Boletín 109 | Preocupación dentro y fuera del país por la crisis electoral

Primera quincena, julio de 2023

Organizaciones de la sociedad llaman a insistir en la reconstrucción de la ruta electoral como vía insustituible para el logro del estado de Derecho y la democracia en Venezuela. El Alto Comisionado Volker Türk insta a que los próximos procesos electorales nacionales sean transparentes, inclusivos y participativos. Que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a la participación es una exigencia internacional

El Diccionario de la Lengua Española dice que preocuparse supone intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Pero, en otra acepción, también supone prevenir a alguien sobre algo. Quizás con ambos sentidos, la palabra en cuestión se viene repitiendo en distintos ámbitos sociales y políticos durante el último mes, desde que una estrategia oficialista dinamitó, a mediados de junio, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) justo a las puertas de un ciclo electoral que debería renovar todos los cargos de elección popular de Venezuela.

Decenas de países se mostraron preocupados por el asunto electoral de Venezuela durante el 53º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 5 de julio, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos expresaron de manera conjunta su preocupación por la renuncia de la directiva del CNE y advirtieron que constituye una amenaza a las garantías electorales. Francia también expresó “profunda preocupación” por la renovación del CNE al tiempo que pidió respeto por los derechos políticos de todos porque, de lo contrario, las próximas elecciones podrían resultar iguales que las de 2018.

Las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales, locales y legislativas de 2025 presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, pero la falta de garantías aumenta las preocupaciones. Así lo ven la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y otras cinco organizaciones internacionales que suscribieron un comunicado sobre el tema.

De preocupante también han calificado la coyuntura 24 organizaciones de la sociedad venezolana, incluido el OEV, en otro comunicado conjunto en el cual exhortan a los actores políticos y sociales venezolanos a denunciar, sin ambigüedades, esta nueva crisis de institucionalidad del ente electoral, así como advertir sobre los efectos contrarios a los derechos que esa acción tendrá en los venideros procesos electorales y, en general, en el proceso de reinstitucionalización en Venezuela.

Esas organizaciones demandan la designación de un CNE apegado a la legalidad, que cumpla con los preceptos constitucionales de independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia, al tiempo que invitan a rechazar cualquier intento de imponer una directiva subordinada a intereses particulares.

Mientras la Comisión Europea observa “una evolución sumamente preocupante” en el curso de la inhabilitación de opositores, el Parlamento Europeo condenó este 13 de julio la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, así como la interferencia del gobierno en el proceso electoral en el país.

Antes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en su actualización sobre Venezuela del pasado 5 de julio que sigue de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo CNE desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.

“Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, expresó.

Avanza rápido proceso en la AN

Mientras se publica este boletín transcurren los últimos días del lapso fijado por el Comité de Postulaciones Electorales 2023 para recibir los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de rectores electorales.

El aviso que se publicó el 4 de julio dice que “el lapso de postulaciones tendrá una duración de catorce (14) días continuos a partir de la última publicación de esta convocatoria”. Se desprende, entonces, que hasta el 18 de julio, aunque en su declaración a los medios del pasado 4 de julio el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), dijo que la recepción de los recaudos es hasta el 15 de julio.

La convocatoria, según establece la ley, va dirigida al Poder Ciudadano, a las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y a la sociedad civil.

El 30 de junio quedó instalado formalmente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Así se denomina la instancia que tendrá la responsabilidad de producir y entregar a la plenaria de la AN la lista de elegibles a integrar el nuevo CNE, luego de descartar aquellos postulados que no cumplan los requisitos contemplados en la Constitución y leyes electorales.

Un día antes, el 29 de junio, la AN ya había juramentado a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, después de haber aprobado la designación de los 10 miembros de la sociedad civil que lo conforman.

Comité de Postulaciones Electorales 2023

Haremos dos consideraciones sobre el comité:

-Nueve de los 11 diputados repiten en funciones, puesto que ya formaron parte del Comité de Postulaciones Electorales que entregó la lista de elegibles de la cual surgieron los 15 integrantes del CNE ahora renunciante, designado en mayo de 2021. Incluso, como en 2021, preside la instancia el diputado Alessandrello (PSUV/La Guaira), y en la vicepresidencia lo acompaña el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional).

-La legislación electoral precisa que serán 10 los representantes de los distintos sectores de la sociedad, pero no especifica cuáles sectores. Esta escogencia de sectores que hizo unilateralmente la comisión preliminar de 11 diputados no tomó en consideración, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil ni a las organizaciones de observación electoral que postularon aspirantes para la conformación del comité, a diferencia de la selección del año 2021.

