Mes: febrero 2020

Luis E. Lander[1]

Estudios de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos desearían que la solución de la aguda crisis que padece el país pueda alcanzarse pacíficamente, minimizando hechos de violencia y evitando costos en vidas humanas. Superar la crisis sin violencia habrá de pasar por someter a consulta, mediante diálogos y acuerdos, los caminos a seguir en el futuro próximo, conducentes a un proceso electoral respetado y reconocido por las mayorías, principalmente nacionales, pero también por la comunidad internacional. Unas elecciones que, en definitiva, puedan catalogarse como unas buenas elecciones.

Avanzar en esta ruta, sin embargo, no ha estado exento de obstáculos. Episodios recientes son terribles muestra de ello. En el pasado mes de octubre de 2019 se cumplió un año del fallecimiento del concejal de Primero Justicia Fernando Albán, muerte que se produjo estando él bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). A pocos días de finalizada la visita de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, el país fue estremecido por el fallecimiento del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio de 2019, quien llevaba una semana detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Muerte que se produce como resultado de los severos maltratos físicos sufridos estando el Capitán detenido. Sin haber digerido ese impacto, el primero de julio de 2019 se divulgó la noticia de acciones represivas en Táriba, estado Táchira, donde Rufo Antonio Chacón, de apenas dieciséis años, perdió la vista al recibir el impacto de perdigones disparados a corta distancia por un funcionario de la policía de ese estado. Hechos que reafirman, como reiteradamente han denunciado organizaciones defensoras de DDHH, lo que parece ser un patrón recurrente de abusos del Estado para confrontar a quienes protesten o disientan del gobierno.studios de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos desearían que la solución de la aguda crisis que padece el país pueda alcanzarse pacíficamente, minimizando hechos de violencia y evitando costos en vidas humanas. Superar la crisis sin violencia habrá de pasar por someter a consulta, mediante diálogos y acuerdos, los caminos a seguir en el futuro próximo, conducentes a un proceso electoral respetado y reconocido por las mayorías, principalmente nacionales, pero también por la comunidad internacional. Unas elecciones que, en definitiva, puedan catalogarse como unas buenas elecciones.

Obstáculos como los señalados no deberían, sin embargo, apartarnos del empeño en perseverar en la vía que busca resolver la crisis en paz. Es imperioso salir de esta calamitosa situación acordando entre todos, gobierno y oposición, partidos políticos oficialistas y opositores, organizaciones sociales de muy diversos tipos, trabajadores y empresarios, ciudadanos en general, condiciones civilizadas de convivencia en un mismo territorio que nos es común. Acuerdos que deben contemplar, también, la realización de unas elecciones en condiciones que inspiren confianza a las mayorías. Una buena elección podría contribuir a salir del actual atolladero, siendo que, como ya sabemos por experiencias, unas malas elecciones, por el contrario, pueden muy bien profundizarlo.

Desde 1998 se han realizado en Venezuela 31 procesos electorales, 6 presidenciales, 5 legislativas, 7 regionales, 6 municipales, 2 para asambleas constituyentes y 5 referendos. Elecciones que, por sus resultados, han servido al oficialismo para argumentar que goza de legitimidad de origen. Han tenido todas esas elecciones una característica que les es común: elecciones en la cuales ha predominado una muy marcada polarización. Si bien es frecuente en democracias del mundo que elecciones presidenciales deriven en confrontaciones polarizadas, no lo es tanto en elecciones legislativas, regionales o locales. Salvo la elección presidencial de mayo de 2018, en las 5 presidenciales restantes la concentración de votos entre el candidato oficialista y el principal opositor alcanzaron más del 96% de los votos. Y la elección del 20 de mayo de 2018 se realizó en condiciones particulares que la llevó a ser la elección presidencial que tuvo, desde que en Venezuela se elige al Presidente mediante sufragio universal, directo y secreto, el mayor porcentaje de abstención, 55%. Fue una elección que por el número de irregularidades registradas y debidamente documentadas (ver OEV: Informe de observación Elección de Presidente y Consejos Legislativos parte I y parte II) sus resultados fueron desconocidos por buena parte de los electores, no asistiendo a ellas o denunciando al final de la misma jornada irregularidades cometidas.

