Segunda quincena, agosto de 2022

Para las elecciones presidenciales de octubre, el vecino estratégico de Venezuela logró aumentar en 39 % su registro de electores en el extranjero en relación con las presidenciales de hace cuatro años. Por otro lado, para combatir los contenidos falseados durante este proceso la autoridad electoral ha armado una coalición con distintos gremios sociales. Las descalificaciones sin pruebas al sistema automatizado de votación ponen en riesgo la estabilidad democrática

Así son las máquinas de votación de Brasil; tienen biometría (captahuella), pero no imprimen papeleta a cada votante. La inexistencia de papeletas impresas tiende a mermar la confianza del elector e imposibilita la realización de auditorías ciudadanas al cierre de la votación | Fotografía de archivo de la agencia AP

Circula en Facebook una publicación que indica que una entrevista en televisión nacional al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue vista en 97,3 % de los televisores encendidos la noche del 22 de agosto. Esa publicación viral atribuye los datos al principal instituto de opinión pública y estadística del país, que supuestamente reportó una caída en la audiencia al 14,5 % después del final de la entrevista.

Es falso. La televisora cifró en 48 % la sintonía, subiendo incluso hasta el 52 % en el capítulo de la telenovela estelar transmitida después de la entrevista que le hicieron al también candidato a la reelección.

Circula igualmente, esta vez por WhatsApp, un video en el que el expresidente y candidato a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva dice que él fabrica noticias falsas todos los días y que está convencido de que él mismo no ganará las elecciones del próximo 2 de octubre.

También es falso. Las declaraciones de Lula que aparecen en ese video fueron editadas y sacadas de contexto. Por el contrario, en la grabación original, del 27 de mayo, Lula dice que Bolsonaro es quien produce información falsa.

Uno y otro contenido forman parte del chequeo que de manera intensa está haciendo Lupa, una de las principales agencias de verificación del discurso público en Sudamérica. Brasil, una de las democracias más pobladas del mundo, está desde el 16 de agosto en campaña electoral y nuevamente se halla cundida por el impacto de la desinformación rumbo a la cita comicial de octubre próximo.

Prohibiciones y polarización

El Código Electoral de Brasil data del año 1965. Este instrumento regula los procedimientos y las controversias relacionadas con cualquier elección en el país, incluidas las irregularidades en las campañas y la organización de las elecciones. La administración electoral recae sobre el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La desinformación ha sido uno de los fenómenos más marcados de las últimas elecciones en Brasil. La legislación electoral prohíbe la difusión de hechos en relación con partidos o candidatos que sean falsos, y que puedan ejercer influencia sobre el electorado. Esto es castigado con entre dos meses y un año de prisión o multa. Calumniar a alguien a través de propaganda electoral o con fines publicitarios, imputándole falsamente un hecho tipificado como delito, también es punible con entre seis meses y dos años de prisión y multa.

El asiento de la desinformación sucede en un contexto de creciente polarización: Lula ganó las elecciones en 2002 y fue reelegido en 2006 con alta aceptación, pero la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 devastó el empleo y resintió la industria nacional. Tras las protestas de 2013, derivadas del alza de servicios como el transporte y el crecimiento del gasto público en eventos deportivos, Dilma Rousseff, presidente luego de Lula y de su mismo partido, fue destituida en 2016. El crecimiento de una nueva derecha en medio de otra crisis económica permitió un giro del poder encarnado en la controvertida administración Bolsonaro, desde 2019 hasta nuestros días.

Datos de la especialista brasileña en relaciones internacionales Paula Gomes refieren que, en esas elecciones de 2018 que dieron la victoria al ultraderechista, la desinformación se expresó más en formato de imágenes y la táctica más frecuente de su campaña fue difundir contenidos parcialmente verdaderos con aditivos falsos, para inducir al elector a equivocarse.

La observación electoral en Brasil registró en las pasadas presidenciales de 2018 ataques dirigidos a desacreditar las máquinas de votación electrónica y el sistema de votación electrónica, así como ofensas y amenazas a autoridades y servidores del órgano electoral.

El escenario preelectoral de este 2022 parece reeditar estrategias pasadas. Durante los últimos meses, Bolsonaro ha atacado las mismas máquinas de votación electrónica diciendo que están plagadas de fraude, aunque prácticamente no enseñe pruebas. También ha tachado a los funcionarios electorales de Brasil de estar, dice, alineados contra él. Ha insinuado que disputaría cualquier derrota, a menos que se realicen cambios en los procedimientos electorales. Ha llamado a los militares brasileños a su batalla. Y ha dicho a sus seguidores que se preparen para luchar, como enumera un análisis reciente de The New York Times.

