Primera quincena, mayo de 2022
En Venezuela tenemos un Registro Electoral discontinuo, desconectado y rezagado. La anunciada posibilidad de reactivación de mecanismos de negociación política es una buena oportunidad para servir lo electoral sobre la mesa de acuerdos. La complejidad del padrón, por los desfases internos y el volumen migratorio, invita a abordar este asunto con la mayor antelación y voluntad posibles
Hay desafíos electorales que no se pueden quedar para última hora, porque su complejidad les exige planificación y tiempo. La actualización del Registro Electoral (RE) es uno de ellos. El Consejo Nacional Electoral (CNE), en tanto administrador del padrón nacional de electores, debe abordar desde ahora un plan de acción en este sentido para garantizar el derecho a elegir en futuras elecciones.
Mientras el gobierno ha anunciado un “reformateo” del proceso de diálogo nacional, voceros de la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria declaran que avanza una “alta probabilidad” de reactivación de los mecanismos de negociación política. Entre los tantos aspectos que desbordan la crisis nacional, lo electoral debe formar parte sustantiva de la mesa y no quedar por fuera tareas pendientes como la del RE.
Se trata, en todo caso, de una discusión nacional que debe encontrar agenda en el tiempo presente, de manera de configurar con suficiente antelación mejores garantías y condiciones electorales en el futuro de la nación. Mientras más inclusivo y con mayor voluntad política resulte este debate, más fructíferos podrán ser los resultados.
Como reiteradamente ha señalado el OEV, unas buenas elecciones son condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr una solución política a la crisis nacional.
El siguiente esbozo presenta tres de los retos fundamentales a la hora de encarar la actualización del RE.
¿Continuo o discontinuo?
Por definición, el RE es la base de datos que contiene la inscripción de todos los ciudadanos que, conforme a la Constitución y a las leyes, pueden ejercer el derecho al sufragio.
La legislación le concede carácter continuo. “No es susceptible de interrupción por la realización de un proceso electoral. Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento, así como solicitar la rectificación de los datos que estuvieren erróneos o afectasen su derecho al sufragio”, dice el artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
Pero la realidad indica lo contrario: este precepto de continuidad presenta, en la práctica, limitaciones para los electores. Nuestra historia electoral evidencia que un porcentaje importante de ciudadanos aptos para votar, no lo hacen por no encontrar facilidades para registrarse. Las oficinas regionales electorales habilitadas para prestar este servicio de manera permanente están ubicadas solo en las capitales de estado, y son frecuentes los reclamos ciudadanos de que en estas dependencias no siempre está habilitada la posibilidad de actualizar datos, cambiar de centro o inscribirse.
Aun cumpliéndose la promesa de un punto por municipio, resultaría insuficiente en relación con la demanda y el rezago; harían falta más.
Tenemos, pues, un RE discontinuo.
¿Interconectado o desconectado?
La Ley Orgánica de Registro Civil establece que la Oficina Nacional de Registro Civil estará en interconexión con la Oficina Nacional de Registro Electoral, a fin de que todo dato que ingrese al Registro Civil, que pueda integrar, afectar o modificar al RE, sea incorporado automáticamente en los archivos de la Oficina Nacional de Registro Electoral.
Dicho de otro modo, la información contenida en los archivos del Registro Civil debe constituir la base para la conformación del RE. “Cuando la persona cumpla la edad exigida para ejercer el derecho al sufragio, su información será incorporada automáticamente al Registro Electoral”, se lee en el artículo 52 de esta ley.
Es el CNE quien determina la forma de integración y conformación de estos archivos.
Por su lado, si bien la LOPRE consagra que “el Registro Electoral incorporará automáticamente los datos provenientes del Registro Civil”, también indica que la inscripción y actualización de los electores en el RE se hará ante los centros de inscripción y actualización. Es decir, ningún joven cuando cumple 18 años es incorporado automáticamente en el RE. Debe concurrir a hacerlo de manera voluntaria, cuando se abran jornadas especiales para tal fin (generalmente, antes de cada elección).