Cerraremos esta nota con una cita, que pretende ser disparadora de la reflexión. Corresponde a los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y está contenida en las páginas de su libro ‘Cómo mueren las democracias’ (Ariel, 2018):

“¿Cómo hacen los gobernantes autoritarios para destruir las instituciones democráticas que se supone que tienen que limitarlos? Algunos lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso. Los periódicos independientes siguen circulando. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo en pequeños pasos. Cada uno de esos pasos individualmente parece insignificante —ninguno parece amenazar seriamente la democracia—. De hecho, los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de legalidad: son aprobados por el parlamento o declarados constitucionales por el tribunal supremo. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, “transparentar” las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.

El caso Machado reaviva la arbitrariedad de las inhabilitaciones

La reciente noticia de la inhabilitación administrativa contra la precandidata opositora María Corina Machado reavivó en la arena política venezolana un problema estructural: la utilización, desde el oficialismo, de este cuestionado recurso, con fines partidistas, para sacar contrincantes de la carrera electoral. No solo se incumple la Constitución por la forma de proceder. Se obstruyen así el derecho ciudadano a ser elegido mediante votaciones libres y el derecho a elegir consagrado para los más de 21 millones de venezolanos inscritos en el RE.

La Contraloría General de la República confirmó que la opositora Machado, inscrita para participar en la primaria de octubre, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años. No especificaron desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación, ya que en 2015 la institución le había aplicado la misma medida por un año.

Tomaron la medida luego de una investigación patrimonial que atenta contra la “ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía”. Determinaron errores, así como omisiones en las declaraciones juradas del patrimonio. La señalan como partícipe de la “trama de corrupción orquestada” por Juan Guaidó, que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela, así como también el “despojo descarado” de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero. Argumentan que ella solicitó la aplicación de sanciones y “bloqueo económico” contra la nación que generó “daños en la salud del pueblo venezolano”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, presentó el 5 de julio un nuevo informe escrito sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Preocupan al ACNUDH 14 alegaciones recibidas entre febrero y abril de 2023, sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las primarias lanzada por parte de la oposición.

Durante el período reportado, el ACNUDH recibió reportes sobre la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República. Según se informa, no se emitió ninguna notificación sobre la apertura de los procedimientos, ni advertencia previa a estas inhabilitaciones, restringiendo así el ejercicio del derecho de defensa.

Diversas reacciones

Prácticamente todos los precandidatos de la oposición cerraron filas en apoyo a Machado. La comunidad internacional también ha demostrado su rechazo a la estrategia oficialista. Otros dos de los candidatos a la primaria, Henrique Capriles y Freddy Superlano, también han sido afectados con inhabilitaciones administrativas de la Contraloría.

La Unión Europea (UE) señaló el 3 de julio que la inhabilitación a Machado socava la democracia y el Estado de derecho de Venezuela y advirtió que la medida se trata de una decisión que contribuye a profundizar la crisis política del país.

El gobierno de Estados Unidos también condenó la decisión de la Contraloría, porque “priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”, al tiempo que dijo estar “profundamente preocupado por los esfuerzos para rehacer el Consejo Nacional Electoral”.

También el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, se pronunció en contra de la decisión de Caracas: “Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”.

Lo tuiteó quien hace una década había sido inhabilitado por 15 años, aunque luego esta decisión fue revertida por el Estado colombiano. El caso “(Gustavo) Petro Urrego Vs. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invoca como precedente el caso “(Leopoldo) López Mendoza Vs. Venezuela” respecto a que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos”.

No es constitucional

En sintonía con la Convención Americana se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el artículo 42 dice que el ejercicio de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme.

Pero, contrario a este principio, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (reformada en la legislatura 2006-2011, de mayoría oficialista) faculta al contralor en su artículo 105 a inhabilitar por hasta 15 años. Es decir, se permite despojar a los ciudadanos de su derecho a postularse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo. En una polémica sentencia de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de este artículo.

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, fue designado en ese cargo en octubre de 2018 por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Antes, ejerció como diputado a la AN por el partido de gobierno en el período 2010-2015 y por la también oficialista Unidad de Vencedores Electorales (UVE) en la legislatura 2005-2010.

La segunda de las recomendaciones prioritarias que dejó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) al Estado venezolano es la de “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.

