Mes: junio 2017

    El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luís Lander. Foto/UR   CARACAS.- El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, indicó que el proceso de referendo revocatorio iniciado por la Mesa de la Unidad Democrática en el año 2016 fue obstaculizado por las decisiones de unos tribunales regionales penales sin competencia electoral para ello.
Lander aseguró en el programa A Tiempo de Unión Radio que las bases comiciales propuestas por Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente es un saboteo al sufragio, debido a que la constitución indica que deben ser universales, directas y secretas.

Fuente: Unión Radio

De 15 tipos de datos que las autoridades electorales deberían liberar, de acuerdo a la Iniciativa de Data Electoral Abierta del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), el árbitro venezolano publica al menos seis en formatos cerrados y sin acceso a descarga de la base de datos completa, pese a contar con un sistema de votación automatizado. Conoce las razones por las que se debe avanzar en un modelo de datos abiertos electorales y un caso de estudio que sorprendió al mundo

  En la ruta hacia gestiones más abiertas ya 22 países de América han promulgado leyes de acceso a la información pública¹, con estrategias de gobierno electrónico y datos abiertos, mientras otros han quedado rezagados en el camino. En el boletín anterior, el Observatorio Electoral Venezolano reflexionó sobre las demandas que en esta nueva era de datos abiertos exigen más transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente como herramientas para fortalecer la democracia. Pero, ¿Qué papel juegan los datos en el equilibrio democrático? ¿Cómo puede avanzarse en materia electoral? ¿Qué datos debería publicar el Consejo Nacional Electoral? Lea también: La revolución de los datos abiertos La celebración periódica de elecciones libres se ha afianzado en nuestro hemisferio como el único medio legítimo de acceder al poder. Por ello, uno de los mayores desafíos de los gobiernos en la actualidad es construir su legitimidad como clave para la estabilidad y la calidad democrática. Actuando como una especie de alarma, el desgaste de la clase política –algo que ocurre con frecuencia en América Latina– ha expuesto la urgencia de mejorar la relación entre la ciudadanía y sus representantes. El promedio de aprobación de los mandatarios en la región ha caído del 57% en 2009 al 42% en 2015, de acuerdo al ranking de Mitofsky que evalúa 21 presidentes y jefes de gobierno de América².

  Algo similar ocurrió con la confianza en las instituciones latinoamericanas. Entre 2015 y 2016 la creencia en entes electorales cayó 12 puntos, del 44% al 32%, y la confianza en los gobiernos bajó cinco puntos, del 33% al 28%, según registros de Latinobarómetro. Esta caída coincidió con la pérdida de 12 puntos porcentuales en la percepción de que se gobierna para todo el pueblo, que bajó de 36% en 2011 a 22% en 2016, la cifra más baja en la última década. “La democracia tiene dificultades en lograr un apoyo mayoritario de la población en América Latina, entre otros motivos, por la percepción de que no se gobierna para la mayoría. Por el contrario, la población tiene la sensación de que se gobierna para el beneficio de unos pocos”, escribió la firma en su informe de 2016³.

En 14 de los 18 países latinoamericanos la aprobación de los gobiernos es inferior al 50%: Venezuela se encuentra en la penúltima posición del indicador, con menos de un tercio (20%). Este cambio ha sido dramático para la región que experimentó un retroceso de 22 puntos porcentuales entre 2009 –la época del hiperpresidencialismo, cuando seis presidentes estaban sobre el 70% de aprobación y solo dos con menos de un tercio– y 2016, cayendo del 60% al 38%.

Transparencia, elecciones y legitimidad

Si en América Latina y El Caribe la satisfacción con la democracia está estrechamente vinculada al desempeño gubernamental, y solo el 37% de los ciudadanos está satisfecho con la democracia en la región⁴, nos encontramos ante una crisis institucional. Queda en evidencia la necesidad de abrir los espacios de toda actividad pública, para evitar el secreto o la discrecionalidad de las autoridades como una cuestión fundamental del Estado Constitucional y como estrategia para vencer la corrupción (triangulación transparencia-elecciones-legitimidad). De ahí que la Carta Democrática Interamericana⁵, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el año 2001, identifique a la transparencia de las actividades gubernamentales entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Actualmente las democracias cuentan con mayores herramientas y recursos para incrementar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, promover la participación ciudadana y la colaboración entre las dependencias públicas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Las ventajas más notables en el caso venezolano son el incremento exponencial de la penetración de internet (61,5% según Conatel, equivalente a 18,3 millones de habitantes)⁶ –con porcentajes de participación en redes sociales por encima de la región (90% usa Facebook, 70% Twitter y 50% Instagram)⁷– y el sistema electoral automatizado (voto electrónico). Una de las deudas pendientes en el país sigue siendo la aprobación de un nuevo marco jurídico de transparencia e información que acelere el tránsito hacia un modelo abierto y garantice el principio de máxima divulgación, reconociendo que la información de interés público le pertenece por derecho a las personas y que el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Ahora, hablar de la administración electoral implica el manejo de información cuantiosa y delicada: bases de datos de electores y partidos, de la geografía electoral, la distribución de los centros de votación de acuerdo a la densidad poblacional, y hasta el resguardo y conteo de votos durante el evento electoral.

