Mes: junio 2016

Es esencial escuchar y respetar la voluntad del pueblo venezolano y adelantar, con celeridad y transparencia, las fases siguientes del Referéndum Revocatorio, derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución Nacional. 

 A lo largo de la semana que recién termina, ciudadanos firmantes de la petición de referendo revocatorio presidencial entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 2 de mayo, acudieron a validar sus firmas en los centros determinados por la autoridad electoral. Cumplieron así, afirman sus promotores, en todas las entidades federales del país, con otro requisito determinado por el CNE para poder ejercer un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Nacional.

El país debe celebrar que este proceso refrendario esté teniendo lugar, pues representa el respeto y respaldo a la vía pacífica y democrática para resolver la profunda crisis que, en diversos planos, vive nuestra sociedad. Es este, sin duda, un hecho que para el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), tiene la mayor relevancia en el actual contexto venezolano.

Por otro lado, el OEV debe señalar con preocupación que el CNE en esta semana mantuvo un desempeño similar al que ha venido mostrando desde que se presentó la solicitud del referendo revocatorio. Contrariando lo que debería ser un comportamiento imparcial al servicio de los ciudadanos, no generó las mejores condiciones para que el proceso se llevara a cabo con normalidad, sino que colocó trabas de diversa índole que tendían a hacerlo más demorado y complicado, e incluso impidiendo que numerosos ciudadanos pudieran ejercer un derecho consagrado en el artículo 72 de la constitución.

En particular, cabe mencionar al menos cuatro hechos. En primer término, desde el 2 de mayo cuando recibió la solicitud, el CNE no mostró la debida celeridad para completar los pasos siguientes, sin que quedaran claros los motivos. En segundo lugar, no se informó debidamente a los ciudadanos firmantes acerca de cómo y dónde acudir a validar sus firmas. Tercero, el número y ubicación de los centros y de las máquinas pereciera haber sido establecido sin tomar debidamente en cuenta cómo se distribuían los firmantes en los diferentes estados y sin considerar las opiniones y propuestas de los promotores de la iniciativa. La distribución decidida generó colas y retardos que fácilmente pudo haberse minimizado y que, en no pocos casos, impidieron a ciudadanos validar su firma. Y, por último, la imposición de que el requisito de 1% de firmas validadas, sería contabilizado separadamente en cada estado, siendo que la circunscripción electoral que eligió al funcionario público involucrado, el Presidente, es todo el país.

En síntesis, el OEV reitera lo que ha señalado en otras oportunidades con relación al referéndum revocatorio en curso: el CNE debería poner todo su empeño con el propósito de que, cumpliéndose los requisitos fijados en la Constitución, éste pueda realizarse. No es políticamente saludable para el país que pueda quedar la sospecha de que el referendo revocatorio no pueda llevarse a cabo porque el Poder Electoral no hizo su mejor esfuerzo en esa dirección y que, por el contrario, lo dificultó.

En el mismo sentido, el OEV estima que el Gobierno Nacional, así como la dirigencia política que lo respalda, deben asumir el referendo revocatorio como una herramienta constitucional ideada para resolver desencuentros políticos graves. Se trata de un dispositivo institucional que forma parte del menú democrático incorporado en la Constitución de 1999 y que quienes se muestran partidarios de promoverlo no incurren en ninguna acción políticamente indebida que deba ser condenada u objeto de sanción alguna.

El OEV considera que, por encima de nuestras preferencias políticas, adelantar, con celeridad y transparencia, las fases siguientes de este proceso, es necesario para Venezuela. Y, de alcanzarse los requisitos legales necesarios para su celebración, el referendo revocatorio, independientemente de los resultados que arroje, contribuirá sin duda a la preservación de la paz en el país y dirimir nuestras diferencias democráticamente.

Caracas, 25 de junio de 2016.

