Mes: junio 2020

En esta entrevista para la alianza Provea–TalCual, publicada el 21 de junio de 2020 en ambos portales, el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) Luis E. Lander considera que las irregularidades en la designación de CNE y la intervención a partidos políticos distorsionan el proceso electoral. A continuación, la transcripción del foro con el periodista José Luis Carrillo

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, considera que, las irregularidades en la designación de CNE y la intervención a partidos políticos distorsionan el proceso electoral

La Constitución establece que el período de la actual Asamblea Nacional culmina el cinco de enero de 2021, por lo que las elecciones de diputados deberían hacerse este año, con lo que, desde la instalación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral hasta el 15 de diciembre hay seis meses, así que la convocatoria no debe demorar mucho si se espera hacer los comicios este año, además de que los nuevos rectores deben actuar bajo una fuerte presión si quieren realizar un proceso que garantice la transparencia, todo ello en medio de un vendaval político en el que el máximo tribunal del país ha intervenido los partidos de la oposición y los actores de la misma que fueron ampliamente votados en los comicios de 2015 están prácticamente desplazados del tablero de juego.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander considera que aún hay tiempo para poder realizar un proceso transparente, sin embargo; defiende que con un lapso más amplio se pueden otorgar mayores garantías; advierte además que el panorama está sufriendo distorsiones por la decisión del TSJ de nombrar las autoridades por omisión legislativa y conferirles algunas facultades que no les son propias, lo que a su juicio atenta contra la idoneidad del proceso que se avecina.

“En condiciones normales sería posible realizar un buen proceso electoral en seis meses, pero corriendo mucho. Estamos prácticamente sobre la marcha. Si revisamos los cronogramas que el CNE ha elaborado para elecciones anteriores, de 2015 para atrás, desde que se hizo la convocatoria hasta el día de la elección, el tiempo estaba alrededor de ese lapso, seis meses aproximadamente. En la Ley Orgánica del Sufragio (derogada) había un artículo que decía que las elecciones no podían ser convocadas con menos de seis meses de antelación; eso ahora no existe, es algo malo en la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que deja a discrecionalidad absoluta del CNE el fijar la fecha. Producto de eso han sido las muy malas elecciones que hemos tenido después de 2015, hechas con extremada premura, donde ninguna tuvo más de tres meses entre convocatoria y la realización de las elecciones y, si mi memoria no me falla, la de alcaldes de 2018 contó con menos de dos meses”, expresó Luis Lander en entrevista para la alianza Provea-TalCual.

Se debe resolver lo de las máquinas de votación rápidamente

Recalcó que cuando el tiempo es muy corto, no se hace la actualización del Registro Electoral (RE), no se hacen buenas auditorías de la plataforma tecnológica del sistema electoral; no hay tiempo suficiente para que los partidos armen su maqueta de candidatos y los períodos de postulaciones son atropellados. En este sentido, recordó que en una de esas elecciones recientes se hizo público el cronograma un día y se decía que el período de postulaciones era la misma semana del anuncio, algo que califica de descabellado por afectar la posibilidad de una participación libre, transparente y democrática.

“Las elecciones requieren tiempo administrativo, técnico para organizarla y tiempo político para que los distintos actores puedan participar efectivamente y se puedan desarrollar las campañas electorales” –explica Lander-. “El tiempo no es un capricho y no es una cosa como se dice por ahí de lado y lado que en tres meses se resuelve eso. En tres meses se resuelve mal. Hace falta tiempo”.

-¿Pero, en su opinión, en definitiva se pueden hacer en seis meses?

–Estas cosas no las evalúo en blanco y negro. Mientras más tiempo, hay cosas que se pueden mejorar. Es posible hacerlas en seis meses, pero habría que ver en la práctica cómo se da el proceso. Hay dos cosas que no son regulares en los procesos electorales y afectan notablemente, uno es el incendio en Fila de Mariches; el proceso de reconstruir eso (la pérdida de buen número de máquinas de votación), aunque alguna gente dice, que está más o menos avanzado, pero es un rumor, es una tarea que tiene que resolver el CNE pronto y hacerlo conocer, y el otro, la segunda cosa que afecta es lo de la pandemia por el coronavirus.

CNE tenía pecado de origen

-¿Cuál es su opinión sobre la designación del nuevo directorio? Al contrario que en otras oportunidades en que el TSJ designó a los rectores, ahora lo hizo cuando no se había cumplido el período de ninguno de los rectores.

–Claramente, el CNE que estaba hasta la semana pasada tenía pecado de origen; no había sido designado como manda la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral y desde al año pasado ha venido expresándose una presión tanto interna como internacional de la necesidad de lograr un árbitro electoral que sea reconocido más ampliamente. El CNE, producto de todas las elecciones que se hicieron después de las parlamentarias de 2015, venía en un proceso de pérdida de legitimidad y confianza que lo hacía prácticamente inaceptable para la inmensa mayoría.

“En esas decisiones –advirtió- hay unas irregularidades adicionales. Lo primero que hace el TSJ, habiendo declarado la omisión legislativa, es pedirle al Comité de Postulaciones la lista de postulados, y no la había porque ni siquiera esa instancia había definido su reglamento interno y cronograma de trabajo; además, la ley establece plazos, el período en que se hacen las postulaciones no debe ser menos de dos semanas y luego hay un período para impugnar postulados y luego un período para que los impugnados puedan responder a las objeciones. Es un proceso que se lleva de tres semanas a un mes. Uno no sabe si era que no sabían o qué, algo realmente sorprendente, que pida algo de absolutamente imposible cumplimiento”.

Añadió que, además, la Sala Constitucional, cuando hace la designación, repartió los cargos de los rectores. “La LOPE es muy clara cuando establece que son los rectores, una vez designados, de su seno, quienes deciden quién va a estar en la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro, la de partidos políticos y financiamiento; distribuyen los cargos, y dice cuáles son los rectores suplentes incorporados en esas comisiones. Pero en esta oportunidad, el TSJ le adelantó el trabajo”.

Que el CNE ejecute modificaciones a la ley es irregular

-En la sentencia del TSJ se establece la desaplicación de artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) con el objetivo de rescatar el principio de la proporcionalidad. ¿Cuál es su opinión sobre ese procedimiento y si es conveniente o no?

-Es otra irregularidad adicional, que el tribunal también le dice al CNE que tiene que adecuar la legislación para restablecer representación proporcional y efectivamente la LOPE no respeta la representación proporcional y viola la Constitución.

“La ley actual, la LOPE –explicó Luis Lander- afecta lo establecido en la Constitución en dos momentos. El artículo ocho habla de un sistema electoral paralelo, unos diputados que se eligen por lista y otros nominalmente, y que los resultados de una elección no influyen para nada en la otra, no tienen vinculación una con la otra (en algunos sistemas, el partido que obtiene un diputado nominal pierde el primer escaño que le corresponde por lista). Los otros artículos, 14 y 15, dicen que en aquellos estados donde se eligen nueve o menos diputados se van a elegir dos por lista y los demás nominalmente, y en los que se eligen 10 o más, se van a elegir tres por lista y los demás nominalmente. Estos tres artículos configuran un sistema electoral que no es de representación proporcional; no es exactamente mayoritario. pero se acerca más a uno de ellos que al proporcional y más allá de las argumentaciones teóricas de ellos basta ver lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones parlamentarias que fueron regidas por esta nueva ley”.

Recordó que en las de 2010, el oficialismo obtuvo mayoría de votos sobre la oposición, “con menos de dos por ciento fue la diferencia. Unas elecciones reñidas, pero obtuvo un número muy superior de diputados que la oposición, no existió el mismo porcentaje. En la de 2015 pasó lo mismo, pero de signo contrario. La oposición sacó 56 % de los votos y se le adjudicaron 66% de los diputados, claramente la LOPE no respeta el principio de la representación proporcional”, detalló Luis Lander.

Agregó el director del OEV que esto podría ser una discusión interminable. “Yo no diría que la representación proporcional es más o menos democrática que los mayoritarias, hay argumentaciones en ambos sentidos; los que prefieren un sistema de representación proporcional, entre los cuales me incluyo, es que permite una mayor apertura del sistema político y que los cuerpos colegiados estén representantes de más sectores políticos, un panorama más plural que en el mayoritario, los que argumentan que éste es preferible es que es un parlamento que contribuye a una mayor estabilidad, pero independientemente de la simpatía hacia un sistema u otro, la Constitución es absolutamente categórica y en el artículo 63 dice que el sistema debe ser de representación proporcional y de personalización del sufragio, las dos cosas, tienes que combinarlas”.

