Segunda quincena, abril de 2022

Acaban de juramentarse los integrantes del Poder Judicial. Esto implica una continuidad, una movida interna y apenas una novedad dentro de la conformación de la Sala Electoral. Abre también la expectación por un relevo sobrevenido en el directorio del Consejo Nacional Electoral. Los magistrados asignados para el nuevo período, en cualquier caso, tienen la obligación de evitar la invasión de las competencias del Poder Electoral

Los nuevos magistrados durante su juramentación el 26 de abril en el hemiciclo de sesiones del Parlamento | Fotografía de la AFP

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cumple un papel clave dentro de los procesos electorales en Venezuela.

Según la Constitución, esta Sala ejerce la jurisdicción contencioso electoral (artículo 297). Este término se refiere a la jurisdicción que se ejerce en forma de juicio sobre pretensiones o derechos contrapuestos de partes litigantes, en este caso, sobre la materia electoral. También esta Sala le puede ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizar procesos electorales de organizaciones de la sociedad civil (artículo 293).

En la práctica, si bien el CNE es el ente rector del Poder Electoral, el Judicial ha sido uno de los poderes públicos con mayores injerencias y controvertidas intervenciones sobre el curso de elecciones y referendos. El más reciente ejemplo lo tuvimos con la discutible decisión en noviembre de la Sala Electoral del TSJ, suspendiendo el proceso de totalización y proclamación de la elección a gobernador de Barinas y convocando y fijando fecha para una nueva elección.

De ahí la importancia de la designación que acaba de hacer la Asamblea Nacional (AN). De hecho, el TSJ es, para bien o para mal, una parte fundamental del ecosistema electoral que en muchas decisiones prevalece sobre el CNE.

La legislación establece que la AN hará la selección definitiva de magistrados dentro de los “cinco días continuos siguientes” a la recepción de la documentación que sea enviada por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Esto último ocurrió el 22 de marzo. En esa fecha, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, reiteró que en los siguientes cinco días continuos procederían a evaluar los 254 nombres de la lista final. Pero la selección definitiva se cumplió 35 días continuos después. Los varios diferimientos opacaron la independencia y transparencia que deben caracterizar esta designación. ¿Por qué la demora?

Finalmente, el Legislativo designó este 26 de abril a los 20 magistrados principales del TSJ con sus suplentes. Con la reforma judicial que sancionó el Parlamento a finales de 2021, la Sala Electoral, al igual que otras salas, reduce de cinco a tres el número de sus integrantes.

Así, los nuevos magistrados principales de la Sala Electoral del TSJ son los abogados Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez Cordero e Inocencio Figueroa Arizaleta.

Rodríguez fue elegida concejal del municipio Libertador (Caracas) en 2018 por las tarjetas del oficialista Gran Polo Patriótico y en agosto de 2021, siendo presidenta del Concejo, asumió la Alcaldía de Caracas tras la renuncia de Erika Farías.

Luego de trabajar en entes de la administración pública como Conatel y Cencoex, Márquez ejerce como magistrada designada por la AN desde diciembre de 2015 y es la única ratificada en la misma Sala Electoral.

Figueroa también es magistrado del TSJ, en su caso desde el año 2014, pero hasta ahora ejercía en la Sala Político-Administrativa. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (2007-2014) y antes, durante tres lustros, se desempeñó como legislador regional del estado Miranda.

Entre tanto, los magistrados suplentes de la Sala Electoral son Grisel López, Juan Pablo Torres y Anabel Hernández, como reseña la web de la AN.

Hasta ahora habían conformaron la Sala Electoral cinco magistrados: su presidenta, Indira Alfonzo, que también fue titular del CNE designada por el propio TSJ en junio de 2020 para organizar las cuestionadas elecciones parlamentarias de finales de ese año; su vicepresidente, Malaquías Gil, ex diputado trujillano en la AN entre los años 2000 y 2010; y las magistradas Fanny Márquez (única ratificada), Jhannett Madriz y Carmen Alves, como refiere la web del TSJ.

Las decisiones del CNE, incluyendo la impugnación de resultados electorales, pueden ser recurridas ante la Sala Electoral del TSJ. Así mismo, una sentencia emitida por la Sala Electoral también puede ser recurrida ante la Sala Constitucional del TSJ. Los cinco nuevos integrantes de esta otra sala son los magistrados principales Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tania D’Amelio Cardiet. De los cinco, D’Amelio, ahora ex rectora del CNE, es la única que debuta como magistrada; los otros cuatro ya portaban la toga.

