Primera quincena, febrero de 2024

Algunas de las fechas propuestas implican la realización de elecciones presidenciales con condiciones muy restrictivas

Claves del calendario electoral que elabora la Asamblea Nacional
Las consultas se realizan en el Palacio Federal Legislativo. Foto: @Asamblea_Ven.

En el Palacio Federal Legislativo se elabora un calendario electoral para las elecciones presidenciales de este año. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, convocó a sectores políticos, económicos y religiosos a definir una fecha para los comicios, aunque esta es una facultad exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El parlamentario ha reiterado que se trata de una propuesta o sugerencia que será presentada a las autoridades electorales para su consideración. Además, distingue “calendario” de “cronograma” cuando se refiere a las atribuciones del ente comicial como una manera de enfatizar que la Asamblea Nacional no incurre en usurpación de funciones al recomendar una fecha.

Las consultas iniciaron el lunes 5 de febrero y se extendieron hasta el viernes 9 de febrero, luego se reanudaron el miércoles 14 de febrero cuando se realizó la séptima ronda de diálogo. De acuerdo con la versión oficial, acudieron 29 organizaciones políticas y nueve precandidatos, más de 30 grupos religiosos, 30 organizaciones del sector industrial y empresarial, así como sectores académicos y culturales.

A continuación, las claves del proceso:

La convocatoria

Aunque se plantea como una jornada amplia y diversa se excluye a la precandidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, luego de que se ratificara su inhabilitación. Según la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la opositora “ha sido partícipe de una trama de corrupción y bloqueo criminal a la República”, aunque no fue sometida a juicio ni tuvo derecho a la defensa.

No obstante, el presidente del Legislativo afirmó a los medios de comunicación, el miércoles 14 de febrero, que la delegación de la Plataforma Unitaria —que forma parte de la negociación— había sido invitada y reiteró la convocatoria a este sector que hasta el momento no ha participado.

Por su parte, la Plataforma Unitaria denunció que las consultas que lleva adelante la Asamblea Nacional son “para tratar de diseñar un tipo de proceso electoral que se adapte a la pretensión de Nicolás Maduro de quedarse en el poder sin tener el apoyo de los votos del pueblo, en contra del sentir de la gran mayoría de los venezolanos que apoyamos el cambio político por la vía democrática”, en un comunicado que publicó el 4 de febrero.

El acuerdo sobre condiciones políticas y garantías electorales, que suscribieron las delegaciones de la negociación en Barbados, establece que las presidenciales deben fijarse en el segundo semestre de 2024, por lo que cualquier fecha que sea propuesta fuera de ese periodo violaría lo pactado.

Es preciso subrayar que el Poder Legislativo es dominado mayoritariamente por una fuerza política afín al gobierno como consecuencia de la abstención de la gran parte de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 que desconocieron por considerarlas “fraudulentas”. En este sentido, el contrapeso político es prácticamente nulo.

Otra razón que explica la mayoría casi absoluta psuvista en el Parlamento es que Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009 no cumple con el principio de representación proporcional establecido en la Constitución, según el cual los diputados deben ser asignados en porcentaje similar al de votos obtenidos.

En consecuencia, el diseño del sistema electoral venezolano tiende a favorecer la mayoría y, en la práctica, quien gana se lo lleva todo.

La fecha

Algunas de las fechas propuestas públicamente, en el marco de esta convocatoria, implican la realización de elecciones con condiciones restrictivas, afectando garantías claves como la actualización del Registro Electoral (RE) sin la cual millones de venezolanos y venezolanas se quedarían sin poder ejercer su derecho al voto.

Aquí las fechas anunciadas hasta ahora:

-Luis Ratti: 14 de abril.

-Daniel Ceballos de Arepa Digital: entre el 1 de mayo y el 1 de junio.

-Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática: 5 de julio.

-Copei judicializado: 21 de julio.

-José Brito de Primero Venezuela: 28 de julio (coincide con el cumpleaños de Hugo Chávez).

-Javier Bertucci de Esperanza por el Cambio: del 15 de septiembre al 6 de octubre.

Alianza del Lápiz: 27 de octubre.

