Noviembre de 2023
Cursa una campaña electoral de casi un mes en el territorio nacional. El cronograma contempla al menos ocho auditorías. 20,6 millones de electores habilitados para participar el 3 de diciembre. La consulta consta de cinco preguntas
Durante este mes de noviembre el Consejo Nacional Electoral despliega un conjunto de actividades enmarcadas en el cronograma del Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba fijado para el próximo domingo 3 de diciembre. En este boletín presentamos 10 datos de interés general sobre este proceso con el cual Venezuela cierra el ciclo electoral de este año 2023.
1. El domingo 19 de noviembre el Poder Electoral realizará un simulacro de votación, a fin de que los electores se familiaricen con el proceso electoral sobre el Referendo Consultivo. En esta jornada serán habilitadas 2.322 mesas en 800 centros electorales dispuestos en todos los municipios del país, precisó el ente comicial el pasado 10 de noviembre. La lista de centros del simulacro está disponible en la web del CNE.
2. Para este Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba se encuentran habilitados 20.694.124 electores venezolanos inscritos en el territorio nacional, ha informado la autoridad electoral.
3. En los 335 municipios de las 24 entidades federales el CNE habilitará 15.857 centros de votación y 28.027 mesas electorales el próximo domingo 3 de diciembre. El acto de votación se llevará a cabo de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde o hasta que existan electores en cola.
4. El Cronograma Electoral de este proceso consta de 57 actividades repartidas entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Al 10 de noviembre ya se había cumplido el 53% de las actividades contempladas, informó en esa fecha el CNE. El cronograma prevé auditorías al software de las máquinas, al software de totalización, de producción de máquinas, de cuadernos de votación, de infraestructura, de puesta a cero de los centros nacionales de totalización, de telecomunicaciones y de huellas.
5. En el sitio web cne.gob.ve está disponible la consulta del Registro Electoral para este Referendo Consultivo. Solo se debe introducir el número de cédula para conocer el centro de votación, con base en el corte más reciente del RE, del pasado 22 de octubre. Allí también se puede conocer quién fue seleccionado como miembro de mesa para este proceso. La capacitación para ellos está disponible en línea.
6. La consulta consta de cinco preguntas relacionadas con el tema: la primera, sobre la línea impuesta por el Laudo Arbitral de París; la segunda, sobre el Acuerdo de Ginebra como solución; la tercera, sobre el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia; la cuarta, sobre la pretensión de Guyana de disponer ahora de un mar pendiente por delimitar, y la quinta, sobre la creación del estado Guayana Esequiba. Las preguntas completas están disponibles en la web del CNE.
7. La Gaceta Electoral N° 1035, del 21 de octubre de 2023, contiene la resolución con las “Normas para regular el Referendo Consultivo sobre el ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano en defensa del territorio de la Guayana Esequiba”. Este instrumento de 60 artículos establece las disposiciones fundamentales del proceso, la convocatoria y objeto de la consulta, el registro electoral, la campaña, el contenido de la propaganda en medios, las regulaciones para los organismos y funcionarios, la organización y celebración del referendo.
8. El artículo 29 de estas normas, que citaremos a continuación, establece que los funcionarios en general están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está prohibido:
a) Actuar en ejercicio de la función pública en detrimento de la participación en el Referendo Consultivo.
b) Hacer propaganda en sus sitios de trabajo y demás dependencias públicas, contraria a estimular la participación del pueblo en la consulta u opuesta a fortalecer la conciencia de la Nación sobre los derechos irrenunciables de la misma respecto del territorio de la Guayana Esequiba.
c) Prevalerse de la condición de superior jerárquico para negar la participación de los funcionarios en el Referendo Consultivo.
d) Aprovechar las funciones que ejerce, o usar las influencias derivadas de las mismas, para desestimular la participación en el referendo.
Asimismo, el artículo 30 establece que “no se permitirá el uso de los bienes propiedad de la Nación, ni de los estados o municipios con el fin de desfavorecer la participación”.
9. Del 6 de noviembre al 1 de diciembre se desarrolla la campaña electoral, mientras que este miércoles 15 de noviembre cierra el lapso de inscripciones de los partidos políticos, gremios, sindicatos, universidades, sociedad civil, poder popular y comunidades indígenas para la participación en el Referendo Consultivo.
Hasta el 13 de noviembre 563.939 organizaciones políticas, sociales e instituciones habían manifestado ante el CNE su interés en adherirse para participar en el Referendo Consultivo por el Esequibo. Esto incluye 39 organizaciones con fines políticos, 5.447 gremios, 3.486 sindicatos, 675 universidades, 503.974 pertenecientes a la sociedad civil, empresarios y emprendedores, 45.060 del poder popular, 5.139 de las comunidades indígenas y 119 comunidades religiosas e iglesias que funcionan en todo el territorio nacional. Al cierre de este boletín todavía transcurría este lapso de postulaciones.