Pero la polarización no sólo se ha presentado en elecciones presidenciales, ha sido común en la mayoría de ellas. En las parlamentarias de 2015 la concentración de votos entre las dos principales alianzas alcanzó el 97% de los votos, y en las municipales de 2013 y 2018, por citar otro par de ejemplos, la concentración de votos fue de 92% en la primera y de 97% en la segunda. Esta fuerte polarización es una muestra de la lógica plebiscitaria dominante en prácticamente la totalidad de las elecciones realizadas en el país desde 1998. Lógica según la cual resulta irrelevante el objeto concreto de cada elección, los electores han terminado bipolarmente expresando su apoyo o rechazo al régimen político vigente. Lógica que termina degradando la calidad de la democracia, deteriorando incuestionablemente el nivel del debate político nacional reduciéndolo a opciones dicotómicas sin matices.

Pero regresemos a lo formulado al inicio de este texto, ¿qué debemos entender por unas buenas elecciones? En primer lugar, como ya se sugirió y dado el contexto político social en que vivimos, una buena elección debería estar precedida de un acuerdo nacional entre los principales actores políticos y sociales del país, resultado de procesos incluyentes de diálogo y negociación, que establezcan con meridiana claridad las condiciones de esas venideras elecciones. Igualmente claras deben estar explícitas en el acuerdo las garantías a futuro para todos los actores. Por eso, además de los aspectos técnicos y operativos involucrados en la organización de todo proceso electoral, y que deben ser atendidos satisfactoriamente, alcanzar la anhelada meta de realizar unas buenas elecciones tendrá que ser el resultado de un complejo, pero posible, proceso político.

Para lograr una buena elección (libres, trasparentes y equitativas), que inspire confianza y cuyos resultados sean reconocidos por la mayoría, nacional e internacionalmente, hay varios aspectos de nuestro sistema electoral actual que deben ser revisados, para alcanzar indispensables consensos. Y los resultados de esas revisiones deben ser ampliamente divulgados para ir construyendo la necesaria confianza requerida para que efectivamente sean unas buenas elecciones. Sobre todo las elecciones más recientes, dadas las múltiples irregularidades registradas y denunciadas sobre ellas, han socavado la confianza en el sufragio como herramienta de la ciudadanía para intervenir en la definición de los destinos del país. Recuperar, al menos en parte, esa confianza perdida resulta de vital importancia. Han sido numerosos los encuentros y debates realizados en distintos espacios, con la participación de muchos, y que han tenido por propósito delinear las cuestiones más relevantes de nuestro sistema electoral que deben ser atendidos en procura de lograr las condiciones para una buena elección. Varios de esos encuentros han contado con la participación y/o promoción de la Asamblea Nacional. En las líneas que siguen se van a señalar los aspectos más relevantes de ese sistema (proceso electoral equitativo; sistema trasparente de votación; libertad para el ejercicio del sufragio) apuntando, además, a posibles soluciones.

1. Proceso electoral equitativo

1.1. Arbitraje electoral imparcial

Un estudio de la empresa Delphos (2019) indicó que la principal fuente de desconfianza en el sistema electoral es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desafortunadamente la autoridad electoral ha mostrado, de manera creciente, un comportamiento sesgado y no imparcial. Son muchos los ejemplos que podrían traerse a colación para respaldar esta que podría parecer temeraria afirmación, pero con el CNE además, como con todo árbitro, no basta con que sea imparcial, no sesgado, honesto en sus dictámenes, sino que debe parecerlo. Y es innegable que a muchos, desgraciadamente demasiados, les parece que el actual CNE no es imparcial. Mejorar la imparcialidad del Poder Electoral, reestructurándolo desde sus más altas autoridades para abajo, resulta entonces crucial para lograr unas buenas elecciones. Y es indispensable, para que esa reestructuración sea aceptada y positivamente reconocida por los principales actores políticos y por la mayoría de los electores, que ella sea resultado de amplios acuerdos políticos. Ya en un acuerdo firmado en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, entre representantes del gobierno y de partidos opositores minoritarios, se anunció a finales de 2019 la reestructuración del Poder Electoral. Pasadas semanas de esa firma, esa promesa todavía no se materializa y, de materializarse sin conseguir más adherentes, seguramente no concitará lo que debería ser objetivo de esa reestructuración: un Poder Electoral imparcial que cuente con la confianza de la mayoría de los electores.

