Primera quincena, mayo de 2021

El nombramiento de esta autoridad electoral abre una oportunidad y constituye una primera señal de voluntad política. ¿Es suficiente? Claro que no. Por eso la sociedad civil ve necesario seguir avanzando para que la agenda electoral se concrete. Los nuevos rectores deben asumir un compromiso firme con la democracia, adaptado al momento histórico, en procura de amplios consensos y mejores condiciones

Diversos sectores de la vida nacional, e incluso internacional, independientes y no alineados con la política oficialista, han coincidido en otorgar un inicial voto de confianza a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) designados y juramentados por la Asamblea Nacional (AN) el 4 de mayo. Por lo menos en estos primeros días de este nuevo Poder Electoral, el tablero político de Venezuela ha vencido su inercia de los últimos tiempos para enseñar algunos signos de reactivación que apuntan a la reinstitucionalización del voto.

Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Foro Cívico, conscientes de que algunos podrían valorar esta designación como insuficiente (siéndolo, de hecho, frente a todo lo que falta), y sabiendo que hay sectores que la miran con reservas, subrayaron el esfuerzo social y político que derivó en la nueva directiva como una muestra de lo que puede lograrse sumando voluntades. Consideran, además, que es prudente evaluar con serenidad y sentido de amplitud la oportunidad que se abre para edificar el proyecto democrático.

De los 15 rectores designados, uno principal y tres suplentes fueron postulados en su momento por organizaciones vinculadas al Foro Cívico. Otros actores, como el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles, aplaudieron que el esfuerzo continuado de sectores de la sociedad civil haya tenido resultados. El ex rector del CNE Vicente Díaz catalogó esta como “la mejor representación opositora en la directiva del CNE en, por lo menos, 15 años, en cantidad y calidad”.

Por su lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, valoró el CNE como muy fuerte desde el punto de vista de su institucionalidad, “con miembros de gran prestigio profesional y que representan la gran diversidad del país”.

“Aunque nada sugiere que Maduro esté listo para hacer concesiones que puedan amenazar su permanencia en el poder, sus acciones recientes sí dan indicios de querer negociar y podrían ofrecer una rara oportunidad para atenuar una crisis que tiene a la economía venezolana de rodillas y provocó la peor emergencia humanitaria de América Latina”, publicó Crisis Group en un análisis del 7 de mayo.

En el terreno internacional, Estados Unidos ha dicho que apoya una solución negociada a la crisis que aborde las condiciones necesarias para elecciones libres, pero considera que corresponde al pueblo decidir si el nuevo CNE contribuye a ese objetivo. En este último emplazamiento a la gente coincidió Canadá. La Unión Europea interpretó la designación como un primer paso y como parte de un proceso que seguirán evaluando. España agregó que a esto deberían seguir otras medidas necesarias para garantizar elecciones justas, creíbles y transparentes. Y los 12 del Grupo de Lima guardaron silencio.

Otros actores coinciden en catalogar de plural la configuración del nuevo CNE: en la directiva convergen un ex ministro del chavismo, una rectora que continúa en funciones, un técnico electoral vinculado a la opositora Mesa de la Unidad Democrática, un ex diputado de la anterior legislatura de mayoría opositora en la AN y un ex constituyente, junto a suplentes provenientes de organizaciones de la sociedad civil, los gremios, el empresariado, los sindicatos y la administración pública. Estos, sus nombres y cargos:

Tres notas al pie

• Las postulaciones a rectores provienen de tres sectores: Poder Ciudadano, universidades y sociedad civil. En la designación del 4 de mayo en la plenaria de la AN, al parecer, el acuerdo político privó sobre el origen de las postulaciones: dos de los cinco rectores principales habían sido postulados por un sector y ese día resultaron designados por otro sector distinto, repitiéndose lo mismo con cuatro de los 10 rectores suplentes.