El rector suplente del Consejo Nacional Electoral Conrado Pérez también se pronunció para decir que el Poder Electoral “está técnicamente preparado para hacer elecciones en 35 días”.

Si bien es cierto que las presidenciales de 2013 —que fueron convocadas anticipadamente por la muerte del mandatario Hugo Chávez— se realizaron en seis semanas, también lo es que se trataba de una situación excepcional, pues se debía resolver la falta absoluta del presidente de la República con nuevas elecciones en 30 días como demanda el artículo 233 de la Constitución.

El OEV ha reiterado, en varias oportunidades, que organizar comicios de calidad requiere tiempo. Los plazos insuficientes que se establecieron para las presidenciales de 2018 provocaron drásticos recortes que afectaron la actualización del Registro Electoral, la observación electoral nacional e internacional e imposibilitaron la realización de todas las auditorías al sistema automatizado de votación.

La falta de condiciones en 2018 causó el menoscabo de los derechos políticos de los venezolanos y agudizó la crisis venezolana con el desconocimiento de una parte de la comunidad internacional hacia los comicios que calificaron de “ilegítimos”.

Para dimensionar el tiempo que requiere atender el RE, por ejemplo, hay que considerar que más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), de los cuales más de 4 millones tienen derecho al sufragio, pero solo 107.496 venezolanos están registrados como votantes en el extranjero, según el corte del 22 de octubre de 2023 publicado en Gaceta Electoral N°1037 del 29 de octubre de 2023.

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 35, establece que a los efectos de la celebración de un proceso electoral, el CNE tomará como Registro Electoral preliminar el corte de la data correspondiente a los treinta días siguientes a la convocatoria del proceso, esto debe ser tomado en cuenta a efectos de habilitar jornadas especiales masivas que permitan incorporar al gran número de rezagados que hay en la actualidad.

Los observadores electorales nacionales e internacionales requieren meses de antelación para buscar financiamiento, preparar los permisos respectivos y construir las misiones de expertos.

Así mismo, las auditorías al sistema automatizado de votación deben hacerse en su totalidad para, no solo verificar su buen funcionamiento, sino generar confianza en la ciudadanía.

¿Quiénes participaron?

Por el sector político estuvieron presentes los precandidatos presidenciales Javier Bertucci (El Cambio); Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido); Luis Eduardo Martínez (AD intervenida); Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz), el politólogo Luis Ratti y el estudiante Seir Contreras. El aspirante a Miraflores, Benjamin Rausseo (Conde del Guácharo), fue representado por Juan Barreto (REDES) y Agustín Berríos.

La comisión parlamentaria elabora una propuesta. Foto: @Asamblea_Ven.

También asistieron el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, por Fuerza Vecinal; el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, por Arepa Digital; Claudio Fermín por Soluciones; Leocenis García por Prociudadanos; Hiram Gaviria por Puente; José Gregorio Noriega por Voluntad Popular; la excandidata de las primarias opositora Gloria Pinho; Alfredo Boscán del Movimiento de Integración Nacional (MinUnidad); Mario Valdez del Movimiento Republicano; Frederick Villegas de Centrados; Chaim Buscaram de Venezuela Unidad; Wilmer Alexander Alcalá del Movimiento Humanista de Venezuela y Jhon Segovia de Actívate Venezuela, Henry Parra autoridad ad hoc del Partido Comunista de Venezuela.

Además del Psuv representado en los parlamentarios que dirigen la consulta, acudieron Tupamaros, Patria Para Todos (PPT), Podemos, entre otros aliados del Polo Patriótico.

Se espera que el Legislativo presente la propuesta de calendario al Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez elabore un documento conjunto. Hasta la fecha, los rectores no se han pronunciado al respecto.


¡Hay que facilitar el voto!

El Poder Electoral debe habilitar jornadas especiales masivas y extensas. Foto: nuevodia.com.ve

El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser garante del derecho al voto y esto solo es posible facilitando jornadas masivas y extensas para que las venezolanas y los venezolanos puedan inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral dentro y fuera del país.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el CNE establecerá y administrará lo conducente a la ubicación de los lugares en los cuales funcionarán los centros de inscripción y actualización, con los siguientes criterios:

1️⃣ Facilidad de acceso para los electoras y electores.