Los magistrados o magistradas del TSJ serán elegidos “por un único período” de 12 años, establece el artículo 264 de la Constitución. Pero organizaciones calcularon que 60% de los recién designados como principales son en realidad repitientes.

La reelección de tantos magistrados no es una buena señal para el país, sobre todo, a razón de que el TSJ saliente ya no generaba confianza sobre la mayoría de los ciudadanos. Las diversas críticas a la gestión anterior han provenido incluso de las mismas filas del oficialismo.

Sustitución en el directorio

Las nuevas designaciones del 26 de abril en la AN implican, además, cambios en el seno del CNE.

Tania D’Amelio era la única mujer dentro del actual directorio del ente rector del Poder Electoral. Se desempeñaba también como presidenta de la Junta Nacional Electoral y miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral; es decir, formaba parte además de dos de los tres órganos subordinados del CNE.

Abogada y especialista en Derecho Tributario, ex diputada de la AN por el estado La Guaira, D’Amelio cierra una etapa de más de 12 años como rectora principal del CNE. Designada originalmente en 2009 y tres veces ratificada (en 2016, 2020 y 2021), arbitró distintas elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales.

En la designación de integrantes del CNE que hizo la AN en mayo de 2021 resultó como primer suplente de D’Amelio el joven de 35 años Leonel Enrique Párica Hernández quien, además, ha ejercido estos últimos meses como rector suplente incorporado a la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi). Como segundo suplente de D’Amelio fue designado Rafael Simón Chacón Guzmán.

Antes de ser rector electoral, Párica estuvo vinculado a la administración pública, específicamente al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Miranda, como refiere el portal Poderopedia con base en distintas Gacetas Oficiales.

Con esta novedad se elevan a dos los integrantes del CNE designados por la AN en mayo de 2021 que casi un año después no ejercen estas funciones. El primero en romper la lista de los 15 rectores, entre principales y suplentes, fue Francisco Martínez, ex presidente de Fedecámaras postulado por la sociedad civil y designado como segundo suplente del rector Enrique Márquez, quien renunció a finales de 2021 “por motivos estrictamente personales”, como expresó en una comunicación.

Lo conducente sería que el primer suplente ascienda al directorio y sustituya a un rector saliente. Pero en el pasado no siempre se han cumplido las formas. En 2020, tras la renuncia del rector Rafael Simón Jiménez, la misma Sala Constitucional que designó a esos 15 integrantes del CNE, irrespetando la conformación del Comité de Postulaciones Electorales de entonces, nombró sustituto a Leonardo Morales sin ser siquiera rector suplente.

Por cierto, el ex rector principal del CNE (2020-2021) José Luis Gutiérrez Parra acaba de ser designado como magistrado principal para la Sala de Casación Civil, mientras que el ex rector principal del CNE (2014-2020) Luis Emilio Rondón González figura como magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa.

¿Por qué esto es importante?

No es tanto el sufragio como sí el sistema de justicia lo que hace la diferencia entre sistemas democráticos más o menos estables en América Latina.

Dentro del marco conceptual de la democracia, el acceso a la justicia, la independencia judicial, la participación electoral y las elecciones limpias son cuatro de los conceptos claves que forman parte de los atributos esenciales de toda democracia saludable.

La administración saliente del TSJ no se caracterizó por ejercitar estos conceptos claves en sus reiteradas injerencias sobre los procesos electorales y referendarios de la historia electoral reciente.

  • En 2015, del TSJ provino la suspensión de la proclamación de los diputados electos en Amazonas y la circunscripción indígena sur para la Asamblea Nacional, origen de la inconstitucional tesis del “desacato” impuesta a la legislatura pasada, de mayoría opositora.
  • En 2016, el TSJ impuso que quienes desearan activar un referendo revocatorio presidencial debían reunir el 20% de manifestaciones de voluntad del RE en todos y cada uno de los estados y el Distrito Capital, una decisión claramente contraria a la Constitución.
  • En 2018, el TSJ anuló la tarjeta electoral de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), después de que se convirtiera, en la elección parlamentaria de 2015, en la más votada de la historia electoral del país.
  • En 2020, el TSJ desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó al CNE que asumiera el desarrollo normativo de la elección parlamentaria de ese año; es decir, dictaminó que el Poder Electoral legislara, aunque esta es una facultad exclusiva del Legislativo.
  • También en 2020, el TSJ falló en serie contra un grupo de partidos políticos, interviniendo la potestad de uso de sus tarjetas electorales e imponiendo nuevas juntas directivas.
  • En 2021, el TSJ suspendió la proclamación del cargo del gobernador de Barinas y ordenó, usurpando funciones que no le son propias, repetir la elección, aunque reconoció la ventaja numérica del candidato opositor.

