Segunda quincena, febrero de 2021
La aplicación de una serie de medidas prioritarias mejoraría la ruta hacia futuros procesos comiciales. La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE UE) acaba de poner el acento sobre el respeto de otros poderes públicos a las competencias del árbitro, las inhabilitaciones y las amonestaciones al uso de recursos del Estado en tiempo de campaña. ¿Tomará el CNE los ofrecimientos de asistencia? Todo pasa por el tamiz de la voluntad política
A menos que en una mesa de negociación y acuerdos se decidiera otra cosa, después de una pausa electoral de dos años vendrá un nuevo ciclo comicial que incluye presidenciales en 2024 y parlamentarias que se juntan con regionales y municipales en 2025. El bono de tiempo que empieza a correr ahora debiera ser aprovechado para explorar y consolidar mejoras sustanciales a las garantías y condiciones de los procesos electorales en Venezuela.
Resultan muy valiosas, en este sentido, las recomendaciones que por estos meses presentan a la autoridad electoral y a la sociedad venezolana los distintos equipos de observación electoral internacional que conocieron sobre el terreno el proceso regional y municipal de 2021, entre ellos la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), la Misión Electoral de Expertos del Centro Carter, la Misión de Observación Internacional Electoral del Parlamento del Mercosur y el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas. Estos últimos proporcionarán un informe interno al secretario general con recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales y, a discreción del secretario general, esas recomendaciones podrán ser transmitidas a las autoridades nacionales y/o hechas públicas.
De los anteriores, la MOE UE desplegó 134 observadores por el territorio nacional, cubriendo todos los estados. Hicieron público su informe final el pasado 22 de febrero, mediante una conferencia de prensa digital desde Bruselas.
El acuerdo administrativo firmado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la delegación de la Unión Europea en Venezuela ciertamente se limita a decir, en el punto 18, que el jefe de la misión presentará el informe final entre uno y tres meses después de la jornada electoral, sin especificar dónde. Sin embargo, durante la presentación del informe preliminar, el pasado 23 de noviembre, la MOE UE informó por escrito que “al inicio del año 2022, Isabel Santos, acompañada de algunos miembros, volverá a Venezuela para presentar al público el informe final de la Misión”.
La jefa de misión, Isabel Santos, explicó que informaron al CNE de su intención de hacer la presentación en Venezuela, pero las autoridades electorales no contestaron a tiempo para que se fijase una fecha. En vista de que estaban por llegar al término del plazo establecido por el acuerdo administrativo (22 de febrero, tres meses), decidieron hacerla a la distancia. En vísperas y después de la jornada de votación, el alto gobierno emitió duras críticas contra la MOE UE, calificando a sus observadores de “espías” y “enemigos”.
Venezuela no respondió a la solicitud de la MOE UE de regresar a Venezuela para presentar su informe final.
El 21 de febrero, agregó Santos en su comparecencia, presentaron el informe a la dirección de Relaciones Internacionales del CNE, en cumplimiento del acuerdo. Pero, quizás lo más trascendental radique en las recomendaciones de buena fe de los expertos, contentivas de posibles reformas para mejorar futuros procesos electorales, coincidiendo en gran medida con sugerencias y propuestas formuladas por el OEV y otras organizaciones nacionales de observación electoral.
Señales en la ruta
De las 23 recomendaciones formuladas por la MOE UE, ellos consideraron siete como prioritarias.
¿Qué recomendaron? En principio, reforzar la separación de los poderes públicos y la confianza en la independencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sugirieron, incluso, aprobar una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, de hecho, está en pleno curso en la Asamblea Nacional (AN). ¿Qué se busca con esto? Alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del Poder Electoral.
¿Por qué recomendaron esto? Varias son las evidencias de procesos electorales o mecanismos de democracia directa truncados o enturbiados por sentencias del TSJ: dos ejemplos recientes son las normas inconstitucionales que estableció el Poder Judicial para elegir a los diputados de la AN en 2020 y el desconocimiento de la voluntad popular de los electores de Barinas, ordenando una innecesaria e inconstitucional repetición de la elección al cargo de gobernador entre finales de 2021 y principios de 2022.