10. El artículo 71 de la Constitución posibilita este proceso, al establecer que “las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo”, en este caso, por acuerdo de la Asamblea Nacional.
Venezuela acumula tradición en materia de referendos consultivos: en el ámbito nacional, se consultó la convocatoria a una Constituyente en abril de 1999; en diciembre de ese mismo año se dio el referendo aprobatorio de la Constitución vigente y, un año después, otro sobre la renovación de la dirigencia sindical. En referendo también se rechazó la propuesta de reforma constitucional de 2007 y se aprobó la enmienda constitucional de 2009. En ámbitos locales también se han celebrado referendos consultivos, como el del cambio de nombre de la parroquia más grande de Barquisimeto (2019) o la asignación de recursos para la ejecución de proyectos en el estado Miranda (2022).
La democracia en el mundo: compleja, fluida y desigual
El estado global de la democracia en 2023 es complejo, fluido y desigual. Esta expresión pudiera resumir las 210 páginas del informe titulado “El estado global de la democracia 2023. Los nuevos controles y equilibrios”, presentado durante este mes de noviembre por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que apoya la democracia en el mundo.
En todas las regiones del planeta la democracia ha seguido contrayéndose, con descensos en por lo menos un indicador de rendimiento democrático en la mitad de los 173 países incluidos en este estudio. Este patrón de declive suma seis años y es el más prolongado de este tipo desde que esta organización inició sus registros en 1975.
“La democracia sigue teniendo problemas, estancada en el mejor de los casos, y en declive en muchos lugares”, resume el informe, al matizar que también hay algunos brotes verdes de esperanza; en particular, el descenso en algunos países de la corrupción y los niveles sorprendentemente altos de participación política en otros. En este sentido, también observan “alentadoras mejoras” en países del mundo en los que el nivel de opresión había sido constante durante años.
En este contexto, el informe 2023 de IDEA Internacional destaca el papel de las llamadas instituciones compensatorias para frenar la erosión de las instituciones democráticas y reaccionar ante el afianzamiento de otras fuerzas. El término, explican, va más allá del concepto tradicional de “contrapesos y salvaguardias” para englobar a instituciones, organizaciones y movimientos que equilibran la distribución del poder para garantizar prioridades ciudadanas en las políticas públicas.
Estas instituciones compensatorias, ejemplifican, incluyen entidades como las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones electorales, así como las redes de la sociedad civil, los movimientos populares y los periodistas de investigación. Ellos ejercen un “papel insustituible para garantizar que la democracia siga siendo del pueblo y para el pueblo”.
IDEA Internacional hizo este análisis con base en cuatro categorías: Representación, Derechos, Estado de Derecho y Participación. En todas las regiones del mundo se observaron “notables descensos” en Representación (incluidas las categorías de Elecciones creíbles y Parlamento eficaz) y en Estado de Derecho (con descensos en los indicadores Independencia judicial e Integridad y seguridad personales). En la categoría de Derechos, los descensos globales no fueron significativos, pero el estancamiento en un nivel bajo no es una situación para celebrar o tolerar, dice el informe. En cuanto al Estado de derecho, tras muchos años de estancamiento en los niveles de corrupción, se han producido mejoras en países de todas las regiones. La categoría más alentadora fue la de Participación, en la que las puntuaciones se mantuvieron altas incluso en países con bajo nivel de rendimiento democrático institucional.
Utilizando estas categorías, el informe examina cinco regiones: África, Asia Occidental, América, Asia y el Pacífico, y Europa. En el caso de América, concluyen que la mayoría de los países sigue teniendo un rendimiento medio en muchos indicadores. “La Representación es un área de relativa fortaleza en la región, ya que muchos países obtienen puntuaciones altas en lo que se refiere a Gobierno electo. Sin embargo, varios países de América Central y del Sur se enfrentan a un declive en el Estado de Derecho y los Derechos, como resultado de graves problemas”.
Haití, Nicaragua y Venezuela han registrado los descensos más significativos, según el informe de IDEA Internacional que, al referirse a nuestro país, en la página 87 del documento, señala: “La presión internacional también es clave para garantizar que las elecciones del próximo año en Venezuela puedan celebrarse en condiciones creíbles”.
Al cierre, el informe se pregunta qué puede hacerse para hacer frente a las amenazas a la democracia. Las recomendaciones incluyen apoyo a los procesos electorales, centrándose en mecanismos que garanticen comicios justos; transparencia y acceso a la información en legislaturas que multipliquen las fuentes de rendición de cuentas; pleno compromiso de los gobiernos para proteger el espacio cívico; y protecciones legales para la independencia de las instituciones que organizan las elecciones, investigan la corrupción y supervisan los programas gubernamentales.
