Segunda quincena, abril de 2023
El quinto voto hace falta para retomar discusiones y decisiones importantes de los próximos procesos comiciales, como la actualización del Registro Electoral y el reglamento del sufragio en el exterior
Hablemos de la administración electoral y sus tiempos: hace casi dos años, el 4 de mayo de 2021, juraron los 15 integrantes del Consejo Nacional Electoral; cinco principales con sus 10 suplentes. El quinto poder público del Estado empezaba una nueva era. Pero hace un año, el 26 de abril de 2022, uno de los rectores principales fue designado para asumir funciones en el Poder Judicial, generando así una falta absoluta que todavía no ha sido cubierta. En consecuencia, el actual directorio del CNE lleva incompleto la mitad de su tiempo en funciones.
Si seguimos revisando fechas, de hecho, la vacante absoluta de la exrectora principal Tania D’Amelio ocurrió un día antes de su designación en la Asamblea Nacional como nueva magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, porque le fue aprobada su jubilación el 25 de abril de 2022, según consta en la Resolución 220425-0027 del CNE publicada en la Gaceta Electoral N° 1011 de fecha 26 de abril.
El ente rector del Poder Electoral tiene al directorio como cabeza de su organigrama. Está compuesto por cinco miembros. Si bien la mayoría de sus decisiones se toma por mayoría simple, de tres votos, algunas otras que precisa la legislación respectiva ameritan acuerdo de cuatro votos.
“El CNE requiere de un mínimo de tres rectores electorales para su funcionamiento. Las decisiones del órgano se tomarán con el voto favorable de por lo menos tres de sus miembros, salvo en los casos en que la ley exija cuatro votos”, dice el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
Dos de los actuales rectores electorales son vinculados al oficialismo y los otros dos a la oposición. En los directorios celebrados durante el último año se han podido aprobar cuestiones más administrativas, como beneficios de jubilaciones y de pensiones o como certificaciones de procesos electorales de diversas organizaciones sindicales que recientemente fueron efectuadas, las cuales contaron con la autorización de convocatoria y la verificación del CNE en lo referente al cumplimiento de su proyecto electoral.
Pero otros temas prioritarios de la agenda electoral, posiblemente más controvertidos por su impacto político, permanecen engavetados. Un ejemplo es la propuesta de reglamento de voto en el exterior consignada por el vicepresidente Enrique Márquez en agosto de 2022. Por otra parte, aunque en el papel presuntamente existiría presupuesto para hacerlas este año, nada se ha aprobado tampoco sobre jornadas especiales que permitan masificar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, dentro y fuera de Venezuela.
Las anteriores son apenas dos de unas cuantas decisiones demoradas, que eventualmente requerirían del quinto voto en caso de no haber consenso o mayoría en torno a la propuesta, y cuyo retraso en su aprobación e implementación desde ya afectan el próximo ciclo electoral 2024-2025.
Se cuentan por millones tanto los venezolanos dentro del territorio nacional que requieren inscribirse o actualizar su centro de votación, como los venezolanos en el mundo que igualmente tienen derecho a formar parte del RE o a actualizar su residencia para poder seguir ejerciendo su derecho al sufragio desde la sede consular más cercana a su nuevo domicilio. La no actualización del RE, que por definición legal tiene carácter continuo y debe ser cercano a la gente, lesiona el derecho a elegir.
Lo señalado anteriormente también ha afectado hasta cierto punto las renovaciones de directivas gremiales, como la de la Federación Médica Venezolana, apunta un trabajo reciente de Tal Cual.
Un cargo clave en el CNE
La exrectora D’Amelio también ejercía como presidenta de la Junta Nacional Electoral y como integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Estos son dos de los tres órganos subordinados del CNE. Ambos son clave porque desde el primero se organizan todos actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y desde el segundo se genera la formación, organización, supervisión y actualización del RE.
Se agregan, entonces, otras dos faltas absolutas aguas abajo en el organigrama del ente comicial, no sin impacto, desde luego.