¿Qué más recomendaron? Que sea suprimida la facultad que ahora tiene y usa la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho a postularse a las elecciones. Lo vienen haciendo mediante procedimientos administrativos y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.
La Constitución es clara: El ejercicio de derechos políticos, como el de postularse a un cargo de elección popular, solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme. Entonces, ¿por qué recomendaron esto? Los ejemplos más recientes están en Barinas:
Primero, fue suspendida la proclamación como ganador por parte del CNE del candidato de la coalición opositora MUD a la gobernación, Freddy Superlano, con base en una supuesta resolución de la Contraloría para inhabilitarlo, aunque Superlano no había sido notificado de esto y la resolución de la Contraloría nunca fue publicada en Gaceta ni notificada al CNE. Además, la inhabilitación se hizo pública luego de realizada la elección.
Segundo, la esposa del ganador intentó postularse a la repetición y, sin haber ejercido antes ningún cargo público, el sistema le indicó que estaba igualmente inhabilitada para presentarse.
Tercero, e igual de grave es el caso del candidato del Partido Comunista a la gobernación, quien pudo inscribirse para las contiendas del 21 de noviembre e incluso del 9 de enero, pero para esta última le fue revocada la postulación.
La conclusión del OEV: son inhabilitaciones arbitrarias, con motivación partidista.
Al respecto, la MOE UE también recomienda notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia. Esto, de momento, no se hace. Y prueba de ello son los casos de candidatos del 21 de noviembre en Guárico, Sucre, Mérida, Miranda, Lara y Táchira que no sabían que sus solicitudes de sustitución o renuncia no habían sido aceptadas por el CNE. La oposición perdió varias alcaldías por este motivo.
¿Y al CNE no le recomendaron nada? Sí. Básicamente, un refuerzo a sus facultades sancionadoras mediante, por ejemplo, la introducción de un sistema de control y sanciones, gradual, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en tiempo de campaña electoral.
¿Pero el CNE no tiene poder de sancionar? Puede tenerlo en la legislación, pero en la práctica ha demostrado ser más simbólico que otra cosa. Hay también ejemplos recientes de esto: en la campaña 2021, de manera inédita y hasta sorpresiva para algunos, el CNE abrió averiguaciones administrativas a Héctor Rodríguez (PSUV-gobierno), candidato a la gobernación del estado Miranda, por “combinar gestión de gobierno con la campaña”; y a Gustavo Duque (FV, oposición), candidato a la alcaldía de Chacao, por el “uso de recursos públicos para hacer campaña electoral”. ¿En qué se tradujo, cuál fue el resultado de estos procedimientos, cómo fue la sanción? Se desconoce.
El uso de recursos y bienes públicos en la llamada “precampaña”, en tiempo formal de campaña y durante la jornada electoral es una constante de los procesos comiciales en Venezuela, sin importar la tendencia partidista del gobernante regional y municipal, aunque las observaciones en campo del OEV indican que las violaciones del partido de gobierno en este sentido son comparativamente más frecuentes. El 21 de noviembre en el ámbito nacional 54% de nuestros observadores vio el traslado de electores con recursos públicos, y el 9 de enero en Barinas 53% de nuestros voluntarios constató esta misma práctica de ventajismo prohibida en la Constitución y las leyes.
#EnContexto
Otro signo de inequidad es la plataforma Patria. Al abordar el asunto, la MOE UE recomienda “dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo solicitar la rectificación de los datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho constitucional de acceso a la información”. Son nociones coincidentes con la más reciente investigación del OEV sobre vigilancia electoral.