Mientras que encuestas estiman que una quinta parte de los brasileños no confía en su sistema electoral, líderes de opinión, académicos y grupos empresariales se apresuran a publicar comunicados en los cuales se afirma que las elecciones de Brasil han servido de ejemplo en el mundo y que las máquinas de votación electrónica, así como la justicia electoral, han demostrado ser seguras y confiables. “En lugar de una fiesta cívica, estamos pasando por un momento de inmenso peligro para la normalidad democrática, de riesgo para las instituciones de la República y de insinuaciones de desprecio a los resultados de las elecciones”, alerta una de estas cartas.

El desarrollo de iniciativas participativas y transparentes que favorezcan una mayor comprensión del impacto que tienen la desinformación en los procesos electorales, así como el diseño de respuestas adecuadas a estos fenómenos, fue, precisamente, una de las primeras recomendaciones que expresó la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) luego de las más recientes elecciones presidenciales en Brasil.

¿Qué está haciendo el órgano electoral al respecto? Aquí algunas acciones: en 2017 constituyó un Consejo Asesor sobre Internet y Elecciones, en 2019 prohibió la contratación de envío masivo de mensajes digitales a electores, y desde 2020 habilitó el Programa de Enfrentamiento a la Desinformación y el sitio web para publicar informaciones chequeadas “Fato ou Boato” (realidad o rumor). El TSE afirma que para estas acciones ha involucrado a distintos actores, como medios de comunicación, instituciones gubernamentales, organizaciones políticas, periodistas y agencias de chequeo de noticias, plataformas digitales, empresas de telecomunicación y la sociedad civil.

¿Por qué esto es importante? Aunque la desinformación es un fenómeno observado en procesos electorales de muchos otros países, Brasil ha representado desafíos, luego de que la observación internacional reseñara el uso de sistemas encriptados para la divulgación masiva de desinformación. “La naturaleza de esta herramienta, un servicio de mensajería privada encriptada, hace que sea difícil combatir la propagación de noticias falsas”, decía la MOE-OEA en su informe del año 2018.

Pero otras debilidades también configuran el panorama electoral de la nación amazónica. En este sentido, la misma MOE-OEA también exhortó a ampliar la duración y el alcance de las pruebas que forman parte del test de seguridad pública que se realiza al sistema de votación electrónico; aumentar el personal y los recursos financieros con los que cuenta la unidad de fiscalización de fondos partidarios del Tribunal Superior Electoral, y establecer un régimen de sanciones para aquellos partidos que incumplan la cuota de financiamiento femenino.

En Brasil rige un sistema de cuotas según el cual por lo menos el 30 % de los candidatos en listas deben ser mujeres. En una decisión de 2018 el máximo tribunal electoral ordenó que las mujeres deben recibir la misma proporción de dineros públicos y de tiempo de emisión de propaganda en medios que sus homólogos masculinos.

Aunque en total son 12 los aspirantes inscritos a la presidencia, prácticamente todas las encuestas corean que el presidente-candidato Bolsonaro es segundo en intención de voto, detrás de Lula da Silva. Si ninguno se impusiera con más del 50 % de los votos el próximo 2 de octubre, habría segunda vuelta el día 30 del mismo mes. Desde 1998, no ha habido un presidente que gane en primera vuelta.

Agosto terminó con un encendido debate televisivo, una práctica muy común en otros países que contribuye a que el electorado tome mejores decisiones.

En Brasil y prácticamente en cualquier elección del mundo contemporáneo se alza el desafío de desalentar la práctica de la desinformación y, por el contrario, diseñar y aplicar acciones efectivas para promocionar el voto informado y consciente.

El 28 de agosto se celebró el primer debate en vivo entre seis de los principales candidatos | Fotografía de la agencia AP

🇧🇷 | ¿Por qué en Brasil aumenta el registro en el exterior?, y otras cuatro preguntas clave para entender su votación

1. ¿Cuántos brasileños en el exterior están habilitados para votar?

