Primera quincena, junio de 2022
Luego de la designación de Tania D’Amelio como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la rectoría que ella ocupaba se mantiene vacante en el máximo cuerpo de toma de decisiones del Poder Electoral, incumpliendo con lo que pauta la ley
Desde el 26 de abril, cuando la Asamblea Nacional designó entre otros a la rectora electoral Tania D’Amelio como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y hasta el15 de junio han transcurrido 50 días continuos y nada ha sido comunicado públicamente sobre la respectiva sustitución en el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pasado más de mes y medio, llama la atención esta situación. Si se revisa lo que contempla la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), pareciera que no debería haber duda alguna y que el reemplazo debería ser automático, sin que tenga que mediar decisión adicional alguna.
En efecto, el artículo 13 de la LOPE dice textualmente:
“Cada integrante del Consejo Nacional Electoral tendrá dos suplentes provenientes del sector que la o lo postuló y serán numerados en secuencia ordinal. Los principales provenientes de postulaciones hechas por la sociedad civil serán suplidos en la forma siguiente: la primera o primer principal designada o designado tendrá las o los suplentes primero (1°) y segundo (2°); la segunda o segundo principal designada o designado tendrá las o los suplentes tercero (3°) y cuarto (4°); la tercera o tercer principal designada o designado tendrá las o los suplentes quinto (5°) y sexto (6°).
Las o los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de las rectoras o rectores electorales correspondientes”.
En la lectura de designados que hizo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, la ahora exrectora D’Amelio fue designada como la segunda entre los tres rectores electorales principales postulados por la sociedad civil. En consecuencia, tiene como rectores suplentes al tercero y cuarto, a saber, Leonel Párica Hernández (incorporado en la Comisión de Participación Política y Financiamiento) y Rafael Chacón Guzmán, como claramente también se indica en el sitio web del CNE.
Los mismos suplentes Párica y Chacón, en ese orden, le fueron igualmente asignados a D’Amelio en la Gaceta Electoral Nº 972 del 6 de mayo de 2021, que oficializa estas designaciones.
Además de ser rectora principal, D’Amelio también ejercía como presidente de la Junta Nacional Electoral y miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral, dos de los tres órganos subordinados del CNE.
Con base en el artículo citado, es el primer suplente del rector faltante quien debe cubrir su ausencia, temporal o en este caso absoluta. De la legislación se desprende que esta debería ser una sustitución de simple trámite, sin la intervención de fondo de poder público o autoridad alguna, porque la exrectora principal mantiene vigentes sus dos rectores suplentes.
El directorio es la máxima instancia del CNE y se compone de cinco rectores electorales principales. El CNE requiere de un mínimo de tres rectores electorales para su funcionamiento. Las decisiones del órgano se toman con el voto favorable de por lo menos tres de sus miembros, salvo en los casos en que la ley exija cuatro votos, dice la LOPE.
La más reciente Gaceta Electoral (Nº 1013), de fecha 3 de junio de 2022, demuestra que en esa fecha hubo sesión, aprobándose en ella varias resoluciones entre las cuales estuvo el Cuadro Estadístico del Registro Electoral correspondiente al corte del 30 de abril de 2022, el cual alcanza una cantidad de 21.213.454 electores.
Políticamente hablando, al cierre de esta nota el CNE tiene en funciones cuatro rectores principales que, en votaciones controvertidas, podrían terminar en empate. Hasta ahora no se conoce públicamente que el CNE haya incorporado al directorio al rector suplente Párica, ni tampoco ha corrido el riesgo de someterse a decisiones polémicas que puedan terminar en empate.
Queda la duda en la opinión pública sobre el por qué, habiendo transcurrido más de mes y medio, no ha sido solventada la falta de la exrectora y ahora magistrada D’Amelio. Debería aplicarse lo establecido en el artículo 13 de la LOPE, a diferencia de experiencias negativas ocurridas durante anteriores administraciones del CNE, como la presidida por Indira Alfonzo, cuando tras la renuncia del rector principal y vicepresidente Rafael Simón Jiménez (agosto de 2020) de inmediato fue impuesto un sustituto distinto a los suplentes que el mismo TSJ había designado meses atrás.
