Boletín 55 | Parlamentarias 6-D: la elección que no resolvió las fracturas políticas

Primera quincena, enero de 2021

El hemiciclo instalado no representa por completo la pluralidad del sistema de partidos venezolano. De nuevo la representación proporcional queda como principio en deuda: a la alianza oficialista, con poco menos del 70% de los votos lista válidos le fueron asignados 253 diputados, más del 90% de los escaños. Además, un marcado ventajismo oficial caracterizó el proceso. Todos los aspectos de la elección parlamentaria 2020 en el documento final de nuestra observación independiente

La reciente elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020 no resolvió las fracturas políticas de Venezuela: el chavismo reconquistó la Asamblea Nacional y se hace, así, con el control de los cinco poderes públicos del Estado, al tiempo que la mayoría de la oposición desconoce el proceso, sus resultados y la conformación del nuevo Parlamento.

El pasado 5 de enero se instaló la nueva legislatura 2021-2026. Un hemiciclo inédito de 277 parlamentarios que no representa por completo la pluralidad política venezolana, además de ser cuestionado por parte de la comunidad internacional.

Las anteriores ideas forman parte de los análisis y conclusiones que se desprenden de la observación de campo contenida en el documento “Elección parlamentaria 2020. Radiografía de un proceso electoral, parte II”, que acaba de publicar el Observatorio Electoral Venezolano (OEV). Este informe completa el monitoreo y la observación independientes que realizó el OEV desde el inicio de este proceso electoral, caracterizado por diversas irregularidades e inobservancias a la legislación, así como por un marcado ventajismo por parte del oficialismo.

Como se razona en este documento técnico, lo ocurrido en la jornada electoral del 6 de diciembre no fue sino consecuencia de cómo se organizó el proceso. Sus resultados deben interpretarse a la luz del contexto político, social, económico y sanitario, así como de la cadena de eventos ocurrida desde el intento de conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral plural en el seno de la AN.

Al ser las primeras elecciones venezolanas en tiempo de pandemia, los resultados de la observación independiente del OEV arrojan un cumplimiento deficiente de los protocolos, incluso de disposiciones establecidas por el propio árbitro. Por ejemplo: en el protocolo de bioseguridad divulgado por el CNE se leía que antes de pasar a la máquina el votante tendría que desinfectarse las manos con alcohol y/o gel antibacterial suministrado por el presidente de la mesa. Sin embargo, apenas en el 16% de los centros observados se constató el cumplimiento de esta acción sanitaria.

A continuación, resumimos tres de los aspectos más relevantes contenidos en el documento que presentamos.

No se cumplió (otra vez) con la representación proporcional

La Constitución y la LOPRE establecen la representación proporcional; un principio de elección que busca asegurar que cada alianza o partido esté representado en la asamblea o comité elegido en un porcentaje similar al de los votos obtenidos.

Como puede constatarse con los resultados de las elecciones parlamentarias de 2010 y 2015, el sistema diseñado en la LOPRE es uno que claramente no cumplen con la representación proporcional, tendiendo más a una sobrerrepresentación del que más votos obtiene.

Uno de los argumentos esgrimidos para cambiar la norma electoral antes de la fecha de la votación en 2020 fue, de nuevo, incorporar la representación proporcional.

El propósito de mejorar la representación proporcional pareció buscarse incrementando el porcentaje de diputados a ser electos por elección proporcional en cargos postulados por listas. Es así como de los 31% o 32% de diputados electos por lista (voto proporcional) y 68% o 69% electos nominalmente (voto personalizado) en las elecciones de 2010 y 2015, se pasó con la nueva norma de las parlamentarias 2020 a 52% de diputados electos por lista y 48% de electos nominalmente. Se nos quiso hacer pensar que aumentando el porcentaje de diputados electos por lista de poco más de 30 a poco más de 50, la proporcionalidad del sistema en su conjunto mejoraría sustancialmente.