“Los engranajes de la democracia siguen girando, aunque puede que el centro de la maquinaria democrática se esté desplazando de las instituciones tradicionales de representación a otros organismos, organizaciones y movimientos”, proyectan.
TSJ suspende proceso electoral en la Universidad de Carabobo
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente una solicitud de amparo cautelar y en consecuencia decidió que se suspende el proceso electoral previsto en la Universidad de Carabobo (UC) para el día 29 de noviembre de 2023.
La sentencia número 123, de fecha 13 de noviembre de 2023, da respuesta al recurso interpuesto por un miembro del personal administrativo activo y un miembro del personal administrativo jubilado de la UC contra el Estatuto Transitorio de Elecciones de la Universidad de Carabobo dictado por el Consejo Universitario el 14 de julio de 2023.
El 29 de noviembre se iban a celebrar elecciones de autoridades rectorales, decanales y de representantes al consejo de apelaciones en la UC. Se trataba de la segunda renovación de autoridades académicas en universidades autónomas luego de la experiencia inicial ucevista de junio pasado. Eran 18 cargos a elegir, tenía derecho a voto toda la comunidad universitaria y los porcentajes de participación asignados a cada sector para el escrutinio, contemplados en el artículo 8 del reglamento impugnado, eran similares a los empleados previamente por la UCV.
Se inscribieron y fueron admitidos como candidatos a rector el actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, José Corado, y el actual vicerrector académico, Ulises Rojas.
La Universidad de Los Andes (ULA) también avanza en su proceso reglamentario interno, con pronóstico de votaciones en 2024.
Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el tema electoral
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió el pasado 3 de noviembre el documento titulado “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela”. De esta manera culminó el V Examen Periódico a Venezuela con la publicación de una serie de recomendaciones. Desde hace ocho años el Estado venezolano no se sometía a una evaluación con el Comité, que integran 18 expertos. El Estado deberá demostrar en 2026 que implementó las mejoras recomendadas en el informe.
Al revisar las recomendaciones relativas al derecho a la participación en asuntos públicos, se lee que el Comité observa con gran preocupación las denuncias sobre las restricciones al espacio democrático de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Controlaría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. “En este sentido, lamenta los informes indicando que algunos opositores políticos han sido ya inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024”.
También preocupa al Comité que en la elección de 2021 se haya retirado el derecho al voto directo y secreto de los Pueblos Indígenas y que no se les hicieron consultas adecuadas antes o durante el proceso de la resolución que estableció para esos electores una votación de segundo grado. “También preocupan los informes indicando la supuesta interferencia deliberada en la inscripción en el Registro Nacional Electoral, afectando principalmente a los jóvenes entre 18 y 35 años e impidiendo su participación en las elecciones (arts. 1, 25 y 26)”.
Así, el Estado debe tomar las medidas necesarias para que su normativa y sus prácticas electorales se ajusten plenamente al Pacto -en particular a su artículo 25- y tengan en cuenta las directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública, garantizando, entre otras cosas, las tres recomendaciones del Comité de Derechos Humanos que citamos a continuación:
(a) El disfrute pleno y efectivo del derecho a la participación política de todos los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas, revocando todas las disposiciones electorales que afecten su derecho a participar en asuntos públicos sin restricciones indebidas, y los jóvenes, asegurando su inscripción en el registro nacional electoral;
(b) La celebración de elecciones nacionales, regionales y municipales justas, transparentes, inclusivas y pluralistas, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Controlaría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos, garantizando un recurso judicial efectivo contra tales inhabilitaciones;
(c) La protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas de inhabilitación.
Centro Carter en Venezuela
Representantes del Centro Carter anunciaron el pasado 2 de noviembre su llegada a Caracas, luego del acuerdo que se firmó en Barbados el 17 de octubre entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora Plataforma Unitaria. Su agenda se basó en reuniones con autoridades del Consejo Nacional Electoral, firmantes del acuerdo, miembros de partidos políticos, observadores electorales nacionales y grupos de la sociedad civil. “Las reuniones serán para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo”. El Centro Carter fue una de las misiones de observación invitadas para la elección regional y municipal de 2021.
Recomendación al cierre
Algunos consideran que con la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el campo electoral se contribuye al fortalecimiento de una democracia participativa al contar con una ciudadanía más activa, pero también encontraremos a quienes −sin estar en contra− se ven preocupados por los abusos que pueden originarse con el uso malintencionado de tecnologías que podría llegar a quebrantar la confianza en la integridad de los procesos electorales. Este dilema global lo plantea el texto “El impacto del uso de inteligencia artificial (IA) en el sistema democrático constitucional”. Este es un artículo de Paula Suárez, subsecretaria de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, publicado en la revista ‘Mundo electoral’, órgano divulgativo del organismo electoral panameño.