Segunda quincena, junio de 2022

Termina la era Bachelet. En su último informe sobre Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas incorpora tres apuntes sobre las más recientes elecciones en materias de paridad de género, comunidades indígenas y libertad de expresión

Algunos de los dirigentes políticos inhabilitados, de izquierda a derecha: Aldemaro Sanoja (PCV), Aurora de Superlano y Freddy Superlano (MUD) y Daniel Ceballos (VP).

El gobierno venezolano debe asegurar que el derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos a las elecciones no se restrinja indebidamente, ni en la ley ni en la práctica. También debe asegurar que las garantías del debido proceso judicial se implementen de manera estricta en caso de que los candidatos sean inhabilitados políticamente, respetando la independencia y la separación de poderes.

El anterior es uno de los exhortos que acaba de hacerle la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) al gobierno venezolano. Estas y otras recomendaciones forman parte del último informe que consignó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, antes del término de su mandato en los próximos meses.

Este emplazamiento surge, si lo vemos en contexto, después de que decenas de candidatos de la oposición política y del chavismo disidente fueron inhabilitados por instancias gubernamentales para postularse a alguno de los distintos cargos en disputa en las elecciones de 2021. No medió procedimiento alguno, no existió notificación previa a los aspirantes, algunos ni siquiera habían ejercido previamente funciones en la administración pública y otros incluso sus postulaciones fueron admitidas en noviembre de 2021 pero rechazadas tras inscribirse para la repetición estadal de enero de 2022. Sobre este aspecto ahondamos en el informe preelectoral y los informes de observación definitivos (nacional y Barinas) del OEV.

#EnContexto

La otra de las recomendaciones del ACNUDH en materia electoral es que el gobierno nacional establezca un registro especial de votantes para los pueblos indígenas a fin de garantizar su participación libre y significativa en los procesos electorales. Así se desprende de una traducción al informe escrito, publicado el 24 de junio. La actualización oral por parte de Bachelet, entre tanto, tuvo lugar en Ginebra el 29 de junio.

La alta comisionada Bachelet durante la actualización oral del informe sobre Venezuela el 29 de junio en Ginebra | Captura de pantalla ONUTV

¿Qué dice el informe?

El informe en cuestión abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. Se enfoca en los más recientes acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por la Oficina del ACNUDH.

Sobre la materia electoral, el texto valora que las elecciones regionales y municipales que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2021, en general, transcurrieron en calma.

Se recuerda que el 9 de enero de 2022 se celebró una nueva votación en el estado Barinas, tras la anulación de los resultados de las elecciones del 21 de noviembre por la inhabilitación del candidato a gobernador de la principal alianza opositora por parte del TSJ.

Menciona el informe que las misiones internacionales de observadores electorales y un Grupo de Expertos de la ONU fueron invitados a Venezuela por primera vez desde 2006.

A continuación, enumeramos los tres asuntos electorales específicos que son resaltados en el informe del ACNUDH:

1. Género: las nuevas normas sobre la paridad de género promulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de las elecciones regionales y municipales favorecieron una mayor participación de las mujeres como candidatas. Según el CNE, las mujeres representaron por primera vez casi el 50% de las candidaturas, aunque en su mayoría para concejales municipales y no para gobernadoras o alcaldesas.

Tras la votación, solo dos de los 23 gobernadores electos fueron mujeres y 62 de los 335 alcaldes, lo que supone una disminución en comparación con las elecciones de 2017, donde cinco mujeres fueron elegidas gobernadoras y 76 alcaldesas.

A partir de esta realidad, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos alienta a las autoridades a que adopten las medidas positivas necesarias para garantizar la paridad de género en los procesos electorales.

2. Indígenas: en septiembre de 2021, el CNE aprobó el registro electoral indígena con la inclusión de unas elecciones preliminares de 4.334 voceros. El 26 de noviembre de 2021, fueron estos voceros quienes eligieron a 69 concejales municipales indígenas y ocho legisladores regionales indígenas en ocho estados venezolanos. No se reportaron incidentes el día de las elecciones, resume el informe.