Tenemos, pues, un RE desconectado.
¿Actualizado o rezagado?
El RE estaba integrado por 21 millones 229 mil 389 electores, al corte del 31 de enero pasado. Esta cifra nominal está afectada por tres circunstancias determinantes. La primera: un grupo de electores inscritos que ha hecho desplazamientos internos dentro de Venezuela y que deben ser mudados a un centro de votación más próximo a su nuevo lugar de residencia. La segunda: un grupo de jóvenes que ha cumplido 18 años, e incluso otros de mayor edad, que no han podido o querido inscribirse. Y la tercera: el asunto clave de los venezolanos en el exterior.
En un reciente informe, la organización Súmate ha calculado las proporciones de estos grupos con base en estadísticas oficiales.
Del primer grupo: 2,5 millones de venezolanos inscritos en el RE requieren actualizar sus datos de residencia y, por tanto, su centro de votación dentro de Venezuela. Este dato incluye no solo a los llamados migrantes internos, sino a electores que han sido cambiados de centro de votación de manera inconsulta por el CNE. Un estudio del OEV con base en una muestra nacional (2020) determinó que 6% de los consultados, todos inscritos en el RE, presentaba este problema.
Del segundo grupo: Súmate estima 1,3 millones de jóvenes que cumplirán 18 años entre abril de 2022 y diciembre de 2024, pero también otros 3 millones de venezolanos en edad para votar (con edades de 18 a 45 años) que no están inscritos en el RE hasta abril de 2022.
Y del tercer grupo: el actual RE (al corte de enero de 2022) contiene apenas 107.945 venezolanos en el exterior. Esto quiere decir que, si unas elecciones de carácter nacional se celebraran este domingo, solo ellos tendrían derecho al voto desde el exterior. Con base en datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas se desprende que por lo menos 3,2 millones de venezolanos mayores de 18 años que residen fuera del país y están inscritos para votar dentro de Venezuela requieren actualizar sus datos de residencia y su centro de votación en el exterior.
Tenemos, pues, un RE rezagado.
Retos por delante
El cómo alcanzar un RE continuo, interconectado y actualizado es la gran interrogante de este tema, no exento de complejidades. La legislación electoral contempla que el CNE, a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral, deberá ubicar los lugares en los cuales funcionarán los centros de inscripción y actualización, con base en criterios de facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración poblacional y garantía para todos los sectores de la población. Esto, claro está, dentro y fuera de Venezuela.
Lo que dice el papel debe ser contrastado con el contexto: un país con 6 millones de sus nacionales en el exterior (más del 15% de su población total), según la ONU; un país con dificultades de movilización y fallas recurrentes en el suministro de combustible; un país con deficiencias en la continuidad de prestación de servicios públicos esenciales como la electricidad; un país con baja velocidad y dificultad de acceso a internet.
Es buena hora para seguir pensando y compartir en el espacio público las propuestas en este sentido de parte de la administración electoral, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las universidades, los gremios profesionales, sindicatos y todos los interesados en el rescate de la institucionalidad electoral.
Una posible vía de entrada podría ser la de explorar el cumplimiento efectivo del artículo 51 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que como hemos indicado antes contempla la actualización automática del RE con cualquier modificación del Registro Civil. Nos quitaría de encima varios de los problemas mencionados. Ahora bien, ¿qué impide que se haya cumplido la conexión entre uno y otro?
Del pasado proceso electoral regional y municipal 2021 quedaron propuestas sobre la mesa, como auditorías confiables y periódicas al padrón y una real municipalización del RE, que además permita un carácter permanente en el tiempo para la realización de trámites dentro del territorio nacional. En el exterior, mientras tanto, se requerirán planes de acción bajo criterios de facilitación y acceso al elector que, cualesquiera que sean, deberán gozar de voluntad política para su efectivo cumplimiento, lo cual pasa por aperturas hacia posibles reformas legislativas y/o reglamentarias, hacia el uso amplio de recursos técnicos y hacia robustas campañas informativas. Hay mucho por construir. La meta siempre será que la mayor cantidad posible de venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional, puedan mantener garantizado su derecho a elegir.