Cualquier otra salida, atajo o decisión contraria al espíritu de la legislación electoral no contribuiría al proceso de generación de confianza de cara a la agenda electoral futura de Venezuela, y por el contrario podría poner en riesgo la opinión mayoritariamente favorable del electorado hacia la reinstitucionalización del Poder Electoral.
La encuesta nacional poselectoral 2021 del OEV, con campo nacional en diciembre de 2021, reveló, entre otros datos, que “una directiva del CNE más equilibrada” fue el aspecto en el cual los electores consideran que se logró avanzar más durante el proceso comicial del año pasado; una idea en la cual coincidieron tanto votantes como abstencionistas.
Smartmatic presenta arbitraje contra Venezuela, según el CIAR
La compañía británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte la compañía de tecnología y servicios electorales Smartmatic, ha presentado una “demanda de arbitraje de inversiones” contra Venezuela en el sector de las comunicaciones en relación con un presunto fraude electoral y con los activos expropiados a la empresa.
Esta información de una demanda de arbitraje fue publicada el 7 de junio de 2022 en el sitio web de CIAR Global, la revista de arbitraje de la comunidad iberoamericana, perteneciente al Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). Con sedes en España, Costa Rica y Brasil, el CIAR tiene como objetivo resolver controversias legales internacionales, tanto de carácter comercial como de inversiones.
¿Qué es el arbitraje de inversiones? Es una vía de resolución de conflictos para limar diferencias entre gobiernos y fondos de inversión, define un texto explicativo de El País. Si los Estados acuerdan someterse voluntariamente a cortes ajenas a su justicia ordinaria, esto supone un plus de tranquilidad para los inversores, que cuentan con una garantía de independencia al pleitear en un país que no es el suyo. El demandante siempre es la empresa; la administración, la demandada. Los pleitos entre inversores y gobiernos se dividen en dos grupos: los conflictos que surgen a raíz de expropiaciones o limitaciones de licencias y las reclamaciones por reformas legislativas inesperadas que acaban perjudicando los fondos.
#EnContexto
¿Quién es SGO? Comprende una familia de empresas que desarrollan e implementan herramientas que dan servicios a los gobiernos, en el caso de Smartmatic, en el desarrollo de elecciones con voto electrónico. Smartmatic los prestó a la administración electoral venezolana hasta 2017.
#EnContexto
Volviendo a la solicitud, en el proceso electoral a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, el Gobierno venezolano habría decidido “no utilizar varias de las medidas de seguridad electoral que habían sido usadas en otros procesos electorales y al final de la consulta reportó unos resultados distintos a los reflejados en el sistema electrónico de Smartmatic”, dice la nota de CIAR Global.
Indican, además, que se anunciaron resultados de participación muy por encima del número de los reportados en el sistema de la empresa.
Ya en julio de 2020 Smartmatic hacía público un comunicado aclarando que desde 2017 se encuentra “en un proceso de querella” contra el gobierno venezolano por lo que aseguran fue el “fraude de reporte cometido en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y los activos expropiados a la empresa ese mismo año”.
Asimismo, ratificaba que no tenía “trato alguno con el CNE, ni con sus proveedores, ni con ExClé, la empresa integradora argentino-venezolana que provee el soporte al ente electoral en Venezuela desde el 2017”.
La Solicitud de Arbitraje narra que la presunta violación al Tratado “tiene su origen en la represalia directa de Venezuela a la negativa de Smartmatic de guardar silencio ante ese fraude electoral ejecutado por las autoridades electorales, y las denuncias de los ejecutivos de Smartmatic sobre las irregularidades detectadas en los resultados reportados por dichas autoridades electorales”, contiene la nota.
SGO denuncia que Venezuela habría desatado una “campaña de persecución” contra Smartmatic, incluyendo los siguientes tres aspectos, que también enumera la nota y que citamos textualmente:
- El hostigamiento y las amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos.
- La extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales que hoy en día Venezuela todavía le debe a Smartmatic, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela.
- La expropiación indirecta de la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos tangibles e intangibles para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra y beneficia a sus expensas.
La compensación reclamada es por unos 1.500 millones de dólares, dice una nota de la AFP.
