Segunda quincena, enero de 2024
Venezuela es el único país de América Latina que no tiene un cronograma electoral. La convocatoria condiciona el cumplimiento de actividades que son cruciales para la integridad de los comicios
Hasta el año 2009, la ley venezolana fijaba un lapso dentro del cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) debía establecer las fechas de convocatoria y de votación.
El artículo 152 de la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que rigió desde 1997 hasta 2009, establecía que:
“El Consejo Nacional Electoral fijará con seis (6) meses de anticipación por lo menos, y mediante convocatoria que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, la fecha de las elecciones indicadas en los artículos anteriores, para un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del periodo correspondiente”.
Pero, con la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el CNE puede fijar la fecha discrecionalmente.
La Lopre señala, en su artículo 42 que: “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de la elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos.
En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley.
La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medios de información masivos”.
Por esta razón, en Venezuela las elecciones presidenciales se han realizado en octubre (7 de octubre de 2012) e incluso en mayo (20 de mayo de 2018). Este último ejemplo es emblemático para explicar por qué la fecha es una garantía clave para el proceso electoral.
Presidenciales de 2018
En 2012, el CNE anunció con 390 días de antelación, poco más de un año, la fecha de las elecciones, mientras que hizo la convocatoria formal –con la publicación del cronograma– con seis meses de antelación.
En cambio, en 2018 la primera fecha de los comicios (22 de abril de 2018) fue fijada con apenas 74 días de anticipación y la convocatoria formal con poco más de dos meses.
Posteriormente, las autoridades electorales reprogramaron los comicios para el 20 de mayo de ese año, producto de un acuerdo político que firmaron un sector de la oposición, representado por los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) Y Copei, y el partido de gobierno (Psuv).
Sin embargo, los nuevos plazos eran igualmente insuficientes y la convocatoria apresurada provocó drásticos recortes en los lapsos para postular candidatos, inscribirse e impugnar el Registro Electoral, celebrar elecciones primarias o informar a los electores sobre el evento; también afectó la observación electoral internacional y las auditorías al sistema automatizado de votación como documentó el OEV en su Informe de irregularidades 2018, Las elecciones del próximo 20 de mayo no son libres ni imparciales.
La fecha determina el cumplimiento de otras garantías. Es por esto que el OEV ha advertido que la convocatoria con menos de seis meses para la organización del acto electoral conspira contra la democracia al perjudicar fases que son cruciales del proceso electoral.
El doctor en ciencias políticas, constitucionalista y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Salamanca, concluyó que la fecha de la elección “es una regla clave del juego político que no puede estar circunstancialmente en manos de una mayoría política que, eventualmente, la use como un elemento ventajista”, en el libro Sistema electoral venezolano que publicó el OEV en 2016.
Venezuela, el único país de la región sin fecha
El 17 de octubre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron un acuerdo político en Barbados que fija las elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024.
Sin embargo, al día del hoy, el CNE no ha hecho la convocatoria formal convirtiendo a Venezuela en el único país de América Latina que, teniendo elecciones programadas este año, no tiene un cronograma electoral.
Mientras los rectores siguen sin pronunciarse, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a las precandidatas y los precandidatos, a los partidos políticos y demás sectores del país a “elaborar el calendario electoral” este lunes 5 de febrero.
La declaración de Rodríguez se produce luego de que el gobierno de Estados Unidos revocara la licencia que permitía operaciones temporales con Minerven y advirtiera que dejará sin efecto, en abril, las que autorizan las transacciones en el sector petrolero y gasífero si no se ofrecen condiciones electorales.
En la mayoría de los países de la región que tienen elecciones generales o presidenciales este año, la convocatoria se hizo con seis meses de antelación y, en los que no, con cuatro meses como mínimo. En algunos casos, las autoridades electorales hicieron el anuncio un año antes.
A continuación, el ejemplo de los cinco países de América Latina y el Caribe (excluyendo a Venezuela que aún no tiene fecha) que registran procesos presidenciales o generales en 2024:
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador anunció el 6 de septiembre de 2023 la fecha de las elecciones generales que son el 4 de febrero de este año (cuatro meses y 29 días).
El Tribunal Electoral de Panamá convocó las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el 1 de junio de 2022 (un año y 11 meses).
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó el cronograma electoral para las elecciones generales del 2 de junio de 2024, el pasado 20 de julio de 2023 (diez meses y 13 días).
En República Dominicana, la Junta Central Electoral publicó el cronograma de las elecciones generales del 19 de mayo de 2024, el 28 de noviembre de 2022 (un año, cinco meses y 21 días).
En Uruguay, las elecciones generales serán el 27 de octubre de este año, pero el proceso comenzó a organizarse desde el 8 de junio de 2023 cuando se publicó el calendario para las elecciones internas de los partidos políticos (un año, cuatro meses y 19 días).
Por último, las leyes electorales no deben ser objeto de modificaciones sustanciales durante los seis meses previos a las elecciones, este es un estándar internacional que también recoge la legislación venezolana y ratifica que este lapso de tiempo parece ser el mínimo indispensable para proteger la integridad del proceso electoral.
Estocada al acuerdo político de Barbados
El acuerdo político, firmado en Barbados, ha sido torpedeado con la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado.
Parte fundamental de las garantías electorales contenidas en ese acuerdo es que cada sector político del país pueda elegir libremente a su candidato o candidata de cara a las elecciones presidenciales. Machado fue la ganadora indiscutible de las primarias realizadas en octubre, el mecanismo que la coalición opositora escogió para ello.
