No podía terminar bien lo que tuvo un mal comienzo. Desde que el primero de mayo de este año el presidente Maduro anunció su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y múltiples voces desde variados lugares y posturas, han venido señalando irregularidades, inconsistencias, improvisaciones, ilegalidades y hasta inconstitucionalidades como características del proceso que ayer domingo alcanzó su clímax. El 28 de este mismo mes el OEV en comunicado público enumeró las principales.
El CNE, que debería garantizar la pulcritud y transparencia de todo el proceso estuvo muy lejos de lograr esa meta. Muy por el contrario.
Si se contrasta el comportamiento del Poder Electoral el pasado año 2016 ante el intento de importantes sectores de la sociedad por convocar a un referendo presidencial con lo ocurrido desde el primero de mayo, se ven notorias e imperdonables diferencias. El año pasado, de manera reiterada, el CNE interpuso dificultades y obstáculos para demorar, y finalmente suspender, un derecho contemplado en el art. 72 de la constitución. Así mismo, sin mayor argumentación, decidió también, violando expresas disposiciones constitucionales, suspender las elecciones regionales pautadas para diciembre de ese año. Sin embargo, para la organización y realización de las elecciones para la ANC, el CNE demoró apenas tres meses. Para ello, como ha señalado en varias oportunidades el OEV, se saltó pasos y comprimió lapsos a fin de lograr, ahora si, esa ambiciosa meta. Pero ello, muy desafortunadamente para el país, fue hecho a costa de su prestigio y reconocimiento propio, mostrando un inocultable sesgo político que lo alejan de su deber ser y profundiza la desconfianza que en esa institución tienen sectores crecientes del electorado. Quedó así el país con la principal institución responsable de arbitrar sobre asuntos electorales severamente debilitada.
En ese contexto era de esperarse que se presentaran cifras discrepantes sobre los resultados. Discrepancias que llegan a superar los 5 millones de votos y, como se mencionó arriba, las propias acciones y omisiones del CNE minan su capacidad de zanjar confiablemente el asunto.
Estimaciones hechas con procedimientos estadísticos sofisticados, la mayoría de las encuestadoras nacionales y la percepción que pudo tener cualquier ciudadano que hubiese visto distintos centros de votación, parecen coincidir en que las cifras presentadas la noche del domingo por el CNE son abultadas. Pero aun si fuesen ciertas esas cifras, reconoce el Poder Electoral que en esa elección dejaron de participar alrededor del 60% del electorado, que es una abstención que casi triplica la de las elecciones presidenciales de 2012 y 2013.
La jornada de ayer, además, no puede describirse como pacífica. Muy lamentablemente a lo largo del día y en distintos lugares del país ocurrieron hechos violentos relacionados con la jornada electoral que dejaron un saldo trágico de fallecidos superior a la docena, así como múltiples heridos y detenidos. El primer anuncio oficial de balance de la jornada tuvo, además, un formato muy ajeno a lo que debería ser una jornada cívica por excelencia. Transgrediendo el carácter civil de todo proceso electoral en una sociedad democrática, ese primer balance fue presentado por un grupo exclusivamente de militares, en traje de campaña y debidamente armados, para anunciarle al país que ellos aseguraban la “autoridad democrática” en el país y que los hechos violentos no quedarían impunes.
Con preocupación y angustia el OEV reitera lo ya dicho en oportunidades anteriores: con la ANC electa ayer los problemas reales de la sociedad venezolana, económicos, sociales, políticos no parecen avanzar en su superación. Muy por el contrario, una ANC excluyente y sectaria aleja la posibilidad que, con la participación de todos, se supere la crisis que hoy nos agobia. Todavía hoy se debe afirmar que no se requiere una nueva constitución, debemos todos cumplir la vigente.
31 de julio de 2017