Segunda quincena, marzo de 2023
Después de la era Bachelet, es la primera actualización oral de Volker Türk sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU. ¿Qué dijo, tras su reciente visita al país? Subrayamos y comentamos las claves políticas de su mensaje
Todas las partes deben pensar en el futuro que quieren para Venezuela, expresó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su actualización oral de la situación venezolana, que tuvo lugar este 21 de marzo en el marco del 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El diálogo y la colaboración entre las autoridades y la oposición serán fundamentales, incluida la reanudación de las conversaciones políticas en México, considera Türk, quien desempeña el cargo desde octubre de 2022. Instó a la comunidad internacional a que ofrezca su pleno apoyo a este proceso.
En el OEV coincidimos en la importancia capital de la reanudación de las negociaciones. Los dos primeros puntos de agenda del memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno y la oposición mayoritaria en agosto de 2021 resultan imprescindibles para un avance seguro y acordado del próximo ciclo electoral. Son estos puntos: 1. Derechos políticos para todos, y 2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables.
Muchas de las acciones pendientes, como la actualización del Registro Electoral, la facilitación del derecho a la identidad a la luz de nuevas disposiciones establecidas por el Saime, la garantía del voto migrante y las inhabilitaciones políticas, por citar solo algunas, requieren tiempo para su ejecución. Por eso, en el OEV creemos que el momento para empezar a trazar y acordar las garantías y condiciones electorales del futuro próximo (2024-2025) es y debe ser ahora.
Después de esta actualización oral, específicamente el 28 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará en su país una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano.
Petro se ha reunido con su homólogo venezolano Nicolás Maduro por lo menos tres veces en los últimos meses. Estados Unidos, entre tanto, reaccionó diciendo que participaría en esta conferencia promovida por el mandatario colombiano. En Venezuela, mediante un comunicado la delegación de la Plataforma Unitaria (oposición) para la negociación agradeció el interés y saludó las iniciativas que promuevan el reinicio del proceso.
Primera actualización posvisita
Del 26 al 28 de enero, el alto funcionario de origen austriaco visitó Venezuela. Ahora comunicó que durante esos días mantuvo un intercambio “abierto y franco” acerca de los retos en materia de derechos humanos, y los desafíos políticos y económicos que enfrenta el país.
“Venezuela sigue enfrentando graves desafíos de derechos humanos en los ámbitos civil, político, económico y social”, ratificó el alto funcionario de la ONU.
En enero pasado, Türk se reunió con altas autoridades, entre ellas el presidente y la vicepresidenta, el canciller, así como con los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo. También se reunió con integrantes de la delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México, de la Iglesia católica y con más de 125 miembros de la sociedad civil, incluido el director del OEV Ignacio Ávalos.
La reciente renovación de la Carta de Entendimiento que permite a su Oficina continuar su trabajo en Venezuela durante los próximos dos años ha sido bien recibida.
Diálogo con la sociedad
Tras sus interacciones en enero, el Alto Comisionado comentó que sostuvo varios intercambios con distintos actores sobre el espacio cívico, luego de los cuales alentó a las autoridades a entablar un diálogo significativo con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.
“Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital”, dijo Türk, quien es abogado de profesión. Sin embargo, recordó que los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Ejemplifica con el caso de seis sindicalistas y dirigentes sindicales quienes llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir.
Al Alto Comisionado para los Derechos Humanos también le preocupan las restricciones a los medios de comunicación, el bloqueo de páginas web y el cierre de emisoras y programas de radio.
En el OEV consideramos que este es otro pilar fundamental de los procesos electorales que amerita ser atendida de cara al próximo ciclo electoral venezolano: solo la libre expresión y el acceso equitativo de los actores políticos y candidatos al ecosistema de medios permitiría que los electores puedan pudiesen construirse mejores retratos de la realidad política y social, para tomar decisiones de voto más responsables e informadas. Eso, hasta ahora, no ha sido posible.