El ACNUDH reiteró su preocupación por la falta de consentimiento inclusivo, libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas en la reforma de 2020 que introdujo el voto indirecto.

Como hemos recordado varias veces en el OEV, el voto indirecto que se ha aplicado en 2020 y 2021 a representantes de pueblos y comunidades indígenas es contrario a la letra constitucional, que en su artículo 63 consagra que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.

3. Libertad de expresión: el día de las elecciones también informaron al ACNUDH sobre restricciones indebidas a la libertad de los medios de comunicación, que al parecer afectaron al menos a 15 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

El ACNUDH reseña en este más reciente informe sobre Venezuela que también recibió informes de 24 sitios web de medios de comunicación independientes bloqueados por el proveedor estatal de internet Cantv y seis suspensiones de estaciones de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La libertad de los medios de comunicación es esencial en una sociedad democrática, incluso en cualquier proceso electoral, recuerda la oficina de la Alta Comisionada Bachelet, presente en Venezuela.

En el contexto electoral se denunciaron cinco casos de presunta detención arbitraria, incluidos dos trabajadores de los medios de comunicación, durante las elecciones regionales. Todos fueron puestos en libertad posteriormente.

¿Qué concluye el informe?

Luego de 63 consideraciones sobre distintos derechos humanos, el ACNUDH reconoce las medidas adoptadas por Venezuela como consecuencia de sus recomendaciones anteriores, dentro de los límites de los recursos disponibles afectados por las sanciones sectoriales y la pandemia de COVID-19.

Durante el período que abarca el informe, la oficina reconoce que se hayan adoptado algunas medidas para fortalecer el estado de derecho. Las reformas en curso presentan oportunidades de mejora, en particular, en lo que respecta a garantizar que las leyes y su aplicación, así como las políticas, estén plenamente en consonancia con los estándares y la normativa internacional de derechos humanos.

Es necesario, sí, adoptar nuevas medidas para aplicar eficazmente todas las recomendaciones anteriores del ACNUDH y dar lugar a cambios estructurales a largo plazo. Estas reformas, dicen, deben estar respaldadas por un compromiso genuino con los actores de la sociedad civil a través de consultas significativas, inclusivas y genuinas.

La Oficina considera que se debe fortalecer un entorno favorable para la labor de la sociedad civil, sin tolerar ningún ataque contra las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, implementando políticas preventivas y asegurando mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

Este informe, por último, se apoya en la información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas con víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. También fueron tomados en cuenta la información y los datos oficiales proporcionados por el Gobierno.


Un proceso electoral analizado bajo mirada comunicacional

Portada del número 197 de la publicación, ahora digital, del Centro Gumilla.

Una muy útil compilación de textos desde una perspectiva comunicacional sobre el más reciente proceso electoral regional y municipal 2021 presenta el número 197 de la revista Comunicación, del Centro Gumilla. El ejemplar, correspondiente al primer trimestre de 2022, incluye los siguientes artículos:

  • “De la política electoral a la política real: llevar el juego a otro nivel”. Félix Seijas, centrado fundamentalmente en la política electoral, nos brinda un análisis de cómo se han movido las fuerzas opositoras desde principios de 2019 hasta llegar a las elecciones regionales de 2021. La conclusión a la que llega el articulista es tajante: “Las enseñanzas de lo ocurrido en el último año están ahí, a la vista. Solo falta la voluntad de actuar poniendo el interés colectivo como prioridad, y así llevar el juego a otro nivel”.
  • “21N: libertad de expresión, participación y elecciones”. Marysabel Rodríguez, de la organización Espacio Público, cuenta que las garantías para la libertad de expresión son una condición sustantiva para la participación política electoral. Medios amenazados, escaso pluralismo, opacidad de la gestión pública y debate político controlado son algunas de las características que se observan en el ecosistema mediático venezolano.
  • “En pantallas y redes el oficialismo ganó el relato del 21N”. Daniel Pabón, del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), razona que, como consecuencia del tratamiento mediático del proceso electoral, la desinformación arropó a quienes se abstuvieron, pero también alcanzó a los que votaron el 21 de noviembre de 2021: una parte del electorado desconocía la presencia de observación internacional en el terreno. La propaganda oficialista aventajó a la de las otras fuerzas políticas tanto en la televisión nacional y regional como en Facebook, WhatsApp e Instagram, explotadas para la campaña en ese orden.
  • “La desinformación ganó la contienda electoral de las regionales 2021 (y 2022)”. Ysabel Viloria se centra en la óptica informativa que caracterizó los comicios regionales. Desde esa perspectiva señala los temas y la frecuencia de los contenidos manipulados, falsos y especulativos que circularon sobre esas elecciones. De igual manera, ofrece una síntesis sobre el trabajo periodístico que se hizo para desmentir esas falsas informaciones.
  • “Venezuela tiene con qué: de los ojitos de Chávez a las camisas Polo que simulan la nueva normalidad”. Enderson Sequera repasa que para estas elecciones regionales los candidatos del chavismo utilizaron la etiqueta #VenezuelaTieneConQué. Revela por qué este no es un mensaje más que responde a una coyuntura electoral; por el contrario, es la marca que el chavismo quiere posicionar para los próximos años en Venezuela.
  • “Entre abstracciones morales y necesidades materiales: un estudio de las comunicaciones opositoras en las elecciones regionales en Barinas”. Alejandro Armas analiza las comunicaciones del candidato de la oposición Sergio Garrido para la gobernación del estado Barinas. El autor se centra fundamentalmente en el estudio de la estrategia comunicacional a través del empleo de la red social Twitter (@SergioGarridoQ) durante el período entre su inscripción como candidato (7 de diciembre de 2021) y la jornada electoral que le dio el triunfo (9 de enero de 2022).
  • “La conversación electoral en Twitter durante las elecciones regionales de 2021”. Edixela Burgos y Gustavo Hernández revisaron la conversación electoral en Twitter durante las elecciones regionales, en las que, concluyen, se impuso el autoritarismo comunicacional, la censura, la autocensura y un uso vergonzoso de las plataformas oficiales en las redes sociales.

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Consenso en torno a la legitimidad de la elección colombiana

Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron las credenciales de la administración electoral | Fotografía de la agencia Reuters

🇨🇴 | Goza de consenso y legitimidad dentro y fuera de Colombia el hecho de que Gustavo Petro se hizo con la presidencia de la vecina república en buena lid. Por primera vez en la historia republicana de esa nación un aspirante de la izquierda conquista la Casa Nariño. En la segunda vuelta del 19 de junio, Petro logró 50,44% de los votos (11,2 millones) frente a un 47,3% de su contendiente Rodolfo Hernández (10,5 millones de sufragios).

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) valoró positivamente el proceso electoral: “Colombia ha inaugurado la alternancia política con unas elecciones transparentes y creíbles que ratifican la fortaleza de su democracia”, aseguró el jefe de la Misión, Javi López, al presentar la respectiva declaración preliminar.

La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó justamente en Colombia la Misión de Observación Electoral (MOE) número 300 en su historia. En su informe preliminar, felicitaron a las autoridades electorales del país, quienes nuevamente debieron llevar a cabo sus labores en un contexto complejo, marcado por la polarización política.

Entre tanto, el informe de cierre de la Misión de Observación Electoral (MOE), el principal consorcio de organizaciones de la sociedad colombiana que hacen observación electoral nacional, expuso los resultados de su despliegue por todo el territorio, a partir de los cuales el OEV ofrece las siguientes cuatro claves que resumen esta elección:

1. Se trató de una jornada de votación que en la mayoría del territorio colombiano se llevó a cabo en tranquilidad. No obstante, no pueden desestimarse tres elementos que afectaron el normal desarrollo: afectaciones al orden público en tres departamentos, impacto de la ola invernal en los puestos de votación, y distintos reportes de irregularidades que, si bien disminuyeron con relación a las elecciones de 2018, no dejan de hacer referencia a acciones que tienen efectos negativos en el certamen democrático.