Los tres órganos subordinados del CNE “están integrados por tres miembros, dos de los cuales son rectores electorales y un tercero será uno de los suplentes de un rector electoral, distinto a los rectores que conforman la Junta Nacional Electoral. Serán presididos por un rector electoral, postulado por la sociedad civil”, detalla el artículo 44 de la LOPE.
Ciertamente, la exrectora D’Amelio había sido postulada y designada como rectora electoral por la sociedad civil. Desde su jubilación en el CNE para pasar al TSJ, la Junta Nacional Electoral no puede tener presidente. Desde hace un año solo está conformada por el rector electoral Roberto Picón (postulado por las universidades) y por el rector suplente incorporado Carlos Quintero. Uno vinculado a la oposición y el otro relacionado con el oficialismo.
“Las decisiones de los órganos subordinados del CNE se toman con el voto afirmativo de por lo menos dos de sus integrantes”, precisa el artículo 45 de la LOPE.
La solución que nadie toca
¿Cómo volver a completar el directorio? La respuesta natural está en el artículo 13 de la LOPE, el cual establece la forma en que serán suplidos los rectores principales provenientes de postulaciones hechas por la sociedad civil, como es el caso. Así, tanto lo aprobado por la AN el 4 de mayo de 2021, como lo que informa la web del CNE en su sección de “Autoridades”, coincide: Leonel Párica es el primer suplente y Rafael Chacón el segundo suplente de la exrectora D’Amelio. Ambos han sido en el pasado funcionarios del gobierno, con lo cual a ambos se les vincula públicamente con el oficialismo.
“Las o los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de las rectoras o rectores electorales correspondientes”, dice claramente el mismo artículo 13 de la LOPE. Estamos, o deberíamos estar, ante un trámite administrativo sencillo, ordinario, de ascenso de un suplente ante una vacancia absoluta. Sin necesidad de intervención de los otros poderes públicos.
Pese a lo anterior, la historia reciente del CNE exhibe una larga lista de intervenciones e injerencias de órganos distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico para la conformación e incluso para la toma de algunas decisiones propias del Poder Electoral. Recordemos que venimos tanto de varias directivas designadas por el Poder Judicial, como de polémicos fallos que han socavado la autonomía e independencia del CNE.
En 2024 corresponden elecciones presidenciales y en 2025 se vence el período legal del resto de los cargos de elección popular: Asamblea Nacional, gobernaciones, consejos legislativos estadales, alcaldías y concejos municipales. No es menor, de cara a lo que se juega el poder político en el futuro próximo, la relevancia y el papel que pueda ejercer el nuevo quinto rector electoral del CNE.
Ascender igual a destrabar
Una eventual integración al directorio del suplente respectivo también impactaría positivamente, aguas abajo, sobre el funcionamiento de los dos órganos subordinados que por igual cumplen un año sin uno de sus tres integrantes.
Al respecto, el artículo 10 de la LOPE afirma: “Cada órgano subordinado tiene tres integrantes, de los cuales dos son rectores electorales y un suplente de un rector electoral distinto a los rectores que conforman el órgano subordinado correspondiente. Cuando el suplente del rector electoral que integra el órgano subordinado pasa a ser principal, es sustituido por el segundo suplente. Si éste no pudiere ser sustituido, el CNE nombrará a un tercero con el voto afirmativo de por lo menos cuatro de sus integrantes”.
Es decir, un eventual -aunque por los hechos, poco probable- ascenso de Párica como rector electoral (principal) generaría una vacante en la Comisión de Participación Política y Financiamiento a la cual pertenece hasta ahora en calidad de rector suplente incorporado. Esa vacante, según dice el artículo que acabamos de citar, debería entonces ser ocupada por el segundo suplente Rafael Chacón.