Distorsiones

-¿Pero que el TSJ sea el que diga que se debe desaplicar la ley no lesiona derechos de la población?

-Esa manera de resolver ese problema… tiene que ver con la ley y requiere modificaciones de la ley. En Venezuela, el Estado de derecho indica que a quien corresponde producir esos cambios es a la Asamblea Nacional que es un órgano legislativo. Eso de darle atribuciones legislativas al CNE es una irregularidad adicional.

A juicio de Luis Lander, si se quiere resolver ese problema sobre el cual asegura produce distorsiones, se puede hacer de una manera efectiva dejando que la AN produjera modificaciones a la ley. “Pero ese mecanismo (el de la indicación del TSJ hacia el CNE) es muy malo”, acotó.

-También se prevé que haya cambios en el número de diputados a elegir. Se ha dicho que para atender los cambios en el número de habitantes ¿Es esto necesario y a qué principios debe atenderse para que tales modificaciones sean justas?

-Pareciera que el TSJ está actuando con desconocimiento de causa, porque también en la LOPE y en la Constitución, figura la manera de determinar el número de diputados que van a integrar la AN. El número no se altera porque aumente la población. Se puede producir una duplicación de la población, pero eso no quiere decir que tengamos una AN con el doble de diputados. Tampoco de los circuitos. Lo primero que hay que hacer para determinar el número de diputados, es determinar, sobre la base del último censo y las proyecciones que haga el INE para cada año, cuánto es el uno coma uno por ciento de la población. Si hay 20 millones es una cifra, si hay 40 es el doble, pero siempre el uno coma uno por ciento de la población. Ese factor, uno coma uno por ciento, se saca cuántas veces existe en cada estado.

“Digamos que el uno coma uno es 650 mil electores y un estado tiene millón y medio de electores, es casi dos veces, así que le corresponden dos diputados. Como es proporcional se mantiene más o menos igual, no es exacto, no es verdad que el ajuste, que sí debe hacerlo y le corresponde al CNE, se deba sacar la cuenta por las bases de la población. El Parlamento pide al INE las proyecciones de población y con eso saca la cuenta”, precisó Luis Lander.

Intervenciones afectan a todos los ciudadanos

-Los partidos de la oposición han sido intervenidos y se les ha impuesto unas directivas ad hoc. ¿Esto afecta los derechos electorales de los militantes y simpatizantes de estas organizaciones?

-Afecta los derechos de todos, no solo los de los militantes de Acción Democrática, por ejemplo, sino hasta de los que estén en contra de Acción Democrática porque distorsiona el proceso electoral y eso nos afecta a todos. Nuevamente con esto es importante decir que no es la primera vez que pasa. Pasó en 2015 con PPT, MEP, Podemos, Copei. Han sido varios los partidos en los que supuestas tensiones y luchas internas dentro de ellos se resuelven judicialmente, lo cual es un disparate porque la política no es un asunto a resolver en tribunales. Hay procesos que le permiten a los partidos elegir legítimamente a sus autoridades, algunos con métodos más democráticos que otros”, sostuvo Luis Lander.

Insistió en que se producen más distorsiones porque está la interrogante sobre cuál será la actuación de esos partidos con esas directivas impuestas, algo que está en el centro de la atención sobre todo a raíz de la decisión de la asamblea constituyente, que indicó que para estas organizaciones no es necesario legitimarse a través de la recolección de firmas.

“Todos estos partidos están afectados por una decisión que tomó la constituyente luego de las elecciones de alcaldes de 2018 donde Maduro sugirió que aquellos que no habían participado en esa elección debían validarse y pasar nuevamente por el proceso de legalización recogiendo las firmas y todo eso establecido en la Ley de Partidos Políticos. Ahora dijo que ya no es necesario hacer eso ¿Quiere decir entonces que esta nueva Acción Democrática, dirigida por Bernabé Gutiérrez no tiene que pasar por el proceso para legitimarse? Lo mismo que PJ y seguro ocurrirá con UNT”, apuntó Luis Lander.

Buscar mecanismos de voto a distancia

-No estamos en una situación de normalidad debido a la pandemia. ¿Qué ha ocurrido en otros casos con situaciones parecidas? ¿Es conveniente realizar el proceso en estas condiciones?

-Nuevamente la respuesta no es sí o no. No se trata de decir ‘sí, no importa, le echamos pichón y resolvemos’. Algunos países toman decisiones de ese tipo (cumplir con las actividades) y se produce un rebrote importante del número de infectados. En otros se dicen ‘hay que respetar el derecho al sufragio a la población, pero se establecen mecanismos que reducen los riesgos sanitarios, como incrementar el número de votos que se pueden hacer a distancia, aunque si piensas eso en Venezuela, voto por correo, sería un mal chiste, un joven preguntaría qué es el correo; pero, por ejemplo, el sistema bancario digital funciona razonablemente bien en Venezuela y la gente le tiene confianza. Mecanismos como esos podrían utilizarse con propósitos electorales, pero eso requiere diseñar el sistema, montarlo, hacerlo del conocimiento público y generar confianza en los electorales en su funcionamiento y eso es algo que en 15 días no se hace.

-Pero se afecta la campaña

-La postulación de candidatos también. No es fácil hacerlo cuidando las condiciones sanitarias.

Actualizar el RE

-Hay un conjunto de garantías electorales pactadas en la mesa de diálogo nacional y que forman parte de la sentencia del TSJ para designar a los rectores. ¿Qué se requiere en cuanto a observación nacional e internacional para el cumplimiento de ese pacto?

-Para que haya unas elecciones de razonable buena calidad es necesario meterle el diente al Registro Electoral. Hay que actualizarlo para garantizar que todos los venezolanos con derecho a voto podamos hacerlo. Se complica por el hecho de las migraciones, pero hay que tratar que ese tema se aborde. En cuanto a la observación es importante tanto la nacional como la internacional. Hablo de la nacional porque obviamente es el terreno donde trabajamos, pero en cuestiones de observación son muy importantes las dos, porque la nacional es hecha por personas de aquí y por lo tanto tiene un poco más de conocimiento cotidiano de la situación del país, una capacidad de evaluar lo que está pasando mejor que la internacional; pero ésta, tiene mucho más volumen en sus opiniones que la nacional.

“Yo diría que claramente que en el momento más estelar de la observación en Venezuela fue en las presidenciales de 2006, cuando la Unión Europea (UE), con meses de antelación, mandó un equipo de gente muy bien preparada en asuntos electorales, un equipo relativamente pequeño pero que cubrió el proceso de campaña, las postulaciones, y que para la semana de las elecciones amplió el número de observadores, si mal no recuerdo alrededor de mil y esa observación de la Unión Europea se mantenía en permanente contacto con las organizaciones de observación nacional. Nosotros nos reuníamos dos veces a la semana con ellos. Esa dupla permitió una buena observación y que los resultados fueran reconocidos en Venezuela y el mundo entero”, recordó Luis Lander.

-¿Qué no puede faltar para esta?

-Cosas como esas de la observación de la UE requieren de tiempo. En unas elecciones apresuradas como las hechas después de 2015 simplemente se niega. Le pides a la Unión Europea venga en mes y medio para unas elecciones y dice que no viene. La otra, que ha estado muy beligerante, es la OEA, pero me gusta más la UE porque la OEA claramente no va a ser reconocida por uno de los participantes y tiene que haber equilibrio. La observación de la OEA, para un sector, va a aparecer como demasiado parcializada.

Actuación continuada

-¿Y el mecanismo para el seguimiento?

-Las organizaciones de observación electoral se dedican a eso, pero es una cosa más amplia. Es día a día, uno no puede decir hoy qué puede pasar con los puntos rojos, eso será el día de la votación. Lo que hay que ver sobre la marcha es si se puede incluir en el reglamento del CNE normas que obliguen a disminuir las manifestaciones más excesivas del desequilibrio en las campañas electorales, por ejemplo, que los canales de comunicación del Estado deben estar al servicio de todos y no convertidos como son de hecho ahorita en plataformas de propaganda de un solo sector. Puedes tener de antemano la lista de cosas que tienes que revisar, pero evaluar su cumplimiento lo tienes que ir haciendo en la medida que el proceso vaya avanzando.