2. Incremento de la participación de la ciudadanía, que pasó de 54,9% en 2018, a 58,02% ahora, siendo la votación más alta en las últimas dos décadas.

3. En términos del impacto de la violencia en el proceso electoral, los territorios más afectados por el conflicto mantienen niveles más bajos de participación.

4. Documentaron 99 reportes relacionados con afectaciones a la libertad del voto. De estos, la presunta compra de votos es la principal irregularidad con 32 reportes.

Petro tomará posesión el próximo 7 de agosto. Por lo pronto, ya conversó con el presidente Nicolás Maduro sobre el próximo restablecimiento de las relaciones bilaterales.

#ElDatoOEV

2,21

por ciento, equivalente a 4.088 votantes efectivos, fue la participación entre los 184.421 colombianos residentes en Venezuela y habilitados para sufragar de acuerdo con el registro electoral del país vecino. Apenas medio punto por encima de la también bajísima participación en la primera vuelta del mes de mayo. La razón fundamental: el cierre de los consulados colombianos en territorio venezolano tras la ruptura de relaciones bilaterales entre Caracas y Bogotá. En los puestos de votación habilitados del lado colombiano de la frontera, a escasos metros de la línea divisoria, ocho de cada diez votantes del 19 de junio lo hicieron por Rodolfo Hernández.


Recomendación al cierre

El ejecutivo nacional ha advertido sobre un repunte de los casos de covid-19 en Venezuela. Es fundamental no descuidarse y mantener el uso del tapaboca en espacios públicos, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, además de la vacunación. REVISA ESTE HILO de la Sociedad Venezolana de Infectología sobre la tercera y cuarta dosis.

Primera quincena, junio de 2022

Luego de la designación de Tania D’Amelio como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la rectoría que ella ocupaba se mantiene vacante en el máximo cuerpo de toma de decisiones del Poder Electoral, incumpliendo con lo que pauta la ley

Edificio sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas | Fotografía de archivo de la agencia EFE

Desde el 26 de abril, cuando la Asamblea Nacional designó entre otros a la rectora electoral Tania D’Amelio como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y hasta el15 de junio han transcurrido 50 días continuos y nada ha sido comunicado públicamente sobre la respectiva sustitución en el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pasado más de mes y medio, llama la atención esta situación. Si se revisa lo que contempla la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), pareciera que no debería haber duda alguna y que el reemplazo debería ser automático, sin que tenga que mediar decisión adicional alguna.

En efecto, el artículo 13 de la LOPE dice textualmente:

“Cada integrante del Consejo Nacional Electoral tendrá dos suplentes provenientes del sector que la o lo postuló y serán numerados en secuencia ordinal. Los principales provenientes de postulaciones hechas por la sociedad civil serán suplidos en la forma siguiente: la primera o primer principal designada o designado tendrá las o los suplentes primero (1°) y segundo (2°); la segunda o segundo principal designada o designado tendrá las o los suplentes tercero (3°) y cuarto (4°); la tercera o tercer principal designada o designado tendrá las o los suplentes quinto (5°) y sexto (6°).

Las o los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de las rectoras o rectores electorales correspondientes”.

En la lectura de designados que hizo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, la ahora exrectora D’Amelio fue designada como la segunda entre los tres rectores electorales principales postulados por la sociedad civil. En consecuencia, tiene como rectores suplentes al tercero y cuarto, a saber, Leonel Párica Hernández (incorporado en la Comisión de Participación Política y Financiamiento) y Rafael Chacón Guzmán, como claramente también se indica en el sitio web del CNE.

Video de Multimedios VTV | 4 de mayo de 2021

Los mismos suplentes Párica y Chacón, en ese orden, le fueron igualmente asignados a D’Amelio en la Gaceta Electoral Nº 972 del 6 de mayo de 2021, que oficializa estas designaciones.

