Dándole la espalda al país, el Presidente Maduro presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Lo hizo soslayando la gravedad de la crisis nacional, asomando su propuesta como una solución cuando, en realidad y como ha sido dicho hasta la saciedad desde los más diversos sectores de la sociedad venezolana, contribuye más bien a empeorarla.
El CNE atiende con rapidez la iniciativa presidencial
Con una rapidez que contrasta abiertamente con las demoras observadas en otras ocasiones y dejando mal parada su imparcialidad como árbitro, el CNE respondió a la propuesta presidencial apenas pocas horas después de haber sido entregada en manos de su Presidenta, quien declaró que la misma “cumplía con lo establecido en la Constitución”, al tiempo que instruía a la Junta Nacional Electoral para que planteara en las próximas horas el cronograma referido a la elección de la ANC, pautada para finales del mes de julio del presente año, sin siquiera mencionar la obligación democrática de acudir a la consulta popular a fin de aprobar la convocatoria.
Las bases comiciales son excluyentes
En el documento entregado a las autoridades del Poder Electoral se encuentran incluidas, como es sabido, las Bases Comiciales presentadas por el Presidente, las cuales constituyen una evidente violación de las reglas democráticas, entre ellas usurpar la soberanía popular, dividir a la ciudadanía en sectores o corporaciones arbitrariamente seleccionados, descartar el principio democrático “un elector, un voto de igual peso” o proponer que cada municipio elija a un constituyentista independientemente de su significado poblacional respecto al total de la Nación. Se trata de una propuesta armada alrededor de un registro electoral amañado e imposible de auditar, que busca sobre representar el peso político del oficialismo, con el propósito de tener un escenario seguro en el que se apruebe la Constitución de acuerdo al dibujo previo elaborado a partir del interés gubernamental.
Producto de lo anteriormente dicho, la Constitución resultante sería difícilmente reconocida como el contrato social que suscriben todos los venezolanos, opinando en condiciones de igualdad. Sería, por el contrario, un texto pensado y suscrito desde una minoría política.
Los comicios regionales
La Presidenta del CNE informó, además, que las injustificadamente diferidas elecciones regionales se llevarían a cabo el 10 de diciembre del año en curso. Cabe advertir en este sentido, que tal anuncio debe tomarse como provisional, pues las mismas podrían ser postergadas por la ANC hasta que no se redacte un nuevo texto constitucional. Y por otro lado, indicar, además, que la significación de tales comicios puede variar abiertamente si se aprueba la Carta Magna diseñada por el Presidente Maduro, uno de cuyo objetivos es el re-ordenamiento del estado venezolano, lo cual podría generar la reducción de las funciones de los gobernadores, e igualmente la de los miembros de las Asambleas Legislativas.
Finalmente, cabe llamar la atención sobre el hecho de que el CNE no menciona en absoluto los comicios para designar alcaldes.
La responsabilidad del CNE
El OEV reitera lo que ha manifestado en diversas ocasiones en el sentido de objetar la elección de la ANC al considerarla inconveniente e inoportuna, expresión de una iniciativa desentendida de los agudos problemas por los que atraviesa el país y que no ayuda para nada a disipar los escenarios de violencia que amenazan la convivencia nacional. Y sería muy grave que, encima de lo dicho, se hiciera contraviniendo las normas legales y los preceptos esenciales que rigen la vida democrática.
En el contexto descrito, el CNE tiene una enorme, ineludible e histórica responsabilidad. Ojalá sepa estar a la altura de las circunstancias.
Caracas, 24 de mayo de 2017
