Segunda quincena, junio de 2020
El nombramiento de cuestionadas mesas directivas en Acción Democrática y Primero Justicia, la espera por decisión similar en Un Nuevo Tiempo y el destino mismo de Voluntad Popular como partido se engranan en un proceso continuado de reducción de la oferta electoral. La judicialización de procesos internos de partidos venezolanos afecta los derechos de todos los ciudadanos
Nuevas decisiones judiciales impactan el sistema de partidos en Venezuela, con repercusiones sobre la oferta electoral. El llamado G-4, como núcleo de la oposición política surgido del voto, está cambiando de faz a las puertas de unos comicios legislativos.
En las parlamentarias de 2015 la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó 112 diputados, frente a una bancada minoritaria de 55 legisladores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados. En su informe de observación, el OEV dio fe de que el proceso transcurrió de manera satisfactoria.
La bancada de la Unidad quedó entonces constituida por 33 diputados de Primero Justicia (PJ), 25 de Acción Democrática (AD), 21 de Un Nuevo Tiempo (UNT) y 14 de Voluntad Popular (VP). Estas cuatro formaciones representaban poco más de la mitad del hemiciclo entero, conformado por 167 curules.
El 15 y el 16 de junio de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia resolvió suspender las actuales direcciones nacionales de Acción Democrática y de Primero Justicia.
La Sala Constitucional emitió sentencias independientes con ponentes distintos (la 0071 del día 15 para AD y la 0072 del día 16 para PJ), pero con iguales decisiones para ambos partidos políticos.
La más resaltante decisión es el nombramiento de una Mesa Directiva ad hoc para llevar adelante lo que el TSJ denomina el “proceso de reestructuración necesario” de cada organización, pero que en la práctica analistas y organizaciones han traducido como la intervención de ambos partidos.
La llamada Mesa Directiva de AD la presidirá Bernabé Gutiérrez, quien fungía como secretario nacional de organización de la formación blanca y cuyo hermano es nuevo rector principal del CNE. En el caso de PJ, el Tribunal Supremo decidió que la encabece José Brito, diputado removido del partido aurinegro en diciembre de 2019 por su presunta vinculación a una trama de corrupción para favorecer a empresarios vinculados a los CLAP, el programa oficial de distribución de alimentos.
Ambas mesas directivas quedaron facultadas por el TSJ para utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de sus organizaciones. La Sala Constitucional también le ordena al Consejo Nacional Electoral “abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor, por la Mesa Directiva ad hoc designada”.
Los fallos acuerdan la designación de autoridades regionales, municipales y locales en AD y PJ. Los principales pero no únicos defenestrados son los adecos Henry Ramos Allup e Isabel Carmona y los justicieros Julio Borges y Tomás Guanipa.
“Ninguno de nosotros es abstencionista. No hay una organización política internacional que no esté al tanto de los esfuerzos que hemos hecho como oposición para conseguir condiciones justas. Saben que en lo que haya esas condiciones la unidad opositora en Venezuela obtendría un triunfo arrollador”, reaccionó a la prensa Ramos Allup.
En el caso de AD, el TSJ desempolvó un recurso de junio de 2018 en el cual dos militantes del partido pedían la suspensión de la dirección nacional, de la cual formaba parte el mismo Bernabé Gutiérrez. Denunciaban los accionantes “el atropello de su militancia política mediante el cambio de los directivos de la organización en los estados o seccionales, así como también de las directivas regionales al antojo y libre albedrío de los ciudadanos Isabel Carmona de Serra, Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez como máximas autoridades del partido político Acción Democrática”. Alegaron que “de manera arbitraria” aprobaron por unanimidad la modificación de la duración del mandato de la directiva de tres a seis años.
“No se atreven a hacer unas elecciones libres, porque saben que en una elección libre de lo que sea, hasta de un presidente de condominio de un edificio, lo perderían abrumadoramente, y por eso hacen esto para controlar la elección”, declaró a medios Guanipa.
En el caso de PJ, el Poder Judicial decidió sobre una acción de amparo interpuesta en enero de 2020 por el mismo José Brito junto al también diputado Conrado Pérez, en la cual solicitaban la suspensión de la dirección nacional por atropello a su militancia y otras razones.
“Todos los diputados de AD y de PJ y sus respectivas direcciones regionales y municipales han cerrado filas con los directivos afectados por los fallos del TSJ”, refirió una nota de Crónica.Uno del 22 de junio.