En contexto
La elección a una Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio de 2017 en Venezuela presentó fallas desde sus orígenes: se diseñó un voto territorial y otro sectorial, con lo cual se echó por tierra el carácter universal del sufragio, por definición constitucional. Asimismo, los candidatos participantes únicamente representaron a una parcialidad político-partidista.
Los resultados anunciados por una administración anterior del CNE indicaron una participación de más del 40% del Registro Electoral. Se trata de las únicas votaciones de la historia electoral contemporánea de Venezuela tras las cuales el árbitro no ofreció resultados de votación centro por centro ni mesa por mesa.
¿Qué dijeron las partes después de esa votación? Smartmatic denunció una “manipulación” de los resultados de participación, cifrada en una diferencia de por lo menos un millón de votos. El CNE calificó esta acusación de “irresponsable” y rompió con Smartmatic después de 13 años de relación.
Urge debate nacional sobre actualización del RE y voto en el exterior
Uno de los pendientes más importantes que tienen la administración electoral, los actores políticos y la sociedad toda es la necesidad de ampliar y profundizar en un debate nacional amplio y a tiempo sobre la actualización del Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela, así como el ejercicio del derecho al voto desde el exterior, de cara a próximos procesos comiciales de carácter nacional.
Es notable el rezago existente entre la realidad poblacional actual y la falta de inscripción o la desactualización del centro de votación de una parte importante del electorado venezolano. No solo es que cálculos estimen por varios millones la diáspora, mientras que el RE en el exterior no sobrepasa de poco más de 100.000 inscritos, sino que en este particular también cuenta la dinámica de desplazamientos internos en el territorio nacional, así como la falta de inscripción de jóvenes que han cumplido 18 años.
En este sentido, saludamos el anuncio hecho el pasado 8 de junio por el dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, de su solicitud ante el CNE de incorporar al RE los migrantes venezolanos en Colombia y Perú.
Evans entregó un documento a la junta directiva del ente comicial para que se realice esta acción en pro de los venezolanos. El dirigente declaró que la población de venezolanos en Colombia y Perú “hoy tienen la posibilidad política y real de poder participar electoralmente” porque, por un lado, los dos candidatos que van a la segunda vuelta en Colombia han ofrecido el restablecimiento de relaciones con el gobierno de Maduro y, por otro lado, en el Perú también el poder ha reanudado relaciones diplomáticas con Venezuela.
También el pasado 23 de mayo el partido Unión Política Popular 89 (UPP89) acudió a la sede del CNE a presentar un documento en el que trazan una ruta para garantizar que los venezolanos fuera del país puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del año 2024.
Colombia: ¿qué registró la observación electoral?
🇨🇴 | El 19 de junio es la fecha de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que definirá entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández al ocupante de la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Sobre Venezuela, ambos aspirantes han prometido una normalización de las relaciones consulares y diplomáticas, así como la reapertura comercial de la frontera.
Las distintas misiones de observación electoral divulgaron sus documentos técnicos con anotaciones preliminares de la primera vuelta celebrada el pasado 29 de mayo. Prácticamente todos los grupos internacionales se quedaron o regresan para observar, registrar y transmitir la información del balotaje. En el OEV compilamos los registros de los principales equipos de trabajo.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estuvo integrada por 87 especialistas y observadores de 29 nacionalidades. En su informe preliminar, destacan el aumento en la participación electoral en relación con los comicios legislativos de marzo, así como respecto a las últimas dos elecciones presidenciales, y resaltan la alta participación de las mujeres, tanto como jurados de votación como en calidad de testigos, en los centros de votación visitados.
También saludan las mejoras implementadas tras las elecciones legislativas, específicamente respecto a la operatividad de la aplicación “InfoVotantes”, la cual cumplió con su función de ser una herramienta de consulta para la ciudadanía. Asimismo, destacan que la ciudadanía recibió información oportuna e ininterrumpida la noche de la elección.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) desplegó 120 observadores de 25 Estados miembros de la UE, más Noruega y Suiza en todo el país. “Jornada electoral bien organizada: mejoras contribuyeron a superar la desconfianza” fue el título de su declaración preliminar. Sobre el registro electoral de los colombianos, dicen que el sistema de inscripción automática de los electores y la depuración de las inscripciones de fallecidos garantizaron un censo electoral generalmente inclusivo y preciso.