“Las señales de recuperación económica traen cierta esperanza, pero las políticas para apoyar el crecimiento económico del país deben tener los derechos humanos en su centro. El acceso libre, transparente e igualitario a los datos y la información de interés público será clave para lograrlo”, expresó el Alto Comisionado en esa actualización.
Leyes, sanciones y acciones
Türk llamó la atención, igualmente, sobre la reciente presentación de un proyecto de ley -presentado y aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional- para regular aún más a las ONG, el cual ha suscitado serias preocupaciones que él comparte. “Proporcioné observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y reitero mi llamamiento para que cualquier legislación se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos”, emplazó.
Una vez más, la vocería de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pide el levantamiento de las sanciones sectoriales que, desde su punto de vista, han exacerbado los desafíos preexistentes y profundizado la lucha diaria de los pueblos. “En enero, escuché cada vez más voces de preocupación -de actores humanitarios, sociedad civil, funcionarios públicos, la ONU en el país y autoridades- sobre el impacto que han tenido las sanciones sectoriales”, dijo Türk.
Al cierre de su intervención comentó que, para la reforma y para el restablecimiento de la confianza, el pueblo de Venezuela requiere acciones concretas y colectivas. Su Oficina está dispuesta a tender puentes entre las instituciones del Estado y el pueblo, y a seguir ofreciendo su experticia para acompañar los esfuerzos por promover los derechos humanos en el país.
Después de la visita del Alto Comisionado a Venezuela, desde el OEV consignamos una comunicación a su oficina en Caracas a través de la cual puntualizamos los que consideremos son los desafíos más relevantes del próximo ciclo electoral, desde las perspectivas del ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido.
Pasa en el Zulia, Anzoátegui… y ahora en Aragua: ¿qué debe proceder tras la privación de libertad de alcaldes? (I)
¿Qué tienen en común los municipios Jesús María Semprún, del Zulia; Independencia, de Anzoátegui, y Santos Michelena, de Aragua? Que sus alcaldes, elegidos por el voto popular en las más recientes elecciones municipales del 21 de noviembre de 2021, han sido privados de libertad acusados de la presunta comisión de delitos. ¿Cómo impacta esto en el ámbito electoral?
Los dos primeros casos son materia conocida. El 28 de enero de 2022 la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm, Keyrineth Fernández (PSUV), fue detenida en un operativo contra el narcotráfico. Dos meses antes había sido electa con el 47 % de la votación. Y el 29 de enero de 2022 las autoridades detuvieron al alcalde del municipio Independencia, Carlos Rafael Vidal (PSUV), identificado como líder de una “red” de delincuencia organizada, dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina. Vidal había ganado con el 45 % de los votos.
Ahora, en marzo de 2023, una nueva y grave trama de corrupción en las entrañas de la industria petrolera sacude el país. Y ha comprometido un tercer caso municipal: la detención, el 17 de marzo, del alcalde de Santos Michelena, Pedro Hernández (PSUV), imputado por delitos de terrorismo y extorsión agravada, entre otros. En 2021 Hernández había sido el alcalde más votado del partido de gobierno en Aragua: 72 % de los votos.
Lo conducente tras estas detenciones está establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM):
Si la falta temporal de un alcalde “se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta”, dice la ley.
Hasta donde se tiene conocimiento público, la condición de ausencia absoluta no ha sido declarada ni en el caso del municipio Jesús María Semprún (Zulia) ni en el caso del municipio Independencia (Anzoátegui), aunque haya transcurrido más de un año de las detenciones de ambos alcaldes.
Continúa la ley: “cuando la falta del alcalde se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”. Y, agrega: “si se produce la ausencia absoluta del alcalde antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”, en este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo alcalde, estará encargado de la alcaldía el presidente del Concejo Municipal (esto, luego de que el Concejo haya declarado la ausencia absoluta).
Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.
