contra mujeres a razón de género. El órgano electoral mexicano ideó la declaración “3 de 3 contra la violencia”, que consiste en que, quien aspire a una candidatura, deba cumplir con tres criterios: no haber cometido acoso sexual, no tener deudas de pensión alimentaria y no tener reporte de cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
En el OEV conversamos sobre la paridad de género en México con Adriana Favela, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de ese país latinoamericano. Nos contó cómo este principio ha sido introducido en la Constitución y cómo, a partir de allí, exigen a los partidos políticos la postulación de mujeres en la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular, extensivas a órganos legislativos, alcaldías y gobernaciones.
En esto confluyen aspectos cuantitativos, como que en las cuotas de género que se establezcan las mujeres no solo sean candidatas principales (en México les llaman propietarias) sino también sus suplentes; y aspectos cualitativos, como que los partidos políticos tienen que postularlas en zonas geográficas donde tengan opciones reales de victoria. Aquí, la entrevista:
Cómo estamos hoy y qué debemos hacer
Informes de ONU Mujeres contextualizan que, en Venezuela, en el año 2000 se eliminó de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación la cuota obligatoria de 30 % para las mujeres, y en las posteriores reformas a la Ley Orgánica de Procesos Electorales no se incluyó otra norma que exigiera a los partidos y garantizara la paridad de género en los procesos electorales. No obstante, la limitada presencia de las mujeres postuladas y elegidas en los cargos de elección popular llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a dictar varias resoluciones que incluyen la paridad de género 50-50, o bien, en su defecto, la fórmula mínima de 40 % para las postulaciones y no mayor de 60 % en aquellos casos que no sea posible aplicar la paridad.
Estas disposiciones del CNE, en cualquier caso, no tienen el peso de una ley.
En el ciclo electoral más reciente en Venezuela, la normativa sobre postulaciones paritarias y alternas de mujeres y hombres se aplicó únicamente para cuerpos colegiados (es decir, consejos legislativos y concejos municipales) a la hora de postular sus candidatos nominales y suplentes, bajo las modalidades nominal y lista.
Lo anterior no fue suficiente para asegurar unas elecciones inclusivas, como concluyó el informe “Participación del liderazgo femenino en las elecciones regionales y municipales 2021”, del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). ¿Por qué? Si bien se lograron cumplir los criterios de paridad en las postulaciones reguladas por dicha normativa (postulaciones para los llamados cuerpos deliberantes), existe una tendencia de los partidos políticos de excluir al liderazgo femenino de los distintos cargos de toma de decisiones (es decir, gobernaciones y alcaldías).
En Venezuela la participación política de la mujer para optar a cargos ejecutivos en el ámbito subnacional sigue siendo desigual, como también determinó el informe “Participación Política de las Mujeres en las Elecciones Regionales y Municipales en Venezuela 2021”, del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). En este sentido, documentaron que en los comicios del año pasado:
- De las 226 candidaturas a las 23 gobernaciones 20 fueron mujeres, frente a 206 candidaturas de hombres.
- El porcentaje de mujeres electas como gobernadoras es de 9 %, frente al 91 % de hombres electos.
- De los 20 gobernadores del partido de gobierno solo dos, equivalente al 10 %, son mujeres.
- De las 2.772 candidaturas para ocupar el cargo de alcalde en los 335 municipios, 20 % fueron mujeres mientras que 80 % hombres.
- El porcentaje de mujeres electas como alcaldesas es 19 %, frente al 81 % de hombres electos.
- Solo en Amazonas y Delta Amacuro la mitad o más de sus municipios son gobernados por mujeres.
La investigación “OEV mira Twitter” (2021), sobre contenidos publicados por actores relevantes en esa red social durante el tiempo de campaña de la elección 2021, determinó una evidente desproporción en la participación de las candidatas en Twitter: la revisión de alrededor de 16.000 tuits publicados por candidatos y candidatas arrojó que las contendientes mujeres tuitearon 5,7 veces menos que los candidatos hombres en el lapso estudiado, equivalente a 15 % de los mensajes analizados.
#EnContexto
“Los partidos políticos son la primera barrera de entrada que impide y limita una efectiva participación política de las mujeres en Venezuela”, concluye este informe, elaborado por el investigador Juan Manuel Trak, sobre la base de datos que igualmente demuestran cómo la participación de la mujer es permitida en espacios periféricos de poder y es más común en organizaciones con pocas posibilidades reales de llegar al gobierno.