No fue así. Lo anterior podía ampliar la pluralidad en la composición de la nueva AN, pero no la proporcionalidad en la representación. Nuevamente la elección parlamentaria del 6 de diciembre nos mostró que la representación proporcional sigue sin ser respetada. A la alianza oficialista, con poco menos del 70 % de los votos lista válidos le fueron asignados 253 diputados, más del 90%.

Ajustar el sistema electoral a lo que pauta la Constitución requiere de una reforma sustancial de la LOPRE, principalmente de su Título II dedicado a definir el sistema electoral. Es una reforma que debe ser hecha por la AN y, para garantizar la legitimidad y reconocimiento de la legislación reformada, ella debería contar con el respaldo de un amplio acuerdo nacional.

Se veía venir la baja participación

El estudio de la campaña electoral realizado por el OEV había arrojado, desde noviembre de 2020, una percepción de baja motivación del electorado: hasta 74% se sentía poco o nada motivado a la participación durante la primera quincena del periodo de campaña, y ese porcentaje bajó ligeramente hasta 67% del electorado poco o nada motivado durante la segunda quincena de la misma actividad.

De acuerdo a las opiniones recabadas de nuestra red nacional de 400 observadores, distribuidos en todas las entidades federales del país, más de la mitad pronosticó al término de la campaña como “poco probable” que el elector acudiera a votar.

La participación del 30% registrada el 6 de diciembre es, comparativamente, inferior en 44 puntos a la reportada en las anteriores legislativas del año 2015, cuando la oposición concurrió unida y conquistó la mayoría calificada de los cargos en disputa. También se trata de una participación 16 puntos más baja que la de las cuestionadas presidenciales del año 2018.

En ese mismo estudio de la campaña, que ampliamos en nuestro documento poselectoral, se describe cómo el oficialismo fue el sector político que prácticamente hizo una campaña que, además, se apoyó principalmente en consejos comunales, alcaldías y gobernaciones, violando preceptos constitucionales. Dominó la propaganda roja y por medios masivos, hubo más promesas que obras consolidadas, el oficialismo incrementó la entrega de comida y medicinas y las jornadas de servicios públicos también fueron usadas con fines electorales.

La mutación de los puntos partidistas

Fue garantía electoral ofrecida con los demás actores y promesa de campaña: los puntos del oficialismo no serían desplegados el 6 de diciembre. La observación independiente del OEV determinó, sin embargo, que en los alrededores de seis de cada diez de los 398 centros de votación observados en el ámbito nacional hubo puntos rojos de manera sostenida, tanto en la mañana como en la tarde.

Mutaron, pero no desaparecieron. Aunque en pasadas elecciones se asociaban mayormente con toldos, esta vez pudieron funcionar en otros espacios, o limitados a la presencia de personas en la calle, la acera o inmuebles cercanos a los centros de votación.

Las actividades que más se hacían en esos puntos partidistas, de acuerdo con la observación de campo en las afueras de los centros de la muestra, violentaron el derecho al sufragio libre: en ellos se hacía el registro de participación de votantes y la solicitud del carnet de la patria. Asimismo, en uno de cada cuatro centros observados en estos puntos partidistas se hizo orientación al voto.

En un nuevo episodio electoral de ventajismo de Estado, en 41% de los centros observados se evidenció por la mañana el traslado de electores con recursos públicos y en 39% durante la observación de la tarde, una práctica violatoria de la Constitución.

Para cerrar este resumen, algunas preguntas quedaron en el ambiente: ¿por qué el mismo 6 de diciembre en la mañana el CNE mantenía en su sitio web el centro de votación de Nicolás Maduro, si había sido cambiado por razones de seguridad, y se actualizó su registro en plena jornada electoral y sólo después del mediodía?, ¿por qué en el segundo boletín de resultados se anunció un segundo candidato adjudicado por una de las listas nacionales y al día siguiente en la web figuraba el nombre de otro candidato distinto?, ¿por qué el CNE no informó a los electores las modificaciones que, según dijeron candidatos después del 6 de diciembre, solicitaron e hicieron a las listas el último día del lapso? Sin las aclaratorias pertinentes, también hubo opacidad en la fase poselectoral.