¿Qué data debe publicarse?

Aunque la disponibilidad de la data varía dependiendo del tipo de tema en cuestión –por ejemplo, la información relacionada con el registro y los resultados suelen estar más disponibles para el público que los detalles de las finanzas políticas–, la iniciativa de data electoral abierta del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés)⁸ recomienda que se publique toda la información de la que es responsable la autoridad electoral, e incluso ir más allá. Su lista incluye 15 categorías de datos tabulares, espaciales y textuales. 1. Resultados electorales. Es el primer indicador electoral a publicar. Incluye el número de inscritos, votos válidos y no válidos, como también los votos obtenidos por cada opción política (partido y candidato). Todos estos datos deben desagregarse hasta su nivel más bajo en el que se cuentan los votos. 2. Delimitación de límites. Incluye acceso a datos de población y datos espaciales de los distritos electorales derivados de los datos demográficos (tablas y mapas). 3. Registro de partidos políticos y candidatos. Otorgar acceso a listas de partidos y candidatos que presentaron la solicitud, los que se registraron y los que fueron rechazados por el ente electoral. Incluye toda información de registro. 4. Financiamiento de campaña. Información sobre los fondos recibidos y gastados por los partidos y candidatos. Incluye límites y regulaciones. 5. Registro de votantes. Estadísticas sobre los inscritos en el registro oficial, desglosadas por género, edad y geografía. Incluye información sobre el propio proceso de registro. 6. Listas de votantes. Acceso a la información detallada sobre los votantes: nombres, fechas de nacimiento, número de identificación (cédula de identidad), residencia, mesa de votación, etc. 7. Centros electorales. Incluye direcciones, información de contacto, número de votantes por cada mesa de votación. 8. Marco jurídico. Acceso a todas las leyes, reglamentos e instrucciones relacionados con los procesos electorales (datos textuales). 9. Órgano de gestión electoral. Acceso a la información de contacto y detalles de funcionarios en todos los niveles (datos textuales). 10. Procesos del árbitro electoral. Datos sobre las decisiones, actas y resoluciones firmadas por las autoridades. 11. Campañas electorales. Datos sobre los calendarios de campañas, regulaciones y restricciones, así como recursos públicos para campañas. 12.Educación para votantes. Acceso a información para votantes sobre partidos, candidatos, procedimientos de inscripción y votación. 13. Votación electrónica y conteo. Provisión de detalles sobre adquisición, exactitud, seguridad y fiabilidad del sistema de votación. Esto incluye códigos fuente. 14. Reclamos y controversias. Información, número y tipo de quejas, las partes que las presentan, los resultados en la solución de disputas, así como detalles sobre el acceso a las quejas proceso. 15. Seguridad en elecciones. Información de las instituciones reguladoras, judiciales y de seguridad sobre las normas que cumple la policía y el ejército durante el proceso electoral. Esta data debe seguir nueve principios: ser oportuna, que esté disponible tan pronto como sea necesario para ser útil; granulada, disponible en el nivel de detalle más bajo posible (primario); gratuita, liberada sin ningún tipo de restricciones en internet; completa, publicada como un conjunto de datos completo, en grandes cantidades y sin omisiones; analizable, disponible en un formato legible por máquina que sea rápida y fácilmente analizada; no patentada, disponible en formato sobre el que ninguna entidad tenga control exclusivo; no discriminatoria, a disposición de cualquier personas o acceso anónimo sin restricciones de uso; libre de licencias, no deben existir barreras para la reutilización y redistribución para cualquier propósito; y permanentemente disponible, con ubicación en internet por un período de tiempo estable y largo. De los 15 categorías anteriores, el Consejo Nacional Electoral venezolano publica en mayor o menor medida la información de seis (puntos 1, 2, 3, 7, 8 y 11), pero no en formatos abiertos (descargables y sin restricciones). No difunde en formato online las Gacetas Electorales, ni publica las actas de sesiones o resoluciones firmadas por sus autoridades y ciertas bases de datos las comparte solo con los partidos políticos u otras organizaciones que la solicitan. Sin embargo, los gobiernos no deben proporcionar información meramente como respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, sino que deben establecer protocolos y normativas para que las instituciones, sin necesidad de que medie un requerimiento, pongan a disposición del público cierta información básica sobre su estructura, presupuesto, actividades, resultados y demás. Caso de estudio.