En este sentido, el NIMD elevó estas recomendaciones que se abren como un desafío en la Venezuela actual:
- Establecer mecanismos de agregación de intereses entre mujeres de diferentes partidos con el fin de diseñar e implementar una agenda que vaya más allá de la representación política en los legislativos, para que incluya su efectiva inclusión en los procesos de reclutamiento y selección de candidatos de los partidos políticos.
- Identificar las experiencias exitosas de liderazgos de las mujeres en diversos partidos políticos con el fin de construir un manual de buenas prácticas de la participación femenina en la política.
- Impulsar programas de formación y capacitación política de las mujeres y sensibilización de los hombres, sobre todo en los cuadros medios y nóveles de los partidos políticos.
- Promover ante el CNE un sistema de información público funcional que facilite conocer los perfiles de las personas que se postulan a los cargos de elección popular, en el que sea posible identificar género, edad, experiencia política y perfil de quienes son postulados en las elecciones.
Cepaz, por su lado, insiste en su informe en la necesidad de una reforma legislativa que permita establecer criterios legales que aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres en la política. Las organizaciones de la sociedad civil y en especial del movimiento de mujeres también deben ser incluidas en este proceso, así como en el desarrollo de políticas públicas que derrumben las múltiples barreras que enfrentan las mujeres para participar en la vida política y pública.
La silla vacía en el CNE, medio año después
Se acaban de cumplir seis meses desde que, el 26 de abril de 2022, la Asamblea Nacional designó magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a Tania D’Amelio, hasta entonces rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Como consecuencia de este nombramiento se generó una falta absoluta en uno de los cinco integrantes del directorio del órgano rector del Poder Electoral.
Habiendo transcurrido medio año, no solo no ha sido cubierta la vacante de esta rectoría electoral, sino que tampoco la opinión pública ha conocido información alguna sobre el por qué en la demora en la designación. Esto, a pesar de que la legislación electoral es clara en lo relativo al ascenso del primer suplente.
Esta situación puede ser ilustrativa del funcionamiento de los poderes públicos en Venezuela, del manejo de los tiempos políticos por parte del poder y de la opacidad en cuanto al funcionamiento de las instituciones y órganos de la administración pública. Esto, muy a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Electoral establece que el Poder Electoral se rige, entre otros, por los principios de independencia, autonomía funcional, despartidización, imparcialidad, transparencia y celeridad en todos sus actos y decisiones.
El directorio se sigue reuniendo, como se desprende de las últimas Gacetas Electorales que contienen resoluciones con decisiones quizás menos controvertidas como validaciones de elecciones sindicales u otorgamiento de pensiones. Lo siguen componiendo cuatro de los cinco rectores designados en mayo de 2021, dos vinculados al oficialismo y dos relacionados con la oposición. Las decisiones se toman con por lo menos tres votos favorables.
El directorio del CNE deberá, en algún momento, ojalá más temprano que tarde, encarar puntos de agenda más complejos, como por ejemplo la propuesta de reglamento de voto en el exterior que consignó el rector y vicepresidente Enrique Márquez a mediados de agosto pasado. Un tema que, también revelador del contexto nacional, seguramente estará atado a las negociaciones y acuerdos a los que deben llegar los actores políticos.
#LaLupa
El embajador estadounidense para Venezuela, James Story, actualizó el 20 de octubre que se está llegando “casi al punto” de retomar las negociaciones en Ciudad de México para lograr acuerdos sobre la crisis nacional.
Consulta Popular en Miranda sobre el destino de los recursos
La Consulta Popular Miranda 2022 se celebró en 550 centros electorales de esa entidad de la región capital el pasado 23 de octubre.
Promovida fundamentalmente por la Gobernación, de tendencia oficialista, el evento consistió en el llenado de una boleta por parroquia que contenía una pregunta y cuatro opciones para que los participantes expresaran su opinión sobre hacia dónde deben dirigirse los recursos de la entidad. De las cuatro opciones, tres eran sugeridas y otra abierta, para quienes quisieran hacer una propuesta no incluida en las anteriores.
En boletines de prensa de la Gobernación argumentan que la consulta se celebró a solicitud de más de 262.000 personas que participaron de un proceso de recolección de firmas para la activación de esta actividad.