Pero también desafortunadamente, porque ellos hacen más difícil su superación, no es el CNE lo único que en Venezuela actúa como árbitro electoral. De manera igualmente creciente otras instituciones del Estado indebidamente se inmiscuyen en decisiones electorales, sin que sean de su competencia, usurpando funciones que constitucionalmente están restringidas al Poder Electoral, violentando con ello su independencia y autonomía (art. 294 de la Constitución). La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), además de su muy cuestionada legitimidad de origen, desde su instalación ha inducido al CNE a convocar elecciones, siempre de manera apresurada, usurpando funciones que, por ley, están reservadas al CNE (art. 293.5 de la Constitución y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales). Para citar un par de ejemplos. La primera quincena de agosto de 2017, recién instalada, la ANC convocó elecciones de gobernadores, que luego el CNE formalizó para el 15 de octubre de 2017. Cosa similar ocurrió con la elección presidencial de 2018. En acto conmemorativo del 23 de enero, la ANC decretó que la elección presidencial debía hacerse en el primer cuatrimestre de ese mismo año. Nuevamente el CNE formalizó esa decisión fijándolas inicialmente para el 22 de abril, posponiéndolas luego para el 20 de mayo. Elecciones hechas a la carrera dificultan la adecuada realización de las tareas técnico-organizativas necesarias, pero, sobre todo, violentan los tiempos políticos indispensables para una participación democrática y equitativa de todos.

La intromisión de la ANC no se limita a usurpar funciones del CNE. Luego de la elección de alcaldes en diciembre de 2017, gracias a un comentario de Nicolás Maduro sugiriendo que los partidos que no hubiesen postulado candidatos para esas elecciones deberían ser inhabilitados, la ANC convirtió esa sugerencia en ley, que tuvo además efecto retroactivo. Sin estar vigente para el momento de la elección, los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) fueron inhabilitados estando por ello impedidos de postular candidato para la elección presidencial del 20 de mayo. Desmontar o al menos coartar las acciones de la ANC en temas electorales, debería también formar parte de los acuerdos anhelados.

También han incursionado en el terreno electoral otras instituciones del Estado abonando la desconfianza en el sufragio como herramienta para dirimir controversias. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Sistema de Justicia en su conjunto han dictado sentencias que afectan las elecciones y sus resultados. El estado Amazonas y la circunscripción indígena sur, por ejemplo, por decisión de la Sala Electoral del TSJ, apenas dos semanas después de la elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, no tiene representación ante la Asamblea Nacional, situación que no ha sido todavía resulta, estando corriendo ya el último año del actual período legislativo. La misma AN ha sido declarada en desacato por la Sala Constitucional del TSJ, desconociendo el mandato popular expresado en la elección del 6 de diciembre de 2015. Otro ejemplo: varias sentencias prácticamente simultáneas emitidas por tribunales penales de primera instancia, sin competencia electoral, dieron pie para que en octubre de 2016 el CNE suspendiera el proceso conducente a la convocatoria de un referendo revocatorio presidencial contemplado en el art. 72 de la Constitución. También el Poder Ciudadano, principalmente por vía de la Contraloría General de la República, mediante decisiones administrativas ha inhabilitado potenciales candidatos cercenándoles sus derechos políticos.

