Segunda quincena, septiembre de 2022
Los organismos electorales están hoy en la obligación de asumir el desafío de generar información amplia y suficiente para contrarrestar las desinformaciones que puedan poner en duda el devenir y la legitimidad de los procesos electorales. En Venezuela la opacidad sobre varios aspectos de interés público se ha impuesto como la norma
Este 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una efeméride adoptada en principio por la UNESCO, en 2015, y luego por la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, en 2019.
Cuando la ONU conceptualiza esta jornada expresa que ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo, cuando van a las urnas de votación. Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones. El acceso universal a la información es, pues, una piedra angular de sociedades del conocimiento saludables, democráticas e inclusivas.
“El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión”, define Naciones Unidas. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información.
Los procesos electorales son uno de los eventos de más alto interés público en sociedad, porque alcanzan el potencial para movilizar a toda una nación en torno a un mismo objetivo durante una misma jornada. En consecuencia, deberían gozar de altos niveles de transparencia informativa y libre fujo de datos públicos. Pero en países como Venezuela solemos concurrir a dichos procesos desprovistos de información oportuna, veraz e imparcial.
Cuatro de cada diez participantes y cinco de cada diez abstencionistas de la elección del 21 de noviembre de 2021 en Venezuela aseguraron que el año pasado no había ocurrido un cambio de directiva en el CNE por otra nueva y menos desequilibrada en términos políticos, según un estudio de la firma Delphos encargado por el OEV (2021), aunque esa renovación de directorio sucedió en mayo de 2021.
Asimismo, por lo menos un tercio de los 1.200 entrevistados en el ámbito nacional creía que se había implementado un nuevo mecanismo de votación, lo cual no sucedió. Del mismo modo, casi la mitad de los 600 electores encuestados que no sufragaron ignoraba que se había realizado una auditoría integral de mes y medio al sistema automatizado de votación.
La “Guía Sobre Desinformación e Integridad Electoral” del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) define desinformación como la generación y difusión deliberada de información falsa para manipular la opinión pública. Si bien las campañas antidemocráticas de desinformación no son nuevas, las redes sociales e internet promueven la difusión de información en procesos electorales a velocidades, distancias y volúmenes sin precedentes.
Lo promueve, pero cuando intereses se superponen, también lo corta: las interrupciones intencionales de acceso a internet afectaron al menos a 52 elecciones del mundo entre 2016 y 2021, recoge el informe “Interrupciones del acceso a Internet” (2022) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre esta base, un estudio de la organización colombiana Linterna Verde conceptualiza la desinformación electoral como toda información falsa o engañosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.
Con sus matices y distintos grados de intensidad, la desinformación electoral es un fenómeno mundial, como afirma el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Al revisar específicamente el caso nacional, el CPJ se basa en un estudio de IPYS Venezuela que, tras la cuestionada elección parlamentaria 2020, identificó cuatro fuentes de desinformación: a) medios de comunicación oficialistas, b) periodistas cercanos al oficialismo, c) organizaciones políticas e instituciones como los partidos y la anterior administración del CNE, y d) dirigentes políticos y voceros de gobierno.
La Constitución, sin embargo, consagra en su artículo 143 el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, los ciudadanos deberían tener acceso a los archivos y registros administrativos. En el papel no se permite censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Pero la opacidad en Venezuela trasciende incluso del terreno electoral a prácticamente todos los ámbitos de la vida pública: desde la sanidad, en donde el boletín epidemiológico, brújula fundamental de la salud pública nacional, no está disponible desde hace más de cinco años, hasta la macroeconomía, expresada en la incógnita que significa el presupuesto de la nación, pasando por la abandonada práctica de divulgación de las memorias y cuentas ministeriales.
Así ha operado en el país. Si ampliamos el lente a la región, la plataforma ElectoralCheck, un proyecto de la UNESCO, IIDH-CAPEL y la alianza LatamChequea, ha documentado 10 casos tipo de desinformación electoral en América Latina y el Caribe:
- 1.- Las irregularidades en el proceso electoral no significa que haya fraude.
- 2.- El supuesto fraude organizado por las autoridades.
- 3.- La estrategia sobre los votos de las personas fallecidas.
- 4.- Desinformación sobre votación de personas no habilitadas.
- 5.- Manipulación para evitar votación o invalidación de votos.
- 6.- Desinformaciones sobre la documentación necesaria para votar.
- 7.- Desinformación sobre votos de ciudadanos en el exterior.