No obstante, el 26 de enero de este año, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la aspiración presidencial de la líder de Vente Venezuela alegando que “ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó que propició el bloqueo criminal a la República, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con complicidad de gobiernos corruptos”.
Señala esa sala que Machado no cumple los requerimientos establecidos en el Acuerdo de Barbados y está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años.
El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, alertó que con esta decisión el TSJ la condenó sin derecho a la defensa y, en tal sentido, la acción “debe ser revertida”.
El equipo legal de la candidata denunció que nunca tuvo acceso al expediente del caso, lo que violó las garantías procesales de la dirigente opositora, de acuerdo con Acceso a la Justicia.
“Sin pruebas, sin defensa, sin ninguna garantía procesal, la SPA resuelve el fondo del asunto planteado”, cuestionó el abogado Perkins Rocha, representante legal de Machado.
Además, señaló que el contenido de la resolución de la Contraloría, en la que se justifica la sanción administrativa, de N° 01-00-000285 del 17 de septiembre de 2021, no se conoció antes ni fue referida nunca por el entonces contralor, ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso.
Adicionalmente, la Constitución venezolana establece, en su artículo 42, que solo una sentencia judicial firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos.
En consecuencia, la facultad exclusiva que confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para inhabilitar contraviene el texto constitucional, “así como los principios internacionales para elecciones democráticas”, alertó la misión de observación electoral de la Unión Europea en su informe sobre las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021.
Las otras garantías electorales tampoco registran avance a tres meses de la firma del acuerdo. El único paso concreto que se dio en esta materia fue el inicio de una jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) que duró 16 días (del 10 al 26 de octubre) y finalmente fue suspendido por la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo, según informó el rector principal del CNE Juan Carlos Delpino, en el marco del Plan de Catastro de Centros de Votación.
Las autoridades electorales venezolanas también han explorado la posibilidad de desplegar misiones técnicas de observación electoral del Centro Carter y, más recientemente, de la Unión Europea, aunque no se conoce públicamente si han sido invitadas formalmente.
Te recomendamos dar clic aquí para conocer a detalle todas las garantías que estipula el acuerdo:
Obstáculos para la actualización del Registro Electoral
A propósito de la jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) que el CNE habilitó brevemente en 2023, el rector principal del órgano comicial Juan Carlos Delpino enumeró cuatro obstáculos que atentan contra el derecho al voto en este tipo de actividades:
1️⃣ Falta de información con relación a la ubicación de los puntos para la inscripción y actualización del RE.
2️⃣ Falta de uniformidad en la solicitud de los recaudos, siendo que el único requisito legalmente requerido es la cédula de identidad.
3️⃣ Incumplimiento en el horario de funcionamiento de algunos puntos.
4️⃣ En algunos casos los agentes de inscripción y actualización solo atendían las solicitudes orientadas a poblar los nuevos centros de votación.
A la fecha, el Poder Electoral no ha convocado nuevas jornadas especiales a pesar de que urgen para incorporar el gran número de rezagados que se estiman en más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos y más de 4 millones que están fuera del país y deben actualizar sus datos de residencia para poder sufragar.
De acuerdo con el CNE, solo 107.496 venezolanos en el exterior estaban inscritos, según el corte del 22 de octubre de 2023.
¿Por qué son importantes las jornadas especiales?
Las jornadas especiales del RE deberían traducirse en la masificación de los centros o puntos de inscripción y actualización en el RE en el territorio nacional. Cuando no hay jornadas especiales, la inscripción y actualización solo se puede tramitar en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) del CNE, ubicadas únicamente en las capitales de los estados.
Esto representa un obstáculo importante para que las venezolanas y los venezolanos que viven en zonas remotas puedan inscribirse o actualizar sus datos en el RE, por eso es importante que el Poder Electoral haga esfuerzos por acercar este derecho.
Alerta internacional por el grave riesgo para las ONG en Venezuela
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian que el proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines –aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional– pone en grave riesgo a las ONG en Venezuela.
Alertan que puede convertirse en una herramienta para legitimar la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos. Además, pone en riesgo la libertad de asociación y de expresión, así como el derecho a defender derechos humanos.
También se pronunciaron más de 200 organizaciones nacionales a través de un comunicado en el que señalan que la aprobación del proyecto de ley “ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana”.
Así mismo, subrayan que el Estado venezolano recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad internacional tanto de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la improcedencia de dicha ley por su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos.
Ideas por la democracia
El pasado 23 de enero nació Ideas por la Democracia, un esfuerzo conjunto que llevan adelante diversas organizaciones civiles e individualidades con el propósito de consolidar y estructurar la participación ciudadana en la construcción de una democracia estable en Venezuela.
El movimiento busca crear un espacio de encuentro para que organizaciones pares en la región establezcan una conversación y acciones regionales que apunten al fortalecimiento de los valores democráticos en las Américas.
Este espacio asume como objetivo dotar a la sociedad de las herramientas y conocimientos esenciales para comprender, reclamar y salvaguardar sus derechos en un contexto regional caracterizado por desafíos políticos y sociales.
El lanzamiento de “Ideas Por La Democracia” contó con la participación destacada de Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Deborah Van Berkel, Rafael Uzcátegui de Laboratorio de Paz, Carolina Jiménez de Wola y Griselda Colina del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
Desde el OEV saludamos este valioso esfuerzo.
Recomendación al cierre…
La coordinadora regional de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral (Caoeste), Bárbara Benetti, explica el papel crucial que desempeñan los observadores electorales como defensores activos de los derechos fundamentales en el ámbito democrático en este artículo publicado por Transparencia Electoral de Argentina.