1.2. Convocatoria con tiempo

Se ha convertido últimamente en un patrón regular en Venezuela que las elecciones sean convocadas con extremada premura. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) en agosto de 2009, se le dio al CNE discrecionalidad plena para fijar la fecha de cualquier elección, sin restricción alguna en cuanto a lapsos por respetar. La anterior ley, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (Lospp, mayo 1998), establecía en su artículo 152 que el CNE debía fijar la fecha de una elección con al menos 6 meses de anticipación mediante convocatoria pública. Esos tiempos no son caprichosos. Organizar un proceso electoral es complejo. Como puede verse en cronogramas publicados por el propio CNE, normalmente ellos contemplan más de cien actividades, que para cumplirse cabalmente requieren tiempo. Muchas de las irregularidades registradas en elecciones recientes por organizaciones nacionales de observación electoral (ver informes Observatorio Electoral Venezolano OEV), tienen en la falta de tiempo una de sus principales causas. Además, para una buena elección respetar los tiempos políticos es indispensable. Los actores requieren tiempo para armar alianzas, escoger candidatos mediante procedimientos democráticos, difundir sus propuestas, adiestrar testigos. Igualmente los electores necesitan tiempo para conocer y procesar las propuestas presentadas y poder votar responsablemente, alejándose de la dinámica castrante de la lógica plebiscitaria. Toda convocatoria debe además estar acompañada, en el mismo acto de su anuncio, de la publicación del cronograma correspondiente (art. 42 Lopre), detallando las actividades a realizar hasta llegar a la jornada electoral misma, cosa que en varias de las elecciones recientes no se ha cumplido a cabalidad.

1.3. Observación nacional e internacional

Dada la desconfianza que hoy existe sobre el sistema electoral, garantizar la participación amplia y sin restricciones de grupos nacionales e internacionales de observación electoral puede contribuir a ganar mayores grados de confianza. Lejos de ser redundantes, ambos tipos de observación, la nacional y la internacional, se complementan. Los nacionales tienen un mayor conocimiento de la realidad del país, mientras que los internacionales pueden aportar mayor reconocimiento ante la comunidad internacional de naciones. La observación electoral se ha ido convirtiendo en un ingrediente de relevancia creciente para que los electores, y la comunidad internacional, puedan confiar o, por el contrario, rechazar o cuestionar los resultados de una elección a partir de diversas evaluaciones provenientes de fuentes independientes.

1.4. Campaña equitativa

Un proceso electoral confiable debe garantizar la posibilidad de una campaña lo más equitativa posible. A la luz de nuestras experiencias recientes, esto significa varias cosas conducentes a minimizar el abuso oficial. No es un fenómeno que ocurra únicamente en Venezuela, pero aquí hemos sido testigos del uso indiscriminado de recursos públicos en favor de unos candidatos, los medios públicos de comunicación fuertemente sesgados, la participación directa de funcionarios públicos, incluido el presidente, promoviendo opciones electorales mientras cumplen actividades correspondientes a sus cargos. Campañas más equitativas deben garantizar mayores equilibrios en el acceso a medios públicos y privados de comunicación.

2. Sistema trasparente de votación

La erosión de la confianza en el sufragio ha reactivado debates que parecían superados en Venezuela. Es la controversia entre el sistema manual y el automatizado de votación. Ambos han mostrado que son susceptibles a alteraciones fraudulentas. La controversia debería centrarse en las vulnerabilidades de ambos sistemas y las vías para minimizarlas. En Venezuela, producto de fallas persistentes con el sistema manual y gracias a avances tecnológicos, a fines del pasado siglo el sistema electoral comenzó a automatizarse. Una automatización que, cuando se han seguido los protocolos, ha arrojados resultados satisfactorios. Debilidades y vulnerabilidades recientes, inductoras de grados crecientes de desconfianza, son producto de inconsistencias, en casos de manera consiente y deliberada, en la implementación del sistema. Recuperar el correcto funcionamiento del sistema automatizado pasa por recuperar plenamente los protocolos que acompañan a este tipo de sistemas.

2.1. Auditorías técnicas del sistema automatizado antes y después de la elección

Parte de esos protocolos son las auditorías técnicas a los distintos componentes de sistema: dispositivos biométricos de identificación; máquinas de votación tanto en su funcionamiento físico, como en los programas que le permiten registrar los votos, sumarlos y trasmitirlos; los sistemas de trasmisión de datos, hasta llegar a los servidores últimos donde se realiza la totalización definitiva. Estas auditorías tienen básicamente dos funciones. La primera es verificar y poner a tono todo el sistema para garantizar que el día de la jornada electoral funcione bien. La segunda, tan importante como la anterior, es generar confianza entre los distintos actores participantes, ya que, si las auditorías se hacen bien, son técnicos designados por ellos quienes ejecutan esa importante función.