CLIC AQUÍ para ir al documento del OEV “Elección parlamentaria 2020. Radiografía de un proceso electoral, parte II”


Reacciones a la instalación de la nueva legislatura

El 5 de enero el chavismo reconquistó el Legislativo, luego de una cuestionada elección | Fotografía de la agencia EFE

En la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, han sido reiterados los elogios a la elección del 6 de diciembre. Mientras que el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, indicó en la sesión de instalación que le correspondió presidir que se trató de un “proceso limpio, pacífico y tranquilo”, el presidente del Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, dijo en su primer discurso que los comicios fueron “libres, democráticos y pacíficos”.

Con diputados no oficialistas ocupando apenas 21 de los 277 escaños, el integrante de esa bancada minoritaria José Gregorio Correa sacó estas cuentas: el 5 de enero precisó que de 21 millones de electores solo 4 millones votaron por el oficialismo, equivalentes al 20% del electorado aunque la llamada bancada de la patria ocupe ahora el 90% de las curules. “Son más diputados, pero cada vez representan a menos venezolanos”, expresó Correa, al calificar de excluyente la conducta del chavismo de asumir la totalidad de la directiva, algo que, según el diputado adeco reelegido, “no representa la realidad del país”.

Fuente: CNE | Infografía: OEV

Unión Europea: “Elecciones no democráticas”

En una declaración sobre Venezuela, el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell lamentó que las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 a la AN se hayan llevado a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales.

“La Unión Europea considera que las elecciones no se ajustaron a los estándares internacionales de un proceso creíble, ni movilizaron al pueblo venezolano a participar. La falta de pluralismo político y la forma en que se planificaron y realizaron las elecciones, incluida la inhabilitación de los líderes de la oposición, no permiten a la UE reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, ni permiten que su resultado sea considerado como representativo de la voluntad democrática del pueblo venezolano”.

En la comunicación, fechada el 6 de enero, Europa dice que Venezuela necesita urgentemente una solución política que ponga fin al actual estancamiento mediante un proceso inclusivo de diálogo y negociación que conduzca a “procesos creíbles, inclusivos y democráticos, que incluyan elecciones locales, presidenciales y legislativas”.

Este polémico texto también se refiere a la “Asamblea Nacional saliente elegida en 2015” y no pone cargo alguno al nombrar a Juan Guaidó.

Guaidó: “Período de continuidad constitucional”

El 5 de enero desde un espacio privado en el municipio Chacao Juan Guaidó encabezó lo que llamó la “instalación del período de continuidad constitucional 2021-2022”, con algunos diputados de la legislatura pasada de manera presencial y otros bajo la modalidad virtual.

Esta acción es consecuencia de lo acordado en la sesión del 26 de diciembre de 2020 cuando, con el voto salvado de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, la AN sancionó una “Ley de Reforma parcial de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Según este acuerdo, se permite “la continuidad constitucional del órgano legislativo elegido legítimamente por el pueblo el 6 de diciembre del 2015”. Pero el chavismo no reconoce esta acción, a razón del desacato declarado sobre esa legislatura.

Aunque las notas de prensa de Guaidó dicen que la conforman “147 diputados de la AN legítima”, sin especificar si son principales o suplentes, lo cierto es que la legislatura pasada empezó con 121 parlamentarios principales de oposición. Medios independientes han informado que en la sesión de diciembre nunca se supo cuántos diputados conformaron el quórum, no hubo votación nominal (persona por persona) y se permitió la asistencia y el voto tanto de principales como de sus suplentes. Ha quedado por tanto en entredicho la legalidad de esta sesión así como la constitucionalidad de su decisión.

Noruega: “Intereses de la población en primer lugar”

Noruega calificó de controvertida la toma de posesión de la nueva AN. “La investidura fue controvertida porque una gran parte de la oposición boicoteó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2020, con referencia a la falta de estándares democráticos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país europeo, mediador por excelencia ante conflictos políticos, consideró el pasado 5 de enero que las “elecciones libres y justas son un requisito para asegurar una democracia efectiva y la paz duradera”.

