Mes: agosto 2016

 El 24 de agosto el Presidente Santos, de Colombia, anunció a sus conciudadanos y al mundo que, luego de tres años y nueve meses de negociaciones, se alcanzó el acuerdo final de paz entre el Gobierno de ese país y las FARC. En la misma alocución Santos también subrayó que ese mismo día notificaría al Congreso del acuerdo para que este proceda a convocar un plebiscito para que los colombianos puedan refrendar el acuerdo. La fecha para el refrendo ya está anunciada para el domingo 2 de octubre, a escasa cinco semanas del anuncio y ello porque hay que respetar el plazo mínimo de 30 días para que los colombianos puedan conocer, en detalle, los alcances del acuerdo, posibilitándoles el ejercicio responsable del sufragio.

Celebrando el enorme paso histórico que marca el acuerdo anunciado, y que esperamos ponga fin a décadas de violencia política en el país vecino, los venezolanos también nos preguntamos, ¿cómo es posible que allá se organice un referendo en cinco semanas, mientras que acá en Venezuela, con un sistema electoral automatizado más sofisticado, arrastremos por meses la posibilidad de realizar uno de similares grados de complejidad? ¿No será porque no hay voluntad política para hacerlo?

Hace pocos días el CNE comunicó al país que autorizaba a la MUD a promover la recolección del 20% de las firmas requeridas para solicitar la activación del referéndum revocatorio presidencial. En ese anuncio, sin embargo, nuevamente estuvo ausente la precisión en cuanto a fechas y cronogramas. Con la información siendo suministrada a cuenta gotas, el Poder Electoral continúa dejando muchas dudas en el aire. Mientras tanto, la crisis evoluciona y en buena parte del país domina la sensación de que se traban las vías pacíficas y democráticas para encararla.

En este contexto sectores de la oposición han anunciado una movilización nacional para el 1º de septiembre con el propósito de presionar a las autoridades para que precisen, con fechas y plazos, los restantes pasos para que dicho referéndum tenga lugar conforme a lo pautado en la Constitución Nacional, cuyo cumplimiento, cabe advertir, no debería ameritar movilización ciudadana alguna.

Por otro lado, varios dirigentes importantes del oficialismo han señalado, siempre en tono amenazante, que se oponen y obstaculizarán la realización de dicha movilización. El propio Presidente Maduro llegó a declarar que la respuesta que daría su gobierno, dejaría al Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, cuya arbitrariedad represiva es bien conocida por la opinión pública mundial, como un “niño de pecho”. De nuevo, nos encontramos ante intimidaciones contrarias a la normativa legal venezolana, en este caso la que consagra el derecho a la libre manifestación, mediante el alegato no probado de que se pretende con ello desestabilizar al país e, incluso, esconder intenciones golpistas. La violencia es la hipótesis bajo la que actúa el Gobierno, descalificando de ante mano una manifestación que se convoca de manera pacífica, realizada bajo las reglas establecidas para ello, y que lo que busca llevar a cabo es una consulta que permita a los ciudadanos dirimir en paz los desencuentros que polarizan a la sociedad venezolana.

Adicionalmente, cabe destacar que varios líderes del PSUV han denunciado que en los niveles más altos de distintas dependencias gubernamentales se ha comprobado, a pesar de que la opinión de los ciudadanos debería ser secreta, que muchos funcionarios firmaron la solicitud del Referéndum Revocatorio y que, por lo tanto, deben ser despedidos. Se argumenta en este caso, una deslealtad para con el Gobierno en el que prestan sus servicios, cuando en realidad lo que han hecho es ejercer un derecho explícitamente consagrado en la Constitución. Estas amenazas transgreden abiertamente el artículo 89 de la Constitución, que habla de la protección que el Estado debe al trabajo, que en su numeral 5 dice: Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. También vale recordar que, en principio, ser partidario del referéndum no es pronunciarse por ninguna opción política. Es escoger un modo constitucional para resolver nuestros conflictos. Se trata de un derecho de todos, de los partidarios del Presidente y de los que no lo son, incluidos, por supuesto, los altos funcionarios que trabajan en las dependencias oficiales.

En suma, sigue complicándose la realización del referéndum revocatorio, dado que el oficialismo desvirtúa el espíritu de la consulta, desconociendo su constitucionalidad, y el CNE no actúa con la imparcialidad, la transparencia y la celeridad a las que está obligado. Peligrosamente se ignora que el referéndum, mecanismo novedoso de democracia directa incorporado en la Constitución de 1999, es para cumplir con un principio básico que fundamenta la democracia: preguntar a los ciudadanos para que ellos, soberanamente, decidan los destinos del país.

Caracas, 27 de agosto, 2016.

Un repaso por las últimas cuatro elecciones de las cámaras regionales revela que el movimiento iniciado por Hugo Chávez conquistó el Poder Legislativo Estadal durante más de una década. Por primera vez, la oposición amenaza con darle un vuelco a estos resultados, beneficiándose de la sobrerrepresentación de la mayoría que en el pasado favoreció al oficialismo.

El calendario electoral señala como fecha límite diciembre de 2016 para efectuar los comicios regionales en los que deben elegirse 23 gobernadores y 250 legisladores estatales. De acuerdo a los artículos 160 y 162 de la Constitución, el período de cuatro años estipulado para ambos cargos está llegando a su fin.

Desde la aprobación de la Constitución en 1999, los miembros a los Consejos Legislativos Estadales han sido seleccionados en cuatro oportunidades: 30 de julio de 2000, 31 de octubre de 2004, 23 de noviembre de 2008 y 16 de diciembre de 2012. De tratarse de una elección cada cuatro años, estas fechas nos indican que en total, ha habido un retraso de cinco meses entre los 4 procesos electorales. En caso de que se posterguen las elecciones regionales que corresponden para este año 2016, no sería la primera vez que esto ocurre.