2.2. Auditorías ciudadanas sin restricciones

Para el elector común, sin embargo, el funcionamiento del sistema automatizado de votación puede ser un misterio, generando por tantas desconfianzas. Una caja negra que recibe votos y arroja resultados, sin que se sepa lo que ocurre entre el primer acto, el voto, y el último, los resultados finales totalizados. El CNE ha diseñado un procedimiento, las llamadas auditorías ciudadanas que, desafortunadamente, no en todos los centros ni en todas las elecciones se ha cumplido a cabalidad. Recuperar en el elector la confianza en el sufragio requiere que esas auditorías ciudadanas sean conocidas por los electores antes de la jornada y garantizar que ese día se cumplan a cabalidad. El primer paso es el comprobante físico que emite la máquina que le permite al elector verificar si se corresponde con su voto. Ese comprobante es depositado en una caja de resguardo para, en un segundo paso y luego de una selección aleatoria de las máquinas a verificar en un determinado centro de votación, se cuentan manualmente las papeletas correspondientes para contrastar esta nueva cifra obtenida con la que aparece en el acta impresa por la misma máquina. Por último, y como tercer paso, el CNE debe publicar los resultados discriminados hasta nivel de mesa de votación. Ello permite que si un elector anota los resultados de su mesa en el momento del escrutinio, puede luego verificar que esos resultados sean idénticos a los introducidos en la totalización. Es un procedimiento aprovechado también por los distintos participantes para corroborar resultados y detectar, si hubo, cualquier irregularidad. Fue usado, por ejemplo, para sustentar el recurso interpuesto por Andrés Velásquez en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017.

2.3. Revisión y actualización del Registro Electoral (RE) dentro y fuera del país

Analistas del tema han sostenido que el Registro Electoral está seriamente rezagado, principalmente por la no incorporación de nuevos potenciales electores. Para las elecciones más recientes el CNE no ha hecho el esfuerzo necesario, en promoción y en infraestructura disponible, para facilitar que esos nuevos potenciales electores puedan inscribirse. Según estimaciones, la cifra de potenciales electores no registrados supera el millón. A esto se añade un fenómeno, que por su cuantía, es novedoso para elecciones venezolanas. La legislación electoral vigente permite que los venezolanos residentes fuera del país puedan votar en elecciones nacionales. Aunque no hay un censo certero del número de venezolanos migrados, cifras recientes hablan de cinco millones y medio de personas. A principios de septiembre de 2019 la Alta Comisionada para DDHH, Michelle Bachelet, declaró que la ONU estima la cifra de migrantes venezolanos en 4.307.930. De ellos un poco más de dos millones y medio podrían cumplir con los requisitos para votar. Pero en el registro electoral de residentes en el exterior están hoy inscritos poco más de cien mil. Por notables diferencias en la calidad de la prestación de servicios públicos (luz, agua, trasporte) entre diferentes regiones del país, más recientemente se están incrementando las migraciones internas. El Registro Electoral debe así mismo atender a las actualizaciones de esos electores.

2.4. Miembros de juntas y de mesas sorteados, notificados y capacitados

La legislación electoral vigente contempla un mecanismo que, de aplicarse adecuadamente, garantiza que los integrantes de las juntas electorales regionales y municipales, así como de las mesas electorales, estén integrados de manera plural sin sesgo político predeterminado. Pero para que eso se cumpla, el sorteo debe ocurrir de manera pública y debe hacerse el esfuerzo para que los seleccionados sean debidamente notificados. La autoridad electoral debe además facilitar las condiciones para que los seleccionados y notificados sean debidamente capacitados para que puedan cumplir satisfactoriamente con el servicio electoral. En las elecciones más recientes, si bien la selección aleatoria en general estuvo bien hecha, la notificación y posterior capacitación ha presentado múltiples fallas, derivando en muchas mesas por constituirse con miembros accidentales escogidos de los electores en cola, que carecen de la necesaria capacitación. Es práctica recurrente de partidos políticos instruir a militantes suyos para que estén al principio de la fila para poder ser seleccionados y actuar en la mesa sesgadamente.