Extractos de las páginas 1 (parte superior) y 2 (parte inferior) de la Gaceta Electoral 972, del 6 de mayo de 2021, que oficializa los integrantes del CNE y ratifica las suplencias | Imágenes del OEV

Además de ser rectora principal, D’Amelio también ejercía como presidente de la Junta Nacional Electoral y miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral, dos de los tres órganos subordinados del CNE.

Con base en el artículo citado, es el primer suplente del rector faltante quien debe cubrir su ausencia, temporal o en este caso absoluta. De la legislación se desprende que esta debería ser una sustitución de simple trámite, sin la intervención de fondo de poder público o autoridad alguna, porque la exrectora principal mantiene vigentes sus dos rectores suplentes.

El directorio es la máxima instancia del CNE y se compone de cinco rectores electorales principales. El CNE requiere de un mínimo de tres rectores electorales para su funcionamiento. Las decisiones del órgano se toman con el voto favorable de por lo menos tres de sus miembros, salvo en los casos en que la ley exija cuatro votos, dice la LOPE.

La más reciente Gaceta Electoral (Nº 1013), de fecha 3 de junio de 2022, demuestra que en esa fecha hubo sesión, aprobándose en ella varias resoluciones entre las cuales estuvo el Cuadro Estadístico del Registro Electoral correspondiente al corte del 30 de abril de 2022, el cual alcanza una cantidad de 21.213.454 electores.

De izquierda a derecha los rectores principales Corredor, Márquez, Calzadilla, D’Amelio y Picón durante presentación de resultados de la elección regional y municipal 2021 | Fotografía de archivo del CNE

Políticamente hablando, al cierre de esta nota el CNE tiene en funciones cuatro rectores principales que, en votaciones controvertidas, podrían terminar en empate. Hasta ahora no se conoce públicamente que el CNE haya incorporado al directorio al rector suplente Párica, ni tampoco ha corrido el riesgo de someterse a decisiones polémicas que puedan terminar en empate.

Queda la duda en la opinión pública sobre el por qué, habiendo transcurrido más de mes y medio, no ha sido solventada la falta de la exrectora y ahora magistrada D’Amelio. Debería aplicarse lo establecido en el artículo 13 de la LOPE, a diferencia de experiencias negativas ocurridas durante anteriores administraciones del CNE, como la presidida por Indira Alfonzo, cuando tras la renuncia del rector principal y vicepresidente Rafael Simón Jiménez (agosto de 2020) de inmediato fue impuesto un sustituto distinto a los suplentes que el mismo TSJ había designado meses atrás.

Cualquier otra salida, atajo o decisión contraria al espíritu de la legislación electoral no contribuiría al proceso de generación de confianza de cara a la agenda electoral futura de Venezuela, y por el contrario podría poner en riesgo la opinión mayoritariamente favorable del electorado hacia la reinstitucionalización del Poder Electoral.

La encuesta nacional poselectoral 2021 del OEV, con campo nacional en diciembre de 2021, reveló, entre otros datos, que “una directiva del CNE más equilibrada” fue el aspecto en el cual los electores consideran que se logró avanzar más durante el proceso comicial del año pasado; una idea en la cual coincidieron tanto votantes como abstencionistas.


Smartmatic presenta arbitraje contra Venezuela, según el CIAR

Las antiguas máquinas de votación Smartmatic, quemadas en un incendio ocurrido en marzo de 2020 en los galpones del CNE | Fotografía de archivo

La compañía británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte la compañía de tecnología y servicios electorales Smartmatic, ha presentado una “demanda de arbitraje de inversiones” contra Venezuela en el sector de las comunicaciones en relación con un presunto fraude electoral y con los activos expropiados a la empresa.