Primaria: los números del voto desde el exterior y el primer debate de candidatos

Entre el 7 de junio y el 9 de julio al mediodía, los venezolanos en el exterior previamente inscritos en el Registro Electoral que desean participar en la primaria opositora tuvieron oportunidad de indicarle a la Comisión Nacional de Primaria en cuál de 81 ciudades priorizadas quieren votar el próximo 22 de octubre. Estos son los números resultantes, por lo menos al cierre del proceso, según boletín de prensa de la instancia organizadora:

• 217.154 venezolanos en el mundo actualizaron datos de forma exitosa en la plataforma dispuesta para este fin.
• 96.921 electores quedaron en la cola de validación y serán revisados. Se refieren a personas que, por ejemplo, cargaron datos y foto pero al cierre del proceso, el 9 de julio, seguían en la etapa de validación por verificadores humanos y herramientas de inteligencia artificial.
• 124.316 venezolanos en el mundo no cargaron sus fotos, una de las partes del proceso. Solo podían continuarlo quienes llevaban menos de un día de haber iniciado la actualización de datos.
• 35.174 personas no pudieron ser aceptadas por problemas con la verificación de su identidad.
• 529 casos entraron a sala de resolución de conflictos.

Para estos dos últimos grupos, especialmente, los reparos, impugnaciones y reclamos serán del 15 al 21 de julio. Cuando termine este lapso se conocerá la cifra definitiva de migrantes que tendrán derecho a voto en la primaria opositora. En cualquier caso, nos permitimos hacer cuatro comentarios sobre las cifras:

1. Es cierto que Naciones Unidas cifra en 7,3 millones la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, y también es cierto que no todos ellos son mayores de edad y, por lo tanto, electores venezolanos previamente inscritos en el Registro Electoral.

2. Cálculos independientes de Súmate estiman que 3,3 millones de venezolanos mayores de 18 años residen fuera del país y siguen inscritos para votar dentro de Venezuela. No pueden cambiarse de centro de votación al consulado más cercano porque el Estado venezolano se los impide, en clara violación a sus derechos político-electorales.

3. Las elecciones primarias suelen movilizar únicamente a una parte del electorado. Por lo general, a los más cercanos a los asuntos políticos. En la reordenación de sus prioridades, buena parte de nuestros migrantes han ocupado su tiempo en la supervivencia y en la generación de calidad de vida frente a su nueva y generalmente difícil realidad.

4. Si las elecciones presidenciales fueran este domingo, no llegan a 108.000 los electores venezolanos quienes tendrían la posibilidad real de votar desde el exterior. La cifra preliminar alcanzada en el registro opositor cuanto menos duplica en cantidad el actual Registro Electoral de los consulados de la República en el mundo.

Rago rector. Nueve lecciones del proceso electoral en la UCV

Dentro de algunos días, cuando tomen posesión de sus cargos el rector electo Víctor Rago y las demás autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se terminará de cerrar un ciclo electoral que se desarrolló durante los últimos siete meses, después de tres lustros de impuesta parálisis de la alternabilidad democrática en el gobierno universitario.

Conviene, entonces, disertar cuáles lecciones puede dejar al ámbito universitario y al país en general la experiencia electoral ucevista de 2023. Después de hacer un monitoreo in situ a los eventos claves de este ciclo, en el OEV compartimos las siguientes nueve ideas:

1. Sobre todo, este proceso electoral deja una lección política importante de cara a la complicada y duradera crisis nacional. Demuestra la necesidad de dialogar y negociar para enderezar los espacios públicos marchitos, en este caso, la universidad. Hubo acercamientos de lado y lado. La negociación se mantuvo de bajo perfil y con carácter reservado. Todos tuvieron que ceder en algo, para destrancar el juego. El resultado: un reglamento transitorio, de un único uso, que mantuvo algunos aspectos de la elección meritocrática universitaria, pero que también rescató otros puntos previamente establecidos en los controvertidos fallos del TSJ de 2019. La concurrencia a votar tanto de ministros del Ejecutivo como de dirigentes opositores terminó de demostrar la aceptación común del proceso.

