Mes: agosto 2017

Tras acumular más de ocho meses de retraso y de quedar relegadas a un segundo plano por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Poder Electoral inicia finalmente los trámites para las elecciones regionales, comicios en los que se elegirán gobernadores y miembros a los Consejos Legislativos de 23 entidades federales. Los preparativos, sin embargo, no han iniciado con buen pie.

1. ¡Postúlense!, luego el cronograma

Al igual que para la ANC, el organismo se adelantó unos pasos y llamó a los partidos políticos a postular candidatos entre el 8 y 9 de agosto de 2017 antes de difundir el cronograma electoral en un acto público. La ley es muy clara al respecto: el día en que se hace la convocatoria y se fija la fecha de los comicios debe publicarse el calendario con todas las actividades previas y posteriores al evento (artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales). La publicación del cronograma ofrece importantes garantías sobre la realización de las auditorías técnicas y el cumplimiento de otras etapas fundamentales para el correcto desarrollo de todo proceso electoral, por lo que debe conocerse a tiempo.
La convocatoria a las regionales, sin embargo, ha estado rodeada de irregularidades desde un primer momento. Inicialmente, el 18 de octubre de 2016, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que los comicios se efectuarían a finales del primer semestre de 2017. Lejos de interpretarse como la convocatoria formal de los comicios, el pronunciamiento se tradujo como una intentona de aplacar las reacciones que generaría la suspensión del referendo revocatorio dos días más tarde, cuando el revocatorio fue suspendido “hasta nuevo aviso”.
Fue en realidad el 23 de mayo de 2017 cuando el CNE reveló la fecha exacta: “Hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras y a los Consejos Legislativos regionales para el 10 de diciembre de 2017”, dijo Lucena en una alocución pública y televisada, unos segundos después de anunciar sorpresivamente que la elección a la ANC quedaría para finales de julio. Al día de hoy el árbitro no ha publicado el cronograma.

2. Postulaciones rápidas

Una segunda irregularidad la configura el poco tiempo estipulado para las postulaciones. En el cronograma de las elecciones regionales de 2012, por ejemplo, se especificó el día en que sería publicado el lapso de presentación de las postulaciones: en aquella oportunidad, el CNE otorgó 10 días para quienes aspiraban convertirse en parlamentarios regionales y 73 días para quienes buscaban ser gobernadores. Ciertamente, ese lapso no siempre ha sido tan largo. Para las regionales de 2008 el CNE estipuló ocho días para la inscripción de candidatos a gobernadores. En esta oportunidad, hasta los momentos, solo están contemplados dos días vía internet, entre el 8 y 9 de agosto.
En ambos cronogramas, 2008 y 2012, se evidencia que la postulación no fue el primer paso ejecutado por la autoridad electoral. En el presente, en cambio, se trata de la primera tarea que el CNE pone en marcha.

3. Validación de partidos

De 64 los partidos que constituyen el sistema político, sólo 22 están habilitados para postular candidatos en estas elecciones. El pasado 7 de agosto, el CNE anunció los resultados del proceso de renovación de las organizaciones políticas ante el organismo: 42 partidos no alcanzaron los requisitos exigidos. Muchas de las organizaciones que no pudieron legitimarse y que no podrán participar, tienen, precisamente, mayor fuerza en regiones específicas, razón por la que no obtuvieron el 0,5% del Registro Electoral en al menos 12 estados del país. Entre ellas, por ejemplo, La Causa R, popular en el estado Bolívar, el Movimiento Progresista de Venezuela, fuerte en Amazonas, y Proyecto Venezuela, con fuerte apoyo en Carabobo.
En vista de que el Distrito Capital no posee el mismo estatus constitucional que los estados, sin cargo de gobernador, los partidos fuertes en la región capital, como Redes y Alianza Bravo Pueblo (ABP), puede que no se vean afectadas en estos comicios pero sí en futuras elecciones municipales.