¿Y los medios? La MOE UE recomienda equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales. ¿Por qué lo dicen? En su propio monitoreo, concluyeron que los medios con cobertura nacional -la mayoría de ellos estatales- tenían un fuerte sesgo a favor del gobierno o del partido gobernante. El uso indiscriminado del eslogan del PSUV “Venezuela tiene con qué” contradice la Ley contra la Corrupción, que prohíbe a los funcionarios públicos utilizar los recursos del Estado en beneficio de los partidos políticos.
Igualmente, los observadores de la UE informaron que candidatos de distintos partidos de oposición no tenían acceso a los medios de comunicación estatales en 15 estados.
Más elocuente es el siguiente gráfico de la MOE UE. La muestra de medios monitoreada comprendió cuatro cadenas de televisión (Globovisión, Televen, Venevisión y Venezolana de Televisión) y cuatro estaciones de radio (Actualidad Unión Radio, Éxitos, Radio Miraflores y Radio Nacional de Venezuela) durante 17 días de campaña electoral. La cobertura favorece sobradamente al oficialismo:
El monitoreo de redes sociales de la MOE UE también concluyó que las páginas de Facebook de funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, ministros y varios gobernadores en funciones, y en mucha menor medida algunos funcionarios de la oposición fueron utilizadas para promover la campaña de los candidatos y los mensajes de sus partidos.
“El CNE no tiene poder sancionador en caso de violaciones en las redes sociales. Sin embargo, podría sensibilizar a la opinión pública sobre las violaciones y pedir al poder judicial que investigue los posibles casos de uso de recursos del Estado que surjan durante la campaña”, emplaza la MOE UE.
En esta misma materia, la observación internacional recomienda al Estado derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
¿Qué hay acerca de los miembros de mesa? La sugerencia de hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección, promover su asistencia a los cursos de capacitación el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados. ¿Cómo mejoramos esto? La MOE UE considera una combinación de medidas de incentivos y sanciones.
No es cosa menor: en tres de cada diez centros de votación observados por el OEV el 21 de noviembre hubo mesas electorales que finalmente se conformaron con miembros accidentales, porque los miembros de mesa sorteados no se presentaron. Un observador del OEV anotó durante la jornada: “Las personas seleccionadas por el CNE no se presentaron y pusieron personas que integran el consejo comunal en la mesa electoral”.
#EnContexto
Igualmente, en uno de cada diez centros se presentaron inconvenientes con las credenciales que presentaron miembros de mesa, al punto que retrasaron el proceso de votación o la apertura de mesas o incluso del centro. El caso icónico: el pueblo de Encontrados, en el estado Zulia, donde precisamente por conflictos con supuestas credenciales falsas cuatro centros de votación no pudieron abrir y sus electores se quedaron sin la posibilidad de ejercer el derecho al voto, como contó el OEV en una crónica.
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¿Y sobre el sistema de votación? Lo primero en este sentido es recordar que la auditoría integral al sistema automatizado de votación realizada a mediados de 2021 certificó que es seguro, preserva el secreto del voto y que los cuenta bien, así como que el mismo sistema arroja alertas y dispone los mecanismos en casos de intención humana de fraude.
La MOE UE recomienda llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.
El OEV preguntó sobre esto durante la campaña electoral 2021, pero solo la mitad de nuestros más de 700 observadores en el ámbito nacional había conocido de campañas institucionales del CNE que dieran confianza al elector en relación con el secreto del voto. ¿Por qué?, ¿a quién beneficia que esta certeza no se divulgue de manera masiva?
#EnContexto
Y, como interrogante final, ¿qué más recomendó la misión de observación electoral de la Unión Europea? Otras ideas son la de garantizar la paridad horizontal de género en las candidaturas a cargos políticos y la de llevar a cabo elecciones directas para representantes indígenas, con base en un registro de votantes indígenas, puesto que durante los dos procesos electorales más recientes el voto indígena ha sido de segundo grado y parcialmente a mano alzada, violentando así el principio constitucional de elecciones directas y secretas.
Diremos, por último, que también la MOE UE se preocupó por sus pares. Así, recomiendan al CNE modificar el marco legal para garantizar la libertad de movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos.