2. Si hablamos de votantes, pues nos queremos enfocar, especialmente, en la comunidad universitaria y en sus ganas indeclinables de participar: la frustrada votación del 26 de mayo no impidió que el 9 de junio se observaran, de nueva cuenta, largas colas de profesores, estudiantes, administrativos, obreros y egresados. 27.022 personas votaron en esa primera ronda y 19.979 revalidaron su ejercicio democrático en la segunda vuelta del 30 de junio. A pesar de los bajísimos salarios que devengan y los casi nulos incentivos a la docencia, investigación y extensión, proporcionalmente hablando los profesores activos constituyeron el sector electoral que más participó. Se abre, por igual, el desafío de seguir invitando a los jóvenes a la ruta electoral, pues la participación estudiantil nunca sobrepasó el 40 %.

3. Si bien los comicios en general tuvieron lugar de buena manera, serán también recordados por las importantes fallas logísticas que interrumpieron la jornada del 26 de mayo. En el OEV solemos decir que los imprevistos que siempre ocurrirán en todo proceso electoral serán manejables solo si se planifica como para no tener ningún imprevisto. La Comisión Electoral de la UCV admitió una “supervisión inadecuada de los procesos”, lo cual se unió a un mal manejo de los tiempos técnicos para una gran elección que, en realidad, concentraba varias elecciones en una. Las explicaciones dadas al Consejo Universitario no terminaron de ser lo suficientemente exhaustivas y, en consecuencia, convincentes.

4. El debate público durante la campaña electoral fue, en general, respetuoso. La universidad demostró que se pueden contrastar visiones distintas en un marco de consideración y tolerancia. A la postre, los resultados fueron aceptados por todos los contrincantes, un hecho que también nos habla de la necesaria aceptación de las reglas del juego democrático. Un desafío: la necesidad de cerrar filas contra la desinformación y las campañas de desprestigio, elementos que pueden enrarecer el ambiente electoral y sobre todo alejar a los electores de la posibilidad de emitir un voto más informado.

5. Se demostró la importancia de la alternancia en el poder. Después de tantos años de trabas impuestas desde el TSJ, tuvo lugar la renovación de unas autoridades cuya gestión ya no daba más de sí. El deterioro al cual el poder político nacional sometió al gobierno ucevista hizo que este perdiera sintonía con los tiempos venezolanos y mundiales.

6. La elección universitaria también sirve, pedagógicamente, para discutir el concepto de voto universal. Voto universal significa, en lenguaje llano, que tu voto y mi voto valgan lo mismo, se cuenten en igualdad de condiciones y proporciones. Lo tenemos como derecho constitucional, y lo buscamos en todas nuestras elecciones nacionales, aunque, en algunas, como en la elección de la Constituyente de 2017, se incumplió. Las elecciones de la UCV ilustran un sistema electoral que no se rige por el principio del voto universal. Siendo las universidades instituciones académicas para la investigación, creación de conocimiento y enseñanza superior, históricamente han sido siempre jerárquicas.

7. Una segunda diferencia que podemos apuntar en relación con las elecciones nacionales es la de las listas, que encarnan el principio de representación proporcional de nuestro sistema de votación. En las elecciones comunes las listas son cerradas, y quien obtenga mayoría relativa de votos se lleva la mayor parte del cuerpo colegiado sometido a votación (como el concejo municipal o el legislativo regional). Pero la universidad elige con listas abiertas, lo cual permitió a los votantes escoger nombres y apellidos de candidatos de distintas opciones o fórmulas. El ejercicio de este voto “cruzado” es más que evidente: las nuevas cuatro autoridades principales de la UCV provienen de tres listas o planchas electorales distintas.

8. Y, una tercera y última diferencia, la podemos hallar en la segunda vuelta: este mecanismo sirve la mesa a una mejor pulseada entre las dos primeras opciones, invitando a los actores a nuclearse en torno a alianzas y a los electores a mantener o reordenar sus preferencias. Para muestra: el rector electo Víctor Rago, quien ganó la definitiva segunda vuelta con 52,20 % de la votación frente al 47,80 % de Humberto Rojas, había llegado segundo en la primera vuelta, con 10 puntos porcentuales por debajo de su competidor.

9. El juego destrancado de la UCV le abre oportunidades a las otras universidades públicas autónomas, que también mantienen gobiernos desgastados desde hace 15 años. Representantes de otras casas de educación universitaria se acercaron a la Ciudad Universitaria de Caracas, sin estridencia, a mirar el curso de los hechos. Y ahora el candado, ciertamente, empieza a abrirse: en su sesión del 7 de julio, por ejemplo, el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo aprobó en segunda discusión el Estatuto Transitorio Electoral para elecciones de autoridades, representantes profesorales y estudiantiles. Confiamos que todo vaya a mejor.

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