4. Prohibiciones políticas

Una cuarta anomalía la constituye la prohibición que pesa sobre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para inscribir candidatos en siete estados del país (Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia), luego que tribunales penales de primera instancia regional –sin competencia en el ámbito electoral– anularan la recolección del 1% de las firmas el 20 de octubre de 2016. Cabe sobre esto señalar el uso de procesos judiciales no concluidos como herramienta política a favor del partido gobernante.

5. El fantasma de las inhabilitaciones

Volvieron las inhabilitaciones políticas como estrategia para excluir por vías administrativas no claras a quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, procedimiento iniciado en 2008, cuando el Contralor General de la República se presentó ante el CNE con un listado de 272 nombres de políticos inhabilitados para el ejercicio de la función pública entre uno y 10 años, bajo el argumento de dudosos manejos de los recursos públicos y sin condenas penales.
La medida fue aplicada sobre los gobernadores de Miranda, Henrique Capriles Radonski, y Amazonas, Liborio Guarulla, y los exgobernadores zulianos, Manuel Rosales y Pablo Pérez; como también en contra de la diputada por el circuito 4 de Miranda, Adriana D’Elia; todos candidatos potenciales a las regionales. Las sanciones fueron estipuladas entre lapsos de siete a 15 años. También los alcaldes destituidos de Chacao, Ramón Muchacho; San Diego, Enzo Scarano; Iribarren, Alfredo Ramos y Lechería, Gustavo Marcano han sido recientemente inhabilitados políticamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): 15 meses para Muchacho, Ramos y Marcano y 15 años para Scarano.
A las inhabilitaciones podría agregarse ahora un “certificado de buena conducta” expedido por la Asamblea Nacional Constituyente para aquellos aspirantes de la oposición que quieran participar en las elecciones, según lo advirtió el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Pese a que los lapsos de las regionales parecen estar corriendo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) amenaza con transformar la estructura del Estado y del sistema político, sin ofrecer verdaderas garantías de elecciones periódicas, universales, libres y secretas. Una de las posibilidades contempladas en la redacción de una nueva Carta Magna es la eliminación de las figuras regionales y municipales, desplazadas por el Estado comunal. Por esta razón, algunos analistas califican las regionales como “una oferta engañosa”.

Conocido el pronunciamiento del Poder Electoral sobre las conclusiones de la renovación de partidos, el OEV presenta un breve balance del proceso que, desde la convocatoria formal, se prolongó injustificadamente durante un año y tres meses, con un diseño que perjudicó a organizaciones pequeñas y medianas, lesionando el pluralismo político al dificultar su validación

De los 59 partidos políticos convocados para renovar su inscripción ante el Poder Electoral, el 7 de agosto se conoció que solo 17 alcanzaron cumplir con los requisitos impuestos por el organismo, equivalente al 28,8% del total. Otras 42 organizaciones fueron ilegalizadas y no estarán habilitadas para postular candidatos para las elecciones regionales de 2017, cuya inscripción se realizará entre el martes 8 y el miércoles 9 de agosto, apenas un día después del anuncio.
Entre los partidos convocados inicialmente para renovar su inscripción ante la autoridad electoral, cuatro (Tupamaro, Nuvipa, Partido Comunista y Unidad Democrática) quedaron exentos de completar el proceso una vez que el Tribunal Supremo de Justicia publicó la sentencia N° 223, el 28 de abril de 2017. En ese fallo la Sala Constitucional ordenó reconocer la votación obtenida en las parlamentarias de 2015 para las toldas que participaron.
A excepción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Puente, IPP y UPP89 –estos tres últimos partidos registrados luego de las últimas elecciones–, todas las organizaciones estaban obligadas a renovar su nómina por no haber obtenido más de 1% en los comicios del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición decidió acudir con tarjeta única. Sin embargo, después de la sentencia, cada organización debía obtener el 0,5% del Registro Electoral en al menos 12 estados del país para legitimarse.
Aunque no era parte de los requisitos, partidos medianos y pequeños –tales como Alianza Bravo Pueblo (ABP), La Causa Radical (LCR) y Proyecto Venezuela (PV)– teniendo representantes electos al Parlamento Nacional, alcaldías y Concejos Municipales, no lograron validarse en las condiciones definidas por el CNE para este proceso. Otras organizaciones, que validaron solo en los estados donde no alcanzaron el 0,5% –como Bandera Roja y Redes–, no cumplieron la meta. Las organizaciones políticas nacionales autorizadas para inscribir candidaturas en los próximos comicios son:

1. Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)
2. Independientes Por el Progreso (IPP)
3. Unidad Política Popular 89 (UPP 89)
4. Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
5. Partido Unión y Entendimiento (Puente)
6. Nueva Visión para mi País (Nuvipa)
7. Partido Comunista de Venezuela (PCV)
8. Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaros)
9. Acción Democrática (AD)
10. Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC)
11. Movimiento Primero Justicia (MPJ)
12. Avanzada Progresista (AP)
13. Voluntad Popular (VP)
14. Movimiento Al Socialismo (MAS)
15. Por la Democracia Social (Podemos)
16. Organización Renovadora Auténtica (ORA)
17. Patria Para Todos (PPT)
18. Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)
19. Nuevo Camino Revolucionario (NCR)
20. Copei
21. Movimiento Político Alianza Para el Cambio (MPAPC)
22. Unidad Popular Venezolana (UPV)

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) presenta a continuación algunos resultados de su observación durante este proceso.
La validación empezó a correr en mayo de 2016 y estaba pautada para terminar en noviembre de ese año, pero después de experimentar cinco extensiones, inició formalmente el pasado 4 de marzo. Pese a que el Poder Electoral está capacitado para dar los resultados en tiempo real, las autoridades decidieron prolongar hasta el 7 de agosto –dos meses adicionales– la difusión de las conclusiones.

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A esto se suma la irregularidad de que el CNE aprobó el informe sobre la renovación de partidos apenas un día antes de la inscripción de candidaturas para elegir gobernadores y Consejos Legislativos, a las 7:24 de la noche.

Criterios desiguales y otros obstáculos

Bajo un criterio arbitrario, el CNE estipuló 390 puntos de validación biométrica en los 335 municipios del territorio nacional que, al funcionar durante 20 días, significó el despliegue de 7.320 centros susceptibles de ser observados, la mayoría de ellos ubicados en parques y plazas públicas que no contaban con estructura física adecuada. Si bien se colocó al menos una máquina en cada municipio, para un total de 439 máquinas distribuidas en el país, no fue considerada la proporción poblacional.
Así, los escenarios proyectaron que en Cojedes y Amazonas, por ejemplo, podrían validar hasta siete partidos por jornada. En cambio, en entidades con más electores, como Zulia y Carabobo, podría validar apenas uno. Todo esto confirma que el sistema diseñado por el árbitro limitó de antemano el número de partidos que podrían cumplir con los requisitos en una misma jornada. En este sentido, extraña que en la antepenúltima y penúltima jornada– del 20 al 28 de mayo– tres partidos lograron validar cada fin de semana, algo que parecía poco probable.
Además de los obstáculos referidos al número de máquinas y el traslado a puntos inhóspitos en los estados rurales, cada partido tuvo sólo 14 horas para alcanzar el objetivo. Otro impedimento resaltante fue la instrucción girada a los operadores de actualizar los datos biográficos de cada elector, incrementando el tiempo de validación y retrasando el proceso.

