Segunda quincena, enero de 2020
La continuidad del procedimiento, a través de las postulaciones de la sociedad civil, mantiene a la Asamblea Nacional como la institución que debe escoger el nuevo directorio en este año electoral
Del 27 al 31 de enero ha sido el lapso fijado por la Comisión Preliminar, integrada por 11 diputados designados unánimemente por la Asamblea Nacional, para que representantes de la sociedad civil se postulen para integrar el Comité de Postulaciones Electorales. ¿Su importancia? Que este es el órgano facultado por la ley para recibir las postulaciones para cargo de rectores, verificar que cumplan con los requisitos exigidos legalmente y elaborar y presentar ante la AN la lista de los elegibles para integran un nuevo CNE.
Esta acción traduce un tímido avance en la ruta hacia la recomposición necesaria de un Poder Electoral cuya directiva en vigor se ha mostrado abiertamente parcializada hacia el gobierno. Desde la conformación de la comisión parlamentaria preliminar, en noviembre de 2019, el Legislativo no daba nuevos pasos en este sentido.
Y no los daba, en parte, por el conflicto generado a raíz del ascenso de la figura del diputado Luis Parra, para una fracción el nuevo presidente de la Asamblea Nacional para este periodo legislativo. Los diputados de la Comisión Preliminar integrantes de la mayoría de diputados de la Unidad, que encabeza Juan Guaidó, fueron quienes llamaron a dar el paso siguiente en la ruta hacia un nuevo CNE, en el entendido claro de la Unidad de que del seno del Parlamento debe surgir este relevo.
Parra, sin embargo, también ha augurado que el Parlamento no entregará sus competencias a la hora de designar nuevos rectores electorales. Una afirmación que, de entrada, implica por lo menos que ambas directivas que se adjudican la presidencia de la AN coinciden en que no sea el Tribunal Supremo de Justicia la institución que ponga rostros al nuevo Poder Electoral.
Sin ahondar en este aspecto, el pasado 23 de enero Nicolás Maduro anunció que busca un acuerdo con la oposición venezolana para renovar el Consejo Nacional Electoral. “Yo quiero ir a una elecciones donde participe toda la oposición”, afirmó el también presidente del partido de gobierno, que desde el año pasado aceita la maquinaria para unas eventuales parlamentarias.
En este contexto, el Tribunal Supremo es un actor que no ha jugado, por lo menos terminado el primer mes del año electoral. Para calmar la expectación, el TSJ ha confirmado por Twitter que conoce de un amparo relativo al acto parlamentario de instalación de la junta directiva de la AN realizado el 5 de enero. Están en fase de análisis, dicen, para decidir.
Contar con árbitro electoral imparcial debe ser uno de los puntos de partida de cualquier buena elección. Venezuela está requiriendo que, mediante un acuerdo político, todos los actores nacionales converjan en un directorio del CNE capaz de encarar con probidad los venideros procesos electorales. Esto ayudaría a aliviar la tensión política y a encausar los problemas por caminos de institucionalidad.
UCV abre el debate electoral
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela acordó el pasado 22 de enero declarar abierto el debate para propiciar un “ambiente electoral”, que facilite la presentación, análisis, discusión de propuestas y logro de consensos que permitan realizar las elecciones universitarias, vencidas desde hace casi una década.
La apertura se da faltando un mes para el vencimiento del lapso dado por el Tribunal Supremo de Justicia para que la UCV realice unas elecciones de autoridades con un procedimiento, un registro electoral y unas condiciones distintas a las establecidas en la Constitución, las leyes y la reglamentación electoral interna de la propia universidad.
La UCV convoca a participar en la construcción del “ambiente electoral”, indica el comunicado, divulgado durante la misma quincena en la cual el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, presentó su renuncia al cargo luego de aducir presuntas irregularidades en la gestión rectoral.
El fallo del TSJ, inicialmente desconocido por asociaciones de profesores y federaciones de estudiantes, habla de “igualdad de condiciones” para elegir las autoridades universitarias. La entiende aplicada a la relación entre cada sector electoral constitutivo de la comunidad universitaria que, según la sentencia, son: a) profesores; b) estudiantes; c) egresados; d) personal administrativo; y e) personal obrero.
Los votos de los sectores se sumarían o contarían -de forma simultánea- por cada sector electoral y se proclamaría candidato electo únicamente a quien haya resultado ganador en al menos tres de los cinco sectores electorales y haya obtenido, a la vez, la mayoría absoluta de votos (mitad más uno) sumados los votos de todos los sectores electorales.