Burkina Faso, una lección para el mundo

En sus primeras elecciones democráticas, tras casi tres décadas de dictadura, este país de África Occidental marcó pauta al construir una plataforma de datos abiertos verificados para publicar resultados electorales en tiempo real, bajo compromisos asumidos previamente por el Estado

Después de 27 años de dictadura, Burkina Faso acudió a las urnas en noviembre de 2015 para elegir un nuevo presidente y dar por concluida una transición que empezó con el derrocamiento popular de Blaise Compaoré. Esas fueron las primeras elecciones democráticas en varias décadas. La historia de este país del oeste de África ha estado marcada por la inestabilidad política, vivió seis golpes de Estado desde que alcanzara su independencia de Francia en 1960, por ello preocupaba que tensiones y disturbios civiles socavaran la credibilidad en los resultados electorales. La data terminó jugando un papel crucial para la estabilidad democrática, especialmente desde el cierre del centro electoral hasta el anuncio de los resultados finales, el lapso de mayor incertidumbre en una elección. Para el mediodía del lunes 30 de noviembre, al día siguiente de los comicios, los ciudadanos ya tenían información confiable de quien sería su primer Jefe de Estado electo porque los resultados del conteo estuvieron disponibles en tiempo real. El sitio web oficial de las elecciones exhibió los resultados en vivo por distrito para cada candidato presidencial y el candidato que lideraba en cada provincia. En elecciones de otras zonas del continente hay demoras de hasta cuatro días. Liz Carolan⁹, gerente de Desarrollo Internacional en el Open Data Institute (ODI), narró en un artículo posteado en la sección de datos del Banco Mundial parte de la experiencia en la que participó: “A las pocas horas del cierre de los centros, se publicaron en una aplicación web de respuesta móvil los resultados de los primeros 21 distritos”. El proyecto estuvo dirigido por la Iniciativa de Datos Abiertos de Burkina (Bodi), parte del organismo gubernamental encargado de promover la información y tecnología informática, en asociación con la Comisión Electoral Nacional Independiente (Ceni). De esta forma, con pocos recursos diseñaron una plataforma de publicación y un proceso de verificación con varios pasos para incorporar los datos verificados tan pronto como fueran recibidos de las estaciones regionales de conteo. Los datos se cargaron con una licencia abierta y en paralelo fueron cotejados por Codel, una coalición de organizaciones de la sociedad civil. El proceso fue elogiado por la misión de monitoreo de la Unión Europea. “Desde el punto de vista político, es fundamental garantizar que se verifiquen los datos publicados en el dominio público y este es uno de los papeles principales de una comisión electoral independiente”, escribió Carolan. Para lograrlo, fue fundamental que el Estado asumiera compromisos previos con los datos abiertos y contara con el apoyo de la ODI y el Banco Mundial. Burkina Faso confirmó que la publicación de resultados en tiempo real sí es posible. En la próxima edición del boletín, el OEV ahondará en los detalles de cómo podría el Poder Electoral publicar resultados en tiempo real, teniendo un sistema de votación automatizado, y otros ejemplos de gobiernos de la región que liberan datos electorales.

BIBLIOGRAFÍA:[1] Naser, A; Ramírez-Alujas, A; y Rosales, D. (Abril, 2017). Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, N° 144 (LC.PUB.2017/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [2] Asociación Comunicación Política (ACOP). Ranking de popularidad (2014-2017). [3] Corporación Latinobarómetro (2016), Informe 2016, Santiago de Chile. [4] Corporación Latinobarómetro (2015), Informe 1995-2015, Santiago de Chile. [5] Organización de los Estados Americanos (2003). Carta Democrática. Washington D.C, EE.UU. [6] Internet World Stats [7] Computer World (29 de septiembre, 2015). Foro Tendencias Digitales 2015: Venezuela tiene el ancho de banda más bajo de los países de Latinoamérica. Consultado por última vez el 14 de junio de 201. [8] International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA (2017). Open Data in Electoral Administration, Strömsborg, Sweden [9] Carolan, L. (December, 2015). Why data was crucial to Burkina Faso’s first election since uprising. The World Bank. [10] Open Data For Africa: Burkina Faso [11] Data Gobierno Burkina Faso

Pese a que venció en abril de 2017 la resolución 028 del Ministerio de las Comunas, en la que el Ejecutivo suspendió por 180 días hábiles la emisión de los certificados de actualización de voceros comunales, aún hay reportes de elecciones que se mantienen paralizadas

  En Venezuela existen 46.905 consejos comunales y 1.784 comunas a la fecha –según data del Ministerio de las Comunas al 22 de junio–, cuyos voceros deben escogerse cada dos años. Estas estructuras de autogestión paralelas a las alcaldías y gobernaciones fueron concebidas por Hugo Chávez en 2006 y ahora son prioritarias para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que planteó el presidente Nicolás Maduro: tendrán 24 de los 545 miembros constituyentes.

  A todas las irregularidades que presenta esta propuesta constituyente, denunciadas anteriormente por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), se suma que un importante número de consejos comunales tienen a sus delegados vencidos (alrededor de 28.000). Un decreto publicado por el Ejecutivo el pasado 22 de julio de 2016 (en la Gaceta Oficial N° 40.950), suspendió por 180 días hábiles –equivalente a 10 meses– la emisión de los certificados de actualización de voceros de las organizaciones del poder popular (consejos comunales, comunas y empresas de propiedad social).

Con esa resolución 028 del Ministerio de las Comunas también quedaron paralizados los nombramientos de las comisiones electorales y jornadas comiciales para la renovación de representantes; afectando especialmente a las instancias comunales recién constituidas que no pudieron escoger a sus portavoces (222 consejos comunales y 69 comunas en lo que va de 2017).