Como ya hemos dicho, los órganos subalternos deben estar presididos por un rector principal postulado y designado por la sociedad civil. En el caso de la presidencia de la Junta Nacional Electoral se presentaría el siguiente escenario: no podría asumirla el rector Picón, porque su designación provino del sector universitario. Como dato para el registro, aunque Párica quedó designado por la AN como suplente por la sociedad civil, lo cierto es que en la lista de elegibles a integrar el CNE figuraba como postulado por el Poder Ciudadano.
Nubarrones
Como hemos citado la ley, también, para finalizar, mencionaremos por igual la fuerza de los hechos o, en este caso, de las declaraciones públicas que han venido enturbiando este asunto.
Enero empezó con un asomo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de “considerar serenamente y atentamente” el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE. Por ley, es función de este poder público designar a los integrantes del ente comicial. Pero por períodos legales, todavía no corresponde renovar a ninguno de sus integrantes en funciones.
El asunto se complica más con la reciente declaración del presidente Nicolás Maduro, quien el pasado 13 de abril volvió a poner en duda (no es la primera vez que lo dice) la fecha de la próxima elección presidencial: “No sabemos si van a ser este año o el próximo, guárdenme ese secreto ahí. ¿Ah, Diosdado (Cabello)? Guárdenme ese secreto, borren esto de la grabación”, dijo intencionalmente a sus seguidores en un acto político.
Con una primaria opositora públicamente anunciada para la segunda quincena de octubre, adelantar la próxima elección presidencial constituiría, además de una violación legal, una clara evidencia de ventajismo oficialista que en nada beneficiaría ni a los venezolanos ni a la democracia. Por el contrario, le abriría un nuevo capítulo a la ya prolongada crisis política, madre de las diversas crisis venezolanas. Estas irregularidades, lamentablemente, contribuyen a la desconfianza y la abstención.
Consenso en Bogotá sobre necesidad de cronograma que permita elecciones con plenas garantías
La Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, celebrada este 25 de abril en Bogotá, identificó posiciones comunes en torno a la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos.
En ese sentido, como se cita en la declaración final, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.
El segundo de los consensos alcanzados establece que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
Y, como tercera posición común, se aboga porque la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela.
20 países con sus cancillerías coincidieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para hacer “recomendaciones al Gobierno y la oposición venezolana con el fin de llegar a una decisión libre y soberana del pueblo”.
Convocarán prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro, a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado.
Las reacciones
El Gobierno toma nota de las deliberaciones realizadas durante esta conferencia internacional. Mediante un comunicado, Venezuela reiteró que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la Mesa de Negociación en México para la creación de un Fondo Social que, con la liberación de recursos, contempla inversiones en salud, educación, servicios públicos y mitigación de riesgos, así como la liberación de Alex Saab.
“Está demostrado que el desarrollo de un país, el de su pueblo y el de sus instituciones constitucionales y democráticas, no se puede realizar bajo constante agresión, coerción y amenaza”, reaccionó el Gobierno.
La opositora Plataforma Unitaria, por su lado, celebró que en las discusiones que se dieron hubo un consenso total entre todos los países participantes sobre la necesidad de retomar de manera urgente, sin excusas ni más dilaciones, el proceso de negociación establecido en la Ciudad de México.
En un comunicado, la oposición expresó su confianza en que las posiciones comunes den el “impulso necesario” para avanzar en temas “tan sensibles como la liberación de todos los presos políticos”, así como un cronograma que “permita rescatar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y con garantías para todos los venezolanos”.
Primaria: comisión extiende consultas para tomar decisiones clave
La Comisión Nacional de Primaria (CNP) decidió el 21 de abril abrir el compás de sus consultas sobre algunos de los reglamentos referidos a la elección primaria del candidato presidencial opositor. Consideraron extender hasta el 7 de mayo (y ya no hasta el 24 de abril, como estuvo planteado en principio) el plazo previsto para la publicación de los reglamentos clave del proceso, sin que esto afecte, aclararon, el resto del cronograma electoral.