Son 697.078 personas aptas para votar en el extranjero. Otro récord, tras aumentar en 39 % el número de los electores en el exterior en relación con las presidenciales de 2018. Cálculos independientes, sin embargo, estiman la diáspora brasileña en más de 3.000.000 de nacionales. Este es otro caso donde existe una enorme brecha para el ejercicio de derechos político-electorales de ciudadanos residentes fuera de las fronteras nacionales.

Al igual que en el sistema venezolano, los brasileños en el exterior solo pueden votar para elecciones nacionales, como en estas presidenciales. Disponen de consulados en 181 ciudades del mundo, pero no solo de este tipo de sedes, a diferencia de nuestro sistema.

El Código Electoral de Brasil espera como condición para la creación de un colegio de votación en el exterior un número mínimo de 30 electores inscritos. Las misiones diplomáticas o consulares deben comunicar a los electores votantes en el exterior el horario y el local de la votación.

En esta oportunidad, los colegios electorales para la primera y segunda vuelta de votación funcionarán en las sedes de las embajadas, en sedes consulares o en locales en los cuales existan servicios del gobierno brasileño. Excepcionalmente, el Tribunal Superior Electoral podrá autorizar la instalación del colegio electoral fuera de estos locales, como informa la web del TSE.

En años electorales como este, los servicios electorales (inscripción, actualización de datos personales y/o dirección/mudanza de domicilio electoral) solamente podían ser requeridos hasta 151 días antes de la fecha de la elección, pues al término de este plazo el registro se cierra.

En 2018 el registro electoral también aumentó significativamente; en ese entonces, las autoridades esgrimieron tres motivos:

a) La ampliación del número de centros de votación en regiones con alta concentración de brasileños en ciudades que no poseen embajadas o consulados.

b) El registro de manera digital facilitó el proceso. Cuando se hacía con formularios de papel, necesitaban ser enviados en bolsas diplomáticas y el proceso podía tardar hasta seis meses.

c) La difusión del tema en las redes sociales.

2. ¿Cuántos ciudadanos componen el registro electoral?

Hay 156,4 millones de personas aptas para votar distribuidas en los 5.570 municipios del país. El dato supone un récord de electores, y un aumento del 6 % en relación con las presidenciales anteriores. Estos datos muestran que el voto de la diáspora en Brasil numéricamente no es demasiado relevante. Los casi 700 mil inscritos apenas sobrepasan el 0,4 % del registro y los 3 millones de potenciales electores el 2 %.

Visto por franjas etarias, uno de los aumentos más significativos de crecimiento del registro de electores se dio entre los jóvenes. ¿Cómo lo hicieron? El órgano electoral promueve desde 2015 la “Semana del Votante Joven”, que tiene como objetivo atraer a este grupo. La campaña nacional del 2022 contó con la colaboración de influenciadores digitales, clubes de fútbol, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.

3. Además de la fórmula presidente-vicepresidente, ¿qué elige Brasil?

Estamos ante unas elecciones generales, porque también se votará para elegir a los 27 gobernadores y vicegobernadores estadales, 27 senadores (un tercio del Senado Federal), 513 diputados federales y 1.059 diputados regionales. Quienes están en el extranjero solo elegirán presidente.

4. ¿Qué carácter tiene el sufragio?

En Brasil el voto es obligatorio para las personas mayores de 18 años (abstenerse expone a sanciones) y facultativo para los jóvenes entre 16 y 18, para los adultos mayores de 70 años y para los analfabetos.

5. ¿Cómo se vota?

El sistema de votación con urnas electrónicas está vigente en Brasil desde el año 1996. Cada partido político tiene un número específico al igual que cada uno de sus candidatos. A la hora de votar, en la pantalla aparece la foto y el número del candidato. Al terminar el proceso, el elector no recibe un comprobante físico o papeleta, como en Venezuela, sino que el resultado se da al terminar las votaciones, cuando se emite el boletín de la urna electrónica.

Dos ventajas de las e-urnas brasileras son la rapidez en los resultados y la eliminación de modalidades antiguas de fraude. Sin embargo, para minimizar otros riesgos se viene implementando la identificación biométrica (lo que popularmente en Venezuela conocemos como “captahuellas”) desde 2008.

Para esta elección, tres de cada cuatro electores (unos 118 millones) ya han realizado la identificación biométrica en el Tribunal Electoral, por lo tanto, serán identificados para votar a través de huellas dactilares; el resto sufragará sin biometría.