La resolución instruía a los órganos y entes de la administración pública a que, durante el lapso de suspensión, no paralizaran las solicitudes de financiamiento. No se podrían elegir nuevos voceros pero, aún con la estructura vencida, seguirían recibiendo recursos del Estado. Aunque los consejos comunales nacieron como instancias ligadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), están cada vez más integrados por descontentos u opositores. Por ello, se sospecha que detrás de esta medida de suspensión electoral pueda esconderse la intención de mantener el control revolucionario de agrupaciones comunales en zonas claves del país, pensando sobre todo en la constituyente sectorial.

  Pese a que el plazo venció en abril de este año, hay reportes de que muchas elecciones se mantienen suspendidas. El último registro en el portal web de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal) data del 20 de junio de 2016: “16 Consejos Comunales se registran y actualizan sus vocerías en Caracas”. Fue la última vez que el ente informó sobre una renovación electoral. Nada más se supo desde entonces. Desde el 2012 el Consejo Nacional Electoral asesora a los consejos comunales en la renovación de sus voceros, pero no fue sino un año más tarde, en agosto de 2013, cuando diseñó el sistema automatizado para elecciones del poder popular (Saepp), a través de la Oficina de Participación Ciudadana (Onpc). El árbitro no avala ni certifica los comicios, solo brinda asesoría técnica y proporcionan el cotillón electoral, dijo en una oportunidad John Keiler Jiménez, director de ese departamento. Lea también: CNE elimina 14 auditorías y debilita el sistema electoral El CNE les entrega un CD intransferible con el sistema que les permite hacer el escrutinio de votos de forma automatizada, además colabora con la recopilación del registro electoral comunitario, con la impresión de boletas, postulaciones y cuadernos de votación. Si el consejo comunal lo solicita, el organismo puede asistir a los procesos como observador. En vista de la imposibilidad para obtener información sobre las elecciones comunales, pese a que debería ser de acceso público, el OEV se pregunta: si se retomaron las elecciones de los voceros para las instancias comunales, ¿cuántos han sido renovados este año? ¿Por qué se suspendieron durante 10 meses las actualizaciones? Si se supone que sólo los voceros comunales pudieron postularse a la ANC, ¿permitirá el CNE la escogencia de candidatos a la constituyente con periodo vencido? El gobierno busca reformar el Estado a la fuerza y darle rango constitucional a estas estructuras comunales –que no incorporan a todos los venezolanos– para instaurar un socialismo inspirado en conceptos marxistas-leninistas, pasando por encima del soberano que en 2007 rechazó un proyecto de reforma constitucional bajo estos principios.

Elecciones presidenciales

Con baja abstención, este país de Oriente Medio y Asia Occidental se decidió por una diplomacia de puertas abiertas al reelegir a Hasan Rohaní para encabezar el Ejecutivo, la única institución liderada por moderados. Nunca antes un presidente ha fallado en la reelección para un segundo mandato, todos han tenido desde 1981 una segunda oportunidad.

A casi tres semanas de celebrarse las duodécimas elecciones presidenciales en Irán, desde el Observatorio Electoral Venezolano analizamos el funcionamiento de sus estructuras políticas de legitimidad dual, su sistema electoral y el impacto que los resultados pueden generar en el escenario mundial, pues se trata de un actor clave en el Medio Oriente que deberá superar los embates de sectores conservadores islámicos, así como la desconfianza de una pieza en occidente: Estados Unidos. Antes de entrar en materia electoral, hagamos algunas consideraciones breves sobre el sistema político iraní, quizás uno de los más complejos del globo por combinar elementos teocráticos y democráticos simultáneamente. La mayoría poblacional del país persa profesa el Islam como religión, específicamente la rama chiíta –minoría entre los musulmanes–, y como consecuencia, la vida política está dirigida por una mixtura de instituciones que dependen de sus líderes religiosos.

¿Teocracia o algo más?

La Constitución islámica contempla la separación de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y al mismo tiempo otorga a los clérigos chiitas mayor jerarquía sobre el resto del sistema, de manera que no recae todo el poder en la figura del Líder Supremo sino que crea mecanismos de debate y contrapeso para que las élites clericales y políticas diriman sus diferencias y alcancen consensos, evitando un desvío hacia el absolutismo personalista (Zaccara, 2009)¹. Esta figura la ejerce desde 1989 el ayatolá Ali Jamenei, de 77 años, quien fue clasificado por la revista Forbes en 2016 como la 18^a “persona más poderosa del mundo”². Se trata de un “Estado represivo, una república islámica chií que de facto es una teocracia, donde el Líder Supremo ostenta un poder muy por encima del de los gobernantes elegidos en las urnas”. Así describe la estructura política la periodista Ivannia Salazar Saborío, especialista en género y cooperación, en un artículo reciente publicado en ABC de España³, donde estampó sus impresiones después de viajar a la ciudad capital Teherán. Ciertamente, el problema radica en que todas las estructuras bajo nombramiento son actualmente lideradas por los conservadores, mientras que las instituciones donde los miembros son elegidos en consulta popular –parlamento y concejos locales– se alternan de manos entre ambas posturas. La rama del Ejecutivo puede ser reformista moderada pero, en el fondo, presenta serias restricciones para hacer reformas significativas. No necesariamente todos coinciden con esta interpretación. En un análisis para el Centro de Estudios Internacionales adscrito al Senado de México, J. Enrique Sevilla explica que “aunque a primera vista el sistema político iraní podría considerarse una teocracia absoluta”, también “es verdad que a través del voto popular se eligen a los miembros de algunas de las principales instituciones”⁴. Efectivamente, el Líder Supremo goza de tener el puesto más importante del sistema, pero la institución que se encarga de su designación, control y remoción es la Asamblea de Expertos, un órgano conformado por 88 clérigos elegidos cada ocho años por sufragio universal directo.