2️⃣ Presencia en los sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración poblacional.

3️⃣ Garantía para todos los sectores de la población.

Las organizaciones con fines políticos, comunidades organizadas, comunidades y organizaciones indígenas, podrán solicitar al CNE la apertura de centros de inscripción y actualización en ubicaciones por ellos propuestos.

El mismo artículo establece que la ubicación de los lugares en los cuales funcionarán los centros de inscripción y actualización, y de los centros móviles, deberá ser hecha del conocimiento público mediante la publicación en cualquier medio de comunicación idóneo y eficaz, así como en el portal oficial de internet del CNE.

Si tomamos como referencia las elecciones presidenciales de 2012, uno de los procesos electorales más competitivos, la jornada especial de inscripción y actualización del RE debería realizarse en, por lo menos, ocho meses y disponerse 1.300 puntos como mínimo.

Ese año se logró incorporar a 1 millón 221 mil 738 nuevos inscritos, de los cuales cerca de 90% eran jóvenes entre 18 y 25 años, informó el ente comicial.

Según estimaciones, en el país hay más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el RE. Mientras que en el exterior, más de 4 millones de venezolanos pudieran quedarse sin derecho al voto si no inscriben o actualizan sus datos.

Por esta razón urgen jornadas masivas y extensas dentro y fuera del país, estamos a tiempo si los comicios se fijan para el último trimestre del año.


Parlamento Europeo no reconocerá elecciones sin garantías

Presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Foto: europarl.europa.eu

En su resolución del 8 de febrero de 2024, el Parlamento Europeo advirtió que no se reconocerá las elecciones ni los resultados electorales en Venezuela hasta que se respete en su totalidad el Acuerdo de Barbados y la hoja de ruta electoral, se habiliten los políticos opositores inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, se le permita a María Corina Machado participar en las elecciones y hasta que se apliquen correctamente las recomendaciones de 2021 de la Misión de Observación de la Unión Europea.

Esta misión hizo 23 recomendaciones al Estado venezolano, luego de hacer observación en las elecciones regionales y municipales de 2021, de las cuales destacamos siete:

1️⃣ Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral.

2️⃣ Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.

3️⃣Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.

4️⃣ Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña.

5️⃣ Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.

6️⃣ Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.

7️⃣ Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.

En la resolución, el Parlamento Europeo condiciona el envío de una misión de observación electoral a Venezuela a que existan garantías claves y creíbles de que se respetan las condiciones electorales acordadas.

Además, insta los Estados miembros de la Unión Europea a mantener las sanciones impuestas y a intensificarlas hasta que exista un compromiso claro y permanente del gobierno venezolano.


Reelección de Bukele en El Salvador: un ejemplo antidemocrático para la región

La reelección de Bukele es controvertida. Foto: @nayibbukele

Nayib Bukele fue reelecto presidente de El Salvador a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata. ¿Cómo lo hizo? En 2021, el Parlamento dominado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, designó a los nuevos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tras destituir a los jueces anteriores —que habían emitido veredictos contrarios al gobernante— en un movimiento que la oposición llegó a calificar como un golpe de Estado.

Luego, esta Sala Constitucional, cuya independencia es cuestionada, abrió el camino para que Bukele pudiera aspirar a un segundo mandato inmediato. El único requisito fue una licencia que el mandatario debió solicitar a la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña y apartarse de sus funciones presidenciales.

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en El Salvador recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la reelección presidencial indefinida “es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

También advirtió que el artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana establece entre sus elementos esenciales la separación e independencia de los poderes públicos. Al respecto, la Corte IDH ha manifestado que “la separación del poder del Estado en distintas ramas y órganos guarda estrecha relación con el propósito de preservar la libertad de los asociados, bajo el entendido de que la concentración del poder implica la tiranía y la opresión, así como la división de funciones estatales permite el cumplimiento eficiente de las diversas finalidades encomendadas Estado”.

Bukele se reeligió erosionando la separación e independencia de los poderes públicos valiéndose de la mayoría parlamentaria y de su influencia en el Poder Judicial.

