Primera quincena, marzo de 2023
Presentamos siete apuntes clave para comprender mejor la cuestionada facultad de la Contraloría para sacar de la carrera electoral a ciudadanos por vía administrativa y sin sentencia judicial firme. ¿Qué tan viejo o nuevo es esto?, ¿afecta a quienes no les interesa la política? Descubre por qué este es un problema de todos
El lanzamiento progresivo de precandidaturas para la elección primaria opositora de octubre de 2023 ha hecho que reflote en la opinión pública el asunto de las inhabilitaciones políticas. Pero, más allá de quién podrá y quién no podrá inscribir su candidatura al próximo ciclo electoral, este debate encuentra su raíz en el derecho humano a ser elegido y en su estado de vulneración en la Venezuela actual.
1. Esto es un derecho
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, establece el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
La misma condición de igualdad la ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua (2005), en la cual expone: “La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad”.
La sección de derechos políticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) también garantiza el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos y de ser elegido para cargos de elección popular por medio del sufragio. El ejercicio de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme.
En la misma sintonía se expresa el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que solamente se podrán limitar los derechos políticos mediante una decisión judicial.
2. ¿Cómo se torció la letra?
Para responder esta pregunta debemos remitirnos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Este instrumento legal fue sancionado en 2001 y reformado parcialmente a finales de 2010.
¿Por qué esta ley es tachada de inconstitucional por expertos, por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque en su artículo 105 faculta al contralor general de la República a inhabilitar políticamente hasta por 15 años. Dicho de otra manera, se permite despojar a los ciudadanos de su derecho a postularse a elecciones mediante un procedimiento administrativo de la Contraloría, y no únicamente por sentencia judicial firme como dicta la carta magna.
La historia política nacional recuerda el episodio de la llamada “lista Russián”. En el primer semestre de 2008 el entonces contralor, Clodosbaldo Russián, inhabilitó políticamente a alrededor de 400 ciudadanos por presuntas irregularidades administrativas. El mismo contralor consignó la lista el 25 de febrero de 2008 en el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que, ayer como hoy, ha hecho caso sin más. Más del 80 % de esas personas eran abiertamente opositoras al gobierno. El 23 de noviembre de ese año 2008 se celebraron elecciones regionales y ninguno pudo postularse.
A partir de la aparición de la “Lista Russián”, el CNE amplió la categoría “inhabilitado político”, para construir tres nuevas clasificaciones: inhabilitado político, inhabilitado para ejercer funciones públicas e inhabilitado por interdicción civil, ilustró el periodista Eugenio Martínez en un hilo de Twitter del pasado 9 de marzo.
Por esta razón, continúa Martínez, la tabla de objeciones del CNE en su Sistema Automatizado de Postulaciones incluye dos tipos de sanciones: inhabilitado político e inhabilitado administrativo. Ni uno ni otro ciudadano así catalogado podrá postularse para optar a ser elegido a cargos de elección popular, pero una diferencia radica en que el inhabilitado político tampoco puede votar, mientras que el inhabilitado administrativo sí, diferencia el periodista venezolano dedicado a la política y a las elecciones.
En la actualidad ambos tipos de inhabilitaciones son resultados de decisiones de la Contraloría, aunque en el pasado la inhabilitación política provenía exclusivamente de una sentencia judicial firme.
3. Pero ¿esto es nuevo o viejo?
La inhabilitación, estampada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, es una de las sanciones previstas dentro de la legislación de control fiscal desde el año 1975. Como recordaba Teodoro Petkoff en un editorial de 2008, es herencia de los tiempos en que Luis Piñerúa Ordaz creía que leyes draconianas eran suficientes para combatir la corrupción administrativa.
Acceso a la Justicia, organización especializada en la materia, también nos ayuda a hacer memoria: la inhabilitación está concebida como una medida adicional a la sanción de destitución, que se trata de una medida disciplinaria que comporta la ruptura de la relación de servicio establecida entre el funcionario y la administración.