• Sí se respetó en la sesión de instalación, el 5 de mayo, el mandato legal que instruye a los rectores a elegir, de su seno, al presidente y vicepresidente, así como a constituir los órganos subordinados. Ya en el pasado el TSJ se había tomado, inconstitucionalmente, esta atribución. Además, como secretaria general (E) fue designada Ana Yaritza Tovar Guerrero, según consta en la Gaceta Electoral Nº 972 de fecha 6 de mayo de 2021. Después, en la Gaceta Electoral Nº 973 de fecha 12 de mayo de 2021 el CNE resolvió designar a Ana Inmaculada Josefina Bellorín Silva como secretaria general del CNE.

• La aceptación por parte del gobierno de la entrada del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la casa por cárcel concedida a seis ejecutivos petroleros venezolano-estadounidenses con sentencias por corrupción y el anuncio de imputación de cargos a oficiales acusados de estar involucrados en tres asesinatos políticos en los que el gobierno había negado cualquier responsabilidad, fueron tres muestras de flexibilización del oficialismo que ocurrieron días antes de la designación de rectores.

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En síntesis, el OEV considera que, si bien este no es un árbitro designado con absoluto apego al procedimiento de ley, ni es el resultado de un acuerdo integral con todos los actores del espectro político, sí es un árbitro que podría adelantar los venideros procesos electorales con mayor credibilidad en sus resultados.

15

años tenía la Asamblea Nacional, el único poder público constitucionalmente facultado para designar a los integrantes del CNE, sin agotar el procedimiento del Comité de Postulaciones y nombrar por mayoría calificada a un directorio completo. Allá en 2006, como ahora en 2021, el Parlamento surgió de cuestionadas votaciones a las cuales no concurrieron sectores mayoritarios de oposición. Hasta cinco veces los rectores han sido designados de manera total o parcial por el TSJ.

¿Un nuevo acuerdo?

La designación del CNE del año 2021 es fruto, como se ha anotado, de un acuerdo político cuyos detalles se mantienen en reserva y en cuyo proceso no parece haber participado el opositor Juan Guaidó, quien ahora habla de un “impuesto CNE que no reconocemos y que hoy controlan”, refiriéndose al gobierno, a quien este 11 de mayo invitó junto a la comunidad internacional a alcanzar un llamado “acuerdo de salvación nacional”, que incluiría un cronograma electoral y que contemplaría el levantamiento progresivo de sanciones. En respuesta, Maduro se mostró listo para reunirse.

Los acuerdos políticos deben ser vistos con carácter permanente entre los actores. Todos los esfuerzos por construir consensos que se lleven a cabo en nombre de la mayoría de los venezolanos, para salir de la grave y prolongada crisis que padecen, ayudarán favorablemente a rescatar la política en beneficio de la gente.

Los primeros asuntos

En este contexto, son muchos los desafíos a corto, mediano y largo plazo que el nuevo CNE tiene por delante. Los rectores empiezan a jugarse su legitimidad de desempeño desde los primeros pasos que ya comenzaron a dar y que, a continuación, reseñamos.

En el directorio del 11 de mayo se aprobó la celebración de elecciones conjuntas regionales y municipales. De esta manera, se elegirán en una misma fecha gobernadores, alcaldes, legisladores a consejos legislativos estadales y concejales a concejos municipales.

El directorio también acordó el 11 de mayo realizar “auditorías amplias” al Registro Electoral y al sistema automatizado de votación, incluyendo el sistema de autenticación biométrica, así como jornada especial de inscripción y actualización de datos en el RE.

Asimismo, los rectores aprobaron agilizar la inscripción y renovación de nómina de los partidos políticos, revisar el estado de las inhabilitaciones políticas, entendiendo que las decisiones definitivas corresponden a otras instancias, como indica la ley, y garantizar el más amplio programa de veeduría internacional.

El OEV también estima oportuno que se tome en consideración disponer el más amplio y plural posible programa de observación electoral nacional que, incluso, pueda empezar sus funciones a partir de estas auditorías amplias que han sido aprobadas, y no a la mitad o en la fase final de los procesos electorales como ya ocurrió, por ejemplo, durante la cuestionada elección parlamentaria de 2020.

Ahora bien, ¿habrá tiempo de hacer estas auditorías en seis meses, con una actualización del RE de por medio y en el marco de un complejo cronograma electoral por delante, como se desprende del reciente anuncio de la fecha de votación?