-¿Todas esas irregularidades de las que ha hablado pueden incidir en la participación de los electores?

-Por supuesto que las irregularidades, acciones cometidas por el sistema judicial en contra de directivas de partidos políticos tendrá consecuencias en la participación electoral de la población. Esas acciones generan e incrementan la desconfianza en la calidad de un venidero proceso electoral al menoscabar el libre ejercicio de la política, estimulando con ello mayores niveles de abstención.

Desde la perspectiva de Luis Lander, se trata de acciones claramente percibidas por las mayorías como hechas por poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, con claros propósitos políticos de debilitar fuerzas opositoras. “Pero igualmente hay que afirmar -señaló- que la decisión de participar o abstenerse en las venideras elecciones también dependerá de otros factores. La manera en que fue designado el nuevo Poder Electoral, su comportamiento en las semanas venideras, los niveles de desequilibrio en la venidera campaña, el uso ilegítimo de recursos públicos, el acceso a medios de comunicación, la inhabilitación de potenciales candidatos, etc. Será también importante la respuesta que la oposición política y, particularmente, los partidos afectados den a esta difícil coyuntura”, argumentó Luis Lander.

Fuente: Provea

Segunda quincena, junio de 2020

El nombramiento de cuestionadas mesas directivas en Acción Democrática y Primero Justicia, la espera por decisión similar en Un Nuevo Tiempo y el destino mismo de Voluntad Popular como partido se engranan en un proceso continuado de reducción de la oferta electoral. La judicialización de procesos internos de partidos venezolanos afecta los derechos de todos los ciudadanos

Representantes de partidos opositores dieron muestra de unidad en rueda de prensa conjunta el 17 de junio | Foto Crónica.Uno

Nuevas decisiones judiciales impactan el sistema de partidos en Venezuela, con repercusiones sobre la oferta electoral. El llamado G-4, como núcleo de la oposición política surgido del voto, está cambiando de faz a las puertas de unos comicios legislativos.

En las parlamentarias de 2015 la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó 112 diputados, frente a una bancada minoritaria de 55 legisladores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados. En su informe de observación, el OEV dio fe de que el proceso transcurrió de manera satisfactoria.

La bancada de la Unidad quedó entonces constituida por 33 diputados de Primero Justicia (PJ), 25 de Acción Democrática (AD), 21 de Un Nuevo Tiempo (UNT) y 14 de Voluntad Popular (VP). Estas cuatro formaciones representaban poco más de la mitad del hemiciclo entero, conformado por 167 curules.

El 15 y el 16 de junio de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia resolvió suspender las actuales direcciones nacionales de Acción Democrática y de Primero Justicia.

La Sala Constitucional emitió sentencias independientes con ponentes distintos (la 0071 del día 15 para AD y la 0072 del día 16 para PJ), pero con iguales decisiones para ambos partidos políticos.

La más resaltante decisión es el nombramiento de una Mesa Directiva ad hoc para llevar adelante lo que el TSJ denomina el “proceso de reestructuración necesario” de cada organización, pero que en la práctica analistas y organizaciones han traducido como la intervención de ambos partidos.

La llamada Mesa Directiva de AD la presidirá Bernabé Gutiérrez, quien fungía como secretario nacional de organización de la formación blanca y cuyo hermano es nuevo rector principal del CNE. En el caso de PJ, el Tribunal Supremo decidió que la encabece José Brito, diputado removido del partido aurinegro en diciembre de 2019 por su presunta vinculación a una trama de corrupción para favorecer a empresarios vinculados a los CLAP, el programa oficial de distribución de alimentos.

Ambas mesas directivas quedaron facultadas por el TSJ para utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de sus organizaciones. La Sala Constitucional también le ordena al Consejo Nacional Electoral “abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor, por la Mesa Directiva ad hoc designada”.

Los fallos acuerdan la designación de autoridades regionales, municipales y locales en AD y PJ. Los principales pero no únicos defenestrados son los adecos Henry Ramos Allup e Isabel Carmona y los justicieros Julio Borges y Tomás Guanipa.

AD tiene 78 años de trayectoria | Foto archivo

“Ninguno de nosotros es abstencionista. No hay una organización política internacional que no esté al tanto de los esfuerzos que hemos hecho como oposición para conseguir condiciones justas. Saben que en lo que haya esas condiciones la unidad opositora en Venezuela obtendría un triunfo arrollador”, reaccionó a la prensa Ramos Allup.

En el caso de AD, el TSJ desempolvó un recurso de junio de 2018 en el cual dos militantes del partido pedían la suspensión de la dirección nacional, de la cual formaba parte el mismo Bernabé Gutiérrez. Denunciaban los accionantes “el atropello de su militancia política mediante el cambio de los directivos de la organización en los estados o seccionales, así como también de las directivas regionales al antojo y libre albedrío de los ciudadanos Isabel Carmona de Serra, Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez como máximas autoridades del partido político Acción Democrática”. Alegaron que “de manera arbitraria” aprobaron por unanimidad la modificación de la duración del mandato de la directiva de tres a seis años.

The logo of opposition party Justice First (Primero Justicia) is seen during a news conference in Caracas, Venezuela January 26, 2018. REUTERS/Marco Bello

“No se atreven a hacer unas elecciones libres, porque saben que en una elección libre de lo que sea, hasta de un presidente de condominio de un edificio, lo perderían abrumadoramente, y por eso hacen esto para controlar la elección”, declaró a medios Guanipa.

En el caso de PJ, el Poder Judicial decidió sobre una acción de amparo interpuesta en enero de 2020 por el mismo José Brito junto al también diputado Conrado Pérez, en la cual solicitaban la suspensión de la dirección nacional por atropello a su militancia y otras razones.

“Todos los diputados de AD y de PJ y sus respectivas direcciones regionales y municipales han cerrado filas con los directivos afectados por los fallos del TSJ”, refirió una nota de Crónica.Uno del 22 de junio.

No es la primera vez que esto pasa. Ocurrió en años anteriores con partidos como el PPT, el MEP, Podemos, Bandera Roja o Copei. Con sus sentencias número 0071 y 0072, la Sala Constitucional del TSJ elevó a ocho el número de partidos que ha intervenido desde el año 2012, documentó Transparencia Venezuela. Supuestas tensiones y luchas internas en organizaciones políticas se han resuelto judicialmente, aunque la política no sea un asunto a resolver en tribunales, ha considerado el OEV.

Dos en expectación

Al día siguiente de conocidas las sentencias contra estos partidos del G-4, medios reseñaron que el diputado a la Asamblea Nacional Chaim Bucaram introdujo un recurso de amparo ante el TSJ en el que solicita la designación de una junta directiva ad hoc en el partido Un Nuevo Tiempo.

“Nosotros hemos metido el amparo pidiendo que se adjudique a mi persona la presidencia del partido, al diputado Adolfo Superlano la secretaría general y al diputado Kerrins Mavárez la secretaría de organización. Con eso iríamos a las regiones a la reorganización del partido”, dijo el 17 de junio Bucaram, cuyo nombre figura en la investigación que reveló una presunta comisión oficiosa para favorecer a empresarios vinculados a los CLAP. El objetivo, argumentó Bucaram, es “poner la tarjeta de UNT a disposición de la militancia y del pueblo venezolano para que pueda votar”.

Hasta el 29 de junio, el TSJ no había publicado en su web ningún fallo relacionado con la petición de Bucaram quien, según la actual directiva de UNT, fue expulsado del partido en enero, tras votar a favor de Luis Parra en la constitución de la junta directiva 2020 del Parlamento.

Con Voluntad Popular, también falta el desenlace. El 25 de mayo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, introdujo ante el TSJ un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para determinar si este partido es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo.

La Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer de esa demanda de interpretación y el 16 de junio declinó su conocimiento en la Sala de Casación Penal. Hasta el 29 de junio, esta sala no había publicado en la web del TSJ ningún fallo relacionado con esta materia.