Se entiende que las anteriores fueron decisiones parciales, pero significaron extralimitación en lo que respecta a sus competencias.

En su informe final de observación a la elección 2021 la MOE de la Unión Europea sentenció que “el principal problema en relación con el contencioso electoral es la falta de confianza de la población tanto en el CNE como en el Poder Judicial, ya que se les percibe como politizados y parciales”.

No por casualidad la primera de 23 recomendaciones de la MOE UE es la de reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ.

Un nuevo TSJ empezará a tomar decisiones, también sobre lo electoral, desde ahora y durante los próximos 12 años. Los nuevos magistrados, en cualquier caso, deberían cumplir con la obligación de evitar la invasión de las competencias del Poder Electoral. ¿Mejorarán el acceso a la justicia y la independencia judicial? ¿Ampliarán la participación electoral y contribuirán a alcanzar elecciones limpias? Sus futuras actuaciones y sentencias dibujarán las respuestas.

Según la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.684, del 19 de enero de 2022, son competencias de la Sala Electoral:

1. Conocer las demandas contencioso-electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquéllos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento.

2. Conocer las demandas contencioso-electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.

3. Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral, distintas a las atribuidas a la Sala Constitucional.


Panel de la ONU presentó recomendaciones técnicas al CNE

La reunión entre los rectores y los representantes de Naciones Unidas | Fotografía del CNE

El Panel de Expertos Electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este 25 de abril al Consejo Nacional Electoral (CNE) sus recomendaciones técnicas para mejorar futuros procesos electorales en Venezuela, luego de haber observado el proceso electoral regional y municipal de 2021 en Venezuela.

A través de la cuenta @onuvenezuela, el panel agradeció la invitación del CNE, así como la receptividad de su presidente y directorio. En fotografías divulgadas desde el Twitter del Poder Electoral se constata el encuentro presencial.

La actividad, confirmó el CNE en sus redes sociales, estuvo presidida por la máxima autoridad del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, quien estuvo acompañado por el vicepresidente, Enrique Márquez y por los rectores electorales Tania D’Amelio, Alexis Corredor y Roberto Picón.

En representación de la ONU asistieron el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, y el asesor especial de la ONU Antonio Araníbar.

Ambos consignaron a las autoridades electorales la síntesis del documento avalado por el secretario general de la organización, Antonio Guterres. Al recibirlo, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, agradeció el trabajo realizado por la delegación de la ONU durante las pasadas elecciones.

El CNE informó que esta participación del Panel de Expertos Electorales de la ONU estuvo regida por un acuerdo suscrito entre ambas partes, donde se establece que el documento generado por la delegación es confidencial y su difusión es potestad del Secretario General de la ONU.

En contexto

Luego de un proceso de evaluación técnica, la Secretaría de las Naciones Unidas respondió positivamente el 14 de octubre de 2021 a la solicitud del CNE para el despliegue de un Panel de Expertos Electorales de la ONU para las pasadas elecciones.

Un equipo de tres expertos dio seguimiento al proceso electoral y proporcionó al secretario general de la ONU un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones.

Un Panel de Expertos Electorales es uno de los diversos tipos de asistencia electoral que pueden brindar las Naciones Unidas a solicitud de los Estados Miembros.

Es bien sabido que Naciones Unidas ofrece asistencia técnica electoral, cuya asesoría puede darse en relación a la planeación y administración electorales, la revisión de las leyes y reglamentos electorales, resolución de controversias electorales, delimitación de circunscripciones, registro de electores, elaboración de presupuestos para las elecciones, logística y licitaciones, uso de la tecnología, capacitación, educación cívica y electoral, procedimientos para la emisión y conteo de votos y seguridad de la elección.