Quien ejerce el cargo vitalicio de Líder Supremo designa al Jefe del Poder Judicial, a seis de los 12 miembros del Consejo de Guardianes, a los comandantes de las Fuerzas Armadas, oradores de los viernes en mezquitas y hasta directores de radio, televisión y universidades; además, dirige la política exterior y la seguridad nacional. Por otro lado, el Presidente –elegido por voto popular–hace cumplir la Carta Magna, aplica las políticas públicas y administra el gobierno, por lo que designa a los 22 ministros del gabinete para luego ser aprobados por el Parlamento. No puede permanecer en el cargo más de dos periodos consecutivos.

Candidaturas bajo la lupa

Seis religiosos y seis juristas conforman el Consejo de Guardianes, una especie de Cámara Alta parlamentaria. Como lo mencionamos anteriormente, los primeros son nombrados directamente por el Líder Supremo, mientras que los seis restantes son seleccionados por el Poder Judicial y aprobados por la Asamblea Consultiva Islámica (ACI), institución electiva que funciona como una especie de Cámara Baja legislativa y que cuenta con mayor grado de representatividad: 290 legisladores (285 elegidos por representación territorial y los otros cinco representantes de minorías religiosas), elegida cada cuatro años. Dos cuerpos están encargados de administrar las actividades relacionadas con las elecciones en Irán: el Consejo de Guardianes y el Ministerio del Interior. El primero tiene autonomía para supervisar elecciones presidenciales, legislativas y locales –incluyendo referendos y otras consultas populares– y establecer políticas para la conducción comicial. Sus 12 miembros autorizan todas las candidaturas de los que se postulan para las presidenciales y las parlamentarias (ACI). El ministerio implementa las operaciones electorales. Irán es un sistema mayoritario a dos vueltas, es decir, se proclama ganador el candidato que obtenga la mitad más uno de los sufragios. Si ninguno alcanza la mayoría absoluta, se realiza una segunda vuelta a la que sólo accederán los más votados. Es común que varios candidatos se retiren antes del evento electoral y den su apoyo a una de las opciones que va punteando. Conocido el vencedor, el Consejo de Guardianes ratifica su triunfo y el nuevo Presidente acepta el cargo en el Parlamento.

Cada candidato presentó su postulación al Ministerio del Interior de forma individual para que, posteriormente, sus candidaturas fuesen revisadas por el Consejo de Guardianes. Un total de 1.636 iraníes se presentaron a las presidenciales del 19 de mayo, de los cuales apenas 137 eran mujeres (8,37%)⁵. Solo seis hombres pasaron los filtros (artículo 115 de la Constitución): ser personalidades políticas y religiosas de nacionalidad iraní; administradores experimentados; con buenos antecedentes; ser dignos de confianza, virtuosos y comprometidos con la fe islámica chiita duodecimana. Todos deben registrarse a título individual porque en 1983 los partidos políticos fueron disueltos y prohibidos. En 1999 surgieron algunas asociaciones de clérigos que, más tarde, crearon facciones personales y, aunque la oferta electoral sigue estructurándose en torno a estas asociaciones, no participan bajo el concepto occidental de “partidos”. Los admitidos tuvieron 20 días para hacer campaña, lapso en el que dos de los seis candidatos terminaron por retirarse. Durante esta etapa, que arranca tras la publicación de la lista de candidatos aprobada, se prohíbe insultar a los candidatos rivales, que miembros del Gobierno muestren apoyo por algún candidato o destruir propaganda electoral. Para las presidenciales, el Consejo de Guardianes crea un Comité Central de Supervisión (CSC) compuesto por siete miembros elegidos por mayoría absoluta. Este organismo es responsable de monitorear todas las etapas del proceso, también debe nombrar a los supervisores electorales para cada condado. Estos supervisores son responsables de vigilar y reportar infracciones o delitos menores.