Los partidos del G-4 (AD, PJ, UNT y VP) en primera línea y, junto a ellos, las organizaciones opositoras Encuentro Ciudadano, Copei-ODCA, La Causa R, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela, Nuvipa y Cuentas Claras alertaron en un comunicado del 14 de junio sobre “la pretensión de robarle a los partidos políticos democráticos sus tarjetas y símbolos partidistas para entregárselas a falsos líderes opositores”.

Estos 11 partidos se volvieron a expresar el 29 de junio para comunicar 10 condiciones mínimas y fundamentales por las que luchan para poder tener y participar en “verdaderas elecciones libres, justas y verificables”, dicen. Participación plena de todos los partidos, restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes, se cuenta en el petitorio. También, un CNE designado por la AN, prohibición de migración de electores, cese de inhabilitaciones, campaña equitativa, revisión auditada de las nuevas máquinas y observación electoral nacional e internacional en todas las etapas.

Desde la acera política opuesta, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), aliado del chavismo, rechazó “la judicialización de los procesos internos de los partidos políticos”. Por Twitter, tras su reunión ordinaria del buró político del 15 de junio, dejaron constancia de que “ante denuncias de volver a utilizar el TSJ para imponer direcciones acomodaticias e ilegítimas, exigimos total respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos”.

De nueva cuenta

En este contexto, el 17 de junio la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la desaplicación del “Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales”, publicado en Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2017. “El referido acuerdo establece que quedarán exentos los partidos políticos sobre los que cursen procesos penales ante el sistema de justicia venezolano”, informó la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

“No podrán participar, desaparecerán del mapa político”, había dicho en 2017 Nicolás Maduro acerca de los partidos opositores que no concurrieron a las elecciones municipales del 10 de diciembre de ese año y que llamaron a boicot. Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, entre otros, no suscribieron esta contienda y alegaron “falta de condiciones mínimas legales y constitucionales” que garantizaran respeto a la voluntad popular; Un Nuevo Tiempo y otros, sí participaron.

Semanas después de aquel comentario presidencial, el decreto de la Asamblea Constituyente estableció que “las organizaciones con fines políticos para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior” (artículo 1). Los partidos que no cumplan con esto, debían realizar el proceso de renovación (artículo 2).

Desde el oficialismo argumentan ahora que estas medidas de desaplicar el Decreto Constituyente de diciembre de 2017 propician una más amplia participación de todo el pueblo venezolano y de los partidos políticos en las próximas elecciones legislativas, al tiempo que facilitan la inscripción de los candidatos ante el CNE.

Afecta los derechos de todos

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ha considerado que la intervención de cualquier partido político por la vía judicial afecta los derechos de todos, y no solo los de los militantes de esas organizaciones, porque distorsiona el proceso electoral. Existen procedimientos que les permiten a los partidos políticos elegir de manera legítima a sus autoridades, y deben ser respetados.

Los últimos hechos relacionados con esta materia producen más distorsiones, porque elevan la interrogante sobre cuál será la actuación de esos partidos con directivas impuestas que, como se desprende de acciones recientes, no necesitarían legitimarse a través de la recolección de firmas.

El OEV ha documentado cómo el sistema político venezolano perdió 88 % de sus partidos entre 2010 (cuando existían 325 organizaciones con fines políticos reconocidas por el CNE) y 2018 (37 formaciones válidas).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recién consideró que estas sentencias judiciales “desestiman los procesos democráticos internos de dos partidos políticos de oposición y siembran desconfianza en las reglas de juego democráticas de cara a una eventual elección parlamentaria”.

La CIDH ha sido informada de que las juntas directivas de los partidos políticos tienen un poder de decisión importante con respecto al rumbo general de las asociaciones políticas, el sistema de postulaciones y las listas de candidatos que pueden concurrir en la contienda electoral; de ahí que corresponda a los procesos internos de cada partido la designación de su junta directiva.

Los procesos internos de los partidos políticos y su funcionamiento se encuentran amparados por el derecho de asociación y de participación política. Pero, con las recientes decisiones judiciales, “se mina la confianza en los eventos electorales del país” y, lo que es más preocupante, se crean “nuevos obstáculos para superar la crisis institucional”, sostiene la Comisión.

Un informe de 2018 del Observatorio Global de Comunicación y Democracia concluyó que en Venezuela se ha ido conformando un nuevo ecosistema de partidos, donde las principales organizaciones de oposición fueron anuladas. El pluralismo político ha recibido duros golpes que disminuyen la capacidad de los ciudadanos para tener una oferta electoral diversa.

Comunidad internacional rechaza las decisiones electorales del TSJ

Sesión virtual de la OEA en la cual se adoptó la resolución | Foto Twitter

Distintos organismos multilaterales han expresado su rechazo a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en el marco de la omisión legislativa declarada por el Tribunal Supremo de Justicia, así como las sentencias que nombran mesas directivas en partidos políticos de oposición.

La Unión Europea reaccionó el 16 de junio, afirmando que las decisiones del Tribunal Supremo relacionadas con el CNE y partidos opositores “reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean nuevos obstáculos a la resolución de la profunda crisis política”. De nuevo llamaron a Gobierno y oposición “para que emprendan unas negociaciones genuinas e integradoras conducentes a la constitución del CNE y al levantamiento de las prohibiciones que afectan a los partidos de la oposición”.

También el 16 de junio, el jefe de Estado Nicolás Maduro rechazó este comunicado: “No se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea de Venezuela, ya basta ustedes con su visión colonialista”.

En esa misma jornada, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) rechazó todas las vías violentas y exhortó a quienes detentan el poder en Venezuela a “abstenerse de tomar medidas que tornen inviable una solución democrática”. También llamó a todas las partes a retomar a la mayor brevedad negociaciones sustantivas e inclusivas.

Después, el 24 de junio, el mismo GIC dio cuenta de una reunión en la cual consideraron que el reemplazo de la junta directiva de algunos de los principales partidos de la oposición daña la posibilidad de un camino electoral consensuado y elecciones democráticas.

El Grupo de Lima expresó el 17 de junio que la intervención del TSJ, que han calificado de “ilegal” y han asegurado “desconocer”, socava “las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela”. El canciller Jorge Arreaza rechazó que los gobiernos “sumisamente cartelizados por Washington para agredir a Venezuela denotan una profunda ignorancia sobre el derecho constitucional venezolano”.

Una resolución del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, el 26 de junio, aprobó con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes su “desconocimiento” a la “ilegal”, dicen, designación del CNE por parte del TSJ, así como la “ilegal designación de las directivas” de AD y PJ.

La OEA insistió en la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un CNE independiente y un TSJ imparcial, y con observación internacional independiente. El canciller Arreaza lamentó que la OEA sea “una organización multilateral pulverizada por el servilismo”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el 27 de junio el conjunto de decisiones recientes del TSJ, por considerar que “atenta contra la institucionalidad democrática en perjuicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos”.

El 15 de junio se instaló la directiva; de izquierda a derecha los rectores principales Gladys Gutiérrez, Rafael Simón Jiménez, Indira Alfonzo, Tania D´Amelio y José Luis Gutiérrez | Foto CNE

Nueva directiva instalada

La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral se instaló el 15 de junio. Se declaró en sesión permanente el 26 de junio con la finalidad de “dar cabal y efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia 068, de fecha 05 de junio de 2020, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal de Supremo de Justicia en la cual se ordena al CNE convocar los comicios para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional”, informaron en boletín de prensa.

El CNE invitó a los partidos políticos nacionales a presentarle sus propuestas, consideraciones y/o recomendaciones para “dar cumplimiento a la sentencia número 068 de la Sala Constitucional del TSJ, en cuanto al desarrollo del marco normativo para las elecciones de diputadas a la Asamblea Nacional”, de acuerdo con otro despacho.

#HablemosdeEsto: organizaciones piden #EleccionesXLaDemocracia

Las elecciones en Venezuela deben ser parte de un acuerdo amplio entre los actores con capacidad de decisión y deben contribuir a la solución pacífica de la grave crisis que hoy agobia a los venezolanos. Así mismo, reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambio democrático es el principal desafío.

Bajo estas premisas, 16 organizaciones de la sociedad civil mantienen desde el pasado 24 de junio la campaña de redes sociales #EleccionesXLaDemocracia.