Sin embargo, en 2001 la medida perdió la condición de sanción adicional a la destitución y pasó a ser adicional a la multa, originada en la declaración de responsabilidad administrativa, aparte del incremento arbitrario del número de años, que pasó de tres a un máximo de 15. Esta fue una propuesta del exdiputado oficialista y exmagistrado Luis Velásquez Alvaray.
Un origen de la práctica anteriormente descrita lo podemos encontrar en la resolución del contralor Russián del 24 de agosto de 2005, cuando impuso al entonces alcalde de Chacao Leopoldo López la “sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres años”, como “complemento” de otra sanción de responsabilidad administrativa y multa dictada por averiguaciones previas por el caso de una donación de la estatal PDVSA al partido Primero Justicia. Esto no estuvo precedido de procedimiento administrativo, ni hubo derecho a la defensa. Y apenas un mes después, en fecha 26 de septiembre de 2005, el contralor Russián volvió a inhabilitar a López para ejercer funciones públicas pero por un lapso de seis años, bajo alegato de una modificación presupuestaria en Chacao en 2002.
#EnContexto
4. ¿Qué lo ha legitimado en la práctica?
En una polémica sentencia emitida en 2008, año de la “Lista Russián”, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de la Contraloría.
Otra sentencia más reciente, de 2019, esta vez de la Sala Político-Administrativa, refrendó que el contralor puede inhabilitar sin más, y que al hacerlo “no vulnera en modo alguno los derechos y garantías consagradas en el Texto Fundamental, relativas al debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de tipicidad de las sanciones”.
Pero en la práctica la Contraloría, que es un órgano de naturaleza administrativa, ha venido usurpando funciones de los órganos judiciales. Y vaya que lo ha hecho: entre 2002 y 2015, este órgano inhabilitó a 1.401 funcionarios públicos. Y en 2021, descalificó a 28 integrantes de la anterior Asamblea Nacional (AN), por “negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio”.
5. El factor sorpresa
Según el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General, las inhabilitaciones de los candidatos deben ser publicadas en la Gaceta Oficial y comunicadas al interesado y a los organismos competentes.
Como se comenta en el más reciente informe de gestión de la Contraloría, ese órgano lleva un registro de inhabilitados. Pero los datos sobre las inhabilitaciones dejaron de ser publicados hace por lo menos cinco años. Con la opacidad que impera sobre este tema, nadie -excepto el contralor- sabe a ciencia cierta quién está inhabilitado hoy, quién estuvo y ya no lo está, o en cuáles casos cuyo lapso se cumplió la Contraloría le ha instruido al CNE que retire la objeción correspondiente del Sistema Automatizado de Postulaciones, de suerte que esa persona pueda efectivamente volver a postularse.
Tan sorpresivas son las inhabilitaciones que el candidato de la MUD (oposición) a la gobernación de Barinas en 2021, Freddy Superlano, se enteró de la supuesta resolución de la Contraloría cuando numéricamente ya era el virtual ganador. Nunca fue notificado de su inhabilitación antes del día de las elecciones y la resolución nunca fue publicada en la Gaceta Oficial, pero ni siquiera notificada al CNE.
“Inhabilitado(a), y no podrá ser postulado(a)”, le apareció a la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el Sistema Automatizado de Postulaciones, en letras blancas sobre un recuadro rojo, cuando intentó inscribirse como candidata al proceso de repetición de esa elección. Su sustituto acordado por la coalición opositora MUD, Julio César Reyes, también fue inhabilitado.
Tan sorpresivas resultan las inhabilitaciones que el candidato a la gobernación de Barinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), formación ahora disidente de la coalición electoral oficialista, sí pudo postularse para esa cita del 21 de noviembre de 2021, pero apareció inhabilitado 16 días después, cuando intentó volver a inscribirse para la repetición de enero de 2022.
De la lista de 27 candidatos descalificados que la Contraloría envió al CNE para la más reciente elección venezolana, 15 eran del disidente PCV, y el resto de otras formaciones de la oposición política. El PCV alegó que las inhabilitaciones no estuvieron precedidas de ninguna investigación o decisión legal.