CNE ya tiene pendiente por abordar una propuesta de reglamento para voto en exterior

Edificio sede del CNE en el centro de Caracas | Fotografía de archivo de la agencia Reuters

El rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, dejó constancia el pasado 16 de agosto de haber consignado ante el pleno del Poder Electoral una propuesta concreta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior.

“Queda ahora a este organismo definir el momento para tratar tan importante asunto. Seguimos manos a la obra”, expresó Márquez en Twitter.

En entrevista radial concedida el 23 de agosto, avanzó que el reglamento es sencillo, pero que está bien detallado en cuanto al proceso que debe seguirse desde el registro, votación, escrutinio y totalización de votos en el exterior. Comentó que por los momentos no difundirán públicamente el texto, hasta que no inicien su discusión porque consideran que aborda un tema delicado.

Márquez opinó además que en el país se debe hacer una campaña de promoción para que los jóvenes se inscriban en el Registro Electoral. En este tema “hay mucho que hacer”, dijo.

En el OEV consideramos que el directorio del CNE debería abordar con suficiente antelación el tema del voto de los venezolanos en el exterior. El debate sobre la propuesta de reglamento consignada requiere tiempo, vistas las complejidades que implica y los desafíos por superar para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la mayor cantidad posible de migrantes. Este bono de tiempo desde ahora y hasta 2024 debe ser aprovechado, con la mayor voluntad política.

#NuestraVoz

Desde finales de abril pasado sigue vacante la rectoría dejada vacía por la ausencia definitiva de Tania D’Amelio, estando el directorio conformado actualmente por cuatro de cinco rectores principales. Las decisiones se toman por mayoría simple, pero votaciones controvertidas podrían derivar en empate con la composición actual.


Nueva Aula Electoral OEV remarca las tareas pendientes con el RE y el voto migrante

Ya está disponible en aulaelectoral.oevenezolano.org nuestra más reciente Aula Electoral OEV: la titulamos “Las tareas para poner al día el Registro Electoral y garantizar el voto migrante” y en ella nos paseamos por explicaciones sencillas sobre esa gran base de datos de los electores venezolanos, la historia y comportamiento del voto desde el exterior y las bases que hacen falta potenciar para que este asunto sea viable de cara al próximo ciclo electoral.

La lista de electores es el gran cartógrafo de un país. Como explicamos en esta Aula, la de Venezuela tiene un problema: millones de potenciales electores viven ahora en un punto, dentro o fuera del territorio nacional, pero siguen registrados en otro distante de su lugar actual de residencia… o ni siquiera se han inscrito. ¿Cómo actualizar nuestro RE?, ¿qué tanto pesa la migración en próximas votaciones?, son algunas de las grandes dudas que despejamos, a través de estas cuatro lecciones:

  • 1. Identidad y Registro: lograr que la mayoría tenga la posibilidad de decir ¡presente!
  • 2. Voto en el exterior: con una restricción hemos topado
  • 3. Emigrantes: la circunscripción electoral más grande
  • 4. Bases y condiciones para las soluciones
Una de las infografías de esta nueva aula, con información exclusiva recabada por el OEV

Nuestra Aula Electoral es una experiencia multimedia dotada de videos, audios e infografías que buscan elevar la comprensión de los contenidos que te compartimos. Un video-resumen al inicio sintetiza los aspectos fundamentales de nuestra exposición y con una prueba rápida al final podrás comprobar tus aprendizajes. Cursarla solo te tomará 45 minutos.


Chile se juega su futuro constitucional

https://twitter.com/ServelChile/status/1564705080879857668
Parte de la campaña de educación al votante del órgano electoral | Twitter

🇨🇱 | “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. A responder esta pregunta están convocados 15,1 millones de ciudadanos en el marco del plebiscito por una nueva Constitución en Chile, este 4 de septiembre.

Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una con la palabra “Apruebo” y la segunda con el vocablo “Rechazo”, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

A diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que votar es opcional, la participación en este plebiscito, también conocido como “de salida” por estar al final de proceso de una posible nueva carta magna, es obligatoria para todos los que tengan domicilio electoral en el país y habrá multas para quienes no se presenten a votar, apuntó un despacho de CNN.

Como recuerda el Servicio Electoral de Chile (Servel), el plebiscito constitucional es la última etapa del proceso iniciado en 2020, cuando otro plebiscito nacional decidió, con 78 % de apoyo, que se conformaría una Convención Constitucional para cambiar la actual Constitución Política, aprobada en 1980 en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Si gana el “Apruebo”, el texto producido por la Convención Constitucional se convertirá en la nueva Constitución, derogando a la actual. Si gana el “Rechazo”, seguirá vigente el actual texto.