Ficha electoral

¿Quiénes pudieron votar? Todos los ciudadanos iraníes mayores de 18 años, incluidos los que viven en el extranjero, pudieron ejercer el derecho al sufragio de forma voluntaria para las presidenciales, mientras que para las municipales solo los que viven en el país. Irán no tiene un sistema de registro de votantes, los ciudadanos pueden acudir a cualquier mesa de votación siempre y cuando presenten su tarjeta nacional de identificación. En realidad y de acuerdo a la ley, para las elecciones presidenciales o parlamentarias los votantes deben ir a la mesa asignada a su dirección de al menos seis meses, pero en la práctica, las mesas electorales no rechazan al votante en base a su domicilio de residencia. La votación fuera del país se realiza en consulados y embajadas. La Oficina de Elecciones es la encargada de compilar el número de votantes usando información proporcionada por: el Centro Estadístico de Irán; la Oficina Civil y de Registro; y expertos estadísticos en oficinas gubernamentales de las 31 provincias iraníes. Esta vez fueron convocados 56,4 millones de electores para acudir a alrededor de 55.000 colegios electorales, incluyendo 132 centros en el extranjero, para las presidenciales y 65.000 para las municipales. El día de las elecciones el personal debe estar al menos una hora antes de que abran los centros. Las estaciones de votación están operativas durante 12 horas: de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con una extensión de los lapsos de votación si se justifica por la asistencia. Para votar los electores deben escribir de su puño y letra el nombre del candidato, así como el código de la candidatura de quien conceden el voto.

Tan pronto culmine el proceso inicia el conteo manual de votos en las mesas electorales, ejecutado por los miembros de los comités de elección ejecutiva; a excepción de esta última elección, en la que al menos 13.000 centros estaban equipados con equipos electrónicos. Para contar los votos digitalmente solo se permitió que ciertas figuras estuviesen presentes en ese momento (los comités de mesas electorales, los representantes del Consejo de Guardianes, el gobernador y los agentes del candidato). Ni el público general ni los observadores internacionales están autorizados a supervisar oficialmente las elecciones. En cambio, sí se permite a representantes de los candidatos –una especie de testigos– que estén presentes durante el conteo. Dada la inexistencia de registro electoral se abre la posibilidad de fraudes electorales, como ocurrió por ejemplo en las elecciones de 2009. En aquella oportunidad, las acusaciones de trampa sugerían que se habían contabilizado más votos que habitantes. Los únicos controles para evitarlo son un sello en el carnet de elector y la huella de tinta indeleble.

La conquista del moderado

Tras vencer a tres rivales conservadores con el 57% de los votos⁶, resultó electo para un segundo mandato Hasan Rouhaní, un clérigo moderado de 68 años que estudió derecho en el Reino Unido y limitó la contienda entre mayores libertades versus extremismo. Los resultados fueron anunciados por el Ministerio del Interior un día después de las elecciones. Respaldado por los reformistas, aquellos que inundaron con protestas las calles de Teherán en 2009 con el llamado Movimiento Verde y que dieron su voto para que el presidente reelecto trabaje para la puesta en libertad de su líder Mir-Hosein Musaví –en arresto domiciliario desde febrero de 2011–, Rouhaní capitalizó el voto de mujeres, jóvenes, intelectuales y del sector privado que depende de la apertura al exterior para hacer negocios. De ahí que sobre el morado de su campaña también estuviese el color verde. Un aventajado Rouhaní recordó a los votantes que fue el protagonista de la firma del acuerdo nuclear en 2015, permitiendo que Irán saliera del aislamiento –importando medicamentos o mejorando la velocidad de internet–. Algunas interpretaciones previas a los comicios indicaron lo contrario, alegaron que su popularidad descendió porque un alto porcentaje de la población no notó mejoras en su nivel de vida tras el acuerdo con occidente (Jahanbegloo, 2017)⁷. Entretanto, el discurso conservador de Ebrahim Raisí atrajo a sectores religiosos fuera de las ciudades grandes y a la clase trabajadora, sobre todo con dos de sus promesas electorales: un subsidio equivalente a 67 dólares americanos mensuales en efectivo y la creación de un millón de empleos (Espinoza, 2017)⁸. A pesar de la buena salud que parece tener el Líder Supremo, su relevo será inevitable más pronto que tarde, asunto que probablemente influyó en los comicios. Quien presida el país llegado el momento podría influir en la elección del sucesor o, incluso, dado que el vencedor es clérigo, aspirar al puesto. Si bien el conservador Raisí –figura poderosa entre los religiosos y judiciales– recibió apoyo implícito de Jamenei, refugiado en un velo de neutralidad, no fue suficiente para ganar la carrera electoral. Es probable que Irán mantenga el diálogo abierto con Asia y Europa, al tiempo en que firma nuevos acuerdos económicos con quienes han esperado el levantamiento de las sanciones, pero teniendo a Estados Unidos como fuerte detractor bajo acusaciones de “patrocinar el terrorismo”. Después de la gira presidencial de Donald Trump, cuyo primer país de aterrizaje fue Arabia Saudita, el republicano busca una nueva alianza con los musulmanes suníes en los países del Golfo Pérsico y sus satélites –como Egipto–, plan en el que Irán figura como extremista. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro se encuentra entre los aliados del presidente ratificado, ambos integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y del Movimiento de países No Alineados (Mnoal). El listado de los amigos de Teherán lo completan también Bashar Al Assad de Siria, los hutíes en Yemen, la milicia chií Hezbolá en Líbano, algunas facciones palestinas en la Franja de Gaza y los grupos chiíes en Irak. En el próximo boletín analizaremos las elecciones del Reino Unido, pautadas para el 8 de junio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:[1] Zaccara, L. (2009) “El sistema electoral de Irán: los límites del cambio”. Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo. Consultado el 3 de mayo de 2017[2] Forbes (2016). The World’s Most Powerful People. Consultado el 27 de mayo de 2010[3] Salazar, I. (mayo 28, 2017) El Irán del que no nos hablan. ABC, internacionales. [4] Sevilla, J. (2017) “Elecciones legislativas en Irán resultan en triunfo político para la facción reformista liderada por el Presidente Hassan Rouhani”. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. [5] Espinoza, A. (mayo 17, 2017) Cinco cifras para entender las elecciones iraníes. El País internacional. [6] Election Guide, democracy assistance & election news. International Foundation for Electoral System (IFES). [7] Jahanbegloo, R. (mayo 18, 2017) Rohani, la mejor opción para el régimen en Irán. El País internacional.[8] Espinoza, A. (mayo 16, 2017) Irán se pronuncia sobre su apertura al mundo en las presidenciales. El País internacional.[9] Middle East and North Africa International Foundation for Electoral Systems (2017). Elections in Iran 2017. Presidential and Municipal Elections: Frequently Asked Questions            