Prácticamente ninguna inhabilitación administrativa, ni en la más reciente elección de 2021 ni antes, ha recaído sobre algún candidato que al momento del proceso electoral esté acogido por la coalición electoral de partidos políticos del oficialismo.
Diversas clasificaciones mundiales de la democracia coinciden durante los últimos años en que en Venezuela prácticamente no hay Estado de derecho, tampoco se respeta la separación de poderes públicos y no existen contrapesos que impidan la arbitrariedad gubernamental.
6. Y a ti que nos lees, ¿esto te afecta en algo?
En mucho. Para que las elecciones sean auténticas, como establece la Declaración de Derechos Humanos, el derecho de los ciudadanos a ser elegidos también debe ser respetado.
Entendemos que los sistemas judiciales puedan comprobar ilícitos y, en consecuencia, depurar la lista de elegibles sacando de la carrera a quienes los cometieron y hayan sido procesados y sentenciados. Pero otra acción muy distinta es emplear la sanción administrativa de la inhabilitación como parte de una estrategia que, en realidad, no solo afecta a ciudadanos adversarios de la clase política gobernante que también tienen derecho a aspirar a cargos de elección popular, sino sobre todo a los 21 millones de electores que ven disminuida y menoscabada la oferta electoral, la pluralidad de opciones, para poder elegir con libertad.
Las inhabilitaciones, entonces, no son un problema de un grupo de políticos que quieren y no pueden. Su radio lesivo se amplía al conjunto social. Es un problema de todos. Cada vez que inhabilitan a uno, sin debido proceso y bajo aparente motivación partidista, sea quien sea el ciudadano, represente a la corriente que represente dentro del espectro político, las perdedoras son la integridad de nuestros procesos electorales y la calidad de nuestra democracia.
7. ¿Qué se puede hacer?
Con voluntad política, la Asamblea Nacional puede reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General para suprimir la facultad de ese órgano de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a postularse a elecciones mediante procedimientos administrativos y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa. Una de las recomendaciones prioritarias de la Unión Europea va en este sentido.
También con voluntad política, la mesa de negociación y acuerdos entre gobierno y oposición, que imperativamente debería ser reinstalada, puede lograr el levantamiento de inhabilitaciones políticas que en su momento fueron impuestas bajo motivaciones extraconstitucionales.
Todo, al final del día, reivindica el carácter indispensable de los acuerdos políticos como base fundacional, como punto de partida, si en los próximos años queremos aspirar a mejores elecciones. Los actores políticos lo saben, y la sociedad esperaría que trabajen más en función de ello.
Otra lectura de Psicodata: problemas políticos casi no estresan a venezolanos
Impacto de diverso tipo ha generado la encuesta Psicodata Venezuela, realizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y presentada el pasado primero de marzo.
Uno de los datos del estudio que más ha estremecido a sus receptores es el que desnuda que 81 % de los encuestados afirmó que no se puede confiar en la mayoría de las personas. “Altos niveles de desconfianza se asocian con tendencia a aceptar prácticas autoritarias de gobierno y con baja calidad de capital social”, interpretan los investigadores acerca de este número.
En el OEV revisamos esta encuesta nacional, que retrata 14 dimensiones psicosociales de los venezolanos, y encontramos otros tres datos de nuestro interés directo, quizás menos mediatizados en los últimos días, pero que pueden arrojarnos luces en la comprensión de los fenómenos políticos y electorales. Vamos a enumerarlos y a comentarlos brevemente:
1. Los problemas políticos le generan estrés apenas al 7,5 % de la población, entendido el estrés con base en factores que pueden generar tensión o malestar en la persona. Por encima, y por largo rato, la economía es el problema más estresante para el 64,5 % de la muestra. Y el top tres se completa con los problemas de salud y personales.
Si bien lo anterior puede ratificar la idea generalizada, y antes revelada en otras encuestas, de que el grueso de la población anda desconectado de lo político y de sus políticos, el siguiente dato nos puede ayudar a entender que quizás a la gente le hacen falta canales más efectivos y/o confiables de inserción en el espacio público.