2.5. Testigos de los actores participantes en todas las fases

Para garantizar condiciones equitativas, los actores participantes del proceso deben poder designar testigos suyos para proteger su interés y evitar irregularidades que los afecten. La presencia de testigos en las mesas de votación es por supuesto crucial, pero no basta. Debe también haber testigos en las distintas instancias regionales y nacionales, incluida la sala de totalización, donde se toman decisiones sobre la marcha del proceso. Como se mencionó ya, para generar mayor confianza es indispensable que sean los técnicos designados por los distintos participantes quienes lleven adelante las auditorías al sistema automatizado de votación.

3. Libertad para el ejercicio del sufragio

3.1. Fin de las inhabilitaciones a partidos y potenciales candidatos

Como ya se señaló, producto de decisiones tomadas por diversas instituciones del Estado (TSJ, ANC, Contraloría) son varios los partidos y ciudadanos inhabilitados para postular o presentarse como candidatos. La Constitución (art. 42) establece que los derechos políticos, entre ellos el de ser postulados para cualquier cargo de elección, sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, condición esta última, por ejemplo, que no se cumple con las decisiones administrativas de la Contraloría.

3.2. Voto sin coacción ni intimidación

Muchas han sido las denuncias hechas en torno a las condiciones de intimidación y coacción en centros de votación. Los puntos partidistas colocados en las cercanías de los centros que, además de violentar la reglamentación vigente, inducen a electores a presentarse en tales puntos para registrarse antes o después de votar. Con instrumentos como el llamado Carnet de la Patria, se ha generalizado la creencia infundada, pero eficaz, de que es posible saber por quién se votó, restringiendo la libertad del sufragio por temor a eventuales sanciones. El Presidente – candidato además ofreció durante su campaña del año 2018 que los portadores del Carnet de la Patria que votaran el 20 de mayo recibirían un premio de la patria como parte de su política de dando y dando: voto por bono. Aunque el CNE tardíamente anunció que esos bonos estarían prohibidos, el efecto sobre los electores habría ya surtido su efecto. Igualmente abundan las denuncias sobre malas prácticas en la implementación del llamado voto asistido, mecanismo diseñado y claramente reglamentado para que ciudadanos con dificultades para el ejercicio de su derecho al sufragio, puedan ser acompañados por alguien de su confianza al momento de votar. Un mecanismo indudablemente positivo si es implementado adecuadamente. Pero en elecciones recientes han sido muchos los señalamientos de electores a los que se les impone el voto asistido sin haberlo solicitado y sin que el acompañante sea por él seleccionado, ni sea de su confianza.

3.3. Plan República imparcial

Toda jornada electoral debería ser un evento esencialmente civil, llevando a muchos a proponer que en esas jornadas no debería haber participación alguna del componente militar de la nación, más allá de su participación como ciudadanos en el momento de votar. Pero la historia electoral en Venezuela, desde por lo menos el restablecimiento de la democracia en 1958, le ha otorgado a las Fuerzas Armadas el papel de garantizar la seguridad durante toda la jornada y de resguardar todo el material. En procesos recientes se ha podido observar que el Plan República, nombre con que se designa la participación militar, en distintos centros de votación sobrepasa las tareas de seguridad y resguardo para inmiscuirse indebidamente en decisiones que deberían ser propias y exclusivas de las autoridades de cada una de las mesas electorales. El día mismo de la elección los funcionarios del Plan República deberían limitarse a custodiar los centros de votación, sin entrar a los locales donde funcionen las mesas. Garantizar la imparcialidad del Plan República limitándolo a sus funciones fuera de las mesas de votación contribuiría a generar mayor confianza.

3.4. Restablecimiento del uso de la tinta indeleble

El uso de tecnologías de identificación disponibles puede simplificar procesos y darles mayor seguridad. La identificación del elector con dispositivos biométricos puede funcionar. Pero en un contexto de amplia desconfianza, el asegurar que esos sistemas de identificación son seguros, puede no ser suficiente para garantizar la confianza necesaria. De hecho, en elecciones recientes no lo ha sido. Por ello recurrir adicionalmente a medios mecánicos tradicionales menos sofisticados pero más visibles, como el uso de la llamada tinta indeleble, puede ser un simple agregado que ayude a la fortalecer la confianza necesaria.