A dos años y medio para la fecha tope de celebración de las próximas elecciones presidenciales, urge dar este debate nacional, precisamente por complejo y fundamental.
Internet, vital para la democracia y los procesos electorales
En tiempos de compraventa de Twitter y de declive generalizado de la calidad democrática, la sociedad global tiene por delante la misión de priorizar la defensa y expansión de la libertad en internet como una forma vital de democracia, defensa de derechos humanos y mejora de la gobernanza.
Este 17 de mayo es el Día Mundial de Internet. Una oportunidad también propicia para enlazarlo con el carácter transversal de internet sobre los procesos electorales y la necesidad de contar con un servicio continuo, seguro y de calidad.
En Venezuela, las más recientes estadísticas publicadas por la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (finales de 2020) refieren que 15,5 millones de ciudadanos son usuarios del servicio de internet. De aquí se desprende que aproximadamente la mitad restante de la población configura la brecha digital en el ámbito nacional.
Quienes están conectados, sin embargo, experimentan dificultades. En promedio los venezolanos cuentan con un acceso a internet a casi una sexta parte de la velocidad a la que se conectan en el resto del mundo, según el más reciente informe (2021) de Speedtest Global Index, elaborado por la firma Ookla.
Los bloqueos intencionales también hacen parte cotidiana de la esfera pública digital. Reportes de IPYS Venezuela documentan cómo la navegación en el país no es completamente libre y la censura digital ha acumulado cientos de clics. “Desde el Poder Ejecutivo, y por medio de la Conatel, se han ordenado bloqueos a portales web y redes sociales”, concluye la organización. Muchos de los sitios a los cuales no se puede acceder desde Venezuela son de medios de comunicación independientes que abordan las fuentes política y electoral, como Efecto Cocuyo, Crónica.uno, Armando.info, El Nacional, El Pitazo y Runrun.es, entre otros.
La organización Freedom House en su informe “Libertad en la red en 2021” calificó a Venezuela con una puntuación de 28 en una escala de 1 a 100, ubicándolo como el país con el internet menos libre de la región.
Este panorama de obstáculos, agravado por el fenómeno de la desinformación y la proliferación de noticias falsas, incide directamente sobre el derecho de los electores a estar oportuna y verazmente informados, al tiempo que menoscaba la toma de decisiones responsables, informadas y conscientes no sólo en tiempos electorales sino de manera permanente en relación con los debates de interés público.
Como colofón, el uso de internet para la vigilancia social continúa siendo una tendencia de peligrosa expansión no solo en Venezuela sino en el ámbito internacional. El reto de la sociedad global sigue siendo, dice Freedom House, insistir a los gobiernos que mantengan el acceso a la información y apoyen la libertad de expresión en línea, particularmente durante elecciones, protestas y períodos de conflicto. De lo contrario, advierten, las nuevas tecnologías pueden servir más bien para reforzar y acelerar el declive global de la democracia.
Cómo se construyen las elecciones en Venezuela: primera clase del Aula Electoral OEV
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) presenta Aula Electoral OEV.
Este es un espacio digital de formación ciudadana para explicar y profundizar sobre el conocimiento y la comprensión de asuntos electorales. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la cultura democrática electoral.
Esfuerzos como estos son necesarios en un contexto de crisis mundial del sistema democrático y en un entorno caracterizado por fenómenos que han permeado la sociedad como la desinformación, la censura y la antipolítica.
El Aula Electoral OEV está estructurada en clases y estas a su vez en lecciones, luego de las cuales se incorpora un canal interactivo de retroalimentación con nuestra audiencia, para evaluar cómo fueron asimilados los contenidos.
“Cómo se construyen las elecciones en Venezuela”, es el título de nuestra primera clase, que ya está en línea. La idea es que podamos descrifrar y actualizar conocimientos sobre ese complejo andamiaje legal e institucional que hace posibles los procesos electorales en el país. Te esperamos en el aula.