93,7%
de los profesores de la UCV rechazan la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que establece un régimen electoral transitorio para elegir autoridades. Así lo arrojó una consulta hecha por la Asociación de Profesores el pasado 30 de enero. En la segunda y última pregunta, 96,2% de quienes participaron (891 docentes) se muestran de acuerdo con impulsar un proceso electoral para elegir a las autoridades ante las instancias de cogobierno, en el marco de la autonomía universitaria y lo establecido en la Constitución y en la ley.
Plancha opositora arrasa en elección de FCU-ULA
De acuerdo con el primer boletín oficial de la Comisión Electoral Central de la Universidad de los Andes (ULA), ofrecidos el jueves 30 de enero con 3.503 votos, la estudiante Ornella Gómez ganó la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
Gómez triunfó con amplio margen en las facultades de Ingeniería y Medicina consiguiendo 1.320 votos. Por su parte, Carlos “Pancho” Ramírez consiguió liderar cinco facultades, con 2.884 votos, al contrario de Roger Pulido, afecto al gobierno nacional, quien consiguió 589 votos.
Esta elección universitaria se celebró después de cinco años. Se estimaba que 35.000 estudiantes ejercieran su derecho a votar en los tres estados andinos. En el primer boletín quedaban por contabilizar los votos de Medicina-Valera, Medicina-Táchira, Núcleo Trujillo y Ciencias Forestales y Ambientales. (Con información de El Pitazo)
Perú: se atomizó el Congreso
La configuración de fuerzas políticas en el Congreso de Perú se ha modificado tras las elecciones extraordinarias del domingo 26 de enero. Un despacho de El País indica que ahora el partido de centro-derecha Acción Popular es la primera minoría en el Legislativo, mientras que el fujimorista Fuerza Popular, que hasta septiembre era mayoría opositora, fue desplazado al sexto lugar por cantidad de votos.
La segunda formación más votada es un partido político ultraconservador y mesiánico, con base social urbana y rural en las clases media-baja y baja, llamado Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).
En el Perú, no obstante, más votos no es igual a más representación parlamentaria. La fórmula de repartición de diputaciones se basa en una cifra repartidora, un mecanismo que permite repartir las representaciones o escaños en forma proporcional a la votación obtenida cuando en una elección participan dos o más listas de candidatos. Consiste, según el árbitro electoral peruano, en dividir el total de votos logrados entre una constante o cifra repartidora y obtener la cantidad de vacantes proporcional a los votos obtenidos.
Así, el Frepap no tendrá el segundo mayor número de escaños, sino el partido Alianza por el Progreso, del empresario César Acuña, que actuó como aliado del fujimorismo y del Partido Aprista en el Congreso disuelto en septiembre.
Medios indican que el nuevo Congreso iniciaría sus funciones con representantes de al menos ocho partidos políticos. La disolución del Legislativo fue el punto final de un trance que empezó en agosto de 2016, cuando la mayoría fujimorista y sus aliados declararon la guerra al Ejecutivo.
Más de 24,7 millones de electores estaban convocados y alrededor del 20% no acudió a las urnas. En Perú las multas por no votar oscilan entre los seis y los 26 dólares, el monto depende de si el ciudadano vive o no en un distrito calificado como pobre.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó que los organismos electorales realizaron su tarea con transparencia durante estas elecciones extraordinarias.
¿Por qué fueron “extraordinarias”?
Como refiere un trabajo de BBC Mundo, lo normal es que los peruanos elijan a sus 130 congresistas cada cinco años, al mismo tiempo que a un nuevo presidente. Pero el 26 de enero, mientras el actual mandatario, Martín Vizcarra, continúa en el cargo, los peruanos configuraron este nuevo parlamento.
En septiembre de 2019 Vizcarra disolvió el congreso formado en 2016. Los roces entre la presidencia y los parlamentarios tuvo que ver con el mecanismo de la “cuestión de confianza”, que el ejecutivo puede usar para proteger a algún gabinete de ministros o para impulsar algún proyecto político.
Si el Congreso le niega dos cuestiones de confianza a un gobierno, el presidente queda facultado para disolverlo. El Congreso recién disuelto le negó una cuestión de confianza a Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y en 2019 lo volvió a hacer con Vizcarra: el mandatario planteó una cuestión de confianza para cambiar el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero el Congreso procedió a elegir a un nuevo miembro del tribunal, postergando el debate de la cuestión de confianza. Vizcarra lo entendió como una “denegación fáctica” de la confianza.
El 85% de peruanos aprobó la disolución del Congreso, según encuestas. Ahora, la atomización de las nuevas bancadas las obligará a dialogar y alcanzar consensos mayores al Congreso anterior, pronostican analistas.
Está previsto que el nuevo Parlamento se instale en marzo y esté en funciones hasta julio de 2021.