Son dos los escenarios planteados por la CNP al Consejo Nacional Electoral (CNE) para considerar su posible apoyo técnico a la elección primaria. Según el primer escenario, el CNE facilita a la CNP el uso de unos 5.000 centros de votación para hacer la elección manual, con enlaces del CNE en cada centro y apoyo de funcionarios del Estado para la seguridad. De acuerdo con el segundo escenario, el CNE igual facilita el uso de una cantidad similar de centros, pero también apoya con la utilización del sistema combinado de votación y, adicionalmente, con una jornada amplia del Registro Electoral: al menos dos meses y 1.500 en todas las parroquias del país.
Si extendieron el plazo para la publicación de los reglamentos es porque antes, el 18 de abril, la Comisión Técnica del CNE encargada de decidir sobre las solicitudes hechas con anterioridad por la CNP le entregó un informe a esta comisión del cual podemos resumir cuatro ideas fundamentales: un sí y tres no.
El sí: al entregar el informe de la Comisión Técnica, el presidente del CNE, rector Pedro Calzadilla, le reiteró a la CNP la disposición de las autoridades electorales de apoyar la iniciativa. El CNE “considerará todas aquellas propuestas que coadyuven a fortalecer la participación política, siempre y cuando las mismas no afecten la integridad del sistema electoral venezolano”, según nota de prensa del ente comicial.
Dicho de modo resumido: hubo un sí del CNE a la solicitud de la CNP de brindarles apoyo técnico y logístico en la primaria, pero todo con sus condiciones. Aquí es donde caben los tres no:
1) “La Comisión Técnica del CNE considera inviable la petición de la Comisión Nacional de Primaria de eliminar el proceso de autenticación biométrica del sistema de votación, ya que el mismo forma parte integral del sistema venezolano. Eliminar este proceso generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector un voto. El CNE ha garantizado al país la realización de más de 21 procesos electorales. En todos ellos ha garantizado la seguridad de la identidad de las electoras y electores, así como el secreto del voto”, expresa el informe.
Al respecto, podemos comentar lo siguiente: Venezuela cuenta con voto y escrutinio automatizados desde el año 2004, pero entre los años 2005 y 2011 los dispositivos biométricos conocidos popularmente como captahuellas estaban fuera de la mesa electoral, en lo que en su tiempo se llamó Sistema de Información al Elector (SIE). Es solo a partir de la elección 2012 cuando el captahuella entró a la mesa, es decir, se integró a la máquina en lo que ahora se denomina el Sistema de Autenticación Integral (SAI). Tuvimos elecciones en el pasado con máquinas y sin captahuellas conectados a ellas.
2) La Comisión Técnica del CNE también consideró inconveniente la propuesta de la Comisión Nacional de Primaria para que los procesos de escrutinio, transmisión y totalización se hagan de forma paralela al sistema automatizado. “Este tipo de mecanismos ad-hoc generarán resultados inconsistentes creando de esta manera desconfianza en las electoras y los electores, considerando que los resultados oficiales serán los producidos por el sistema automatizado”, dice el informe.
3) Sobre la solicitud de la CNP de que el CNE haga una jornada especial de inscripción y actualización en el RE, en el informe se advierte que este tipo de actividades no pueden estar dirigidas a un grupo de organizaciones políticas y, por el contrario, deben estar dirigidas a todos los venezolanos. “El CNE está planificando un proceso integral de catastro de centros de votación y jornada de RE, para cubrir las demandas de todos los venezolanos y las organizaciones con fines políticos, de inscripción y actualización de datos en el RE”.
Sobre esto último también podemos comentar: la información que ha trascendido sobre el particular no especifica cuándo sería esa jornada especial del RE. Es necesaria ahora, como parte de la preparación al ciclo electoral 2024-2025. Dilatarla, por razones políticas, hasta después de octubre jugaría en contra de las condiciones y garantías de las próximas elecciones.