4. Nuevos retos: voto desde el exterior

Aunque desde la última década del siglo pasado ya se haya implementado en el país el voto desde el exterior para una elección de circunscripción nacional (presidenciales, referendos nacionales), ese voto se convierte hoy, por la cuantía de potenciales electores involucrados, en una novedad. Revisemos la historia del voto emitido desde el exterior en elecciones presidenciales venezolanas, con los datos proporcionados por el CNE. En la elección de 1998 el número de registrados apenas alcanzaba 10.431 electores, el 0,09% del registro. De esos inscritos solamente ejercieron su derecho al sufragio menos de la décima parte, 1.060. En 2013, la más reciente elección presidencial de la cual el CNE tiene ésta información publicada en su página, el número de inscritos llegó a 100.495 electores, 0,53% del registro, y de ellos llegaron a sufragar 60.652, poco más de la mitad.

Dada la masiva migración venezolana reciente, la realidad hoy es radicalmente distinta. La ONU estimaba a finales de 2019 que la migración entonces superaba los 4 millones trescientos mil venezolanos. Eso significa que, por lo menos, alrededor 13% de los venezolanos vive hoy fuera de las fronteras nacionales. Resalta esta cifra si se compara con estimaciones de la misma ONU según las cuales alrededor del 2% de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento. Además, estimaciones gruesas valoran en 2 millones setecientos mil los potenciales electores, entendiendo por tales a los migrados que cumplen con los requisitos básicos contemplados en la Constitución: venezolanos mayores de 18 años. Contrastado con el RE definitivo de la elección del 20 de mayo de 2018 (20.526.978) esa cifra de potenciales electores es igualmente alrededor del 13%. Un salto monumental que hace que en unas futuras elecciones presidenciales, por acción o por omisión, esos electores serán determinantes en sus resultados. Si bien hasta 2013 la importancia del voto desde el exterior tenía principalmente que ver con la necesidad de garantizarles a los venezolanos residentes en el exterior la posibilidad de ejercer un derecho que les consagra la Constitución, el derecho al sufragio, el peso de esa participación resultaba prácticamente insignificante para los resultados numéricos finales. La situación ahora es sustancialmente distinta. La cifra de potenciales electores desde el exterior supera ahora el número de electores inscritos en el RE en todos los estados del país para la elección del 20 de mayo de 2018. Los potenciales electores desde el exterior superan ahora a los del Estado Zulia, que es la entidad federal con mayor número de sufragantes. Su peso ahora es determinante. El voto desde el exterior, además, acompaña una demanda por la democratización y globalización del sufragio, que es una tendencia creciente en toda la región latinoamericana, donde son ya una decena y media los países donde se implementa alguna modalidad de voto desde el exterior. Igual fenómeno ocurre en alrededor de 150 países en el mundo. Proponer y defender para Venezuela modalidades eficientes para votar desde el exterior serían iniciativas que reivindican los derechos políticos, y más específicamente los electorales, de la diáspora.

Pero esta novedosa situación presenta un conjunto de retos por resolver que, nuevamente por su cuantía, obligarán a implementar procedimientos distintos a los hasta ahora usados, si se quiere que esos venezolanos que se han ido puedan efectivamente, con razonable facilidad, ejercer un derecho constitucional que no han perdido.

4.1. Registro de los que se han ido

El primer reto a resolver debe responder a la interrogante de quiénes pueden votar desde el exterior. En la perspectiva de defender los derechos políticos y electorales de los que se han ido, habría que sostener que los requisitos para ejercer el sufragio son los mismos, en cuanto sea posible, de los residentes en el país, por lo menos para una elección nacional (presidencial o referendo nacional). Y esto plantea un primer escollo que debe ser resuelto con prontitud: el registro electoral de los migrados.