Cerca de las 6 de la tarde del viernes 9 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la victoria de Nayib Bukele, al anunciar que obtuvo el 82.66 % del total de votos válidos (2.701.725).

Tras casi una semana de permanecer a la espera de los resultados, y luego de un escrutinio cargado de anomalías, se conoció finalmente la cantidad de votos que los partidos en contienda obtuvieron y el porcentaje de participación ciudadana.


Recomendación al cierre…

A propósito de la reciente resolución del Parlamento Europeo en la que insta al Estado venezolano a cumplir las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, compartimos el informe que hizo esta misión en el que ofrece un análisis integral sobre el sistema electoral venezolano y una radiografía de los comicios regionales y municipales de 2021.

Te invitamos a dar clic aquí para descargar el informe.

Segunda quincena, enero de 2024

Venezuela es el único país de América Latina que no tiene un cronograma electoral. La convocatoria condiciona el cumplimiento de actividades que son cruciales para la integridad de los comicios

¿Por qué la fecha de las presidenciales es una garantía clave?
Fachada del Poder Electoral en Caracas, Venezuela. Foto: Voz de América.

Hasta el año 2009, la ley venezolana fijaba un lapso dentro del cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) debía establecer las fechas de convocatoria y de votación.

El artículo 152 de la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que rigió desde 1997 hasta 2009, establecía que:

“El Consejo Nacional Electoral fijará con seis (6) meses de anticipación por lo menos, y mediante convocatoria que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, la fecha de las elecciones indicadas en los artículos anteriores, para un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del periodo correspondiente”.

Pero, con la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el CNE puede fijar la fecha discrecionalmente.

La Lopre señala, en su artículo 42 que: “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de la elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos.

En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley.

La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medios de información masivos”.

Por esta razón, en Venezuela las elecciones presidenciales se han realizado en octubre (7 de octubre de 2012) e incluso en mayo (20 de mayo de 2018). Este último ejemplo es emblemático para explicar por qué la fecha es una garantía clave para el proceso electoral.

Presidenciales de 2018

En 2012, el CNE anunció con 390 días de antelación, poco más de un año, la fecha de las elecciones, mientras que hizo la convocatoria formal –con la publicación del cronograma– con seis meses de antelación.

En cambio, en 2018 la primera fecha de los comicios (22 de abril de 2018) fue fijada con apenas 74 días de anticipación y la convocatoria formal con poco más de dos meses.

Posteriormente, las autoridades electorales reprogramaron los comicios para el 20 de mayo de ese año, producto de un acuerdo político que firmaron un sector de la oposición, representado por los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) Y Copei, y el partido de gobierno (Psuv).

Sin embargo, los nuevos plazos eran igualmente insuficientes y la convocatoria apresurada provocó drásticos recortes en los lapsos para postular candidatos, inscribirse e impugnar el Registro Electoral, celebrar elecciones primarias o informar a los electores sobre el evento; también afectó la observación electoral internacional y las auditorías al sistema automatizado de votación como documentó el OEV en su Informe de irregularidades 2018, Las elecciones del próximo 20 de mayo no son libres ni imparciales.

La fecha determina el cumplimiento de otras garantías. Es por esto que el OEV ha advertido que la convocatoria con menos de seis meses para la organización del acto electoral conspira contra la democracia al perjudicar fases que son cruciales del proceso electoral.

El doctor en ciencias políticas, constitucionalista y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Salamanca, concluyó que la fecha de la elección “es una regla clave del juego político que no puede estar circunstancialmente en manos de una mayoría política que, eventualmente, la use como un elemento ventajista”, en el libro Sistema electoral venezolano que publicó el OEV en 2016.

Venezuela, el único país de la región sin fecha

El 17 de octubre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron un acuerdo político en Barbados que fija las elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024.

Sin embargo, al día del hoy, el CNE no ha hecho la convocatoria formal convirtiendo a Venezuela en el único país de América Latina que, teniendo elecciones programadas este año, no tiene un cronograma electoral.

Mientras los rectores siguen sin pronunciarse, el presidente de  la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a las precandidatas y los precandidatos, a los partidos políticos y demás sectores del país a “elaborar el calendario electoral” este lunes 5 de febrero.