2. El 59 % de la población reporta tener ganas de participar en actividades sociales o políticas. Los pobres son quienes manifiestan mayor deseo de participar (77 %).
El estudio entiende la participación como la intención de intervenir en iniciativas que impacten en el entorno. Los porcentajes arrojados pueden representar una fuente de oportunidades para nuevas iniciativas que reivindiquen el valor y la práctica de la buena política.
3. El principal apoyo de los venezolanos es, por mucho, su familia. El 67 %, cuando tiene un problema recurre a ella. La población sabe que existen instituciones (las públicas y políticas, entre otras), pero cuando tiene un problema sólo el 9 % acude a ellas para pedir ayuda.
Esto último se traduce en un llamado de atención y una oportunidad de autorevisión para nuestras instituciones, especialmente las políticas. ¿Por qué la mayoría del país no las ve como un apoyo para contribuir a la solución de sus problemas?
4. No nos estresa tanto, pero sí nos preocupa mucho: ante la situación que atraviesa el país actualmente, nueve de cada diez sienten preocupación y cuatro de cada diez dicen que con frecuencia su ánimo se ha ido deteriorando. Así también:
-42 % siente que lo que pasa en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder.
-A 73 % le entristece pensar en el futuro del país.
-A 79 % le da rabia saber la situación a la que hemos llegado como nación.
Nos gobierna la desesperanza, porque como país nos cuesta divisar un horizonte próspero, y más bien nos asomamos al futuro desde el sentimiento de tristeza. Un dardo a la crisis de liderazgo que experimentamos, y un desafío para la construcción de una cultura ciudadana y democrática.
El estudio, de carácter nacional, fue levantado entre diciembre de 2022 y enero de 2023, a partir de entrevistas telefónicas a una muestra representativa de 1.500 adultos que participaron en la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), de todos los estratos sociodemográficos y todos los estados del país. La presentación completa está disponible en la web de Psicología-UCAB.
Primaria: “No estará comprometida identidad de votantes”
“Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que en ningún escenario estará comprometida su identidad. Queremos transmitir confianza. Ya en 2012 se tomaron medidas para proteger la identidad”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, consultado sobre el temor a la asistencia del CNE y la protección de la identidad. Lo expresó a los medios este 8 de marzo, justo después de quedar instalada la Comisión Técnica de Primaria, que establecerá el alcance de una eventual asistencia técnica del Poder Electoral en la elección del candidato de la oposición mayoritaria para la presidencial de 2024.
En el acto de instalación, celebrado en la sede del CNE, estuvieron el presidente del órgano comicial, Pedro Calzadilla, coordinador de la nueva instancia técnica, junto a los rectores electorales Roberto Picón, Carlos Quintero y Leonel Párica. Por la Comisión Nacional de Primaria asistieron Jesús María Casal, Ismael Pérez Vigil, Roberto Abdul, Miguel Cañas y Francisco Castro.
“En esta primera reunión, la representación de la CNP expuso las expectativas de esa comisión en cuanto a la participación técnica del CNE, las cuales serán analizadas por el organismo”, informó el CNE en un boletín de prensa.
Casal, por su lado, afirmó que la comisión se instaló de manera respetuosa y con la disposición de escuchar los planteamientos, con serenidad y entusiasmo. Solicitaron jornadas de actualización del Registro Electoral y poder utilizar los centros de votación. “La primaria es un proceso ciudadano y nosotros definimos las condiciones, entre esas condiciones está que somos el órgano rector de la primaria y somos quienes controlamos el proceso en todas sus fases”, aclaró en entrevista con Unión Radio.
Recomendación al cierre
Estonia concurrió a elecciones legislativas el 5 de marzo. En este país europeo, referente mundial por su voto electrónico, por primera vez se emitieron más votos digitales que papeletas físicas. ¿Cómo se vota por internet en la nación báltica? Lo cuenta esta nota de Euronews. Una experiencia que desde Venezuela bien vale la pena estudiar.