Si se defiende la idea de que los migrados preservan sus derechos electorales en las mismas condiciones de los residentes en el país, habría que comenzar por incorporar una modificación puntual al art. 124 de la Lopre para eliminar el requisito adicional allí contemplado de poseer régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Debe igualmente defenderse que el registro en el exterior debe estar abierto para todos los nacionales, con documento de identidad (cédula o pasaporte) así no esté vigente, bien sea para actualizar sus datos, principalmente los de dirección de residencia, o para registrarse por primera vez.

Debe también prontamente decidirse si el registro requiere de la presencia física del potencial elector o si puede el registro hacerse a distancia. Si bien hasta ahora el registro de venezolanos en el exterior ha sido hecho estrictamente de manera presencial en sedes diplomáticas (embajadas y consulados), el volumen de emigrados, otra vez, impone una realidad distinta. Venezuela tiene cerca de 140 sedes, entre embajadas y consulados, repartidas en el mundo. Tanto por la cantidad como por su distribución esa red resulta ahora absolutamente insuficiente. Si se decide mantener la tradición y hacer el registro de manera presencial, habría que pasearse por la idea de habilitar sedes adicionales, con las complicaciones sobrevenidas de hacerlo en otro país.

Hay experiencias de otros países de la región que podrían ayudar en el diseño de algún procedimiento que posibilite la inscripción en el registro a distancia. Las herramientas tecnológicas existen (correo postal, internet, WhatsApp, etc.) El registro a distancia con uso de tecnologías puede además atender al reto del volumen de potenciales demandas de registro. Y, además, el cronograma de registro para electores desde el exterior no tiene porque ser el mismo que del registro en el país.

4.2. Voto de los que se han ido

Para el voto de los emigrantes se presentan retos similares a los mencionados para el registro. ¿Cómo votará la diáspora? ¿Presencial o a distancia? Si es presencial, ¿en sedes diplomáticas y/o habilitación espacios adicionales?, ¿manual o automatizado? Si es a distancia, ¿cómo?, ¿correo, internet, WhatsApp, etc.? Debe también definirse con claridad el cronograma para la elección desde el exterior. En algunos países el voto desde el exterior comienza días antes de la jornada electoral en el país. Habría también que resolver sobre el procedimiento para la trasmisión de los resultados. ¿Internet, líneas dedicadas, valija diplomática?

Es un tema en el cual sin duda entran en tensión la necesidad de preservar la integridad electoral y la facilidad para garantizar el efectivo ejercicio del derecho al sufragio. Todo lo anterior guiados por la aspiración de generar confianza tanto para los electores que permanecen en el país como para los que se han ido.

5. Recuperar la confianza en el sufragio

Independientemente de la valoración que se tenga sobre la calidad de las elecciones realizadas desde 2015, el desconocimiento de varios de esos procesos por parte de significativos sectores nacionales, y también internacionales, ha sido factor determinante en el deterioro de la situación en el país. Es forzoso destacar el innegable papel de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en este proceso de deterioro, pero todas las elecciones recientes han aportado lo suyo. Organizaciones de observación electoral nacionales siguieron todos esos eventos, detectando irregularidades antes, durante y después de las distintas jornadas. De cada observación varias de ellas elaboraron sus respectivos informes públicos señalando sus principales hallazgos. Particularmente, sobre la elección del 20 de mayo de 2018, dada su importancia y la gravedad y cantidad de irregularidades detectadas, el OEV, Provea y Acceso a la Justicia, presentaron ante la Sala Electoral del TSJ una demanda solicitando su nulidad plena. Dado el comportamiento del TSJ en el pasado reciente, para nada sorprendió que el recurso fuese desestimado.

Llegar a acuerdos entre los principales actores políticos y sociales para que se celebren unas elecciones requiere que los aspectos aquí señalados sean atendidos con diligencia y prontitud. Además, todo los que sea hecho en este terreno deberá hacerse del conocimiento más ampliamente posible de la ciudadanía. De ello dependerá que las elecciones deseadas puedan ser unas buenas elecciones, que contribuyan efectivamente a la superación de la crisis o, de lo contrario, unas eventuales elecciones podrían terminar siendo unas malas elecciones, que deterioren aún más la grave situación que vive Venezuela.

Caracas, febrero 2020

[1] Originalmente escrito para el Proyecto de Articulación Ciudadana coordinado por la UCAB