No es la primera vez que esto pasa. Ocurrió en años anteriores con partidos como el PPT, el MEP, Podemos, Bandera Roja o Copei. Con sus sentencias número 0071 y 0072, la Sala Constitucional del TSJ elevó a ocho el número de partidos que ha intervenido desde el año 2012, documentó Transparencia Venezuela. Supuestas tensiones y luchas internas en organizaciones políticas se han resuelto judicialmente, aunque la política no sea un asunto a resolver en tribunales, ha considerado el OEV.
Dos en expectación
Al día siguiente de conocidas las sentencias contra estos partidos del G-4, medios reseñaron que el diputado a la Asamblea Nacional Chaim Bucaram introdujo un recurso de amparo ante el TSJ en el que solicita la designación de una junta directiva ad hoc en el partido Un Nuevo Tiempo.
“Nosotros hemos metido el amparo pidiendo que se adjudique a mi persona la presidencia del partido, al diputado Adolfo Superlano la secretaría general y al diputado Kerrins Mavárez la secretaría de organización. Con eso iríamos a las regiones a la reorganización del partido”, dijo el 17 de junio Bucaram, cuyo nombre figura en la investigación que reveló una presunta comisión oficiosa para favorecer a empresarios vinculados a los CLAP. El objetivo, argumentó Bucaram, es “poner la tarjeta de UNT a disposición de la militancia y del pueblo venezolano para que pueda votar”.
Hasta el 29 de junio, el TSJ no había publicado en su web ningún fallo relacionado con la petición de Bucaram quien, según la actual directiva de UNT, fue expulsado del partido en enero, tras votar a favor de Luis Parra en la constitución de la junta directiva 2020 del Parlamento.
Con Voluntad Popular, también falta el desenlace. El 25 de mayo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, introdujo ante el TSJ un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para determinar si este partido es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo.
La Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer de esa demanda de interpretación y el 16 de junio declinó su conocimiento en la Sala de Casación Penal. Hasta el 29 de junio, esta sala no había publicado en la web del TSJ ningún fallo relacionado con esta materia.
Los partidos del G-4 (AD, PJ, UNT y VP) en primera línea y, junto a ellos, las organizaciones opositoras Encuentro Ciudadano, Copei-ODCA, La Causa R, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela, Nuvipa y Cuentas Claras alertaron en un comunicado del 14 de junio sobre “la pretensión de robarle a los partidos políticos democráticos sus tarjetas y símbolos partidistas para entregárselas a falsos líderes opositores”.
Estos 11 partidos se volvieron a expresar el 29 de junio para comunicar 10 condiciones mínimas y fundamentales por las que luchan para poder tener y participar en “verdaderas elecciones libres, justas y verificables”, dicen. Participación plena de todos los partidos, restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes, se cuenta en el petitorio. También, un CNE designado por la AN, prohibición de migración de electores, cese de inhabilitaciones, campaña equitativa, revisión auditada de las nuevas máquinas y observación electoral nacional e internacional en todas las etapas.
Desde la acera política opuesta, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), aliado del chavismo, rechazó “la judicialización de los procesos internos de los partidos políticos”. Por Twitter, tras su reunión ordinaria del buró político del 15 de junio, dejaron constancia de que “ante denuncias de volver a utilizar el TSJ para imponer direcciones acomodaticias e ilegítimas, exigimos total respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos”.
De nueva cuenta
En este contexto, el 17 de junio la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la desaplicación del “Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales”, publicado en Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2017. “El referido acuerdo establece que quedarán exentos los partidos políticos sobre los que cursen procesos penales ante el sistema de justicia venezolano”, informó la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
“No podrán participar, desaparecerán del mapa político”, había dicho en 2017 Nicolás Maduro acerca de los partidos opositores que no concurrieron a las elecciones municipales del 10 de diciembre de ese año y que llamaron a boicot. Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, entre otros, no suscribieron esta contienda y alegaron “falta de condiciones mínimas legales y constitucionales” que garantizaran respeto a la voluntad popular; Un Nuevo Tiempo y otros, sí participaron.
Semanas después de aquel comentario presidencial, el decreto de la Asamblea Constituyente estableció que “las organizaciones con fines políticos para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior” (artículo 1). Los partidos que no cumplan con esto, debían realizar el proceso de renovación (artículo 2).