Además, destacan que la Registraduría (organizadora del proceso) demostró altos niveles de organización y profesionalismo en los preparativos electorales; que las mesas de votación abrieron a tiempo y con el material y los jurados necesarios en todos los casos observados; que los observadores informaron positivamente sobre la transparencia, la buena organización y la aplicación de los procedimientos a lo largo de la jornada; y que los procedimientos de cierre y conteo fueron calificados en terreno como transparentes y ordenados.
Transparencia Electoral acreditó a 23 observadores de cuatro países. En su informe preliminar, reconocieron la importancia que las autoridades electorales le dieron a la observación electoral internacional y nacional a lo largo del proceso, facilitando las acciones de los observadores.
Lamentaron que una jurado de mesa haya sido asesinada en Vista Hermosa, Meta, e hicieron un llamado a las autoridades para aclarar lo sucedido y tomar las acciones correspondientes. “Los ciudadanos que participan en la tarea electoral deben tener su vida e integridad garantizada”.
El Observatorio de la Democracia del PARLASUR desplegó nueve expertos en el terreno. En su informe preliminar, adelantaron tres recomendaciones: a) que aquellas personas destinadas a labores de identificación biométrica realicen este tipo de tareas en los lugares donde se encuentren registrados; b) una mejor administración de los espacios físicos, a modo de no dificultar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, y c) que los espacios de votación estén siempre en lugares que dificulten que otros los observen cuando el elector esté votando.
El Centro Carter desplegó una misión internacional de expertos electorales que incluye tres expertos electorales y otro personal. Se centran en la transparencia del proceso electoral en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. No evalúan la conducta de la votación ni hacen una evaluación integral del proceso electoral en su conjunto.
En el sistema de votación de Colombia primero se hace un preconteo, con fines exclusivamente informativos, y luego el escrutinio, que sí tiene carácter vinculante. Tras haberse cumplido ambos procesos en la primera vuelta del pasado 29 de mayo la Registraduría colombiana concluyó que la diferencia entre los resultados del preconteo y del escrutinio fue de 0,1%. Se trata, dijeron, del menor margen de error en la historia de las elecciones presidenciales de ese país.
#EnContexto
Avanzó proyecto de boleta única de papel en Argentina
🇦🇷 | La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 8 de junio la creación de la boleta única de papel para ser utilizada en el ámbito nacional en las elecciones presidenciales de 2023. Un proyecto que daría más transparencia a la elección, que implicaría un ahorro en los gastos y mayor sustentabilidad que el sistema actual por la menor impresión de boletas.
Después de nueve horas de debate, la propuesta obtuvo 132 votos favorables, 104 en contra y 4 abstenciones. Por tratarse de una reforma electoral, debía sancionarse con 129 votos como mínimo.
En el tablero político esto supone una victoria para la oposición y un revés para el oficialismo, que ahora buscará trabar la propuesta en la instancia siguiente: el Senado.
Redes de organizaciones de transparencia electoral han indicado que Argentina es uno de los 16 países en el mundo que sigue usando el sistema de boletas múltiples por partidos. Aunque dentro del mismo país hay experiencias regionales exitosas de uso de boleta única de papel, como en Córdoba. Alegan que así los partidos tendrán igualdad de condiciones, que el Estado se ahorrará dinero en impresión porque, cuentan, en la actualidad los partidos “imprimen hasta 10 veces más boletas de las necesarias y la gran mayoría terminan en la basura”.
“El sistema electoral es fiable, pero es necesario cambiar el instrumento. Hay robo de boletas, hay fiscales pagos, las estructuras de quienes son gobierno tienen ventaja”, opinó el parlamentario Florencio Randazzo, reseñado por Clarín.
El mismo medio proyecta lo difícil que será que llegue a implementarse, por el escenario más favorable al oficialismo en el Senado y, en caso de convertirse en ley, el paso final que supone la instancia de un eventual veto del presidente Alberto Fernández.
Recomendación al cierre
La IX Cumbre de las Américas se celebró esta primera quincena de junio con un compromiso de los países participantes y de Estados Unidos para conseguir una migración ordenada. ¿Qué dice la Declaración de Migración de Los Ángeles? LEE AQUÍ el resumen de VOA.