De esta manera, la campaña pierde fuerza como evento dirigido a hacer visibles propuestas y estilos de gobierno, a fin de que el elector se encuentre informado y pueda comparar y evaluar las distintas ofertas y votar en consecuencia.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera necesario hacer esta observación, con la certeza de que al hacerlo expresa el sentir -e incluso la molestia- de muchos ciudadanos quienes advierten con preocupación, cómo en la presente competencia política, cualquier medio o recurso disponible pereciera lícito, para lograr el triunfo en los próximos comicios. En este sentido, el OEV, si bien reconoce que la responsabilidad del deterioro advertido es atribuible a los dos sectores políticos que polarizan el proceso político nacional, la misma recae en mayor medida sobre factores vinculados a la candidatura oficial.
Nuestra democracia se merece una discusión política más positiva y pacífica, realizada en un estilo más constructivo, centrado en planteamientos y ofertas de cada candidato y no en el descrédito del contendor, ni en intentos, afortunadamente hasta ahora abortados, de impedir el libre flujo de las ideas y restringir la libertad de circulación de los actores políticos. Todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen la libertad de escuchar a quienes deseen escuchar, no a quién se les imponga, para poder, así, ir a votar por quien consideren la mejor opción para el futuro del país, vistas sus cualidades e ideas para gobernar.
En el marco de lo anteriormente señalado, el Observatorio Electoral Venezolano quiere destacar, que el presente proceso electoral pone en evidencia la necesidad de retomar la discusión acerca del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales como un mecanismo que mitigue los desequilibrios que en esta materia se advierte entre los actores políticos. Así como el erario público no puede ser la caja chica del gobierno de turno, en ninguna de sus instancias, tampoco resulta conveniente supeditar a intereses económicos privados el sostenimiento de los gastos que implica cualquier actividad política, pues ello limita las posibilidades y alienta perversos condicionamientos que afectan el ejercicio de una democracia verdaderamente participativa y más transparente.
Este equilibrio que demanda el OEV en las fuentes de financiamiento para una futura ley de procesos electorales, puede y debe expresarse en forma tangible e inmediata en el uso gratuito y equilibrado de los espacios pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, que en su condición de instancias públicas, deben recoger la diversidad de opciones que se presentan en la contienda. La monopolización de esos dispositivos comunicacionales con fines proselitistas constituye una inadmisible apropiación de lo público con fines privados.