Asimismo, es oportuno recordar lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “Las organizaciones con fines políticos, comunidades organizadas, comunidades y organizaciones indígenas, podrán solicitar al CNE la apertura de centros de inscripción y actualización”. Solicitarlas es, pues, un derecho de los partidos.
El artículo 28 de la misma LOPRE también establece el carácter continuo del RE: “No es susceptible de interrupción por la realización de un proceso electoral. Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento, así como solicitar la rectificación de los datos que estuvieren erróneos o afectasen su derecho al sufragio”. Las 24 oficinas regionales electorales son, a todas luces, una oferta insuficiente frente a la importante demanda de actualización del RE.
Esta Comisión Técnica del CNE, designada a principios de febrero, está integrada por el presidente Pedro Calzadilla, el rector principal Roberto Picón y los rectores suplentes incorporados Carlos Quintero y Leonel Párica.
En rueda de prensa, el 20 de abril, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, dijo que hizo falta una sesión de trabajo conjunto entre la CNP y el CNE para discutir las solicitudes.
Paraguay va a elecciones… con un registro de electores también problemático
Paraguay elegirá este 30 de abril los cargos de presidente y vicepresidente, 45 senadores titulares y 30 suplentes, 80 diputados titulares e igual número de suplentes, 17 gobernadores y 257 miembros titulares e igual número de suplentes para las 17 juntas departamentales. En total, 768 cargos.
Están habilitados 4,7 millones de electores quienes podrán concurrir al asignado entre los 1.157 locales de votación. El Código Electoral Paraguayo establece que el ejercicio del sufragio constituye una obligación para todos los ciudadanos habilitados, cuyo incumplimiento será sancionado. En las cuatro más recientes elecciones generales la participación ha estado por encima del 60 %.
Se votará con máquinas de votación con pantalla táctil que, como en Venezuela, imprimen una versión física del voto, llamada boletín, que una vez doblada por el elector debe ser firmada por el presidente de mesa y depositada en una urna, que allá es plástica. En Paraguay los votantes se entintan el dedo índice de la mano derecha después de sufragar.
Son 41.502 los paraguayos residentes en el exterior que podrán votar desde los consulados, únicamente por la dupla presidencial y por senadores. La mayor cantidad de migrantes, exactamente 31.313, están radicados en Argentina, seguido de España y Estados Unidos. Para ellos el voto también será electrónico.
La realidad, sin embargo, es que alrededor de 2 millones de paraguayos viven en Argentina. Tenemos aquí otro caso latinoamericano de exclusión masiva de migrantes de su registro de electores. Como ahora mismo en Venezuela.
Entre las razones paraguayas encontramos la exigencia de una inscripción previa con trámites considerados engorrosos, así como la falta de una política que impulse el sufragio desde el exterior, según organizaciones independientes. Si se sacan cuentas, este volumen de migrantes paraguayos en Argentina podría influir de manera determinante sobre los resultados electorales.
Los nacionales dentro de Paraguay que también están excluidos de su registro de electores serían alrededor de 1,8 millones, según la organización Escuela Cívica Militante (ECM).
Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos encabezan la observación electoral internacional.
Los favoritismos se debaten entre el gobernante Partido Colorado, con el exministro Santiago Peña como candidato, y la opositora Concertación Nacional, con el también exministro Efraín Alegre a la cabeza. Existen otros 10 aspirantes a la presidencia, fruto de las primarias que en diciembre pasado celebraron todos los partidos y movimientos de forma simultánea.
Paraguay llega a esta elección general siendo uno de los pocos países latinoamericanos con administraciones de derecha que en el pasado reciente han marcado distancia del gobierno venezolano.
Recomendación al cierre
En nuestras dos anteriores entregas del Boletín OEV explicamos uno por uno los casos de municipios en los cuales ya no gobierna la autoridad local elegida en noviembre de 2021. Nos hemos quedado sin seis alcaldes, ¿cuáles son?, ¿y ahora qué hacemos? MIRA ESTE VIDEO RESUMEN de minuto y medio que preparamos sobre el tema.