En el OEV celebramos esta apertura hacia una observación electoral plural, profesional, técnica e independiente. Igualmente esperamos conocer el informe elaborado por ese panel de expertos.


Macron se impone para un segundo mandato: cinco lecciones de las presidenciales francesas

Seguidores de Macron a los pies de la torre Eiffel antes de su discurso de celebración | Fotografía de la agencia AP

🇫🇷 | El presidente centrista Emmanuel Macron, reelegido el 24 de abril por otros cinco años, prometió dar respuesta al descontento de los votantes de Marine Le Pen quien, pese a perder, logró el mejor resultado de la ultraderecha en una elección presidencial en Francia.

Macron, candidato de La República en Marcha (LREM), de 44 años, obtuvo el 58% de votos en la segunda vuelta, una diferencia menor que en 2017 cuando derrotó a su rival de la Agrupación Nacional (RN) con un 66% de votos, informó la agencia francesa AFP.

La abstención, entre un 27,8% y un 29,8% según las estimaciones, se situó así en su mayor nivel para una segunda vuelta desde 1969, cuando hubo una abstención de 31,3%. Con este contexto, Francia optó por la continuidad con un dirigente europeísta, que además se convirtió en el primero en lograr la reelección desde 2002.

Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), entra ahora en la campaña de las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, que en esta ocasión tiene visos de tercera vuelta.

AFP enumeró las cinco principales lecciones de esta elección presidencial:

1. Un país dividido: una Francia de jubilados y clase media-alta que votó por el caballo ganador Macron, y otra más popular y que se siente excluida, que apoyó a su rival.

2. Los territorios de ultramar: Marine Le Pen se impuso en la mayoría de los territorios de ultramar: en los americanos de Guadalupe (69,6%), Martinica (60,87%) y Guyana (60,70%), así como en la Réunion (59,57%) y Mayotte (59,10%), en el océano Índico.

3. Desencanto juvenil: un 28% de los casi 49 millones de franceses llamados a las urnas se abstuvieron, 2,5 puntos más que en 2017. Otros tres millones de electores votaron en blanco o nulo. Si se suman a los abstencionistas, más de un tercio del electorado decidió no elegir.

4. Un tablero político en recomposición: los partidos tradicionales -socialistas y republicanos-, tocados ya en 2017, acabaron de hundirse, frente a un tablero ocupado por Macron (centro), Le Pen (extrema derecha) y Mélenchon (izquierda radical) en primera vuelta.

5. Un “método renovado” de gobierno: consciente de la situación política y social, Macron prometió gobernar “para todos los franceses”, dar respuesta a la “rabia” de quienes votaron por Le Pen y se comprometió a adoptar un “método renovado” de gobierno.


Recomendación al cierre

El próximo 3 de mayo se conmemorará un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) acaba de publicar su más reciente Estudio de Libertades Informativas. La investigación titulada “La orquestación del silencio” determinó que la libertad de expresión en Venezuela fue calificada con 62 puntos en una escala de 0 a 100. Una consulta evaluó la percepción de 534 trabajadores de la prensa sobre las condiciones del ejercicio comunicacional en 2021: LÉELA AQUÍ.

POR Héctor Briceño*

referendo revocatorio en Venezuela
Uno de los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad en enero de 2022 | Fotografía de la agencia EFE

Desde que Nicolás Maduro asumiera la Presidencia de Venezuela tras las controvertidas elecciones de 2013, ha impedido en dos ocasiones la realización de un referendo revocatorio de su mandato: la primera, en 2016; la segunda, tan sólo a las dos semanas de iniciado 2022. Y aunque las estrategias utilizadas por el Gobierno chavista fueron diametralmente opuestas, convergen en varios puntos.

Hace seis años, el chavismo dilató el proceso de convocatoria hasta lograr que, en caso de efectuarse, se tradujera en una simple rotación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Presidencia de la república y no en la convocatoria inmediata de una nueva elección presidencial que permitiese apartar al régimen del poder. Para ello, utilizó un defecto en el diseño constitucional según el cual si un presidente abandona el cargo durante los cuatro primeros años del periodo constitucional de seis, deben convocarse nuevas elecciones en el plazo de 30 días. Sin embargo, según el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si el abandono tiene lugar durante los dos últimos años del sexenio, le corresponde al vicepresidente (nombrado directa y exclusivamente por el presidente en ejercicio) asumir la Presidencia hasta culminar el periodo constitucional.