Desde el oficialismo argumentan ahora que estas medidas de desaplicar el Decreto Constituyente de diciembre de 2017 propician una más amplia participación de todo el pueblo venezolano y de los partidos políticos en las próximas elecciones legislativas, al tiempo que facilitan la inscripción de los candidatos ante el CNE.
Afecta los derechos de todos
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ha considerado que la intervención de cualquier partido político por la vía judicial afecta los derechos de todos, y no solo los de los militantes de esas organizaciones, porque distorsiona el proceso electoral. Existen procedimientos que les permiten a los partidos políticos elegir de manera legítima a sus autoridades, y deben ser respetados.
Los últimos hechos relacionados con esta materia producen más distorsiones, porque elevan la interrogante sobre cuál será la actuación de esos partidos con directivas impuestas que, como se desprende de acciones recientes, no necesitarían legitimarse a través de la recolección de firmas.
El OEV ha documentado cómo el sistema político venezolano perdió 88 % de sus partidos entre 2010 (cuando existían 325 organizaciones con fines políticos reconocidas por el CNE) y 2018 (37 formaciones válidas).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recién consideró que estas sentencias judiciales “desestiman los procesos democráticos internos de dos partidos políticos de oposición y siembran desconfianza en las reglas de juego democráticas de cara a una eventual elección parlamentaria”.
La CIDH ha sido informada de que las juntas directivas de los partidos políticos tienen un poder de decisión importante con respecto al rumbo general de las asociaciones políticas, el sistema de postulaciones y las listas de candidatos que pueden concurrir en la contienda electoral; de ahí que corresponda a los procesos internos de cada partido la designación de su junta directiva.
Los procesos internos de los partidos políticos y su funcionamiento se encuentran amparados por el derecho de asociación y de participación política. Pero, con las recientes decisiones judiciales, “se mina la confianza en los eventos electorales del país” y, lo que es más preocupante, se crean “nuevos obstáculos para superar la crisis institucional”, sostiene la Comisión.
Un informe de 2018 del Observatorio Global de Comunicación y Democracia concluyó que en Venezuela se ha ido conformando un nuevo ecosistema de partidos, donde las principales organizaciones de oposición fueron anuladas. El pluralismo político ha recibido duros golpes que disminuyen la capacidad de los ciudadanos para tener una oferta electoral diversa.
Comunidad internacional rechaza las decisiones electorales del TSJ
Distintos organismos multilaterales han expresado su rechazo a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en el marco de la omisión legislativa declarada por el Tribunal Supremo de Justicia, así como las sentencias que nombran mesas directivas en partidos políticos de oposición.
La Unión Europea reaccionó el 16 de junio, afirmando que las decisiones del Tribunal Supremo relacionadas con el CNE y partidos opositores “reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean nuevos obstáculos a la resolución de la profunda crisis política”. De nuevo llamaron a Gobierno y oposición “para que emprendan unas negociaciones genuinas e integradoras conducentes a la constitución del CNE y al levantamiento de las prohibiciones que afectan a los partidos de la oposición”.
También el 16 de junio, el jefe de Estado Nicolás Maduro rechazó este comunicado: “No se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea de Venezuela, ya basta ustedes con su visión colonialista”.
En esa misma jornada, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) rechazó todas las vías violentas y exhortó a quienes detentan el poder en Venezuela a “abstenerse de tomar medidas que tornen inviable una solución democrática”. También llamó a todas las partes a retomar a la mayor brevedad negociaciones sustantivas e inclusivas.
Después, el 24 de junio, el mismo GIC dio cuenta de una reunión en la cual consideraron que el reemplazo de la junta directiva de algunos de los principales partidos de la oposición daña la posibilidad de un camino electoral consensuado y elecciones democráticas.
El Grupo de Lima expresó el 17 de junio que la intervención del TSJ, que han calificado de “ilegal” y han asegurado “desconocer”, socava “las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela”. El canciller Jorge Arreaza rechazó que los gobiernos “sumisamente cartelizados por Washington para agredir a Venezuela denotan una profunda ignorancia sobre el derecho constitucional venezolano”.
Una resolución del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, el 26 de junio, aprobó con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes su “desconocimiento” a la “ilegal”, dicen, designación del CNE por parte del TSJ, así como la “ilegal designación de las directivas” de AD y PJ.
La OEA insistió en la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un CNE independiente y un TSJ imparcial, y con observación internacional independiente. El canciller Arreaza lamentó que la OEA sea “una organización multilateral pulverizada por el servilismo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el 27 de junio el conjunto de decisiones recientes del TSJ, por considerar que “atenta contra la institucionalidad democrática en perjuicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos”.