Para recuperar la democracia luego de un largo periodo de violación de los derechos políticos no se pueden tomar atajos. “Debemos activarnos en la exigencia de una solución pacífica, constitucional y electoral”, dice uno de los mensajes.

En la iniciativa conjunta participan Acceso a la Justicia, Asosaber, Caracas Ciudad Plural, el CDH-UCAB, Cepaz, Civilis DDHH, Dale Letra, Hearts on Venezuela, el Observatorio Electoral Venezolano, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Oportunidad A.C., Positivos en Colectivo, Provea, la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, Sinergia y Voto Joven.

“Es el momento de exigir condiciones y garantías para el ejercicio libre y eficiente del voto y para su recuperación como instrumento ciudadano para el cambio democrático”, indica también la campaña.

Puede seguir los mensajes de la campaña a través de las cuentas del OEV en Facebook y en Twitter.

“Tenemos que sentarnos entre todos, oírnos los unos con los otros”: Porras

No se encuentra solución absolutamente de nada si es un solo sector el que toma las decisiones, opinó el cardenal Baltazar Porras. “Como en la familia hay que ponerse de acuerdo padre, madre e hijo, también tenemos que tomar mayor conciencia de que ni el gobierno, ni la oposición, ni un gremio, ni las iglesias tienen la solución; tenemos que sentarnos entre todos, tenemos la necesidad de oírnos los unos con los otros”.

El administrador apostólico de Caracas y arzobispo metropolitano de Mérida considera que hay mucho talento humano y muchos deseos de hacer el bien a Venezuela, pero hace falta compartirlo, para que sea con la libertad que tenemos de criticar cuando haya que hacerlo o de reconocer el bien que se pueda hacer. “Es la única manera de ganar la credibilidad y la confianza de la población”, declaró al canal VPI este 29 de junio, a propósito de la conmemoración de los 101 años del fallecimiento del nuevo beato venezolano José Gregorio Hernández.

Apuntes de observación electoral ciudadana en la era del covid-19

En países de América Latina como Bolivia, con una coyuntura de polarización, un choque de poderes y hasta un gobierno transitorio, hacen falta verdaderos pactos políticos. Se requiere de mucha madurez por parte de la clase política y de acuerdos serios que tomen en cuenta aspectos económicos, políticos y de salud para llegar a un acuerdo acerca de cómo hacer elecciones realmente transparentes e inclusivas, además de saludables. Este es el camino que podría traer certidumbre a la sociedad.

Esta reflexión, que podría ser válida incluso fuera de las fronteras bolivianas, la expresó el secretario técnico de La Ruta por la Democracia, José María Paz, durante el Foro de Debate “Observación Electoral Ciudadana en la era covid-19”, organizado por Transparencia Electoral.

Con representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay, el encuentro virtual, el pasado 18 de junio, abordó los principales retos de las organizaciones de la sociedad civil para observar elecciones, así como los instrumentos legales de cada país.

En Bolivia, donde el voto es obligatorio, todos los actores están conscientes de que hay que ir a elecciones presidenciales luego de los fraudulentos resultados de octubre pasado; el debate es cuándo hacerlas. Paz conversó sobre el choque de poderes y el gran debate que se ha dado en la sociedad civil respecto a la conveniencia de ir o no a esos comicios en el corto plazo.

En esa nación sudamericana hay un ascenso vertical de casos del nuevo coronavirus y no se ha podido determinar a ciencia cierta cuándo será el pico de la pandemia.

De hecho, para los bolivianos vienen tres jornadas de votación bastante seguidas una de la otra: la primera y probablemente una segunda vuelta presidencial, y luego tienen que celebrarse elecciones subnacionales (gobernadores y alcaldes), cita que también está postergada.

Como actividades de acompañamiento, la observación ciudadana boliviana ha hecho monitoreo al árbitro electoral para verificar el cumplimiento del calendario, la capacitación de los jurados electorales y la apertura del padrón electoral.

En Paraguay se habla de la postergación de elecciones municipales, que eran este año. La representante de Semillas para la Democracia Marta Ferrara sostuvo que la confianza en los procesos electorales es fundamental para la legitimidad democrática.

En las más recientes elecciones de ese país el árbitro electoral no otorgó autorización alguna a organizaciones nacionales de observación. Permitieron, sí, la posibilidad de tener 200 observadores a una universidad vinculada a un representante del oficialismo, refirió Ferrara.

La paraguaya expuso que lo fundamental para las elecciones en el escenario político actual, que es más grave que la pandemia, es recuperar la confianza en los procesos electorales para que la democracia pueda preservarse. “Necesitamos que la sociedad civil tenga algún tipo de participación, conseguir recursos de algún lugar para tener algún tipo de incidencia”.

En Chile, si a alguien le preguntaran hace nueve meses cuál era su opinión sobre la situación política doméstica, tendría seguramente una opinión diferente de la de hoy, luego de una intensa crisis social y política.

Está previsto celebrar el plebiscito nacional el próximo 25 de octubre, pero el cronograma electoral se torna complejo en un contexto de pandemia. La propaganda electoral, por ejemplo, debería empezar en agosto y las autoridades extendieron la emergencia sanitaria hasta septiembre.

Todo esto puede dificultar que la gente participe si no hay condiciones de seguridad, apunta el presidente de la Juventud LAC, Juan Vargas.

En debate sobre si se debe postergar o no esa fecha, lo que parece clave es el rol que tiene que jugar la sociedad civil con los llamados apoderados de mesa (testigos, fiscales, según el país), porque no pueden ser excluidos del sistema electoral. Siempre se requerirá mayor validez y reconocimiento por parte de la ciudadanía.

Vargas repasó lo que la legislación menciona en relación a los apoderados de mesa: para serlo, deben ser representantes de los partidos o de los candidatos independientes, excluyendo así a cualquier otra organización de la sociedad. “Debemos avanzar en que cualquier organización de la sociedad civil pueda hacer observación electoral”, emplaza.

Como dato de interés, en las presidenciales chilenas de 1999 el margen entre los dos candidatos más votados fue de 31.000 votos. No era común, entonces, que hubiera apoderados de mesa. Con ese episodio aprendieron la importancia de tener y capacitar a testigos que puedan estar disponibles para eventuales reclamaciones.

Perú es -en estas semanas- uno de los países con más casos de coronavirus en la región. José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, expuso que son tres los organismos que llevan los procesos electorales en ese país: el Jurado Nacional de Elecciones (máximo tribunal que administra justicia electoral); la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organización que se encarga de la logística y organización del proceso, además de un tercero que lleva la identificación de los peruanos y elabora el padrón.

Dos instancias ciudadanas también vigilan: los 24 partidos políticos inscritos y los observadores electorales propiamente. Perú es considerado uno de los países de América Latina que más regulado tiene el tema de la observación electoral.

Con el actual contexto, las fuentes de financiamiento para observación electoral han mermado, indicó Villalobos. Esa observación ciudadana no se limita al campo el día de la votación, sino que despliega su labor desde la convocatoria y durante todo el proceso.

Las elecciones generales peruanas están previstas para abril de 2021. Pronto, considera Villalobos, se tiene que dar el debate de cómo garantizar la salud de los electores en unos comicios que “no se pueden postergar, porque la democracia debe continuar”.

Por eso, Villalobos propuso cuatro ejes para estar vigilantes: primero, cómo los medios van a cubrir la campaña, si va a haber equidad en el acceso a la prensa por parte de los candidatos; segundo, el financiamiento, porque en países como el Perú se discute mucho de dónde sacan los fondos los partidos políticos; tercero, las encuestas, que pese al confinamiento han sido publicadas y ya en esa realidad nacional se están construyendo candidaturas con métodos que el vocero no considera tan científicos; y cuarto, la importancia de que la OEA construya puentes con la sociedad civil y les ayude a mejorar su observación doméstica.

El presidente de Transparencia Electoral, Leandro Querido, agregó que los próximos procesos electorales requieren mayores controles y valoró como importante que la sociedad esté presente, a pesar de que los costos para hacer observación electoral ciudadana hayan crecido mucho en esta nueva realidad.