Restablecidos lapsos de procedimientos impugnatorios en materia sindical y gremial
Mediante resolución publicada en la Gaceta Electoral Nº 1012, del 12 de mayo de 2022, el CNE acordó levantar la suspensión de los lapsos en materia sindical, gremial y electoral que se mantenían explícitamente suspendidos desde el agosto de 2020, con motivo de la cuarentena radical en el contexto de la pandemia de covid-19.
La resolución de reanudación fue aprobada en la sesión del 25 de abril de 2022. Con esta decisión se restablecen los lapsos relativos a los procedimientos impugnatorios en materia sindical y gremial, informó el CNE en una nota de prensa.
Vacante en el directorio
En Gaceta Electoral Nº 1011, del 26 de abril de 2022, está contenida la resolución mediante la cual el CNE otorga el beneficio de jubilación a Tania D’Amelio, después de 23 años en la administración pública de los cuales los últimos 12 años con 3 meses y 26 días transcurrieron como rectora principal del ente comicial.
En la misma fecha de esta Gaceta, D’Amelio fue designada como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrante de la Sala Constitucional.
Hasta la publicación de este boletín (15 de mayo), habían pasado 13 días hábiles desde la juramentación de los nuevos magistrados ante la Asamblea Nacional (AN) y el directorio del CNE no había designado al nuevo rector principal que reemplazará a D’Amelio.
En un trabajo de Crónica.uno del pasado 10 de mayo, la abogada Ana Julia Niño explicó al periodista Héctor Antolínez que la decisión de quién será el encargado de asumir la vacancia de D’Amelio dependerá de la discusión que se puedan generar a lo interno del CNE, según la interpretación que se haga de la normativa.
De acuerdo con lo que la abogada calificó como una “interpretación restrictiva de la norma”, el puesto de D’Amelio podría quedar para su primer rector suplente, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE): “Los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de los rectores electorales correspondientes”. Sin embargo, el artículo 296 de la Constitución menciona: “Los tres integrantes postulados por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal”.
Colombianos en Venezuela, otra vez limitados para votar
🇨🇴 | Este es un ejemplo de cómo la política binacional y la diplomacia impactan sobre lo electoral. Unos 220.000 colombianos residentes en Venezuela e inscritos para votar en nuestro país no podrán hacerlo en consulados y embajada, debido a la persistente ruptura de relaciones entre Caracas y Bogotá y, al igual que en las elecciones al Congreso de marzo pasado, deberán viajar hasta la frontera y atravesarla si quieren participar en la elección del próximo presidente de su nación.
Los puntos estarán ubicados en Cúcuta, Arauca, Maicao, Puerto Carreño, Inírida en Guainía y Villa del Rosario. Como ya ocurrió en marzo, Migración Colombia únicamente dejará pasar a aquellos ciudadanos colombianos que, al ser revisados en el censo de la Registraduría, aparezcan como votantes en algún consulado de Colombia en Venezuela. Quienes estén inscritos en algún centro de votación del territorio colombiano, y la jornada electoral los tome en Venezuela, no obtendrán paso.
Podrán votar, en cualquier caso, a lo largo de una semana como se estilaba antes no solo en Venezuela sino en el resto de las sedes consulares para la amplia población de colombianos en el exterior.
Las encuestas siguen favoreciendo al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, sobre el abanderado con mayor opción en las filas de la derecha, Federico Gutiérrez. Si ninguno conquista más de la mitad de los votos válidos, el sistema contempla una segunda vuelta el 19 de junio.
Recomendación al cierre
Cualquier resultado de la próxima elección presidencial en Colombia tendrá consecuencias sobre Venezuela. Para hacer seguimiento a este proceso, la Misión de Observación Electoral MOE sirve como una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Son observadores electorales nacionales en el terreno. Su sitio web es https://www.moe.org.co/ y están en las redes sociales como @moecolombia.