Nueva directiva instalada
La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral se instaló el 15 de junio. Se declaró en sesión permanente el 26 de junio con la finalidad de “dar cabal y efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia 068, de fecha 05 de junio de 2020, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal de Supremo de Justicia en la cual se ordena al CNE convocar los comicios para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional”, informaron en boletín de prensa.
El CNE invitó a los partidos políticos nacionales a presentarle sus propuestas, consideraciones y/o recomendaciones para “dar cumplimiento a la sentencia número 068 de la Sala Constitucional del TSJ, en cuanto al desarrollo del marco normativo para las elecciones de diputadas a la Asamblea Nacional”, de acuerdo con otro despacho.
#HablemosdeEsto: organizaciones piden #EleccionesXLaDemocracia
Las elecciones en Venezuela deben ser parte de un acuerdo amplio entre los actores con capacidad de decisión y deben contribuir a la solución pacífica de la grave crisis que hoy agobia a los venezolanos. Así mismo, reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambio democrático es el principal desafío.
Bajo estas premisas, 16 organizaciones de la sociedad civil mantienen desde el pasado 24 de junio la campaña de redes sociales #EleccionesXLaDemocracia.
Para recuperar la democracia luego de un largo periodo de violación de los derechos políticos no se pueden tomar atajos. “Debemos activarnos en la exigencia de una solución pacífica, constitucional y electoral”, dice uno de los mensajes.
En la iniciativa conjunta participan Acceso a la Justicia, Asosaber, Caracas Ciudad Plural, el CDH-UCAB, Cepaz, Civilis DDHH, Dale Letra, Hearts on Venezuela, el Observatorio Electoral Venezolano, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Oportunidad A.C., Positivos en Colectivo, Provea, la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, Sinergia y Voto Joven.
“Es el momento de exigir condiciones y garantías para el ejercicio libre y eficiente del voto y para su recuperación como instrumento ciudadano para el cambio democrático”, indica también la campaña.
Puede seguir los mensajes de la campaña a través de las cuentas del OEV en Facebook y en Twitter.
“Tenemos que sentarnos entre todos, oírnos los unos con los otros”: Porras
No se encuentra solución absolutamente de nada si es un solo sector el que toma las decisiones, opinó el cardenal Baltazar Porras. “Como en la familia hay que ponerse de acuerdo padre, madre e hijo, también tenemos que tomar mayor conciencia de que ni el gobierno, ni la oposición, ni un gremio, ni las iglesias tienen la solución; tenemos que sentarnos entre todos, tenemos la necesidad de oírnos los unos con los otros”.
El administrador apostólico de Caracas y arzobispo metropolitano de Mérida considera que hay mucho talento humano y muchos deseos de hacer el bien a Venezuela, pero hace falta compartirlo, para que sea con la libertad que tenemos de criticar cuando haya que hacerlo o de reconocer el bien que se pueda hacer. “Es la única manera de ganar la credibilidad y la confianza de la población”, declaró al canal VPI este 29 de junio, a propósito de la conmemoración de los 101 años del fallecimiento del nuevo beato venezolano José Gregorio Hernández.
Apuntes de observación electoral ciudadana en la era del covid-19
En países de América Latina como Bolivia, con una coyuntura de polarización, un choque de poderes y hasta un gobierno transitorio, hacen falta verdaderos pactos políticos. Se requiere de mucha madurez por parte de la clase política y de acuerdos serios que tomen en cuenta aspectos económicos, políticos y de salud para llegar a un acuerdo acerca de cómo hacer elecciones realmente transparentes e inclusivas, además de saludables. Este es el camino que podría traer certidumbre a la sociedad.
Esta reflexión, que podría ser válida incluso fuera de las fronteras bolivianas, la expresó el secretario técnico de La Ruta por la Democracia, José María Paz, durante el Foro de Debate “Observación Electoral Ciudadana en la era covid-19”, organizado por Transparencia Electoral.
Con representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay, el encuentro virtual, el pasado 18 de junio, abordó los principales retos de las organizaciones de la sociedad civil para observar elecciones, así como los instrumentos legales de cada país.
En Bolivia, donde el voto es obligatorio, todos los actores están conscientes de que hay que ir a elecciones presidenciales luego de los fraudulentos resultados de octubre pasado; el debate es cuándo hacerlas. Paz conversó sobre el choque de poderes y el gran debate que se ha dado en la sociedad civil respecto a la conveniencia de ir o no a esos comicios en el corto plazo.