Serbia, Islandia, Polonia y Francia: las primeras elecciones europeas de la “nueva normalidad”

Cumpliendo el distanciamiento social se votó en Polonia | Foto AFP

Usando máscaras protectoras transcurrió la segunda vuelta en Francia | Foto AFP

Serbia, Islandia, Polonia y Francia acudieron a las urnas de votación, en este orden, durante la segunda quincena de junio. Por esto han sido considerados por la prensa como las primeras citas electoral de Europa en tiempos de la llamada “nueva normalidad”, marcada por un desconfinamiento progresivo en prevención del covid-19.

El 21 de junio se celebraron las elecciones generales (parlamentarias, provinciales y locales) en Serbia. El partido del presidente Aleksandar Vucic (centroderecha) incrementó su poder con una aplastante victoria, que dejó a la oposición muy reducida. Aunque pequeñas formaciones se presentaron, los principales partidos boicotearon los comicios. Esto, unido al miedo al virus, habrían impactado en una participación cercana al 48 %; ocho puntos menos que en la anterior votación de 2016. Serbia ha evitado la catástrofe sanitaria de otros países.

El 27 de junio Islandia concurrió a una elección presidencial. La reelección del jefe de Estado, Gudni Johannesson (independiente), estaba cantada. Aquí el Órgano de Gestión Electoral hizo posible un nuevo sistema de registro de respaldos ciudadanos a los candidatos, un requisito en el país insular, que funcionó tanto electrónicamente como en papel. La epidemia del coronavirus, prácticamente extinguida en esta isla boreal, tuvo escasa incidencia en la organización de la elección, reseñó AFP.

El 28 de junio finalmente tuvieron lugar las polémicas elecciones presidenciales en Polonia, ya aplazadas una vez por la pandemia. El presidente conservador Andrzej Duda, y el alcalde de Varsovia, el liberal Rafal Trzaskowski, disputarán la segunda vuelta el 12 de julio. La prensa dio cuenta del nuevo sistema de votación híbrido -por correo y presencial- para prevenir contagios. La Comisión Electoral Nacional reportó una participación récord de alrededor de 48 %, más de 10 puntos por encima de los registros de hace un lustro.

También el 28 de junio Francia pudo cumplir con la segunda vuelta de sus elecciones municipales. El partido del presidente Emmanuel Macron sufrió una contundente derrota por el avance de los ecologistas. Se celebraron ante la amenaza de un rebrote de la pandemia, que solo en Francia ha dejado casi 30.000 fallecidos, y se vieron empañadas por una abstención histórica. A pesar de las precauciones sanitarias, como el uso de mascarillas o la puesta de gel, apenas sufragaron 4 de cada 10 electores convocados, reseñó AFP.

Dominicanos, a votar

El horizonte electoral de julio demarca la cita de las presidenciales en República Dominicana, este domingo 5. En la nación caribeña el principal candidato opositor dio positivo de covid-19, no hay actos de campaña y una parte del electorado duda en ir a votar por miedo al contagio, según reportes de prensa.

Alrededor de 7,5 millones están facultados para elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Los principales candidatos son Luis Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ambos de centroizquierda.

En otra latitud, Singapur ha seguido adelante con su cronograma de elecciones parlamentarias del 10 de julio, a pesar de que el país está entre los más afectados por la pandemia en el sudeste asiático. Son comicios anticipados, luego de que el presidente disolviera el parlamento, que debía acabar su periodo en abril del año próximo. En una corta campaña de unos nueve días, los candidatos no podrán celebrar mítines para respetar el distanciamiento social, pero sí irán puerta a puerta y emplearán más la televisión y las redes sociales.

Recomendación al cierre

La pandemia de covid-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados más tiempo del habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La situación es aún más dura para quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. ¿Sabes cuánta actividad física te recomienda hacer la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a tu rango de edad? Descúbrelo haciendo CLIC EN ESTE ARTÍCULO de la OMS, que es parte de su campaña #SanosEnCasa.

Primera quincena, junio de 2020

Tras una controversial designación, este 15 de junio asumen sus cargos 5 nuevos rectores principales y 10 suplentes del Consejo Nacional Electoral. Tres sentencias del TSJ impidieron el curso del procedimiento del Comité de Postulaciones y el Parlamento para llevar a cabo tales nombramientos

Rafael Simón Jiménez, Tania D’Amelio, Indira Alfonzo, José Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez en el momento de la juramentación | AFP

9:08 de la noche del 12 de junio de 2020. En el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaban de ser designados y juramentados cinco rectores principales y 10 rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Apenas a las 8:13 de la noche, menos de una hora antes, la máxima corte había tuiteado la noticia con la revelación de los 15 nombres, luego de un viernes de rumores en los corrillos políticos.

Los periodistas, convocados también a última hora, toman breves declaraciones a una de las nuevas rectoras suplentes, Gloria Muñoz.

—¿Cuándo le fue comunicado que había sido designada como rectora suplente? —le pregunta una reportera.

—No recuerdo… ayer, antier. No sé —contesta.

La respuesta puede ilustrar la manera, considerada por el Observatorio Electoral Venezolano como poco transparente, bajo la cual finalmente transcurrió el procedimiento de renovación de autoridades del Poder Electoral en este año 2020. Las acciones ocurrieron en un breve lapso de nueve días:

4 de junio: más que una solicitud

El secretario general del MAS, Felipe Mujica, acudió ante la Sala Constitucional del TSJ con el propósito de presentar la “solicitud de omisión legislativa para que se proceda a resolver el problema del Consejo Nacional Electoral”.

Mujica actuó en representación de Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. La llamada Mesa de Diálogo Nacional, que los agrupa, se instaló en septiembre de 2019 con los partidos minoritarios de la oposición Cambiemos, Soluciones, Avanzada Progresista y el MAS, y la incorporación posterior de Esperanza por el Cambio. El Ejecutivo también cuenta a Copei en la mesa. Algunas de estas tarjetas participaron en la cuestionada elección presidencial del 20 de mayo de 2018.

La mayoría de los partidos opositores, incluyendo a los más grandes, no participan de la Mesa de Diálogo Nacional.

La Constitución establece: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley” (artículo 296).

Y la Ley Orgánica del Poder Electoral ratifica: “La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral serán designadas o designados de su seno” (artículo 37).

5 de junio: la omisión, antes de la labor

24 horas después, el TSJ no solo se declaró competente para conocer y resolver la demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional declaró lo que llamó la “omisión inconstitucional” por parte de la Asamblea Nacional en la designación de los integrantes del CNE.

Hubo más: desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al CNE. También ordenó al CNE adecuar la normativa electoral para la elección de los diputados indígenas respetando sus tradiciones y costumbres, asignándole funciones legislativas que no son de su competencia.

Se sembró entonces la duda acerca del equilibrio del TSJ en el desempeño de los asuntos que le corresponden. En un comunicado, el OEV lamentó y consideró inconveniente esa decisión.

El Comité de Postulaciones Electorales es la instancia que tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Electoral.

El Comité se instaló el 9 de marzo, con la convergencia de actores de partidos opositores del G-4 como AD, PJ y UNT, de constituyentes y diputados del PSUV, de organizaciones sociales simpatizantes del oficialismo y hasta de alguna representación de la línea divisoria que abrió Luis Parra en la directiva del Parlamento el pasado 5 de enero.

“El Comité de Postulaciones es el último vestigio de institucionalidad en el que los diversos factores políticos en conflicto confluyen y, por tanto, está llamado a poner todas sus capacidades de hacer política para el curso futuro del país”, se leía en un exhorto en el cual decenas de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil le pedían a esa instancia retomar sus actividades, aunque fuere de manera virtual.

Como al mundo entero, la pandemia por COVID-19 también se le atravesó en el camino a la planificación del Comité de Postulaciones: habían pasado cuatro días de su instalación y faltaban otros tres para su segunda reunión, cuando Venezuela confirmó los dos primeros casos del nuevo coronavirus, con su consecuente declaratoria de cuarentena.

Suspendieron hasta nuevo aviso, faltándoles casi toda la labor, desde aprobar su reglamento interno y establecer la metódica que serviría de base para solicitar y evaluar las credenciales de los postulados, así como definir su cronograma de trabajo.