Este defecto se encuentra en que ni siquiera un referendo revocatorio, es decir, ni siquiera la voluntad popular expresada a través de elecciones, permite sustituir a la élite política en la Presidencia una vez cruzada la frontera de los cuatro años. Así, los promotores del referendo revocatorio presidencial de 2016 abandonaron la iniciativa en cuanto la llegada de la frontera temporal se hizo inminente, gracias a los obstáculos que pusieron conjuntamente cuatro tribunales regionales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en octubre de 2016.

En enero de 2022, no obstante, la estrategia puesta en marcha por el chavismo fue inversa: en vez de retrasar, aceleró el proceso al máximo con el objetivo de impedir la organización de los grupos opositores promotores del referendo y, con ello, evitar que reunieran el apoyo de al menos el 20% de electores inscritos en el registro electoral, requisito indispensable establecido por el artículo 72 de la Constitución venezolana para convocar el proceso revocatorio.

El 17 de enero pasado, representantes de las Agrupaciones de Ciudadanos Mover (Movimiento Venezolano por el Revocatorio), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta y el Comité Pro Defensa de la Democracia Nacional como Internacional solicitaron al CNE la activación del procedimiento para la realización de un referendo revocatorio al cumplirse la mitad del mandato presidencial. La sorpresiva receptividad inicial del instituto electoral, que derogó algunas de las trabas burocráticas diseñadas para obstaculizar este tipo de solicitudes, fue superada por la publicación de un expedito cronograma de organización del proceso de recolección del apoyo (manifestaciones de voluntad) de los electores al referendo. Según el cronograma electoral publicado el viernes 21 de enero por el CNE, los promotores disponían de menos de cinco días, entre el 21 y el 25 de ese mes, para inscribir testigos, informar a los electores y promover el referendo revocatorio. También establecía que la recolección del 20% de manifestaciones de apoyo (4,2 millones de electores) se realizara, en una única jornada de 12 horas, el 26 de enero a través de 1.200 centros de votación cuya distribución geográfica no fue dada a conocer hasta el sábado 22 de enero.

El procedimiento “no es factible”, denunció el rector del CNE Roberto Picón, puesto que impuso una barrera física imposible de sortear. Para alcanzar el mínimo de apoyos necesarios cada centro tendría que atender de promedio “a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas, disponiendo cada uno de los firmantes de 12 segundos (…) para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno”. Además, la distribución geográfica de los centros implicaba que los electores debían desplazarse “entre municipios de su mismo Estado, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia”, afirmó mediante un comunicado la organización social de observación electoral Observatorio Electoral Venezolano (OEV). En efecto, el 26 de enero se reunieron poco más de 42.000 manifestaciones de voluntad a favor del referendo (un 1% del registro de electores), imposibilitando con ello la convocatoria del revocatorio presidencial.

Así, en ambas ocasiones el Consejo Nacional Electoral ha sido la institución encargada de obstaculizar la realización del referendo mediante la manipulación de la normativa, para lo que sólo necesitó de una sesión del Consejo y el apoyo de tres de los cinco rectores del CNE. El excesivo poder de las autoridades electorales pone de manifiesto la necesidad de reconstruir el equilibrio institucional; no sólo entre poderes, sino también intra-poderes, especialmente en aquellos espacios en los que se toman decisiones sobre los derechos más elementales, para que éstos no recaigan en unas pocas personas con gran poder discrecional y sin obligación de rendir cuentas frente a los ciudadanos.

mover
Los solicitantes de la activación del mecanismo, a las afueras del CNE | Fotografía MOVER

Pero la súbita muerte del referendo revocatorio presidencial también pone de manifiesto, una vez más, la absoluta descoordinación opositora, que le impide organizarse y planificar los escenarios más elementales. Ni en 2016, como tampoco en 2022, la iniciativa de solicitud de un referendo revocatorio presidencial fue el resultado de una estrategia opositora planificada y coordinada políticamente, sino de un voluntarismo político que cree que la crisis humanitaria y el descontento y malestar social es articulador suficiente o incluso sustituto de la organización política.

Un referendo revocatorio presidencial es quizás el evento político más polarizante que existe. En una sociedad ya extremadamente polarizada como la venezolana, se convierte en un peligroso juego de ‘suma cero’ que podría incentivar la violencia.