En esa nación sudamericana hay un ascenso vertical de casos del nuevo coronavirus y no se ha podido determinar a ciencia cierta cuándo será el pico de la pandemia.
De hecho, para los bolivianos vienen tres jornadas de votación bastante seguidas una de la otra: la primera y probablemente una segunda vuelta presidencial, y luego tienen que celebrarse elecciones subnacionales (gobernadores y alcaldes), cita que también está postergada.
Como actividades de acompañamiento, la observación ciudadana boliviana ha hecho monitoreo al árbitro electoral para verificar el cumplimiento del calendario, la capacitación de los jurados electorales y la apertura del padrón electoral.
En Paraguay se habla de la postergación de elecciones municipales, que eran este año. La representante de Semillas para la Democracia Marta Ferrara sostuvo que la confianza en los procesos electorales es fundamental para la legitimidad democrática.
En las más recientes elecciones de ese país el árbitro electoral no otorgó autorización alguna a organizaciones nacionales de observación. Permitieron, sí, la posibilidad de tener 200 observadores a una universidad vinculada a un representante del oficialismo, refirió Ferrara.
La paraguaya expuso que lo fundamental para las elecciones en el escenario político actual, que es más grave que la pandemia, es recuperar la confianza en los procesos electorales para que la democracia pueda preservarse. “Necesitamos que la sociedad civil tenga algún tipo de participación, conseguir recursos de algún lugar para tener algún tipo de incidencia”.
En Chile, si a alguien le preguntaran hace nueve meses cuál era su opinión sobre la situación política doméstica, tendría seguramente una opinión diferente de la de hoy, luego de una intensa crisis social y política.
Está previsto celebrar el plebiscito nacional el próximo 25 de octubre, pero el cronograma electoral se torna complejo en un contexto de pandemia. La propaganda electoral, por ejemplo, debería empezar en agosto y las autoridades extendieron la emergencia sanitaria hasta septiembre.
Todo esto puede dificultar que la gente participe si no hay condiciones de seguridad, apunta el presidente de la Juventud LAC, Juan Vargas.
En debate sobre si se debe postergar o no esa fecha, lo que parece clave es el rol que tiene que jugar la sociedad civil con los llamados apoderados de mesa (testigos, fiscales, según el país), porque no pueden ser excluidos del sistema electoral. Siempre se requerirá mayor validez y reconocimiento por parte de la ciudadanía.
Vargas repasó lo que la legislación menciona en relación a los apoderados de mesa: para serlo, deben ser representantes de los partidos o de los candidatos independientes, excluyendo así a cualquier otra organización de la sociedad. “Debemos avanzar en que cualquier organización de la sociedad civil pueda hacer observación electoral”, emplaza.
Como dato de interés, en las presidenciales chilenas de 1999 el margen entre los dos candidatos más votados fue de 31.000 votos. No era común, entonces, que hubiera apoderados de mesa. Con ese episodio aprendieron la importancia de tener y capacitar a testigos que puedan estar disponibles para eventuales reclamaciones.
Perú es -en estas semanas- uno de los países con más casos de coronavirus en la región. José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, expuso que son tres los organismos que llevan los procesos electorales en ese país: el Jurado Nacional de Elecciones (máximo tribunal que administra justicia electoral); la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organización que se encarga de la logística y organización del proceso, además de un tercero que lleva la identificación de los peruanos y elabora el padrón.
Dos instancias ciudadanas también vigilan: los 24 partidos políticos inscritos y los observadores electorales propiamente. Perú es considerado uno de los países de América Latina que más regulado tiene el tema de la observación electoral.
Con el actual contexto, las fuentes de financiamiento para observación electoral han mermado, indicó Villalobos. Esa observación ciudadana no se limita al campo el día de la votación, sino que despliega su labor desde la convocatoria y durante todo el proceso.
Las elecciones generales peruanas están previstas para abril de 2021. Pronto, considera Villalobos, se tiene que dar el debate de cómo garantizar la salud de los electores en unos comicios que “no se pueden postergar, porque la democracia debe continuar”.