En monitoreo de medios se pudo comprobar que este hecho no tuvo cobertura periodística generalizada en el ecosistema mediático nacional; las informaciones en su mayoría emanaron del sitio web de la gobernación, del canal del Estado VTV y del sistema de medios públicos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) prestó apoyo técnico y logístico a la actividad, como ya había informado el 13 de octubre el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Sin embargo, hasta el día de la consulta el CNE no lo había informado en su sitio web ni en sus redes sociales.
Cada una de las 55 parroquias del estado contó con entre tres y diez centros de votación nucleados (agrupados). La Comisión Electoral tenía registro de 6.435 miembros de mesa, 2.145 coordinadores de mesas y 550 coordinadores de centros de votación, mientras que la Fuerza Armada reportó el despliegue de 7.400 efectivos en los 21 municipios del estado.
Podían votar todas las personas desde los 15 años de edad, tal como lo dispone la legislación referente a las comunas y consejos comunales.
El gobernador Rodríguez declaró el 24 de octubre que se había registrado una participación de más de 300.000 vecinos de Miranda, en lo que denominó “una nueva modalidad de cogobernanza”.
La promesa de la Gobernación es que las comunidades cuentan ahora con un fondo inicial de medio millón de dólares para iniciar la ejecución de las obras priorizadas en la consulta. Financiarán un proyecto por parroquia.
La jornada contó con un grupo de veedores nacionales de instituciones y poderes del Estado, como la ex rectora del CNE Sandra Oblitas, quienes reconocieron “la organización de las comunidades mirandinas para participar en el proceso”. La comisión electoral los llamó observadores, pero conviene aclarar que la observación electoral, en estricto sentido, es una actividad independiente, imparcial y despartidizada.
“Vivir de cara al país y para este país”: el legado del padre Virtuoso
El 21 de octubre se realizaron las exequias en honor al padre Francisco José Virtuoso, S.J., rector de la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 2010 hasta su fallecimiento el 20 de octubre, producto de una enfermedad crónica de reciente diagnóstico, reseñó El Ucabista.
Los restos mortales del sacerdote jesuita, politólogo e historiador fueron velados en la parroquia del campus Montalbán de la UCAB, con más de 400 asistentes que también siguieron la misa desde el Aula Magna y el auditorio Hermano Lanz, así como vía streaming.
“Fue un hombre de discernimiento, porque sus dones intelectuales los puso al servicio de la misión encomendada como rector. Interpretó siempre los signos de los tiempos para cumplir esa misión y logró unir su vocación jesuita con un seguimiento intelectual y la esperanza de construir un país democrático”, expresó el padre Rafael Garrido S.J., provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y vicecanciller de la universidad.
Nacido en el sector caraqueño La Pastora, el 17 de septiembre de 1959, Francisco José Virtuoso fue religioso de la Compañía de Jesús desde 1977 y se ordenó sacerdote en 1990. En 1986 egresó como licenciado en Ciencia Política de la Universidad Rafael Urdaneta y en 2003 obtuvo el doctorado en Historia por la UCAB, reseña un amplio perfil publicado por El Ucabista.
Pero Virtuoso destacó no sólo como sacerdote, académico e investigador, sino como promotor de la organización social en defensa del Estado de derecho. “La sociedad civil debe seguir construyendo un tejido organizado para recuperar la democracia”, dijo en una de sus muchas intervenciones. Pero Virtuoso destacó no sólo como sacerdote, académico e investigador, sino como promotor de la organización social en defensa del Estado de derecho.
Miembro fundador de la asociación civil Ojo Electoral (2004-2008) e integrante de otras plataformas, Virtuoso participó en proyectos orientados al fortalecimiento y articulación de organizaciones y liderazgos comunitarios, así como de desarrollo local.
En el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) divulgamos un comunicado en el cual exaltamos el legado de “Joseíto”, nuestro amigo, como uno de los iniciadores de la observación electoral nacional en Venezuela y como un hombre incansable y talentoso, entendedor de la política como servicio al prójimo. Fue un privilegio contar con su amistad. No lo veremos más, pero sin duda siempre estará cerca, no dejará de ser nuestro asesor.
Recomendación al cierre
Ante la situación de emergencia que vive el país en varias zonas producto de fenómenos relacionados con el agua, la Sociedad Venezolana de Infectología compartió un conjunto de recomendaciones sanitarias en aras de poner su experticia a la orden de la comunidad: LÉELAS AQUÍ.