En rueda de prensa convocada del pasado jueves, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dio su primer informe público respecto a la etapa inicial de solicitud del Referéndum Revocatorio. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), estima que el anuncio fue hecho sin que los ciudadanos recibieran una explicación satisfactoria acerca de la demora en una actividad que debió terminar semanas antes y contribuyó a enrarecer el clima político del país.
Durante la mencionada conferencia de prensa se dio a conocer, así mismo, que el proceso de validación de las firmas recogidas y admitidas, luego de la revisión técnica, será entre el 20 y el 24 de junio, estableciendo que el mismo se hará en oficinas regionales del CNE para, posteriormente, iniciar el proceso de revisión de esa validación que culminaría el 26 de julio, poniendo fin así, a la primera etapa de la solicitud del Referéndum Revocatorio.
El OEV, en aras de facilitar el ejercicio de un derecho consagrado en la constitución, se une a la petición de muchos para que se amplíe el número y ubicación de lugares para esa validación, siguiendo un criterio ya usado por el CNE en anteriores ocasiones con el fin de acercar centros de votación a los electores. Así mismo, el OEV estima que es de extremada importancia darles curso a estas acciones con imparcialidad, transparencia y rapidez.
No parece tener mayor sentido el agregar una semana, del 13 al 17 de junio, para permitir que firmantes retiren su nombre de la lista de promotores, cuando eso podría hacerse simplemente dejando de asistir a la validación. La decisión, además de agregar esa semana adicional, niega principios de equidad e imparcialidad, ya que no permite en esos mismos días corregir exclusiones no atribuibles a la responsabilidad directa del ciudadano. Parece también excesivo el período de un mes completo para completar la revisión del proceso de validación, siendo que será realizado con la plataforma tecnológica usada con éxito en ocasiones anteriores y que ha permitido al CNE dar resultados definitivos en cuestión de horas.
Además, señaló la Presidente Lucena que “(…) cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso de validación hasta que se restaure por completo el orden, la tranquilidad y el respeto”. En este sentido, el OEV insta que los diversos actores políticos se desempeñen conforme a las reglas de juego electoral e igualmente, hace un llamado al Gobierno Nacional para que asuma que el Referéndum Revocatorio es la expresión de un derecho ciudadano legítimo, no la de un acto de conspiración contra el orden constitucional, que las manifestaciones públicas son un componente esencial de la vida democrática y que la preservación del orden público no puede confundirse con la represión.
Actuación del Poder Ejecutivo
Preocupa, además, el desempeño del Poder Ejecutivo en este proceso por acciones de elevados voceros que parecen alejarse de la necesaria tolerancia y convivencia democrática. El presidente Maduro en acto realizado en el Poliedro el sábado 11 de junio, trasmitido además por cadena nacional, afirmó que “(…) es muy grave que estos políticos de la derecha hayan presentado un paquete podrido con 600 mil firmas chimbas otra vez. Esto acarrea responsabilidades jurídicas, penales, administrativas (…)”. Anunciando que el lunes 13 de junio, introducirían demandas judiciales contra la MUD, por el supuesto fraude. ¿Pensará que la vía judicial es la más idónea para resolver la grave situación política, económica y social? Cabe preguntarse, ¿qué dice el Poder Electoral? ¿No es el Poder Electoral, primero que nadie, a quien le compete pronunciarse sobre estos asuntos?
Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez, tras un encuentro con miembros del cuerpo diplomático, afirmó que “(…) no es posible realizar el Referendo Revocatorio en el año 2016 porque los tiempos, el cronograma contemplado para la realización del mismo, tal y como lo establece la Constitución y nuestras leyes, no dan la oportunidad para que se realice”. Ni la constitución ni las leyes vigentes, establecen con nitidez cronogramas para referendos. A todas luces, no es a la cancillería a quien corresponde hacerlo.
El OEV considera que en buena medida el desarrollo pacífico y ordenado de la petición del Referéndum Revocatorio depende de la actuación del propio CNE, de su transparencia, imparcialidad, celeridad y suministro oportuno de información adecuada. Depende, en resumen, que facilite que los procesos tengan lugar sin otro propósito que no sea el de respetar la voluntad de los venezolanos, sea cual sea, con respecto al Referéndum Revocatorio planteado.
Caracas 13 de junio de 2016

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 6 dice que el gobierno de la República, en todas las entidades políticas que lo componen, es de mandatos revocables. También dice nuestra Constitución, en su artículo 70, que los referendos y revocatorias de mandatos son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Dos artículos más adelante, en el 72, la Constitución reitera que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Es por tanto incuestionable que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de promover referendos revocatorios de funcionarios públicos electos. De cumplirse con los requisitos que la misma constitución establece, es obligación imperativa para los distintos órganos del poder público, especialmente el CNE, el que faciliten y le den curso a toda solicitud de referendo revocatorio con imparcialidad, trasparencia, celeridad, para usar las mismas características señaladas por el CNE, en sus normas para la promoción y solicitud de referendos revocatorios.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que las autoridades electorales han actuado de manera ambigua, no informando con claridad respecto a la situación en que se encuentra el proceso iniciado hace unas semanas, dejando la sensación de que no actúa como árbitro imparcial en relación a la posibilidad de llevar a cabo este evento electoral.

Por otra parte, dice también nuestra Constitución, ahora en su artículo 160, que los gobernadores de cada Estado serán elegidos por un período de cuatro años. La última elección para elegir gobernadores se realizó el 16 de diciembre de 2012. Es decir, en diciembre de este año se cumplen cuatro años de aquella fecha y, por mandato constitucional, deben realizarse a finales de este mismo año las elecciones para elegir a los gobernadores y a los integrantes de los consejos legislativos estadales. Elegir a los gobernadores es también un derecho constitucional irrenunciable de los ciudadanos, que debe cumplirse oportunamente y debe ser garantizado por el Estado. El OEV considera que tampoco en este caso el CNE ha enviado un mensaje claro a los electores con relación a un evento electoral previsto para este año. Ha dejado que la confusión tome terreno respecto a si se harán o no, en la fecha prevista. 

El artículo 293 de la Constitución instruye al CNE a que garantice la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. Para materializar esas garantías es indispensable que los partidos políticos, organizaciones de la sociedad y electores dispongan prontamente de información básica sobre ambos procesos. Es responsabilidad del ente rector cumplir con ese mandato -constitucional y dar muestras de imparcialidad y transparencia. Sobre el referendo es imperativo finalizar la constitución del grupo promotor permitiendo prontamente la verificación de identidad de los solicitantes, para fijar de una vez los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad que, de superar el 20% del registro electoral, obligaría a la realización del referendo revocatorio. Debería el CNE hacer oficial y público el cronograma correspondiente, con sus distintas fases. Con igual urgencia el OEV, y toda la sociedad venezolana, reclama información trasparente y completa sobre las elecciones de gobernadores e integrantes de los consejos legislativos estadales: fecha, cronograma, circunscripciones, etc…

El OEV plantea la necesidad de que se tomen prontamente estas decisiones y que ellas se hagan públicas. Son aspectos básicos de cualquier evento electoral y las tardanzas en anunciar las informaciones correspondientes, no ayudan a la normalidad y, por el contrario, genera ruidos innecesarios que opacan la eventual celebración de dos eventos electorales. El CNE debe extremar la claridad en sus actuaciones como árbitro, con imparcialidad, pulcritud, celeridad, eficiencia y transparencia, ya que con ello mucho podrían contribuir a superar la crisis reinante en el país, en paz y en el marco de la constitución.

Caracas, 1° de junio 2016