Los electores que residen fuera de Chile y que estén habilitados para votar, podrán ejercer su derecho al voto. En su caso, el sufragio sigue siendo voluntario. Deben presentar su cédula de identidad o pasaporte, aunque estén vencidos desde el 1 de octubre de 2019.

Análisis describen un Chile dividido y diversas encuestas pronostican una ventaja del “Rechazo”.

#ElDatoOEV

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venezolanos pueden votar el 4 de septiembre en el plebiscito, de acuerdo con las disposiciones de la legislación electoral chilena. Se trata de la cuarta comunidad extranjera con mayor proporción de electores en el padrón definitivo de este proceso, solo superado por los migrantes de Perú, Colombia y Bolivia, en ese orden. En apenas dos años, entre 2020 y 2022, el número de los venezolanos con derecho a voto en Chile aumentó en 384 %, el segundo crecimiento porcentual más acentuado después de los haitianos, según las estadísticas del Servel.

En contraste con esta realidad, de los 107 mil venezolanos en el extranjero con derecho a voto en este momento en Venezuela, solo 2.076 están inscritos en Chile.


Recomendación al cierre

Mucho se comenta en los últimos días sobre el enfrentamiento entre la Iglesia católica y el gobierno de Nicaragua, señalado por distintos índices internacionales de tener uno de los menos competitivos y libres procesos electorales de la región. En este VIDEO DE BBC MUNDO puedes conocer tres claves de ese conflicto.

Primera quincena, agosto de 2022

Como mecanismo de salud democrática, no deben ser excluyentes. El tiempo y la motivación al electorado son importantes en un contexto de alta desinformación. En el pasado el CNE ha brindado apoyo técnico y logístico, pero el proceso ha transcurrido a la medida del solicitante. Se requiere un marco de respeto a la voluntad popular derivado de acuerdos políticos

Los presidenciables opositores de febrero de 2012 (arriba); primarias oficialistas de agosto de 2021 (abajo); una votante venezolana en jornada de elecciones regionales (derecha) | Fotografías de archivo

Las primarias constituyen un mecanismo saludable para los sistemas democráticos. Con una buena organización y bajo estándares de transparencia, contribuyen a organizar y calibrar las aspiraciones al poder político de las dirigencias y los liderazgos. Resultan válidas, por igual, tanto para la alianza política que ostenta la administración del Estado como para las coaliciones que aspiran hacerse con el poder de manera legítima en atención a principios constitucionales.

Cuando hablamos de primarias hablamos, sencillamente, de las elecciones que se hacen para seleccionar a un candidato para unas futuras elecciones. En este caso, hablaremos de la elección presidencial que debe celebrarse en Venezuela a finales de 2024.

Desde hace varios meses, la oposición política venezolana viene debatiendo, en público y en privado, el tema de las primarias; en la acera de enfrente, el oficialismo ha optado por congregar a su militancia de base en congresos y en renovar los equipos de trabajo. Unos y otros tienen desafíos de primer orden por delante.

Oficialismo: renovaciones

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recién anunció el comienzo, este mes de agosto, del proceso de renovación de todas las estructuras de esta organización. El proceso contempla asambleas promotoras informativas por calle para la elección de propulsores, asambleas para la elección de los liderazgos de calle, asambleas de elección de los equipos de las comunidades y la elección de los equipos de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh).

Del mismo modo, en Venezuela se están haciendo miles de elecciones vencidas de los consejos comunales en todo el país, indicó el rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, en entrevista el pasado 26 de julio. Al CNE le corresponde el acompañamiento, mientras que el registro le compete al Ministerio de Comunas. Ese acompañamiento se expresa en cursos en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) a los consejos comunales que se acerquen, para mostrarles cómo organizar la elección y suministrarles en calidad de préstamo un cotillón electoral.

Por su lado, el PSUV también informó el mes pasado que el 60% de los más de 49.000 consejos comunales del país están en proceso de renovación, lo que se ha traducido en 6.000 procesos de elecciones en los últimos dos meses.

Oposición: un diseño por resolver

A continuación, dibujaremos algunos de los dilemas más importantes que hacen parte del debate político-electoral opositor, muchos de los cuales todavía están por resolverse.

¿Quiénes participan?