Esta información de una demanda de arbitraje fue publicada el 7 de junio de 2022 en el sitio web de CIAR Global, la revista de arbitraje de la comunidad iberoamericana, perteneciente al Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). Con sedes en España, Costa Rica y Brasil, el CIAR tiene como objetivo resolver controversias legales internacionales, tanto de carácter comercial como de inversiones.

¿Qué es el arbitraje de inversiones? Es una vía de resolución de conflictos para limar diferencias entre gobiernos y fondos de inversión, define un texto explicativo de El País. Si los Estados acuerdan someterse voluntariamente a cortes ajenas a su justicia ordinaria, esto supone un plus de tranquilidad para los inversores, que cuentan con una garantía de independencia al pleitear en un país que no es el suyo. El demandante siempre es la empresa; la administración, la demandada. Los pleitos entre inversores y gobiernos se dividen en dos grupos: los conflictos que surgen a raíz de expropiaciones o limitaciones de licencias y las reclamaciones por reformas legislativas inesperadas que acaban perjudicando los fondos.

#EnContexto

¿Quién es SGO? Comprende una familia de empresas que desarrollan e implementan herramientas que dan servicios a los gobiernos, en el caso de Smartmatic, en el desarrollo de elecciones con voto electrónico. Smartmatic los prestó a la administración electoral venezolana hasta 2017.

#EnContexto

Volviendo a la solicitud, en el proceso electoral a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, el Gobierno venezolano habría decidido “no utilizar varias de las medidas de seguridad electoral que habían sido usadas en otros procesos electorales y al final de la consulta reportó unos resultados distintos a los reflejados en el sistema electrónico de Smartmatic”, dice la nota de CIAR Global.

Indican, además, que se anunciaron resultados de participación muy por encima del número de los reportados en el sistema de la empresa.

Ya en julio de 2020 Smartmatic hacía público un comunicado aclarando que desde 2017 se encuentra “en un proceso de querella” contra el gobierno venezolano por lo que aseguran fue el “fraude de reporte cometido en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y los activos expropiados a la empresa ese mismo año”.

Asimismo, ratificaba que no tenía “trato alguno con el CNE, ni con sus proveedores, ni con ExClé, la empresa integradora argentino-venezolana que provee el soporte al ente electoral en Venezuela desde el 2017”.

La Solicitud de Arbitraje narra que la presunta violación al Tratado “tiene su origen en la represalia directa de Venezuela a la negativa de Smartmatic de guardar silencio ante ese fraude electoral ejecutado por las autoridades electorales, y las denuncias de los ejecutivos de Smartmatic sobre las irregularidades detectadas en los resultados reportados por dichas autoridades electorales”, contiene la nota.

SGO denuncia que Venezuela habría desatado una “campaña de persecución” contra Smartmatic, incluyendo los siguientes tres aspectos, que también enumera la nota y que citamos textualmente:

  • El hostigamiento y las amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos.
  • La extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales que hoy en día Venezuela todavía le debe a Smartmatic, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela.
  • La expropiación indirecta de la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos tangibles e intangibles para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra y beneficia a sus expensas.

La compensación reclamada es por unos 1.500 millones de dólares, dice una nota de la AFP.

En contexto

La elección a una Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio de 2017 en Venezuela presentó fallas desde sus orígenes: se diseñó un voto territorial y otro sectorial, con lo cual se echó por tierra el carácter universal del sufragio, por definición constitucional. Asimismo, los candidatos participantes únicamente representaron a una parcialidad político-partidista.

Los resultados anunciados por una administración anterior del CNE indicaron una participación de más del 40% del Registro Electoral. Se trata de las únicas votaciones de la historia electoral contemporánea de Venezuela tras las cuales el árbitro no ofreció resultados de votación centro por centro ni mesa por mesa.

¿Qué dijeron las partes después de esa votación? Smartmatic denunció una “manipulación” de los resultados de participación, cifrada en una diferencia de por lo menos un millón de votos. El CNE calificó esta acusación de “irresponsable” y rompió con Smartmatic después de 13 años de relación.