Adicionalmente, la polarización puede trasladarse fácilmente de los polos chavismo-oposición hacia el débil y fragmentado bloque opositor si antes no se solucionan aspectos organizativos elementales: ¿habían coordinado los promotores del referendo revocatorio con los diversos actores de oposición?; ¿contaban con el apoyo político?; ¿disponían de una plataforma para organizar a los electores, para promover los apoyos a la solicitud y, eventualmente, para la defensa de los votos?

Más aún, si un referendo revocatorio durante el cuarto año del sexenio constitucional 2018-2024 hubiese tenido éxito, implicaría el inicio de un nuevo proceso electoral presidencial en tan solo 30 días: ¿contaba la oposición con una estructura organizada para acometer una campaña electoral presidencial?; ¿tenía la capacidad de revertir la desconfianza en el voto sembrada durante al menos los últimos cuatro años y que apenas comenzó a revertirse el 21 de noviembre de 2021?; ¿dispone de estructura política?; ¿quién sería el candidato presidencial?; ¿qué mecanismo utilizaría para designarlo?; ¿lo apoyarían todos los partidos?; ¿contaba con un plan para una transición de gobierno?; ¿y con un proyecto político consensuado? Son sólo algunas de los nudos críticos más elementales.

El chavismo impidió el referendo revocatorio presidencial y su análisis no puede separarse del resto de los eventos políticos electorales del pasado reciente y también lejano. Con ello, han querido demostrar que las dosis de apertura, económica o política, son administradas en función de un plan cuidadosamente diseñado. Para ejecutarlo cuenta con la institución electoral, los tribunales e incluso, los militares; pero también con las debilidades opositoras, su voluntarismo irracional y, sobre todo, su creciente atomización. Sin embargo, el coste de frustrar el referendo presidencial se convertirá muy probablemente en mayor desesperanza y desconfianza hacia la institución electoral, el voto y hacia los actores políticos tanto ‘chavistas’ como opositores, deteriorando aún más la escasa gobernabilidad.

La desarticulación del referendo revocatorio también ha reanimado las negociaciones de México; pero, más importante aún, coloca la lucha política venezolana por la democracia en un horizonte de medio plazo: elecciones presidenciales en 2024 y parlamentarias en 2025. Para entonces, los sectores democráticos están obligados a reconstruir la confianza mutua y la cooperación como prerrequisito para generar en la población la credibilidad y confianza necesarias y para asumir el reto de la re-democratización del país.


*Héctor Briceño es profesor-investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), responsable de la cátedra de Análisis Sociopolítico. Este artículo fue publicado originalmente en el portal Agenda Pública, de El País.

Segunda quincena, marzo de 2022

A pesar de la resiliencia que las democracias de la región han desplegado durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en las Américas. Más de la mitad de las democracias de América Latina y el Caribe muestran signos de erosión

La ilustración de la portada del informe

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo, presentó recientemente su informe “El estado de la democracia en las Américas 2021. Democracia en tiempos de crisis”. El documento ofrece un análisis del estado de la democracia en la región durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, un período caracterizado por el desarrollo de la pandemia.

Sobre Venezuela, IDEA Internacional la califica como “régimen autoritario” desde el año 2017. Acompañan al país en esta categoría únicamente Cuba y Nicaragua.

Venezuela es uno de los ocho países que durante el período del informe experimentaron declives del indicador de libertades civiles, y uno de los tres países de la región (junto con El Salvador y México) que también destacan por el descenso registrado en el indicador de independencia judicial en los últimos cinco años.

Justo por estos días, Venezuela se mantiene expectante por la demorada designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enmarcada en una reforma judicial adelantada por la Asamblea Nacional.

#EnContexto

A IDEA Internacional le preocupa que las democracias de países como Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay se hayan erosionado. Brasil, agrega, registra el mayor número de atributos en declive del mundo y desde 2016 transita un proceso de retroceso democrático. En El Salvador, entre tanto, varios aspectos de la democracia han registrado declives.