Una nueva filosofía de organización gubernamental surge de las demandas y exigencias que hacen ciudadanos mejor informados buscando mejoras en los servicios públicos. Amparados en su derecho de vigilar las instituciones y escrutar a los funcionarios que las representan, los ciudadanos solicitan tener acceso a datos, documentos y procedimientos en el diseño de las políticas públicas. Venezuela es el país con mayor atraso en la materia, después de Haití.

  La relación entre gobiernos y ciudadanos está cambiando. Cada vez más la población de América Latina y El Caribe está mejor informada, haciéndose más exigente en cuanto al funcionamiento de las instituciones públicas y a sus demandas de servicios públicos de calidad. Ya el ciudadano no se conforma con recibir información, quiere participar, opinar e incidir en las tomas de decisiones. En su informe publicado en abril de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tomó cifras del Banco Mundial para explicar que la prosperidad económica de la región ha contribuido con el surgimiento de una clase media empoderada en la última década, alcanzando las 150 millones de personas en 2010, “lo que equivale a un 35% de la población de la región y supone un verdadero logro si se considera que históricamente ese porcentaje no superaba el 20%”, reza el escrito¹. Así, se ha generado un segmento de la sociedad más amplio con acceso a servicios y oportunidades que actualmente exige al aparato estatal mejoras en la calidad de vida. Otros tres indicadores también demuestran que la población se ha hecho más activa: el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), el acceso a internet y la disposición a protestar. Según el informe² de la Corporación Latinobarómetro de 2013, el 85% de los sudamericanos y el 84% de los centroamericanos contaban con teléfonos móviles ese año, mientras que las cifras de Internet World Stats² señalan –hasta el 31 de marzo de 2017– que el 65% de la población de Sudamérica tiene acceso a internet. Por otra parte, el 60% de los ciudadanos en la región declaran están dispuestos a salir a protestar para exigir sus derechos de acceso a trabajo, educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana (Corporación Latinobarómetro, 2015)³. Debido a la intensidad de estas demandas en todo el mundo nacieron conceptos como “Gobierno Abierto”, un nuevo paradigma de la gestión pública que integra cuatro principios: transparencia, rendición de cuentas, colaboración y participación. Inspirada en la filosofía de los “Datos Abiertos” (Open Data), esta nueva forma de organización gubernamental persigue poner a disposición de la sociedad información analizable, reutilizable y redistribuible libremente –sin restricciones de licencias, copyright o patentes–, en formatos de fácil lectura, es decir, que puedan ser recuperados y procesados por una aplicación informática (Sandoval y Ospina: 2016)⁴. En palabras de Lathrop y Ruma, autores del libro Open Government (2010): Este es un gobierno que abre sus puertas al mundo; co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que antes estaban estrechamente vigilados; aprovecha el poder de la colaboración masiva; rige sus operaciones por el principio de transparencia; y se mueve no como una instancia aislada sino como algo nuevo, una organización verdaderamente integrada y en red (Lathrop y Ruma en Naser, Ramírez-Alujas y Rosales: 2017). Consiste básicamente en ensayar modelos innovadores para prestar mejores servicios públicos, utilizando los últimos avances en la ciencia del comportamiento en el diseño de políticas públicas –a través de un manejo inteligente de los recursos– e incluyendo herramientas de las redes sociales en sus interacciones cotidianas con la ciudadanía. No hay dudas: las instituciones más efectivas, abiertas y transparentes terminan convirtiéndose en las más cercanas y confiables, principios que fortalecen la sostenibilidad democrática.