Urge debate nacional sobre actualización del RE y voto en el exterior

Listas de electores en un centro de votación venezolano | Fotografía de archivo del OEV

Uno de los pendientes más importantes que tienen la administración electoral, los actores políticos y la sociedad toda es la necesidad de ampliar y profundizar en un debate nacional amplio y a tiempo sobre la actualización del Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela, así como el ejercicio del derecho al voto desde el exterior, de cara a próximos procesos comiciales de carácter nacional.

Es notable el rezago existente entre la realidad poblacional actual y la falta de inscripción o la desactualización del centro de votación de una parte importante del electorado venezolano. No solo es que cálculos estimen por varios millones la diáspora, mientras que el RE en el exterior no sobrepasa de poco más de 100.000 inscritos, sino que en este particular también cuenta la dinámica de desplazamientos internos en el territorio nacional, así como la falta de inscripción de jóvenes que han cumplido 18 años.

En este sentido, saludamos el anuncio hecho el pasado 8 de junio por el dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, de su solicitud ante el CNE de incorporar al RE los migrantes venezolanos en Colombia y Perú.

Evans entregó un documento a la junta directiva del ente comicial para que se realice esta acción en pro de los venezolanos. El dirigente declaró que la población de venezolanos en Colombia y Perú “hoy tienen la posibilidad política y real de poder participar electoralmente” porque, por un lado, los dos candidatos que van a la segunda vuelta en Colombia han ofrecido el restablecimiento de relaciones con el gobierno de Maduro y, por otro lado, en el Perú también el poder ha reanudado relaciones diplomáticas con Venezuela.

También el pasado 23 de mayo el partido Unión Política Popular 89 (UPP89) acudió a la sede del CNE a presentar un documento en el que trazan una ruta para garantizar que los venezolanos fuera del país puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del año 2024.


Colombia: ¿qué registró la observación electoral?

Video sobre cómo se hace el monitoreo y análisis de las redes sociales en la MOE UE Colombia 2022 | Cuenta YouTube de la MOE UE Colombia 2022

🇨🇴 | El 19 de junio es la fecha de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que definirá entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández al ocupante de la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Sobre Venezuela, ambos aspirantes han prometido una normalización de las relaciones consulares y diplomáticas, así como la reapertura comercial de la frontera.

Las distintas misiones de observación electoral divulgaron sus documentos técnicos con anotaciones preliminares de la primera vuelta celebrada el pasado 29 de mayo. Prácticamente todos los grupos internacionales se quedaron o regresan para observar, registrar y transmitir la información del balotaje. En el OEV compilamos los registros de los principales equipos de trabajo.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estuvo integrada por 87 especialistas y observadores de 29 nacionalidades. En su informe preliminar, destacan el aumento en la participación electoral en relación con los comicios legislativos de marzo, así como respecto a las últimas dos elecciones presidenciales, y resaltan la alta participación de las mujeres, tanto como jurados de votación como en calidad de testigos, en los centros de votación visitados.

También saludan las mejoras implementadas tras las elecciones legislativas, específicamente respecto a la operatividad de la aplicación “InfoVotantes”, la cual cumplió con su función de ser una herramienta de consulta para la ciudadanía. Asimismo, destacan que la ciudadanía recibió información oportuna e ininterrumpida la noche de la elección.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) desplegó 120 observadores de 25 Estados miembros de la UE, más Noruega y Suiza en todo el país. “Jornada electoral bien organizada: mejoras contribuyeron a superar la desconfianza” fue el título de su declaración preliminar. Sobre el registro electoral de los colombianos, dicen que el sistema de inscripción automática de los electores y la depuración de las inscripciones de fallecidos garantizaron un censo electoral generalmente inclusivo y preciso.

Además, destacan que la Registraduría (organizadora del proceso) demostró altos niveles de organización y profesionalismo en los preparativos electorales; que las mesas de votación abrieron a tiempo y con el material y los jurados necesarios en todos los casos observados; que los observadores informaron positivamente sobre la transparencia, la buena organización y la aplicación de los procedimientos a lo largo de la jornada; y que los procedimientos de cierre y conteo fueron calificados en terreno como transparentes y ordenados.