En líneas generales, este informe presenta 10 hallazgos clave y conclusiones principales:

1. Pese a la pandemia, el número de democracias no ha variado en América Latina y el Caribe en los últimos dos años.

2. La pandemia ha afectado negativamente algunos aspectos de la democracia.

3. A pesar de la resiliencia mostrada durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en la región.

4. La mayoría de las democracias de la región están estancadas en un nivel de desempeño medio.

5. Las autocracias y los regímenes híbridos de la región se han afianzado.

6. Ecuador y República Dominicana destacan por los significativos avances de la calidad de sus democracias.

7. Los ataques a los organismos electorales en Brasil, El Salvador, México y Perú se han tornado más frecuentes en los regímenes democráticos de la región. Se trata de prácticas que amenazan la integridad de los procesos electorales.

8. La ciudadanía sigue desempeñando un papel activo en la defensa de la democracia.

9. Es necesario reforzar los mecanismos regionales de protección de la democracia para que complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional.

10. Es vital fortalecer la resiliencia democrática en América Latina y el Caribe.

Sobre esto último, a modo de cierre, la organización considera preciso implementar acciones y repensar cómo la democracia puede brindar respuestas a los viejos y nuevos desafíos que enfrenta la región, con el fin de evitar que sus reservas democráticas se agoten. Es necesario, entre otras cosas, rediseñar los mecanismos de deliberación y de participación ciudadana.

Los casos de Venezuela y Nicaragua advierten sobre el fatal desenlace que podrían tener otros casos de deterioro democrático que hoy tienen lugar en la región”, dice la expresidenta Laura Chinchilla, vicepresidenta del Consejo de Asesores de IDEA Internacional

Bachelet llama a comprometerse con una negociación inclusiva y significativa

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comunicó el pasado 17 de marzo una actualización sobre Venezuela durante el 49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra. En su declaración incorporó ideas sobre la materia electoral.

El proceso electoral municipal y regional celebrado en noviembre pasado fue en gran medida pacífico, valoró de entrada Bachelet, al saludar el acceso que se otorgó a las misiones internacionales de observación electoral y al Panel de Expertos de las Naciones Unidas, así como las acciones tomadas por el CNE hacia la legitimidad de los procesos.

En cuanto al equilibrio de género criticó que, aunque muchas mujeres participaron como candidatas, pocas fueron elegidas para los puestos más altos. Destacó también la importancia de garantizar una amplia participación pública, sin excesivos impedimentos administrativos. Hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la participación de las mujeres y fortalezcan la independencia de las instituciones electorales.

En este contexto, Bachelet consideró alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno y miembros de los partidos de la oposición.

“Como ha dicho el secretario general, hago un llamado a las partes para que se comprometan a una negociación inclusiva y significativa con pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica y animo a la comunidad internacional a que facilite las condiciones propicias para alcanzar y aplicar acuerdos significativos”, expresó.


Referéndum en Uruguay: el país sigue dividido en dos bloques políticos

Papeletas del “SÍ” y el “No” para el referéndum del pasado 27 de marzo | Fotografía del diario El País, de Montevideo

🇺🇾 | Uruguay votó el 27 de marzo en un referéndum que aprobó dejar intacto el paquete legislativo emblema del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, aunque por un margen estrecho.

Más de 2,6 millones de uruguayos estaban llamados a sufragar para mantener o derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), considerada la columna vertebral de la administración centroderechista, informó la AFP.

La opción SÍ, a favor de derogar, alcanzó 1.078.425 votos válidos, mientras que la papeleta del NO, para mantener la ley intacta, logró 1.108.360 sufragios, según números de la Corte Electoral con el 100% de las mesas escrutadas. Una diferencia de 29.935 votos.

“Lo cierto es que muy poca gente votó leyendo los 135 artículos y la mayoría lo hizo en favor o en contra del gobierno y el gobierno ganó”, editorializó el diario El País, el más importante de esa nación.

Una elección que dio cuenta de que el país sigue dividido en dos bloques políticos de dimensiones muy similares.

La Ley de Urgente Consideración, que entró en vigencia en julio de 2020, tiene en total 476 artículos sobre áreas tan diversas como seguridad, educación, vivienda y economía, que reflejan los principales puntos del programa de gobierno de la coalición oficialista.

Los artículos puestos a consideración abarcan, a su vez, temáticas bien distintas. Desde la creación del delito de agravio a la autoridad policial hasta el cambio en el método de fijación de precios de los combustibles o modificaciones en el régimen de adopciones, reseña AFP.