- 8.- Caos el día de las elecciones.
- 9.- Falsas encuestas.
- 10.- Falsas declaraciones de candidatos.
La savia de los datos
Uno de los motores que activa la vida diaria en la sociedad moderna es la información. Nos reduce las incertidumbres al tiempo que nos encausa hacia decisiones informadas, responsables y más conscientes de sus consecuencias. El ejercicio de la ciudadanía en este tiempo pasa, sin duda, por el prerrequisito de tener a la mano información, pero información de calidad, curada, verificada y contrastada bajo estándares de responsabilidad social por parte de los emisores.
Aunque la información sea agua que hidrata la toma de decisiones, alguna sequía amenaza nuestro mundo. El porcentaje de gente que dice evitar las noticias, a menudo o a veces, ha aumentado bruscamente en todos los países. El “Digital News Report 2022”, un informe anual del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, concluyó que la mayoría de entrevistados las evita, en primer lugar, porque “hay demasiado COVID-19 y demasiada política” y, en segunda instancia, porque “las noticias les producen un efecto negativo en su estado de ánimo”. Otro porcentaje significativo de personas jóvenes y menos educadas dicen que evitan las noticias porque “pueden ser complicadas de seguir o de entender”.
Los medios digitales y las redes sociales ofrecen una gama más amplia de información, pero a menudo este entorno puede resultar abrumador y confuso. En todos los mercados, dice el estudio, más de la mitad (54 %) de encuestados dice estar preocupado por identificar qué es real y qué es falso en internet cuando se trata de noticias. Las regiones con los mayores niveles de inquietud al respecto, África y América Latina, se corresponden estrechamente con el consumo elevado de noticias en las redes sociales.
En esto el ecosistema venezolano, una vez más, tiene sus particularidades: un estudio de Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, divulgado a propósito de la elección regional y municipal 2021, decía que tres de cada cuatro medios de comunicación social en Venezuela evitaban abordar la fuente política. De manera coincidente, tres de cada cuatro medios retransmitían las alocuciones oficiales, aunque no hubiese convocatoria a transmisión obligatoria. Es el avance del monopolio de la palabra que caracteriza el fenómeno de la hegemonía comunicacional.
La transparencia en la financiación política de las campañas y de los partidos políticos pasa por exigir la divulgación de informes de gastos y los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y candidatos a fin de fomentar el escrutinio público y el voto informado de los electores.
En contravía a estos principios constitucionales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló en sentencia del año 2011 la confidencialidad de la información sobre la financiación de las campañas. Así resolvió una acción interpuesta por un periodista venezolano en 2010, contra lo que denominó “una negativa tácita” del CNE de permitirle acceder a información pública que reposaba en los archivos de esa institución.
También en contravía, la controvertida Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público (2021) “no se ajusta a las mejores prácticas internacionales en materia de libertad de prensa, ya que exige justificar las solicitudes de información”, como apuntaba la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en 2021.
Entonces, ¿qué otras acciones, además de las ya señaladas, se pueden aplicar a favor del derecho de la gente a saber? El manual de la UNESCO “Cómo contrarrestar la desinformación electoral” (2022) identifica tres puntos centrales que los organismos electorales, en nuestro caso el Consejo Nacional Electoral (CNE), debe tener en cuenta a la hora de enfrentar este fenómeno:
El primero, que hay una necesidad de identificar las desinformaciones, corroborar efectivamente que no sea información cierta y conocer cuál es la fuente de esa desinformación.
El segundo, que es preciso focalizar en el público destinatario de esa desinformación, es decir, quiénes se pueden ver influenciados por estos contenidos.
Y el tercero, que es menester actuar sobre el medio donde esa información se reproduce y potencia exponencialmente. Combatirla en el mismo campo de batalla donde se produce y reproduce.
Con políticas informativas más robustas sería posible combatir, en el presente y hacia el futuro, la desconfianza que una parte del electorado mantiene sobre su sistema de votación y sobre las elecciones en general. En el pasado, se hubiesen podido evitar fallas problemáticas como los cambios en listas no informados al electorado previo a la elección parlamentaria 2020 o las renuncias y sustituciones del sistema de postulaciones tampoco informadas al electorado previo a la elección regional y municipal 2021, por citar dos temas dentro de tantos otros posibles. Nuestro órgano electoral venezolano tiene entre sus disposiciones legales la de la transparencia.