Asistencia e incidencias

De los 390 puntos de validación, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) determinó una muestra sistemática, probabilística y representativa de 50 puntos cada fin de semana, visitados por un equipo de 314 voluntarios de la red de observación.
A grandes rasgos, el proceso puede dividirse en dos fases: los primeros cinco bloques –utilizando la terminología del CNE– correspondieron principalmente a la validación de partidos opositores y los últimos cinco bloques estuvieron asociados a la renovación de partidos pro-oficialistas. Ambas etapas exhibieron tendencias distintas.
Mientras la primera fase estuvo marcada por una alta afluencia de ciudadanos y desorganización de parte del Poder Electoral, la segunda se caracterizó por la ausencia de testigos de los partidos convocados a validarse y una baja asistencia con filas que no superaron las 30 personas y que, en algunos casos, llegaron a cero. Con el transcurso del tiempo, las fallas técnicas fueron mermando  y los puntos fueron operando cada vez más temprano hasta normalizarse y abrir antes de las 8:30 de la mañana.
Esto explica que durante los primeros cinco bloques muchos militantes quedaron sin validar por la organización de su preferencia, aunque algunos puntos prorrogaron su hora de cierre por aún quedar ciudadanos en cola; algo que no hizo falta en los últimos bloques. Pese a que los hechos violentos fueron aislados, la mayor cantidad se reportó durante la validación de los partidos de oposición, representando el 1,62% de todo el proceso.
Para muestra un botón. En el primer día de validación, el punto en Caracas ubicado en La Rinconada comenzó a operar a las 11:00 de la mañana por la ausencia de una extensión eléctrica, retardando drásticamente el proceso. El fin siguiente, en Caricuao, también en la capital venezolana, un grupo de personas incendió el toldo de Voluntad Popular y agredió físicamente a quienes participaban en la jornada. Una semana más tarde, en la parroquia caraqueña 23 de enero, el personal del CNE se vio obligado a suspender el proceso en medio de sabotajes y amedrentamiento, provocando el cierre anticipado del punto al iniciar el turno de la tarde. Pasaron cosas similares en Escuque, Trujillo, ese fin de semana y en el municipio Libertador de Monagas la semana de arriba. En ninguno de los casos el Plan República actuó para contener las incidencias.
Pese a que la presencia de los funcionarios de la Guardia Nacional alcanzó un 90,65% en los puntos de validación, en los últimos cinco bloques fue menor. La presencia de testigos de los partidos políticos en el proceso fue de 78,14%, mientras que los problemas técnicos se observaron en 6,93% de los puntos.
Nuestros observadores registraron igualmente otro tipo de anomalías: puntos ubicados muy cerca de operativos gubernamentales para obtener el Carnet de la Patria, generando confusión en los ciudadanos; ausencia de señalización que complicó la localización del centro; testigos de los partidos no recibieron sus credenciales a tiempo; fallas en los equipos técnicos, especialmente en los lectores de huellas; ciudadanos que no aparecieron registrados en el estado; entre otras.

Otras omisiones del CNE

El Poder Electoral no convocó a observadores o partidos políticos para las auditorías técnicas al sistema y mantuvo en silencio durante el proceso todos los criterios que emplearía: aplicaciones de hardware y software; detalles sobre la recolección, almacenamiento, transmisión y procesamiento de los registros; garantía sobre el secreto de la información del elector; la cadena de confianza de los datos; etc. Incluso, nunca hubo garantía de que la preferencia del elector por un partido político terminaría contando efectivamente para esa organización.
El organismo no hizo ningún esfuerzo de difusión que ayudara a los ciudadanos a informarse acerca del proceso. En resumen, el CNE organizó un proceso en condiciones que dificultaron la participación, hizo caso omiso a los reclamos de los partidos políticos e hirió la pluralidad política al quedar invalidados la mayoría de partidos mediante una decisión de naturaleza administrativa.
Desde que comenzó el proceso el OEV alertó sobre todos los obstáculos impuestos: los plazos, la ubicación de los puntos y la cantidad de máquinas dispuestas. Básicamente, consistió en una gestión administrativa que dificultó a partidos pequeños y medianos cumplir con las exigencias.