¿Cómo se solicita un referéndum en Uruguay? En este caso, fue impulsado por organizaciones sociales, la central sindical y el opositor Frente Amplio (izquierda), que recolectaron las 672.000 firmas necesarias, equivalentes al 25% del padrón electoral, para hacerlo realidad.


Voto en Costa Rica: autoridad creíble, sistema de financiamiento y desinformación

Un trabajador electoral clasifica las papeletas después de que cerraron las urnas en la segunda vuelta de Costa Rica | Fotografía de la agencia Reuters

🇨🇷 | El ex ministro de finanzas y candidato derechista Rodrigo Chaves se impuso con el 52,84% de los votos y se convirtió en presidente de Costa Rica en la segunda ronda electoral, celebrada el domingo 3 de abril, en la cual aventajó por más de cinco puntos a su rival José María Figueres. La abstención se situó en 43%.

Dos ideas resaltan del informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA): lo positivo, la fortaleza y credibilidad de la autoridad electoral y del sistema electoral costarricense; la principal recomendación, una revisión y reforma del sistema de financiamiento político.

“La Misión destaca la solidez del sistema electoral de Costa Rica, cuyas buenas prácticas sirven como referente para otros países de la región. El nivel de profesionalismo y pericia técnica con el que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha organizado estos comicios, así como el compromiso de la ciudadanía en este ejercicio democrático, es encomiable”, expresa el documento.

“El sistema de financiamiento actual de Costa Rica no favorece la equidad de la contienda electoral. Los datos provistos a la OEA indican que sólo cinco de las 25 candidaturas presidenciales que participaron de la elección realizaron más del 75% del total de gastos en publicidad registrados durante la campaña”, dice también el texto.

También en Costa Rica hay desinformación. La MOE OEA detectó la circulación de contenidos falsos, principalmente en Facebook, Telegram, WhatsApp y Twitter. Los propósitos aparentes de la difusión de este tipo de contenidos fueron desmovilizar el voto a través de la difusión de información falsa sobre supuestos requisitos para ejercer el voto en medio de la situación sanitaria; confundir al electorado; e intentar deslegitimar al TSE.

¿Qué hizo la autoridad electoral para contrarrestar la desinformación? “Entre estas medidas se encuentra la difusión de considerable información electoral a través de diversos canales; la realización de capacitaciones en línea a autoridades electas, ciudadanía y partidos políticos sobre el proceso, incluyendo módulos sobre uso responsable de redes sociales, alcanzando a más de 2000 participantes; así como el curso virtual sobre ‘Ciudadanía digital responsable’, centrado en la alfabetización digital y en acuerdos de cooperación con Facebook”.


Referéndum en Dinamarca: para unirse a la defensa europea

La primera ministra Mette Frederiksen | Fotografía de archivo de la agencia AP

🇩🇰 | En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, Dinamarca quiere adherirse a la política de defensa de la Unión Europea (UE) y, para incorporar a sus ciudadanos a la decisión, organiza un referéndum nacional que será el próximo 1 de junio.

La primera ministra, Mette Frederiksen (socialdemócrata), ha instado a los daneses a anular una medida adoptada hace casi 30 años que mantiene a ese país escandinavo -también miembro de la OTAN- al margen de la política de la Unión Europea (UE) en materia militar.

Acabar con este opt-out le permitiría al país participar en actuaciones militares conjuntas de la UE y en la adquisición de material militar. De acuerdo con encuestas recientes, el 49% de los daneses apoya renunciar a la exclusión vigente en materia de defensa, frente a un 27% que lo rechaza.

Una tradición referendaria:

-1992: Dinamarca rechazó en referéndum el tratado de Maastricht (uno de los tratados fundacionales de la UE), aunque un año después aprobó una versión alternativa con excepciones en varias áreas a la política común europea.

-2000: los daneses rechazaron en dos consultas unirse al euro y abandonar la corona.

-2015: mediante consulta el país rechazó abolir la excepción en el área jurídica.


Recomendación al cierre

La pandemia no ha terminado; sigue activa. Sigue habiendo países con coberturas bajas de vacunación. Hay repuntes, después de haber tenido incidencias de prácticamente cero, en zonas de Asia. Se impone, entonces, seguir utilizando el tapabocas y el distanciamiento. Dedique 10 minutos a escuchar la entrevista que hizo Zona Éxitos, del Circuito Éxitos, al ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. ESCUCHA AQUÍ.