10 de junio: el listado que no existe

En una nueva y segunda decisión, el TSJ exhortó al Comité de Postulaciones Electorales para que “dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la publicación del presente auto”, consignara el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE. La sala, según nota de prensa, “valora positivamente como hecho político la labor adelantada” por los 21 integrantes de esa instancia; 11 diputados y 10 representantes de la sociedad.

“Tú no puedes entregar lo que no hay, lo que no existe”, reaccionó el presidente del Comité, el diputado opositor por Primero Justicia Ángel Medina. Si era público, notorio y comunicacional que el listado todavía no existía; si de acuerdo con la legislación apenas el primer lapso de postulación dura 14 días, ¿qué iba a consignar el Comité de Postulaciones?

Solo un par de veces, en 2006 y 2009, el Comité de Postulaciones ha podido agotar el procedimiento de ley y la plenaria de la Asamblea Nacional, con las dos terceras partes, designó nuevos rectores. La que designó rectores en 2006 y 2009 fue una Asamblea Nacional elegida en las parlamentarías de 2005, cuando las principales fuerzas opositoras decidieron no participar, dando como resultado un Parlamento monocolor.

Hasta en cuatro oportunidades, el Tribunal Supremo ya había asumido la designación de directivas del CNE, de manera total o parcial. Ocurrió con el directorio en agosto de 2003, una renovación parcial en enero de 2005, dos reelecciones y varias designaciones en diciembre de 2014 y dos reelecciones en diciembre de 2016.

En su fallo de 2014, el TSJ tomó en cuenta el informe final del Comité de Postulaciones Electorales de entonces, que recibió 245 aspirantes de la sociedad, aprobó una lista de 124 que pasaron el proceso de evaluación y determinó que 31 eran elegibles.

En su decisión de 2005, los rectores designados por el TSJ estaban en sus cargos “provisionalmente” hasta que el Parlamento procediera a nombrar a los miembros del CNE.

En su sentencia de 2003, el TSJ tomó en cuenta el “acucioso” trabajo del Comité de entonces, que recibió 408 postulaciones y las redujo progresivamente a 200, a 115, a 86 y finalmente a 63 representantes de la sociedad.

Los números de archivo demuestran la participación de sectores de la sociedad en la conformación del Poder Electoral. En 2020 se truncó este derecho.

12 de junio: la juramentación exprés

Habían pasado dos días del exhorto al Comité de Postulaciones, cuando el TSJ declaró que el “desacato” de la Asamblea Nacional “se mantiene de forma ininterrumpida”, procedió a designar a los rectores del CNE y a nombrar integrantes de los órganos subordinados, y los convocó para su juramentación el mismo 12 de junio a las 8:00 p.m.

Una vez más por la vía del Poder Judicial, pero en esta ocasión sin que el Comité de Postulaciones Electorales hubiese siquiera empezado su procedimiento de ley, el nuevo CNE quedó conformado por:

RECTORES PRINCIPALES
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Indira Alfonzo, rectora principal y presidenta; Rafael Simón Jiménez, rector principal y vicepresidente; Tania D’Amelio, rectora principal; Gladys Gutiérrez, rectora principal, y José Luis Gutiérrez, rector principal.

Indira Alfonzo, una abogada nacida en La Guaira, viene de ser presidenta de la Sala Electoral y primera vicepresidenta del TSJ. Rafael Simón Jiménez, abogado y economista, es un antiguo militante del MAS que ahora se erige como la principal figura vinculada a la oposición dentro del CNE. Tania D’Amelio, abogada, es la única rectora de la gestión saliente que ha sido renovada en su cargo. Gladys Gutiérrez, abogada, fue presidenta del TSJ y ejercía hasta ahora en la Sala Constitucional. Y José Luis Gutiérrez, abogado, se identifica como opositor, tiene aproximadamente una década trabajando en el CNE y es hermano del secretario nacional de organización del partido Acción Democrática.

La composición que maneja la prensa es “un 3-2” (tres afines al gobierno de Nicolás Maduro y dos a la oposición), pero serán sus decisiones las que revelen cuál camino tomará el directorio; sobre todo, después de una gestión que mostró abierta parcialidad hacia el oficialismo. Jiménez, apenas juramentarse, abogó por un gran acuerdo político nacional.

El TSJ designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández, Alex David Díaz, Carlos Enrique Quintero, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino, Luis Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.

RECTORES SUPLENTES
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Dos de los suplentes, Hernández y Quintero, fueron ratificados luego de trabajar de cerca con Tibisay Lucena, quien sale luego de 14 años de rectoría. Delpino, entre tanto, era director del CNE cuando se celebraron las elecciones regionales de 2017, apunta un trabajo de Efecto Cocuyo.

La Junta Nacional Electoral la preside Indira Alfonzo; como rector principal José Luis Gutiérrez y como rector suplente incorporado Carlos Enrique Quintero.

La Comisión de Registro Civil y Electoral la preside Tania D’Amelio, como rectora principal Gladys Gutiérrez y como rector suplente incorporado Juan Carlos Delpino.

La Comisión de Participación Política y Financiamiento la preside Rafael Simón Jiménez; como rectora principal Tania D’Amelio y como rector suplente incorporado Abdón Hernández.

ÓRGANOS SUBALTERNOS
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“Desconozco”, “acato”

Juan Guaidó reaccionó el sábado 13: tachó de ilegal la designación de los rectores y dijo desconocer el nuevo CNE. Aseguró que el gobierno “cometió un delito con un supuesto exhorto de 72 horas en formato de sentencia”, pero también un grave error dijo en conferencia de prensa. “El Comité de Postulaciones continúa su funcionamiento y sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un CNE que ofrezca el derecho a elegir”, asomó.

En un comunicado, el jefe del Parlamento también rechazó que el gobierno “dinamitara una vez más la posibilidad de avanzar en un camino electoral, pacífico e institucional para resolver la profunda crisis que vive nuestro pueblo”. Adelantó que no convalidará “el fraude de unas falsas elecciones parlamentarias” y que reconocerá a la actual Asamblea Nacional “hasta que los venezolanos puedan elegir nuevos diputados libremente”.

Nicolás Maduro también reaccionó el sábado 13: valoró que la Mesa de Diálogo Nacional “ha funcionado muy bien”, con dirigentes políticos que calificó de “opositores, y bien radicales y duros”. Reveló que, paralelo a esto, han tenido “una mesa, también de diálogo, con el llamado G-4”, donde han conversado, a varias manos. En ese contexto, instalaron del Comité de Postulaciones de la AN, para que “hiciera un trabajo de avanzada”.

En alocución televisada, el jefe de Estado justificó que después llegó la pandemia, la oposición “se dividió aún más” y el TSJ tomó las riendas, verificó que “no había condiciones institucionales”, ni mayoría calificada. Atribuyó este paso como resultado de los diálogos políticos que se han desarrollado en la Mesa de Diálogo, con el G-4 y con el G-3. “Es una decisión consensuada”, aseguró, al también revelar que la Sala Constitucional abrió “mecanismos de diálogo con todos”. Maduro dijo que acatará todas las decisiones del nuevo CNE.

Ser creíble e imparcial

¿Bajo cuál metódica, o con base en cuál listado, la Sala Constitucional del TSJ designó a los nuevos rectores?, es una de las preguntas que se hace la opinión pública. El Observatorio Electoral Venezolano considera que no se agotó el procedimiento contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral; que el TSJ decidió por los rectores los cargos directivos y de los órganos subalternos, y que el procedimiento, como decíamos al principio de esta nota, no fue transparente.

El OEV insiste una vez más en la necesidad de los acuerdos políticos inclusivos, a fin de que los actores negocien condiciones y garantías para elecciones que resulten confiables, por el bien nacional. La vía pacífica, democrática y electoral es la única que puede abrir la ruta para que emerja un nuevo y mejor país para los venezolanos.

Venezuela necesita un CNE creíble e imparcial, que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia y que garantice la validez de los resultados obtenidos en las urnas de votación.

En todo caso, esta electoral primera quincena de junio había empezado con una buena noticia, que animaba a hacerse extensible a otras áreas de la vida nacional: el acuerdo de carácter humanitario firmado el 1 de junio entre gobierno y oposición para luchar en conjunto contra la pandemia de COVID-19.

La segunda quincena de junio empieza con la toma de posesión de los rectores, una oposición descontenta a la que todos preguntan qué hará de cara al futuro, y un llamado del Gobierno al Ministerio de Defensa para que empiece a preparar el Plan República de las próximas parlamentarias.