Por eso, Villalobos propuso cuatro ejes para estar vigilantes: primero, cómo los medios van a cubrir la campaña, si va a haber equidad en el acceso a la prensa por parte de los candidatos; segundo, el financiamiento, porque en países como el Perú se discute mucho de dónde sacan los fondos los partidos políticos; tercero, las encuestas, que pese al confinamiento han sido publicadas y ya en esa realidad nacional se están construyendo candidaturas con métodos que el vocero no considera tan científicos; y cuarto, la importancia de que la OEA construya puentes con la sociedad civil y les ayude a mejorar su observación doméstica.
El presidente de Transparencia Electoral, Leandro Querido, agregó que los próximos procesos electorales requieren mayores controles y valoró como importante que la sociedad esté presente, a pesar de que los costos para hacer observación electoral ciudadana hayan crecido mucho en esta nueva realidad.
Serbia, Islandia, Polonia y Francia: las primeras elecciones europeas de la “nueva normalidad”
Serbia, Islandia, Polonia y Francia acudieron a las urnas de votación, en este orden, durante la segunda quincena de junio. Por esto han sido considerados por la prensa como las primeras citas electoral de Europa en tiempos de la llamada “nueva normalidad”, marcada por un desconfinamiento progresivo en prevención del covid-19.
El 21 de junio se celebraron las elecciones generales (parlamentarias, provinciales y locales) en Serbia. El partido del presidente Aleksandar Vucic (centroderecha) incrementó su poder con una aplastante victoria, que dejó a la oposición muy reducida. Aunque pequeñas formaciones se presentaron, los principales partidos boicotearon los comicios. Esto, unido al miedo al virus, habrían impactado en una participación cercana al 48 %; ocho puntos menos que en la anterior votación de 2016. Serbia ha evitado la catástrofe sanitaria de otros países.
El 27 de junio Islandia concurrió a una elección presidencial. La reelección del jefe de Estado, Gudni Johannesson (independiente), estaba cantada. Aquí el Órgano de Gestión Electoral hizo posible un nuevo sistema de registro de respaldos ciudadanos a los candidatos, un requisito en el país insular, que funcionó tanto electrónicamente como en papel. La epidemia del coronavirus, prácticamente extinguida en esta isla boreal, tuvo escasa incidencia en la organización de la elección, reseñó AFP.
El 28 de junio finalmente tuvieron lugar las polémicas elecciones presidenciales en Polonia, ya aplazadas una vez por la pandemia. El presidente conservador Andrzej Duda, y el alcalde de Varsovia, el liberal Rafal Trzaskowski, disputarán la segunda vuelta el 12 de julio. La prensa dio cuenta del nuevo sistema de votación híbrido -por correo y presencial- para prevenir contagios. La Comisión Electoral Nacional reportó una participación récord de alrededor de 48 %, más de 10 puntos por encima de los registros de hace un lustro.
También el 28 de junio Francia pudo cumplir con la segunda vuelta de sus elecciones municipales. El partido del presidente Emmanuel Macron sufrió una contundente derrota por el avance de los ecologistas. Se celebraron ante la amenaza de un rebrote de la pandemia, que solo en Francia ha dejado casi 30.000 fallecidos, y se vieron empañadas por una abstención histórica. A pesar de las precauciones sanitarias, como el uso de mascarillas o la puesta de gel, apenas sufragaron 4 de cada 10 electores convocados, reseñó AFP.
Dominicanos, a votar
El horizonte electoral de julio demarca la cita de las presidenciales en República Dominicana, este domingo 5. En la nación caribeña el principal candidato opositor dio positivo de covid-19, no hay actos de campaña y una parte del electorado duda en ir a votar por miedo al contagio, según reportes de prensa.
Alrededor de 7,5 millones están facultados para elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Los principales candidatos son Luis Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ambos de centroizquierda.
En otra latitud, Singapur ha seguido adelante con su cronograma de elecciones parlamentarias del 10 de julio, a pesar de que el país está entre los más afectados por la pandemia en el sudeste asiático. Son comicios anticipados, luego de que el presidente disolviera el parlamento, que debía acabar su periodo en abril del año próximo. En una corta campaña de unos nueve días, los candidatos no podrán celebrar mítines para respetar el distanciamiento social, pero sí irán puerta a puerta y emplearán más la televisión y las redes sociales.
Recomendación al cierre
La pandemia de covid-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados más tiempo del habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La situación es aún más dura para quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. ¿Sabes cuánta actividad física te recomienda hacer la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a tu rango de edad? Descúbrelo haciendo CLIC EN ESTE ARTÍCULO de la OMS, que es parte de su campaña #SanosEnCasa.