-En el caso del municipio Jesús María Semprúm (capital, Casigua El Cubo): el actual alcalde encargado es Wuyhsmans González, ex candidato a alcalde postulado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien había quedado segundo con 41 % de los votos en la elección del 21 de noviembre de 2021. No ocupaba, como exige la ley, ningún alto nivel de dirección ejecutiva dentro de la alcaldía al momento de la detención de la alcaldesa. Observadores del OEV en el Zulia conocieron que la decisión de su designación presuntamente habría sido decidida desde Caracas.
-En el caso del municipio Independencia (capital, Ciudad Orinoco): desde el 21 de febrero de 2022 por acuerdo del Concejo Municipal el alcalde encargado es Hernán Rodríguez, del PSUV, quien antes de esa fecha se desempeñaba como secretario de gobierno en la Gobernación del estado Anzoátegui, pero tampoco formaba parte de la dirección ejecutiva municipal.
-En el caso del municipio Santos Michelena (capital, Las Tejerías): la reciente designación del presidente del Consejo Legislativo del estado Aragua, Asdrúbal José Arias (PSUV), también ha sido cuestionada. El 22 de marzo explicó a periodistas que el Concejo Municipal lo juramentó como director general de la alcaldía, razón por la cual solicitó un permiso no remunerado de 60 días para ausentarse de sus labores parlamentarias regionales.
Este de Aragua es el único caso en el cual, para finales de marzo de 2023, faltan por cumplirse los más de 90 días consecutivos para que el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la falta del alcalde, declare la ausencia absoluta.
Para los tres casos, sin embargo, cabe preguntarse: ¿Por qué no se cumplió lo dispuesto en el artículo 87 de la LOPPM para ejercer las suplencias de los alcaldes faltantes (detenidos) mientras el Concejo declara la falta o ausencia absoluta? Y, específicamente, en los casos del Zulia y Anzoátegui, más de un año después, vale la interrogante: ¿por qué si la desincorporación de ambos alcaldes al frente del poder ejecutivo municipal de estas localidades superó el tiempo legal máximo permitido de 90 días continuos, los concejos municipales respectivos no han declarado la falta o ausencia absoluta, que debe ser comunicada al CNE para que este pueda convocar y celebrar nuevas elecciones?
Estas decisiones tienen impacto directo sobre los electores de estos municipios, porque permitiría que la soberanía popular elija mediante el sufragio a quienes deben ejercer estos cargos de elección popular hasta que finalice el período de cuatro años. Son los electores de estas jurisdicciones quienes deben decidir quiénes serán sus nuevos gobernantes ejecutivos municipales.
No deben pasarse por alto estos hechos, porque sientan precedentes para otros posibles casos políticos en el futuro.
Primaria: juntas regionales “acercarán” el proceso a opositores en toda Venezuela
La responsabilidad de la organización de la primaria presidencial opositora empieza a desconcentrarse. Además de los cinco miembros principales y cinco suplentes de la Comisión Nacional de Primaria, designados en noviembre pasado, a partir de abril trabajarán 240 integrantes de las 24 Juntas Regionales que acompañarán el proceso en todas las entidades federales.
Cada estado contará en breve con una Junta Regional para la Primaria conformada por 10 miembros, cinco principales y cinco suplentes. Al hacer el anuncio, el pasado 20 de marzo, la comisión nacional aseguró que todos ellos “cumplieron con el perfil definido por la comisión para ser parte de este camino desde las entidades”. También confían en que estos miembros estadales acercarán el proceso a todos los venezolanos.
El 31 de marzo la comisión publicó los nombres a través de este hilo de Twitter:
Recomendación al cierre
La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) publicó los registros electorales de personal obrero y administrativo, egresados, profesores activos y jubilados y estudiantes que tendrán derecho a voto en las elecciones generales del próximo 26 de mayo. ¿Eres ucevista?, ¿conoces a un ucevista? Revísate o comparte este ENLACE. El lapso de recepción vía web de impugnaciones al registro electoral vence el 5 de mayo, según cronograma.