Elección conjunta el 21-N

El directorio del CNE revisó el 13 de mayo la propuesta de cronograma electoral que le presentó la Junta Nacional Electoral. Dicho cronograma fue aprobado por unanimidad, anunció el presidente del ente comicial, rector Pedro Calzadilla. En consecuencia, las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de consejos legislativos y concejales municipales será el domingo 21 de noviembre de 2021.

El cronograma aprobado será publicado en los próximos días, anunció Calzadilla. En la alocución del 13 de mayo solo fueron anunciadas ocho fechas y lapsos de algunas de las actividades más relevantes de este proceso electoral 2021:

1. Jornada especial para inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral: del 1 de junio al 15 de julio.
2. Selección de integrantes de organismos subalternos, tanto miembros de juntas regionales y municipales, así como miembros de mesa: 27 de julio.
3. Lapso de postulaciones: del 9 al 29 de agosto.
4. Lapso para que modificaciones o sustitución de las postulaciones se reflejen en boleta electoral: del 8 al 22 de septiembre.
5. Simulacro electoral: 26 de septiembre.
6. Habrá 16 auditorías al sistema automatizado.
7. Ferias electorales: del 13 de octubre al 13 de noviembre.
8. Campaña electoral: del 28 de octubre al 18 de noviembre.

“En las próximas semanas (…) seguiremos afinando los detalles de toda esta programación, muy exigente, y estaremos dando los pasos legales correspondientes para culminar todo el proceso de convocatoria a las elecciones regionales y municipales 2021”, aclaró el rector Calzadilla durante los anuncios, así llamados, del 13 de mayo.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece, en su artículo 42:

“La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el CNE fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos. En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley. La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medios de información masivos”.

Y el artículo 110 del Reglamento General de la LOPRE, desarrolla:

“El CNE realizará la convocatoria para la elección de los cargos de elección popular. La convocatoria se efectuará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en otros medios de información masivos y eficaces. En el acto de la convocatoria, el CNE fijará la fecha de la elección e igualmente publicará el Cronograma Electoral del respectivo proceso electoral, el cual deberá establecer las etapas, actos y actuaciones a cumplirse, de conformidad con lo previsto en la Ley”.

No es la primera vez que el CNE anuncia primero la fecha de la votación, junto a algunos hitos importantes del proceso electoral respectivo, y en días posteriores hace público el cronograma electoral completo, que generalmente consta de decenas de actividades a desarrollarse durante varios meses.

Incluso, en el proceso parlamentario 2020, llevado por la anterior administración del CNE, ocurrió que ya habían empezado a correr los lapsos de las primeras actividades cuando se publicó el cronograma íntegro.

El diseño de un cronograma electoral que respete y equilibre debidamente los tiempos técnicos con los tiempos políticos, así como su respeto y debido cumplimiento durante todas las fases y etapas del proceso electoral, es otro desafío inmediato de primer orden.

Se impone también el cumplimiento del artículo 298 constitucional, que contempla que la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma. Más de una vez violó este mandato la anterior administración ad hoc del CNE. Las reglas del juego siempre deben estar claras para actores y electores.

Como ha indicado antes el OEV, es imperativo que el nuevo CNE se comporte como un organismo electoral independiente, que respete la legislación y que avance en los derechos electorales. Para ello, los rectores deben, entre ellos, construir consensos y mejores condiciones electorales y democráticas. Los actores nacionales, la sociedad civil y la comunidad internacional, observan su comportamiento.

Tres dificultades que debe enfrentar el nuevo CNE

1 | Estos integrantes del CNE, cabe recordar, fueron designados por una Asamblea Nacional cuestionada y desconocida por una parte de los actores nacionales e internacionales. Este marco encara el desafío de la generación de confianza del nuevo árbitro sobre el conjunto de los electores y de los actores políticos. Ganar confianza sobre el venidero proceso electoral requerirá, igualmente, de unos actores y electores que ejerzan la contraloría necesaria y legalmente consagrada sobre las votaciones.

2| Aunque el gobierno permitió una designación de un CNE más diverso en comparación con administraciones anteriores, del nuevo organigrama se desprende que seguirá teniendo un peso importante en los distintos órganos del ente comicial. Esto enfrenta como reto que los integrantes del CNE requerirán un amplio apoyo de la sociedad y los partidos para alcanzar incidencia sobre la agenda electoral y las decisiones que se tomen.