El espectro político opositor es ciertamente amplio y diverso. En canales de opinión han surgido unas voces que hablan de limitar la participación a los factores del llamado G-4 o más recientemente Plataforma Unitaria, mientras otras son proclives a abrir el compás hacia todas las fracciones posibles que se autodefinan como no oficialistas.

Pareciera claro que unas buenas primarias no deben ser excluyentes. Antes bien, precisamente parte de su razón de ser es que dirigentes y líderes de diversas corrientes pueden aprovechar el mecanismo para pulsar preferencias, eso sí, sobre terrenos de juego lo más nivelados posibles en cuanto a condiciones y garantías.

Entre los diversos aspectos que forman parte de la discusión hay quien también se ha preguntado si estas primarias servirán solo para la carrera presidencial de 2024 o si también la oposición alineará intereses con candidaturas unitarias a gobernaciones y alcaldías para las elecciones regionales y locales constitucionalmente programadas para 2025, como ya ocurrió, por ejemplo, en 2012.

Otro dilema también relativo a la participación lo representa la inclusión o no de los venezolanos en el exterior en unas primarias, aunque sus datos no estén actualizados en el RE, así como las implicaciones que acarrearía que no fuesen incluidos.

¿Quién hace el arbitraje?

La organización de un proceso comicial primario se puede convertir, prácticamente, en el piso fundacional de su posterior credibilidad y legitimidad. En esto influyen factores objetivos, como la trazabilidad de las acciones y gestiones de la comisión que haga de árbitro, pero también factores más derivados del grado de confianza de los electores.

Dentro de esta discusión entra el asunto del debatido apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. El CNE no solo tiene la experticia técnica y la infraestructura material para encarar este asunto, sino que ya lo ha hecho exitosamente en el pasado. Como se recordará, la auditoría de expertos académicos de 2021 demostró que el sistema automatizado de votación funciona bien y, cuando se intenta forzar la voluntad popular, arroja las alarmas necesarias para visibilizarlo.

Todo lo anterior debe tomar en cuenta que la administración electoral ya cuenta con una capacidad tecnológica lo cual, desde el punto de vista presupuestario, también rebajaría costos.

“Los partidos políticos no están obligados a utilizar el CNE para hacer sus primarias (…) El CNE está allí disponible y dispuesto para recibir cualquier solicitud de la parte interesada”, comentó, sobre este tema, el rector principal Enrique Márquez en entrevista radial.

La participación del CNE en unas primarias de cualquier partido o coalición solo consistiría en un apoyo técnico y tecnológico, expresado básicamente en la programación de las máquinas de votación automatizada con las distintas opciones, el cómputo de los votos y la totalización de las mesas, pero nunca organizando el proceso. Es la comisión de primarias del partido o la coalición la que selecciona los centros de votación, revisa y publica el registro electoral, tiene los miembros de mesa y publica los resultados. Es decir, para las elecciones primarias opositoras la comisión especialmente seleccionada para tal fin tendría el control político de todo el proceso.

Como profundizaremos más adelante en esta nota, las elecciones primarias de la oposición del año 2012 contaron con el apoyo técnico del CNE y, al mismo tiempo, con el manejo político de la coalición opositora, entonces denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD). Una fórmula que, entonces como ahora, puede funcionar.

¿Cuándo hacerlas?

Dar con el tiempo político y el tiempo técnico adecuados para la celebración de unas primarias es otro factor importantísimo. Como en todo cronograma electoral, el de unas primarias debería equilibrar bien los lapsos de manera que los actores y los electores interesados en participar cuenten con suficiente chance para conocer y empaparse tanto del proceso como de la metodología de participación y de las propuestas de los aspirantes.

Si nos guiamos por los períodos constitucionales y por la tradición electoral, las próximas elecciones presidenciales deberían celebrarse a finales del año 2024. Cualquier atajo o cambio de seña impuesto por poderes fácticos resultaría muy nocivo y contraproducente para la ruta de soluciones pacíficas, democráticas y electorales a la compleja crisis venezolana. Con base en ese referente temporal, las primarias deberían tener cita alrededor de un año antes de la elección.

¿Una o dos vueltas?

No ha sucedido antes en Venezuela, porque, con el antecedente de las primarias opositoras de 2012 la diferencia entre el primer y el segundo puesto fue lo suficientemente amplia como para demostrar una tendencia clara, pero otro de los puntos que también algunos han puesto sobre la mesa es la posibilidad de establecer un balotaje entre los dos precandidatos más votados en la primera vuelta.