La declaración de Rodríguez se produce luego de que el gobierno de Estados Unidos revocara la licencia que permitía operaciones temporales con Minerven y advirtiera que dejará sin efecto, en abril, las que autorizan las transacciones en el sector petrolero y gasífero si no se ofrecen condiciones electorales.

En la mayoría de los países de la región que tienen elecciones generales o presidenciales este año, la convocatoria se hizo con seis meses de antelación y, en los que no, con cuatro meses como mínimo. En algunos casos, las autoridades electorales hicieron el anuncio un año antes.

A continuación, el ejemplo de los cinco países de América Latina y el Caribe (excluyendo a Venezuela que aún no tiene fecha) que registran procesos presidenciales o generales en 2024:

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador anunció el 6 de septiembre de 2023 la fecha de las elecciones generales que son el 4 de febrero de este año (cuatro meses y 29 días).

El Tribunal Electoral de Panamá convocó las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el 1 de junio de 2022 (un año y 11 meses).

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó el cronograma electoral para las elecciones generales del 2 de junio de 2024, el pasado 20 de julio de 2023 (diez meses y 13 días).

En República Dominicana, la Junta Central Electoral publicó el cronograma de las elecciones generales del 19 de mayo de 2024, el 28 de noviembre de 2022 (un año, cinco meses y 21 días).

En Uruguay, las elecciones generales serán el 27 de octubre de este año, pero el proceso comenzó a organizarse desde el 8 de junio de 2023 cuando se publicó el calendario para las elecciones internas de los partidos políticos (un año, cuatro meses y 19 días).

Por último, las leyes electorales no deben ser objeto de modificaciones sustanciales durante los seis meses previos a las elecciones, este es un estándar internacional que también recoge la legislación venezolana y ratifica que este lapso de tiempo parece ser el mínimo indispensable para proteger la integridad del proceso electoral.


Estocada al acuerdo político de Barbados

El gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria acordaron elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024. Foto: @NoruegaMexCA.

El acuerdo político, firmado en Barbados, ha sido torpedeado con la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado.

Parte fundamental de las garantías electorales contenidas en ese acuerdo es que cada sector político del país pueda elegir libremente a su candidato o candidata de cara a las elecciones presidenciales. Machado fue la ganadora indiscutible de las primarias realizadas en octubre, el mecanismo que la coalición opositora escogió para ello.

No obstante, el 26 de enero de este año, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la aspiración presidencial de la líder de Vente Venezuela alegando que “ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó que propició el bloqueo criminal a la República, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con complicidad de gobiernos corruptos”.

Señala esa sala que Machado no cumple los requerimientos establecidos en el Acuerdo de Barbados y está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años.

 El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, alertó que con esta decisión el TSJ la condenó sin derecho a la defensa y, en tal sentido, la acción “debe ser revertida”.

El equipo legal de la candidata denunció que nunca tuvo acceso al expediente del caso, lo que violó las garantías procesales de la dirigente opositora, de acuerdo con Acceso a la Justicia.

“Sin pruebas, sin defensa, sin ninguna garantía procesal, la SPA resuelve el fondo del asunto planteado”, cuestionó el abogado Perkins Rocha, representante legal de Machado.

Además, señaló que el contenido de la resolución de la Contraloría, en la que se justifica la sanción administrativa, de N° 01-00-000285 del 17 de septiembre de 2021, no se conoció antes ni fue referida nunca por el entonces contralor, ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso.

Adicionalmente, la Constitución venezolana establece, en su artículo 42, que solo una sentencia judicial firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos.

En consecuencia, la facultad exclusiva que confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para inhabilitar contraviene el texto constitucional, “así como los principios internacionales para elecciones democráticas”, alertó la misión de observación electoral de la Unión Europea en su informe sobre las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021.

Las otras garantías electorales tampoco registran avance a tres meses de la firma del acuerdo. El único paso concreto que se dio en esta materia fue el inicio de una jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) que duró 16 días (del 10 al 26 de octubre) y finalmente fue suspendido por la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo, según informó el rector principal del CNE Juan Carlos Delpino, en el marco del Plan de Catastro de Centros de Votación.