“Lo importante ahora es que los líderes políticos del país pongan los intereses de la población en primer lugar y encuentren una solución pacífica a la crisis que salvaguarde los derechos humanos fundamentales, la participación democrática y el estado de derecho”, comunicó la ministra.

CEV: 6-D “no refleja el pluralismo social”

En su más reciente exhortación pastoral, divulgada el 11 de enero, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) razonó que el pasado mes se realizaron dos eventos de gran importancia en la política nacional, la votación del 6D y la Consulta Popular, “muy expresivos, por cierto, de la dramática división del país”. De las parlamentarias, los obispos y arzobispos de Venezuela dicen que “tanto la escasa participación como sus resultados no expresan el querer del pueblo, ni reflejan el pluralismo social”. De la consulta opositora, opinan que “no se avizora en un futuro inmediato la concreción de sus resultados”.

El orden episcopal venezolano se decanta por “la urgente disposición a fin de encontrar el camino legal y pacifico más expedito, que facilite una transición democrática y nos lleve cuanto antes a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad para todos los participantes y con acompañamiento de organismos plurales”.

Maduro: 6-D “puso fin a un período de crueldad”

Durante su mensaje anual a la nación desde la Asamblea Nacional, el 12 de enero, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo que los comicios parlamentarios del 6 de diciembre serán recordados “como el evento que puso fin a un período de crueldad y que abrió los caminos para un devenir fértil para la reconciliación política y para la recuperación económica”.

A la oposición les dirigió este mensaje: “Vamos a rectificar, ya basta de hacerle daño al país, vamos a reconstruir el país entre todos y al final que gane el que tenga los votos”.

*

En resumen, y como cierra también la segunda parte de nuestra radiografía al proceso 2020, unos y otros enarbolan la bandera electoral. Las votaciones son, claro está, una condición necesaria, más no suficiente para encarar la crisis política. Es así porque la democracia no se fundamenta solo en la agregación aritmética de preferencias traducidas en sufragios, sino en una extensa cadena de eventos que suponen la deliberación necesaria a fin de aterrizar en consensos que sustenten la convivencia social. En este sentido, el OEV quiere recordar que la democracia no solo existe a partir de la construcción de mayorías, sino de la construcción de amplios acuerdos, donde también se reconozcan y respeten a las minorías.

Elección de alcaldes y nuevo CNE

Causó polémica en la opinión pública el hecho de que Maduro, en plena memoria y cuenta, dijera que se abren nuevos ciclos electorales y que “para el año 2021 el Poder Electoral convocará por mandato constitucional la elección de gobernadores y de consejos legislativos, para el 2022, serán las elecciones de alcaldes y alcaldesas”, esto, citado por el Minci.

Los periodos constitucionales de los alcaldes son de cuatro años (artículo 174 de la Constitución), y las elecciones más recientes de estos 335 funcionarios en todo el país se celebraron en diciembre de 2017, con lo cual, corresponde nuevos comicios de alcaldes a finales de 2021.

En el pasado ha habido muestras de que algunas elecciones no han respetado los lapsos establecidos en la Constitución, o en otros casos se han hecho cuando el gobierno ha considerado que es momento político conveniente de acuerdo con sus intereses.

La convocatoria a una elección, en cualquier caso, corresponde al Poder Electoral. Pero, al parecer, antes de cualquier elección conviene tomar en cuenta lo declarado por el diputado oficialista Francisco Ameliach durante la visita de notificación formal al Poder Electoral sobre la instalación de la AN: “anunció que como asunto prioritario en la agenda legislativa, se iniciarán los trámites necesarios para la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral, para lo cual ‘en los próximos días se instalará el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional y cumpliremos con todo lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral’”, avanzó el parlamentario, citado por nota del CNE.

Como se recuerda, la actual directiva del CNE fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia, sin un consenso amplio entre todos los actores políticos. En carta del canciller Arreaza a la ONU y la UE se afirmó que este directorio en vigor fue “designado ad hoc” para el proceso electoral de 2020 “en razón de la imposibilidad de constituirse la mayoría calificada requerida para su designación por la AN”.


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