Las segundas vueltas electorales, por un lado, clarifican y tamizan el paisaje inicial de intenciones y, por otra parte, contribuyen a que la persona nominada goce de mayores consensos dentro del sector político que representa.

La realización, sin embargo, de un proceso de primarias con doble vuelta incrementaría sustancialmente sus costos.

Comienza también a asomarse la propuesta de una tercera modalidad mediante la cual el elector tendría la posibilidad de expresar una selección múltiple con primera, segunda y hasta tercera opción de preferencia entre los candidatos postulados.

¿Transparentes o no auditables?

Un rasgo que define los procesos electorales en Venezuela es que alguna parte del universo electoral desconfía del sistema y de su administración. Sobre la base de esta realidad, que continúan reflejando los estudios de opinión, unas elecciones primarias deberían blindarse lo suficiente como para generar confianza sobre toda o la mayor parte posible del sector político-partidista que las convoca.

La probidad de la comisión electoral, la auditabilidad de las distintas fases y componentes del proceso, la generación continua de información oportuna y veraz, la apertura a la crítica, el trato igualitario a las distintas opciones y, sobre todo, la transparencia en la votación, el conteo, la totalización de votos, adjudicación y proclamación del ganador son factores que, bien dispuestos en una caja de cristal, deberían estar siempre a la vista de toda la sociedad, incluso la que adversa esa propuesta.

¿Quién y cómo se financian?

La pregunta se la hizo en un hilo de Twitter el periodista dedicado a la política y a las elecciones Eugenio Martínez. Enumeró tres opciones: repetir el esquema de 2012, cuando cada uno de los presidenciables tuvo que desembolsar dinero y en total esas primarias costaron BsF 21 millones o $ 4,9 millones; repetir el esquema organizativo de la consulta de 2020, cuando el costo de las primarias fue asumido por programas de cooperación internacional, o emplear una licencia OFAC para utilizar fondos que controla el llamado interinato para pagar las primarias.

Martínez consideró la primera opción como el único referente serio sobre el tema y tachó las últimas dos opciones como inaceptables y como ejemplo de lo que no se debe hacer. “Así como se critica que el chavismo use los recursos del Estado para su partido, debe criticarse que la oposición haga lo propio”, tuiteó el pasado 22 de julio.

¿Respetadas o con inhabilitaciones?

El camino no acaba cuando unas primarias eventualmente diluciden una posible candidatura unitaria. Lo que en política se conoce coloquialmente como “ganar y cobrar”, es decir, como la posibilidad de ejercer las consecuencias legítimas de la victoria, es otra pieza de este engranaje. En este caso, hablamos de la garantía del derecho a ser elegido y, para ello, a ser postulado a cargos de elección popular.

El más reciente proceso electoral de 2021 exhibió casos injustificables de candidatos inhabilitados políticamente por aparente motivación partidista. Una garantía que volvió a desnivelar el terreno de juego. Una violación a los debidos procesos establecidos en la legislación.

De lo anterior se desprende la necesidad de que la mesa de negociación y acuerdos que debería instalarse entre gobierno y oposición incorpore, entre otros aspectos del tema electoral, el respeto absoluto a la voluntad popular que expresen las plataformas, alianzas y coaliciones que participen en la carrera electoral, erradicando la nociva y arbitraria práctica de las inhabilitaciones administrativas.

¿Qué ha dicho el árbitro?

Ni la presidencia del CNE ni el directorio, compuesto actualmente por cuatro de cinco rectores tras más de 100 días de vacancia de la rectoría de Tania D’Amelio, han emitido comentarios sobre unas primarias opositoras. Solo se sabe que los equipos bajo la supervisión de las rectorías de Roberto Picón y Enrique Márquez trabajan en dos proyectos que marchan en paralelo: el voto de venezolanos en el exterior y la asistencia técnica a un eventual proceso de primarias de la oposición.

En cuanto a las primarias, Picón expresó por Twitter el pasado 9 de agosto que han sostenido reuniones con actores políticos para revisar experiencias en las cuales el CNE prestó asistencia técnica a las organizaciones solicitantes, con base en sus propuestas de cargos a elegir y distribución geográfica de centros de votación. “Queda de parte de los actores políticos hacer la solicitud y los planteamientos técnicos correspondientes”.