Bolivia: Áñez ignora acuerdo político de celebrar elección el 6 de septiembre

La crisis electoral empezó con las fraudulentas elecciones de octubre de 2019 | Archivo Reuters

Existe otro país en América Latina donde la primera quincena de junio también empezó con buenas noticias de acuerdos políticos, pero conforme avanzaron los días el panorama se fue complicando: Bolivia.

El 2 de junio, un acuerdo entre partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió fijar la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre, tras haber sido postergadas por el coronavirus. Se esperaba entonces que esto permitiría dejar atrás la crisis desatada por los comicios anulados del año pasado, reseñó AFP.

La ley que fija el 6 de septiembre como fecha de las elecciones generales surgió tras un acuerdo político entre el MAS, que controla por amplia mayoría las cámaras de Diputados y Senadores, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato centrista Carlos Mesa y otras fuerzas políticas. La norma fue remitida a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, para su respectiva promulgación.

Pero el 12 de junio Áñez decidió no promulgar la ley y en su lugar envió una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa, (que es del partido de Evo Morales) en la que le cuestiona la intención de celebrar los comicios en medio de la pandemia. Le pide “asumir públicamente la responsabilidad” de haber decidido que las elecciones se realicen cuando las autoridades sanitarias estiman que la pandemia alcanzará en Bolivia su punto más elevado.

Candidatos y partidos de oposición le exigieron a Áñez promulgar la ley, acusándola de esquivar responsabilidades frente a la pandemia y de pretender prolongar su interinato en el poder.

“La presidenta no puede ampararse en una supuesta preocupación por proteger la salud pública”, señaló el partido del candidato de centro Carlos Mesa tras sostener que “la verdadera intención de la presidenta es prorrogarse en el ejercicio del poder”.

Bolivia debía ir elecciones el pasado 3 de mayo, pero por la irrupción del coronavirus no se celebraron. (Con información de AFP)

Estados Unidos: las protestas y su impacto en año electoral

La gráfica de EFE que da cuenta de la dimensión electoral de la protesta.

“Recuerden esto en noviembre”, se lee en el cartel. Una fotografía de EFE, fechada el 6 de junio, muestra a un joven con mascarilla mientras pasea en bicicleta con el letrero, durante una manifestación contra la violencia racista en Washington, Estados Unidos.

Las protestas contra la violencia racista han reforzado la caída en las encuestas del presidente Donald Trump, de cara a las presidenciales de noviembre próximo. Sin embargo, reseñó la misma agencia española, “está por verse si la energía en las calles se traduce en votos a favor de su rival Joe Biden”.

Tras el asesinato de George Floyd, el Partido Demócrata se ha apresurado a respaldar las protestas por la violencia policial que afecta a los afroamericanos, un bloque de votantes históricamente progresista pero cuya participación disminuyó en las elecciones de 2016 respecto a la década anterior.

El movimiento ha generado preocupación en la campaña de reelección de Trump, que en las últimas semanas ha visto cómo decaía su apoyo en estados clave como Arizona, Ohio, Florida y Georgia, además de entre los estadounidenses de mayor edad.

Encuestas recientes referidas por BBC Mundo muestran una caída del índice de aprobación de Trump, por debajo del 40%, así como una ventaja promedio de alrededor de 10 puntos en la intención de voto por Biden en el ámbito nacional. (Con información de EFE)

#ElDatoOEV

44

El número se refiere a Surinam, donde la incidencia de casos del nuevo coronavirus “aumentó en los días posteriores a las elecciones, de un caso en el día de la jornada electoral (el 25 de mayo) a 44 el 2 de junio”. Así lo reportó la Misión de Observación Electoral de la OEA en una declaración. Igualmente, en un reporte del 9 de junio, la Organización Mundial de la Salud observó que “después de más de un mes sin nuevos episodios, Surinam informó la semana pasada de un repunte”.

El partido que gobierna en Surinam pidió un recuento de votos, después de que los resultados preliminares dieran la victoria a la oposición. Todavía el 7 de junio los cuatro principales partidos de Surinam, que buscan formar una coalición para gobernar, pedían que se difundan los datos oficiales de los resultados.

La pandemia también ha dejado casos de elecciones cuyas curvas de contagio no se han disparado luego de elecciones, como las parlamentarias de Corea del Sur; un caso que el OEV reseñó en su Boletín 40 y Boletín 41.

Recomendación al cierre

La Organización Mundial de la Salud ha publicado en días recientes una actualización sobre el uso de mascarillas durante la pandemia que incluye dónde, cuándo y cómo deben emplearse. También señala que las mascarillas son una medida de prevención junto con el distanciamiento social, el lavado de manos y no tocarse la cara. LEA EL ARTÍCULO AQUÍ

La inmensa mayoría de los venezolanos, más allá de sus posiciones políticas o ideológicas, está de acuerdo con una salida pacífica a la ya prolongada crisis política nacional, causa fundamental de los numerosos y variados problemas que entraban el funcionamiento de nuestra sociedad y el transcurrir diario de la vida de los ciudadanos, agravados, además, por los efectos de la pandemia.

Organizaciones de variada naturaleza, entre ellas el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), se han pronunciado de manera reiterada por la necesidad de alcanzar un acuerdo político que haga viable la celebración de unas elecciones que posibiliten ir abriendo caminos a la resolución de los problemas sociales, económicos, sanitarios y educativos que confrontamos. En este sentido, se ha insistido mil veces que el primer paso para ello es el nombramiento consensuado de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble e imparcial, que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia y que garantice la validez de los resultados obtenidos en las urnas de votación.

No debería haber razón alguna para evadir un pacto de esta naturaleza. No es este, así pues, el momento de querer sacar provecho político de la tragedia que estamos padeciendo. Por el contrario, es este el momento de unir a todos los sectores, políticos y sociales, en torno al desenlace de una crisis que agobia a nuestra sociedad desde hace varios años.

El OEV reitera, por último, que la ausencia de acuerdos no deja ganadores ni derrotados. Perdemos todos, sobre todo los ciudadanos cuya vida ha venido siendo una tragedia. Es deber de nuestro liderazgo político mirar más allá de sus intereses.

Observatorio Electoral Venezolano

Caracas, 12 de junio 2020

En medio de la grave crisis política, causante de los problemas y conflictos que agobian desde hace varios años a la sociedad venezolana, en días recientes se asomó la posibilidad de llegar a algunos acuerdos que pudieran marcar los primeros pasos que nos conduzcan a la solución pacífica de las dificultades que perturban el funcionamiento normal del país. Resulta importante destacar que, de acuerdo a las encuestas, es esta la opción de la inmensa mayoría de los venezolanos y, así mismo, la que vienen exigiendo, con constancia y firmeza, diversos sectores organizados de la sociedad civil.

Las conversaciones de estos días, entre la oposición y el Gobierno, con la participación de organizaciones internacionales, han girado en torno al propósito de concretar diversas e importantes iniciativas incluidas en un plan de ayuda humanitaria.

De manera casi paralela habían tenido lugar encuentros referidos a las próximas elecciones parlamentarias, concentrándose particularmente en el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) políticamente equilibrado, que merezca la confianza de la opinión pública y que inicie las tareas previstas a fin de que las elecciones tengan lugar.

Lamentablemente, el 5 de junio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó la decisión de declarar la “omisión inconstitucional” por parte de la Asamblea Nacional en la designación de los integrantes del CNE, sembrando la duda acerca de su equilibrio en el desempeño de los asuntos que le corresponden y comprometiendo el proceso de votación.

El OEV lamenta y considera inconveniente la más reciente decisión electoral del TSJ. Insistimos en la necesidad de las negociaciones políticas, a fin de acordar las condiciones para unas elecciones que resulten confiables. Reivindicamos la importancia de que se haya conformado un Comité de Postulaciones Electorales plural. Reiteramos, así mismo, que la vía pacífica, democrática y electoral es la única que puede abrir la ruta para que emerja un nuevo y mejor país para los venezolanos. Y enfatizamos, por último, la convicción de que con cualquier otra fórmula, perdemos todos. Ojalá haya tiempo para corregir este grave error.

Caracas, 7 de junio 2020