El 21 de noviembre un 20% de los observadores de la Red de Observación Electoral de la asociación civil Asamblea de Educación (ROAE) tuvieron dificultades para ingresar al centro asignado. Voluntarios del OEV también reportaron limitaciones similares en cinco estados.
Dejarse apoyar
¿Qué debería hacer Venezuela con estas y otras recomendaciones derivadas de las distintas misiones de observación o paneles de expertos internacionales, así como de organizaciones nacionales acreditadas para observar los comicios?
Aunque la legislación electoral deja claro que en ningún caso las conclusiones o informes tendrán carácter vinculante para la autoridad electoral, también es cierto que el acatamiento de toda esta matriz de recomendaciones contribuirá a que el Poder Electoral y el Estado venezolano puedan organizar y garantizar a los ciudadanos mejores procesos electorales.
La parlamentaria Isabel Santos, jefe de la MOE UE Venezuela 2021, ha dejado la puerta abierta: “De aquí en adelante le corresponde a Venezuela decidir qué hacer con las recomendaciones de este informe, sabiendo que siempre pueden contar con el apoyo de la Unión Europea para apoyar la democracia”.
Del mismo modo, es bien sabido que Naciones Unidas ofrece asistencia técnica electoral, cuya asesoría puede darse en relación a la planeación y administración electorales, la revisión de las leyes y reglamentos electorales, resolución de controversias electorales, delimitación de circunscripciones, registro de electores, elaboración de presupuestos para las elecciones, logística y licitaciones, uso de la tecnología, capacitación, educación cívica y electoral, procedimientos para la emisión y conteo de votos y seguridad de la elección.
El Centro Carter ya ha colaborado con Venezuela en años y procesos anteriores. Si bien el CNE “posee la infraestructura y el personal suficiente y capacitado para la satisfactoria organización técnica de un proceso electoral”, como le reconoce el Centro Carter en su informe preliminar 2021, también es cierto que uno de cada cuatro electores mantenía desconfianza en el sistema en diciembre pasado, como indica el estudio nacional poselectoral del OEV, con base en una encuesta del Instituto Delphos.
Leída la exposición anterior, el lector puede quedarse con la idea de que este es un asunto de tecnología electoral. No está de más reiterar que la adopción de las mejoras sugeridas representan, sobre todo, un problema político, que incluye la actitud del ciudadano frente al voto.
En este mismo estudio, más de la mitad de quienes votaron en noviembre de 2021 y uno de cada cuatro abstencionistas coinciden en un par de ideas clave: uno, que las recientes elecciones fueron “más transparentes” que las de los últimos años; y dos, que “aunque falta mucho por avanzar, en estas elecciones las condiciones mejoraron”. Al revisar esas mejoras, destaca la apertura del nuevo CNE hacia una observación electoral más plural, derivada de acuerdos políticos entre los actores.
Cuando las condiciones y garantías electorales resultan en general apenas regulares, como ciertamente derivó de la elección regional y municipal de 2021, el electorado venezolano lo valora positivamente. ¿Nos imaginamos cómo podrán ser unas elecciones con garantías y condiciones mucho más robustas, plenas? Siempre es posible. Hay tiempo. Existen recomendaciones actualizadas. Y ofrecimientos de acompañamiento técnico internacional al árbitro electoral. Todo en el conflicto nacional pasa, como ya se indicó,por voluntad política expresada en negociaciones y acuerdos políticos justos y sostenibles.
Recomendación al cierre
Es un hecho que Venezuela acaba de asumir la vacuna de refuerzo o también llamada tercera dosis después de cuatro meses de aplicada la segunda dosis del esquema principal. Esta vacuna de refuerzo empezó aplicándose en enero, pero a los seis meses de puesta la segunda dosis. La comunidad científica ha demostrado cómo estos refuerzos de vacunación son útiles para la contención de la pandemia. REVISA AQUÍ la cobertura independiente de Runrun.es.