Pocos esfuerzos

Venezuela representa un enorme atraso en esta corriente. Con contadas excepciones –el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas–, la presencia de datos públicos en la web es bastante limitada y los pocos datos disponibles están desactualizados o no cumplen con las normativas de datos abiertos. Normalmente se nombra un solo vocero autorizado en instituciones de la administración pública, y estos funcionarios –incluyendo a los elegidos por voto popular– dan poca o ninguna información sobre sus gestiones porque, a diferencia de otras naciones, no hay ninguna ley que garantice el acceso a la información. Solo autoridades regionales en Anzoátegui, Lara, Miranda y Nueva Esparta han aprobado instrumentos que garantizan el acceso libre a la información (Sandoval y Ospina, 2016). Pese a que el marco normativo venezolano sí reconoce ese derecho fundamental del ciudadano, el Estado no está obligado a proporcionar información, y si lo estuviera, quizás la crisis institucional o la ausencia de autonomía entre los poderes impedirían la aplicación de sanciones. Precisamente, debido al conflicto político interno, aún espera por su aprobación en la Asamblea Nacional la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información. La Constitución de 1999, que ahora corre el riesgo de ser reemplazada, contempla en sus artículos 25, 58, 141 y 143 el derecho a acceder y solicitar información oportuna cuando el ciudadano lo requiera, como un mandato de transparencia. Igualmente, los artículos 9 y 10 de la Reforma de la Ley Contra la Corrupción⁵, como también el 142 y 143 de la Reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública⁶ –ambas de 2014–, incluyen que la administración pública debe publicar información permanentemente actualizada sobre su actuación, estableciendo sistemas que la suministren y a disposición del ciudadano en todo momento. Lejos están estas leyes de la práctica. Hace tiempo el gobierno suspendió la difusión de estadísticas vitales, el indicador de inflación, muertes violentas o la canasta alimentaria. Incluso, recientemente, el presidente Nicolás Maduro eludió la publicación del Presupuesto Nacional y destituyó a la Ministra de Salud al día siguiente de divulgar un boletín epidemiológico. El gobierno abierto es una deuda urgente en Venezuela. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió en su informe de 2015 que el país “sigue sin adoptar una ley de acceso a la información pública y se ha reportado la negativa de publicar o entregar información sobre asuntos de indudable interés público, como la salud o la marcha de las cuentas públicas”⁷. Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vela por el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, donde se reconoce que: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”⁸.

Los últimos de la región

En 2016 el Barómetro de Datos Abiertos⁹ –desarrollado por la World Wide Web Foundation–, situó a Venezuela en la posición 90 de 114 países, compartida con Uganda y República Democrática del Congo, con un puntaje de 12 sobre 100, tras evaluar iniciativas gubernamentales en la materia. La nación ha registrado fuertes descensos en este ranking durante tres años consecutivos (2013-2016). “Aunque Latinoamérica destaca positivamente comparado a sus pares en esta edición, el avance en iniciativas de datos abiertos está concentrado en sólo cuatro países: México, Brasil, Uruguay y Colombia; los que han obtenido un sostenido progreso en datos abiertos a lo largo de las tres ediciones. El resto de la región –Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, Argentina y Venezuela– redujo todos sus puntajes en relación al año pasado. Venezuela y Paraguay muestran niveles mínimos de datos disponibles en todos los factores”, se lee en el Reporte Regional enfocado en Latinoamérica¹⁰, publicado en junio de 2016.  

  También en 2016 Venezuela ocupó la undécima peor posición en el Índice Global de Datos Abiertos¹¹, obteniendo el puesto número 83 de 94 países con un puntaje de 14% sobre 100%, encima de países como Zimbabue, Afganistán, Camerún o Myanmar. Entre las categorías donde la nación criolla salió mal evaluada resalta “Resultados Electorales”¹², que incluye: resultados por circunscripción y distritos (estados) en todos los comicios; mayorías y minorías; electores registrados; votos válidos y nulos, entre otros. Aunque esta data sí es publicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se considera verdaderamente “abierta” porque no está disponible en formatos legalmente libres o descargables. En nuestra próxima edición del boletín, el Observatorio Electoral Venezolano dedicará la sección de datos abiertos a las administraciones electorales, ¿qué información crees que debe publicarse? ¡No te la pierdas!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:[1] Naser, A; Ramírez-Alujas, A; y Rosales, D. (Abril, 2017). Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, N° 144 (LC.PUB.2017/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [2] Internet World Stats [3] Corporación Latinobarómetro (2015), Informe 1995-2015, Santiago. [4] Sandoval, F. y Mercy, O. (2016). Open data: realidades sobre apertura de datos en Venezuela. Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 13 (2), 56-70. [5] Reforma de la Ley Contra la Corrupción (2014) Decreto N° 1.410 Gaceta de la República de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha del 19 de noviembre del 2014. Caracas, Venezuela. [6] Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública (2014). Decreto N° 1.424 Gaceta de la República de Venezuela Oficial N° 6.147 de fecha 13 de noviembre del 2014. Caracas, Venezuela. [7] Organización de los Estados Americanos. (2015) Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Capítulo IV (B). [8] Organización de los Estados Americanos (2003). Carta Democrática. Washington D.C, EE.UU. [9] Open Data Barometer 2016, 2015, 2014 y 2013. [10] World Wide Web Foundation (Junio, 2016). Open Data Barometer Reporte Regional: Latinoamérica. Tercera edición. [11] Global Open Data Index 2015. [12] Global Open Data Index 2015: Elections Results.