De lo que se trata, y con esto cerramos, es que todos los actores del proceso, empezando por el árbitro, ofrezcan la mayor cantidad de información de calidad posible para abono de la integridad electoral: comunicar todo lo que hay que comunicar para que la desinformación no compita en las elecciones.
OEV urge al CNE a poner a tono el Registro Electoral
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) consignó una carta al directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual expresa a los rectores su profunda preocupación por el estado actual del Registro Electoral (RE) y la urgencia que siente la organización de observación electoral para que sean tomadas acciones y medidas que permitan corregir deficiencias para el venidero ciclo electoral de los años 2024 y 2025.
Con la comunicación, consignada el pasado 22 de septiembre en la sede del CNE en Plaza Caracas, el OEV quiere hacer un llamado a los integrantes del órgano rector del Poder Electoral a que se aboquen prontamente a cumplir con los principios que la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 28, señala para el RE: de carácter público, de carácter continuo, eficiencia administrativa y automatización.
Poner a tono el RE requerirá, con tiempo y dedicación, pero con urgencia, diseñar e implementar jornadas regulares y extraordinarias de inscripción y actualización en el RE.
Resulta evidente que limitar la infraestructura para esa enorme tarea a las Oficinas Regionales Electorales del CNE, sería absolutamente insuficiente. Municipalizar la actualización del RE, y en municipios grandes parroquializarlo, aumentaría significativamente la eficiencia administrativa del proceso atendiendo con ello a lo pautado en el artículo 28 de la LOPRE, recomienda el OEV. Puntos extraordinarios de inscripción y actualización en plazas, centros comerciales, estaciones de metro y demás lugares de concurrencia masiva de personas, como se ha hecho en procesos electorales anteriores, abonaría en el objetivo de mejorar nuestro RE.
También resulta necesario, por un lado, establecer acuerdos con los principales países de acogida con miras a mejorar y/o ampliar la infraestructura disponible para la atención de las necesidades de identidad y registro de nuestros connacionales en el extranjero y, por otra parte, y visto el alto volumen migratorio, explorar canales de automatización de los procesos de inscripción y actualización de datos en el RE.
Esta es la carta completa:
#ElDatoOEV
10.572
movimientos por reubicaciones sufrió el Registro Electoral (RE) durante el trimestre comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2022. Esta última es la fecha del más reciente corte del RE, cuyo cuadro estadístico fue publicado por el Poder Electoral en la Gaceta Electoral Nº 1017 del 8 de septiembre. Los movimientos por reubicaciones de este lapso casi duplican los que habían sido registrados en el corte anterior del RE, al 30 de abril de 2022.
Entre tanto, el RE contabilizó durante el periodo un total de 3.368 nuevos inscritos. El número total de inscritos en el RE en la actualidad es de 21 millones 158 mil 016 electores, esto representa 55 mil 438 registros menos en comparación con el anterior corte periódico de abril. Los movimientos incluyen también alrededor de 56 mil depuraciones por fallecimiento.
La desactualización del RE y algunas bases y requisitos para viabilizar soluciones es el tema que aborda nuestra más reciente Aula Electoral OEV. REVÍSALA AQUÍ.
El arrase de la derecha dura pone a Europa a mirar a Italia
🇮🇹 | Por donde se miren, las elecciones parlamentarias de Italia de este 25 de septiembre se están volviendo históricas. Por un lado, la menor participación de su democracia: 64 %, nueve puntos menos que hace cuatro años, lo cual, según análisis, continúa marcando la senda descendente del interés de la ciudadanía por la política desde 1979. Por otro lado, la coalición de derechas obtuvo el mayor porcentaje en votos (44 %) jamás registrado por partidos de derecha en la historia de Europa occidental desde 1945 hasta hoy, según la reacción del centro de estudios italianos CISE, citado por la AFP.
Más de 50 millones de personas estaban llamadas a votar para elegir a 600 parlamentarios (400 diputados y 200 senadores), menos de los 945 actuales. El complejo sistema electoral italiano combina los métodos de mayoría simple y proporcional: aproximadamente un tercio de los escaños se asignan con el primer modelo y dos tercios con el segundo.
Por primera vez Italia, la tercera economía de la zona euro y uno de los países fundadores de la Unión Europea (UE), estará gobernada por un primer ministro que pertenece a un partido posfascista y euroescéptico.