EL DATO OEV
La reelección de congresistas quedó prohibida en Perú tras un referendo celebrado en 2018, recuerda BBC Mundo. Pero 16 de los congresistas del parlamento disuelto se postularon debido a que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que no buscaban una reelección propiamente dicha, sino completar su mandato iniciado en 2016.
Los políticos que se apuntan a las presidenciales en Bolivia
Hasta el 3 de febrero tienen los candidatos para inscribirse a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo en Bolivia, repetición de los anulados y fraudulentos comicios de octubre pasado, que le costaron el poder a Evo Morales.
El MAS, partido de Morales, postula a su ex ministro de Economía Luis Arce para la presidencia y a David Choquehuanca, ex titular de Exteriores, le acompaña en fórmula para la vicepresidencia.
El Gobierno interino de Bolivia ha asegurado que Arce tiene “cuentas pendientes” con la Justicia. Una fiscal lo ha incluido dentro de los investigados por un presunto fraude del Fondo Indígena.
El anuncio de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de postularse como candidata desató una serie de reacciones sobre la legalidad y legitimidad de esta decisión, según medios.
El expresidente Carlos Mesa, competidor de Morales en octubre de 2019, es uno de los principales candidatos opositores. También Luis Fernando Camacho, el ultraconservador que lideró las principales protestas contra el antiguo mandatario boliviano desde Santa Cruz. Jorge “Tuto” Quiroga, también expresidente, completa las candidaturas opositoras.
De acuerdo con El Deber, a la conclusión del plazo, son cuatro las alianzas que se registraron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con miras a participar en los comicios generales del 3 de mayo. Otros frentes irán de forma solitaria, sin la necesidad de conformar bloques.
El siguiente plazo clave en el calendario electoral boliviano, el que, como hemos apuntado, dura hasta el 3 de febrero, es la inscripción de candidatos, que arrojará más claridad sobre la conformación de algunos de los binomios presidente-vicepresidente.
PARA TOMAR EN CUENTA
A diferencia de sistemas electorales como el venezolano, en Bolivia existe la doble vuelta electoral; es decir, pueden varias las candidaturas, incluso dentro de los matices de la derecha y el centro, pero habría segunda vuelta si ningún candidato alcanza más del 50% de los votos; o un mínimo del 40%, con una diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más votada. En ese muy probable escenario, los dos candidatos más votados buscarán crear alianzas para atraer votos de candidatos perdedores en la primera vuelta.
La ultraderecha pierde una elección clave en Italia
El ultraderechista líder de la Liga Matteo Salvini fracasó el domingo 26 de enero en su intento de ganar una elección regional clave y volver al poder en Italia, lo que constituye un duro golpe para el líder nacionalista y xenófobo.
Según los primeros resultados parciales, la candidata de la Liga perdió ante la izquierda en las elecciones regionales de Emilia Romaña (norte), con las que aspiraba a tumbar al gobierno y pedir elecciones anticipadas.
El presidente saliente de la región, Stefano Bonaccini, del Partido Democrático (izquierda), supera el 50% de los votos mientras la candidata de la Liga, Lucia Borgonzoni, obtendría un 43%.
El resultado en Emilia Romaña es crucial para la frágil coalición que gobierna Italia, formada por el PD y el Movimiento 5 Estrellas (M5E, antisistema), que temía que una victoria de la extrema derecha en ese bastión de la izquierda desatara la caída del gobierno.
La participación fue récord, con un 67,1%, casi el doble que en 2014. Se movilizaron sobre todo los votantes de las ciudades, entre ellas Bolonia y Reggio Emilia.
Salvini, que puntea las encuestas a nivel nacional con el 30% de la intención de voto, soñaba con volver al poder y conquistar con su línea ultraderechista esa próspera región del norte de la península, gobernada desde la caída del fascismo por la izquierda, orgullo de todo el país por su modelo económico y estilo de vida.
Para muchos editorialistas y politólogos estas elecciones regionales se habían convertido en un “referéndum” a favor o en contra de Salvini y a favor o en contra del gobierno de coalición en el poder. (Con información de DW y AFP)
Recomendación al cierre
El nombramiento de nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia no está contemplado en la Constitución. Lo que debería ocurrir es que lo designara, y eso sí está claramente establecido como una función en la Constitución y en la legislación electoral venezolana, la Asamblea Nacional. Lo afirma el director del Observatorio Electoral Venezolano Luis E. Lander en entrevista con la periodista Vanessa Davies sostenida el 29 de enero para su programa ‘Por donde vamos’ de Unión Radio. ESCUCHE AQUÍ los 18 minutos de conversación.