Transparencia Electoral acreditó a 23 observadores de cuatro países. En su informe preliminar, reconocieron la importancia que las autoridades electorales le dieron a la observación electoral internacional y nacional a lo largo del proceso, facilitando las acciones de los observadores.

Lamentaron que una jurado de mesa haya sido asesinada en Vista Hermosa, Meta, e hicieron un llamado a las autoridades para aclarar lo sucedido y tomar las acciones correspondientes. “Los ciudadanos que participan en la tarea electoral deben tener su vida e integridad garantizada”.

El Observatorio de la Democracia del PARLASUR desplegó nueve expertos en el terreno. En su informe preliminar, adelantaron tres recomendaciones: a) que aquellas personas destinadas a labores de identificación biométrica realicen este tipo de tareas en los lugares donde se encuentren registrados; b) una mejor administración de los espacios físicos, a modo de no dificultar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, y c) que los espacios de votación estén siempre en lugares que dificulten que otros los observen cuando el elector esté votando.

El Centro Carter desplegó una misión internacional de expertos electorales que incluye tres expertos electorales y otro personal. Se centran en la transparencia del proceso electoral en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. No evalúan la conducta de la votación ni hacen una evaluación integral del proceso electoral en su conjunto.

En el sistema de votación de Colombia primero se hace un preconteo, con fines exclusivamente informativos, y luego el escrutinio, que sí tiene carácter vinculante. Tras haberse cumplido ambos procesos en la primera vuelta del pasado 29 de mayo la Registraduría colombiana concluyó que la diferencia entre los resultados del preconteo y del escrutinio fue de 0,1%. Se trata, dijeron, del menor margen de error en la historia de las elecciones presidenciales de ese país.

#EnContexto

Avanzó proyecto de boleta única de papel en Argentina

Así son las listas argentinas | Fotografía de archivo

🇦🇷 | La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 8 de junio la creación de la boleta única de papel para ser utilizada en el ámbito nacional en las elecciones presidenciales de 2023. Un proyecto que daría más transparencia a la elección, que implicaría un ahorro en los gastos y mayor sustentabilidad que el sistema actual por la menor impresión de boletas.

Después de nueve horas de debate, la propuesta obtuvo 132 votos favorables, 104 en contra y 4 abstenciones. Por tratarse de una reforma electoral, debía sancionarse con 129 votos como mínimo.

En el tablero político esto supone una victoria para la oposición y un revés para el oficialismo, que ahora buscará trabar la propuesta en la instancia siguiente: el Senado.

Redes de organizaciones de transparencia electoral han indicado que Argentina es uno de los 16 países en el mundo que sigue usando el sistema de boletas múltiples por partidos. Aunque dentro del mismo país hay experiencias regionales exitosas de uso de boleta única de papel, como en Córdoba. Alegan que así los partidos tendrán igualdad de condiciones, que el Estado se ahorrará dinero en impresión porque, cuentan, en la actualidad los partidos “imprimen hasta 10 veces más boletas de las necesarias y la gran mayoría terminan en la basura”.

“El sistema electoral es fiable, pero es necesario cambiar el instrumento. Hay robo de boletas, hay fiscales pagos, las estructuras de quienes son gobierno tienen ventaja”, opinó el parlamentario Florencio Randazzo, reseñado por Clarín.

El mismo medio proyecta lo difícil que será que llegue a implementarse, por el escenario más favorable al oficialismo en el Senado y, en caso de convertirse en ley, el paso final que supone la instancia de un eventual veto del presidente Alberto Fernández.


Recomendación al cierre

La IX Cumbre de las Américas se celebró esta primera quincena de junio con un compromiso de los países participantes y de Estados Unidos para conseguir una migración ordenada. ¿Qué dice la Declaración de Migración de Los Ángeles? LEE AQUÍ el resumen de VOA.