Los italianos votan, pero no eligen directamente a su primer ministro. El jefe de gobierno se designa luego de que se reúna el nuevo parlamento y un candidato haya ganado un voto de confianza y la aprobación del presidente.
Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, partido que proviene de la tradición neofascista, se convertiría a sus 45 años en la primera mujer en llegar a la jefatura de Gobierno en Italia. Según el acuerdo vigente desde hace años entre los líderes de los partidos de derecha, la formación más votada entre ellos será la que designe al candidato a jefe de gobierno.
El partido de la antieuropeísta y nacionalista Meloni es heredero del Movimiento Social Italiano (MSI), un partido neofascista creado en 1946 tras la Segunda Guerra Mundial por dirigentes que habían formado parte de la República de Saló, un estado títere de la Alemania nazi, contextualiza la AFP. Uno de sus principales aliados en Europa es el partido de extrema derecha español Vox, muy crítico del gobierno venezolano.
La alianza de derechas y extrema derecha estaba integrada, además de Hermanos de Italia, por la formación antiinmigración Liga, de Matteo Salvini, y por los conservadores de Forza Italia, de Silvio Berlusconi.
Su directo contendiente era el socialdemócrata Partido Democrático (PD), liderado por Enrico Letta, quien no logró una amplia coalición de izquierdas. Así, la centroizquierda terminó quedándose con 26 % de la votación. La controvertida ley electoral italiana favorece a los partidos que forman alianzas. Debido a los numerosos cambios que se han producido a lo largo de las décadas, el sistema político italiano tiene fama de ser especialmente inestable, como refiere un análisis de Euronews.
Las legislativas en Italia planteaban desafíos en materia económica y política. A pesar de que Meloni ha tomado distancia de sus orígenes políticos y en la campaña confirmó su compromiso con la democracia, las libertades y la Unión Europea, muchos temen que se propague un nuevo populismo en toda Europa.
Italianos en el mundo podían votar por correo por la circunscripción extranjera
Unos 4,8 millones de italianos residentes en el exterior podían votar de manera anticipada por ocho diputados y cuatro senadores, correspondientes a Europa, América del Sur, América del Norte y Central, Asia-África y Oceanía.
En América del Sur, con 1,5 millones de personas con derecho a votar, buena parte de ellos en Argentina, eligieron dos diputados y un senador.
El Consulado de Italia en Venezuela tiene registro de unos 145 mil italianos, de los cuales menos de 100 mil pueden votar, por ser mayores de edad.
Se sufraga por correspondencia. Los sobres votados debían regresar al Consulado de Italia en Caracas desde el 16 y hasta el 22 de septiembre. Los electores que recibían el material debían devolver el sobre por Domesa o entregarlo en los buzones disponibles las 24 horas dentro y fuera de la sede consular, a donde también podía acudir todo elector que no hubiese recibido el material en su domicilio, en cuyo caso le entregaban un duplicado. Las mochilas con los sobres cerrados llegaron a Roma el 24 de septiembre, informó el consulado en Twitter.
Por primera vez cubanos validaron una ley en referendo
🇨🇺 | El nuevo Código de las Familias de Cuba resultó aprobado este 25 de septiembre en referendo con más de 66 % de respaldo. La autoridad electoral situó la participación en 74 % de los 8,4 millones de registrados en el padrón electoral. Pero, más allá de los cuestionamientos estructurales al sistema electoral cubano, ¿qué contiene la polémica ley que, por primera vez, los cubanos validan en referendo? Estos son cinco de sus aspectos fundamentales, según un despacho de la AFP:
1. Define el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de dos personas”, lo que valida el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2. Extiende a las parejas homosexuales, estén casadas o en unión libre, la posibilidad de tener hijos en adopción, un derecho hasta ahora limitado a los matrimonios heterosexuales.
3. Legaliza la posibilidad de prestar el vientre materno para que personas “unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanos”, incapacitadas de tener hijos, puedan formar una familia.
4. Reemplaza el concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental, que reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derecho y a sus padres como sujetos de responsabilidades.
5. Revoluciona el concepto tradicional de familia al permitir que “excepcionalmente” un menor pueda tener más de dos padres o madres, por ejemplo, en familias integradas por parejas que hayan tenido hijos anteriormente y las madrastras y padrastros se conviertan también en tutores.
Recomendación al cierre
¿Terminó ya la pandemia de covid? No. Los expertos opinan sobre esta pregunta, en el pódcast del Dr. Elmer Huerta para CNNEE. Escúchalo AQUÍ.