Las autoridades electorales venezolanas también han explorado la posibilidad de desplegar misiones técnicas de observación electoral del Centro Carter y, más recientemente, de la Unión Europea, aunque no se conoce públicamente si han sido invitadas formalmente.

Te recomendamos dar clic aquí para conocer a detalle todas las garantías que estipula el acuerdo:


Obstáculos para la actualización del Registro Electoral

A propósito de la jornada especial para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) que el CNE habilitó brevemente en 2023, el rector principal del órgano comicial Juan Carlos Delpino enumeró cuatro obstáculos que atentan contra el derecho al voto en este tipo de actividades:

1️⃣ Falta de información con relación a la ubicación de los puntos para la inscripción y actualización del RE.

2️⃣ Falta de uniformidad en la solicitud de los recaudos, siendo que el único requisito legalmente requerido es la cédula de identidad.

3️⃣ Incumplimiento en el horario de funcionamiento de algunos puntos.

4️⃣ En algunos casos los agentes de inscripción y actualización solo atendían las solicitudes orientadas a poblar los nuevos centros de votación.

A la fecha, el Poder Electoral no ha convocado nuevas jornadas especiales a pesar de que urgen para incorporar el gran número de rezagados que se estiman en más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos y más de 4 millones que están fuera del país y deben actualizar sus datos de residencia para poder sufragar.

De acuerdo con el CNE, solo 107.496 venezolanos en el exterior estaban inscritos, según el corte del 22 de octubre de 2023.

¿Por qué son importantes las jornadas especiales?

Las jornadas especiales del RE deberían traducirse en la masificación de los centros o puntos de inscripción y actualización en el RE en el territorio nacional. Cuando no hay jornadas especiales, la inscripción y actualización solo se puede tramitar en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) del CNE, ubicadas únicamente en las capitales de los estados.

Esto representa un obstáculo importante para que las venezolanas y los venezolanos que viven en zonas remotas puedan inscribirse o actualizar sus datos en el RE, por eso es importante que el Poder Electoral haga esfuerzos por acercar este derecho.


Alerta internacional por el grave riesgo para las ONG en Venezuela

Una representante de Foro Cívico protesta por derechos humanos en Caracas. Foto: Provea.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch  y Amnistía Internacional denuncian que el proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines –aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional– pone en grave riesgo a las ONG en Venezuela.

Alertan que puede convertirse en una herramienta para legitimar la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos. Además, pone en riesgo la libertad de asociación y de expresión, así como el derecho a defender derechos humanos.

También se pronunciaron más de 200 organizaciones nacionales a través de un comunicado en el que señalan que la aprobación del proyecto de ley “ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana”.

Así mismo, subrayan que el Estado venezolano recibió fundamentadas y numerosas objeciones de la comunidad internacional tanto de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la improcedencia de dicha ley por su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos.


Ideas por la democracia

La iniciativa convoca a ONG venezolanas. Foto: https://porlademocracia.com/

El pasado 23 de enero nació Ideas por la Democracia, un esfuerzo conjunto que llevan adelante diversas organizaciones civiles e individualidades con el propósito de consolidar y estructurar la participación ciudadana en la construcción de una democracia estable en Venezuela.

El movimiento busca crear un espacio de encuentro para que organizaciones pares en la región establezcan una conversación y acciones regionales que apunten al fortalecimiento de los valores democráticos en las Américas.

Este espacio asume como objetivo dotar a la sociedad de las herramientas y conocimientos esenciales para comprender, reclamar y salvaguardar sus derechos en un contexto regional caracterizado por desafíos políticos y sociales.

El lanzamiento de “Ideas Por La Democracia” contó con la participación destacada de Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Deborah Van Berkel, Rafael Uzcátegui de Laboratorio de Paz, Carolina Jiménez de Wola y Griselda Colina del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.

Desde el OEV saludamos este valioso esfuerzo.


Recomendación al cierre…

La coordinadora regional de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral (Caoeste), Bárbara Benetti, explica el papel crucial que desempeñan los observadores electorales como defensores activos de los derechos fundamentales en el ámbito democrático en este artículo publicado por Transparencia Electoral de Argentina.