Lo que se sabe hasta ahora

En una declaración fechada el pasado 28 de junio de 2022 en Caracas, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela oficialmente comunicó unas primeras ideas formales encaminadas a la celebración de unas primarias. De ese texto extraemos que:

  • 1. Proponen una elección primaria para seleccionar al candidato o candidata de la alianza opositora para las próximas elecciones presidenciales.
  • 2. Definirán la fecha de la primaria antes de finalizar el 2022, y su realización se producirá durante el año 2023.
  • 3. Prometen un proceso “transparente, amplio e incluyente para todos los que de manera inequívoca han demostrado un compromiso” con la democracia.
  • 4. Avanzan que la dirección de este proceso la ejecutará una “Comisión Electoral Nacional de Primarias”, integrada por personas “honorables y con credibilidad”.
  • 5. Delegan sobre esa Comisión Electoral Nacional de Primarias la responsabilidad de “decidir si solicitan apoyo técnico y logístico a organizaciones nacionales o internacionales”.
  • 6. Defienden el derecho de todos los venezolanos mayores de 18 años a votar en cualquier lugar donde se encuentren. Para ello instalaron una Comisión Técnica de Primarias.
  • 7. Prometen foros, asambleas y consultas sectoriales para aprobar unas normas con consenso y factibilidad técnica.

Hace una década, el principal antecedente

El 12 de febrero de 2012, ocho meses antes de las votaciones de ese año, las principales fuerzas de la oposición política determinaron en elecciones primarias que Henrique Capriles sería su abanderado unitario para la carrera presidencial. Cinco precandidatos sometieron sus nombres a la voluntad popular, con apoyo técnico y logístico del CNE.

Con más de 3 millones de votantes, equivalentes a más de 17% del Registro Electoral, en este proceso pudo participar cualquier venezolano mayor de 18 años de edad inscrito en el RE.

Con miras a las elecciones regionales y municipales que seguían en el calendario, ese proceso también sirvió para unificar candidaturas opositoras a las gobernaciones y alcaldías en las cuales los factores partidistas no llegaron a consenso.

El CNE autorizó entonces habilitar 3.707 centros de votación propuestos por la comisión opositora en todo el país y 7.691 mesas electorales. También se podía votar en más de 80 ciudades de 31 países. No estuvieron exentas de polémicas por el tema del aporte de recursos para ayudar a cubrir los gastos operativos.

Se estableció que los resultados de la votación serían entregados por el CNE a la Comisión Electoral de la MUD cuando se hubiese escrutado el 95% de los votos de las mesas automatizadas. Luego, la comisión sumaría los sufragios de los centros de votación manuales y los votos del exterior, y daría los resultados públicamente. Estas primarias fueron, en resumen, fuente de legitimidad para la candidatura única opositora.

Dos días después de la votación, instancias judiciales ordenaron a la MUD que entregaran los cuadernos de votación para revisarlos,​ bajo el supuesto de que algunos candidatos y sectores habían calificado de “fraudulento” el número de votantes. El TSJ había declarado dos años antes que los datos de los cuadernos electorales son confidenciales. Los cuadernos solicitados fueron quemados por la MUD para garantizar la confidencialidad de los datos y evitar así que se repitieran casos de discriminación política como los ocurridos con la llamada “Lista Tascón” contentiva de los solicitantes del referendo revocatorio presidencial realizado en 2004.

El 17 de mayo de 2015 también la oposición política celebró primarias en 12 de las 24 entidades para elegir candidatos a los comicios parlamentarios de ese año. Antes, en 2008, la oposición en el Táchira eligió mediante primarias a sus abanderados a la gobernación y las alcaldías. En ambos casos, también contó con apoyo técnico y logístico del CNE.

El oficialismo ha recurrido igualmente a primarias abiertas para unificar candidaturas únicamente en ámbitos regionales, municipales y legislativos, nunca para la primera magistratura nacional. La vez más reciente fue en agosto de 2021, con miras a las regionales y municipales de noviembre, con más de 3,5 millones de electores participantes. En el pasado el partido de gobierno empleó este mecanismo, por ejemplo, de cara a las regionales de 2008 o a las parlamentarias de 2010.

Para concluir este inventario descriptivo de los dilemas de unas primarias rumbo al 2024, apuntaremos que, al final del día, el nivel de participación ciudadana dependerá grandemente de lo que los actores políticos hagan o dejen de hacer desde ahora y hasta la celebración del anunciado proceso.


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