3| Seis meses y una semana resultan poco tiempo para organizar unos comicios tan complejos, que se traducen en cuatro elecciones en una. No es fácil este reto. Tres puntos importantes, en este sentido, son: la elaboración del cronograma para las elecciones conjuntas de noviembre, la revisión exhaustiva del RE y una auditoría profunda del sistema de votación, apenas estrenado en diciembre, sin haber alcanzado el mismo nivel de revisión y auditoría del anterior, así como la debida auditoria al sistema de identificación biométrica (máquinas captahuellas).

El éxito de la anunciada jornada de actualización e inscripción en el RE dependerá, en gran medida, de la cantidad y la distribución de puntos que sean habilitados en un país con conocidas limitaciones de movilización, crisis de servicios públicos y en tiempo de pandemia.

Auditorías amplias, como la recién prometida al Registro Electoral, son positivas porque permitirían motivar la participación del electorado, pero también han necesitado varios meses de desarrollo en oportunidades anteriores, para que resulten verdaderamente exhaustivas.

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En resumen, les corresponderá a los venezolanos estar pendientes de si los anuncios de los últimos días vienen acompañados por los hechos; es decir, si el CNE logra poner en marcha esa agenda ambiciosa y si esta comienza a arrojar resultados favorables. Resulta optimista, en este sentido, que estas primeras decisiones del CNE han sido aprobadas por unanimidad.

Finalizaremos, una vez más, remarcando la importancia de que se conformen acuerdos políticos amplios que sustenten y soporten la viabilidad de toda la agenda electoral.

Así lo establece la Resolución No. 1/2021, titulada “Las vacunas contra el covid-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos”, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de abril de 2021.

Esta recomendación puede tener especial relevancia para Venezuela: a la fecha tiene una de las tasas de vacunación más bajas de la región y, al mismo tiempo, se apresta a convocar a un proceso electoral realmente nacional que implicará la escogencia mediante el voto de 23 gobernadores, 335 alcaldes, más de 250 legisladores estadales y más de 2.400 concejales con sus respectivos suplentes.

Chile hace cuatro elecciones en una

Quienes se encuentren contagiados por covid-19 o tengan contactos estrechos de un poseedor del virus, no podrán votar en las elecciones de los 155 convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales del sábado 15 y domingo 16 de mayo en Chile. Esta es una cita dos veces pospuesta a razón de la segunda ola pandémica que azota a América Latina.

Cuando termine el horario de votación del primer día, sellarán las urnas, sin realizar conteo de votos, y quedarán bajo la custodia de las Fuerzas Armadas.

Será la segunda vez que Chile, país sudamericano líder en vacunación contra el coronavirus, asiste a votar en tiempo de pandemia. La primera fue en octubre del 2020, con la aplastante victoria del “Apruebo” que determinó la elección de una asamblea que se encargará de la redacción de una nueva Constitución.

El votante debe acudir con su cédula de identidad o pasaporte, lápiz de pasta color azul y su mascarilla. “Al momento de votar, el elector deberá mostrar su cédula de identidad, la cual no debe ser manipulada por el vocal de mesa, y quitarse la mascarilla por no más de tres segundos para identificar a la persona”, informa el portal chileno Pauta.

Son estas las elecciones con mayor número de candidatos en la historia chilena: casi 16.000, entre las cuatro elecciones que se celebran de forma conjunta. Allí el voto es manual para sus más de más de 14 millones de electores inscritos.

Recomendación al cierre

Crece la presión en Venezuela ante la falta de un programa nacional de vacunación contra la covid-19 y el rezago del país frente al resto de la región en esta materia. Pero ¿conoces el recorrido que deben seguir estos productos biológicos…? LEE AQUÍ “El viaje de una vacuna: un recorrido a temperaturas óptimas para su conservación”, un trabajo de Unicef-Venezuela, agencia de Naciones Unidas que apoya el fortalecimiento de la cadena de refrigeración de las vacunas y el Programa Ampliado de Inmunización en Venezuela.