En el transcurso de estos doce años, el grupo de partidos que apoyó a Hugo Chávez se fue fortaleciendo en cada elección, pasando de conquistar la mayoría en 15 de las 23 cámaras estatales en la primera elección, 18 en la segunda, 20 en la tercera y, finalmente, 22 en la más reciente; mientras que la oposición perdió la representación parlamentaria en tres entidades, quedando apenas como mayoría en una cámara estadal para 2012.

Inicialmente, en las denominadas “mega elecciones” Chávez consolidó alianzas entre el Movimiento V República (MVR), el Movimiento al Socialismo (MAS) y Patria Para Todos (PPT). Luego, cuatro años más tarde, el MVR se unió a Podemos recurriendo a las llamadas “morochas”, el nombre coloquial que se le otorgó a la estrategia para burlar la representación proporcional contemplada en el sistema electoral y postular por separado candidatos nominales y candidatos lista.

Esta maniobra volvió a repetirse en las elecciones de 2008, cuando el recién constituido Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) utilizó la tarjeta de la Unidad de Vencedores Electorales (UVE) para presentar también candidatos nominales a los Consejos Legislativos separados de los candidatos por lista. La operación fue un éxito para el partido de Gobierno que en esas votaciones obtuvo el mayor diferencial de curules en todo el país en comparación con sus oponentes.

Del total de diputados ganados, 182 de 233 –equivalente a 78,11% de los cargos en juego–, 69 fueron elegidos a través del mecanismo lista, lo que representa el 37,9%; una cifra significativamente menor en relación al porcentaje de cargos. En otras palabras, más de la mitad de los diputados oficialistas resultaron victoriosos por vía nominal.

Solo en Amazonas (2000, 2004 y 2012), Carabobo (2000 y 2004), Miranda (2000 y 2008), Monagas (2000 y 2008), Portuguesa (2004), Nueva Esparta (2008), Sucre (2000), Táchira (2000), Yaracuy (2000 y 2004) y Zulia (2000, 2004 y 2008) la oposición –entendiendo oposición como todos los partidos contrarios a la coalición de Gobierno, no necesariamente bajo una unidad– venció a las alianzas gubernamentales. En 13 estados del país el oficialismo dominó los Consejos Legislativos por más de una década, sin alternancia alguna.

Si se analiza el fenómeno por el número de legisladores, los autodefinidos revolucionarios pasaron de ocupar el 53,88% de los curules en el 2000 –correspondiente a 118 de los 219 diputados a elegir– al 77,22% en 2012 –equivalente a 183 de los 237 parlamentarios–. En cambio, el mayor porcentaje de asientos obtenidos por la oposición alcanzó 46,12% en la primera elección (101 de 219 curules), y se desplomó en las siguientes tres votaciones a 27,07% (62 de 229 diputados), 21,89% (51 de 233) y 22,78% (54 de 237) respectivamente.

En los últimos comicios del 16 de diciembre de 2012, la opinión pública denunció que el árbitro electoral creara 133 circunscripciones –63 de ellas plurinominales, es decir, con más de un candidato nominal– propiciando lo que se denomina “Gerrymandering”, lo que se conoce como una redistribución de los límites de las circunscripciones electorales, teniendo presente los resultados de comicios previos con la intención de favorecer a una de las tendencias políticas. Ese año aumentaron los diputados nominales saltando de 127 legisladores en 2008 a 175, 48 representantes más de unos comicios a otros (para analizar estos números con mayor detalle vea la infografía con la tabla a lo último del documento).

La cantidad de legisladores por entidad es seleccionada mediante una escala fija, establecida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). A estados con 700.000 habitantes, o menos, corresponden siete diputados; entre 700.001 y un millón se asignan nueve; a entidades con una población entre uno y 1,3 millones de habitantes conceden 11 representantes; entre 1,3 a 1,6 millones estipulan 13; y finalmente, a territorios de 1,6 millones de habitantes en adelante corresponden 15 diputados.

En consecuencia, el número total de miembros en las cámaras regionales no es permanente y dependerá entonces del crecimiento poblacional de la región, aunque sí establece un límite: un máximo de 15 y un mínimo de siete integrantes.

En los 12 años analizados, solo en ocho estados el número de diputados a elegir cambió de una elección a otra. Por ejemplo, Anzoátegui ofrecía 11 curules en el 2000, luego pasó a 13 en 2004 hasta aumentar a 15 en 2012. Algo similar ocurrió en Aragua, Barinas, Bolívar, Guárico, Lara, Monagas y Trujillo; donde empezó a votarse por dos diputados adicionales en cuestión de cuatros años.

El Distrito Capital merece una acotación especial porque, a diferencia de las demás entidades federales, no cuenta con un Consejo Legislativo y no es tomado en consideración para ninguno de los cálculos que aquí se presentan. Hasta cierto punto, la entidad capitalina tiene restringida la potestad legislativa: no tiene atribuciones para sancionar leyes –pero sí ordenanzas o acuerdos a través del Cabildo Metropolitano–, ni puede redactar una constitución propia. Es la Asamblea Nacional la que se reserva directamente el derecho a legislar en la entidad.

Entre sus principales funciones, los consejos legislativos deben controlar que el presupuesto anual presentado por los gobernadores se ejecute adecuadamente, vigilar que el monto asignado por área corresponda con el estipulado en la planificación. Dicho esto, resulta fácil imagina la batalla que genera un Parlamento regional opuesto a la Gobernación.

Algunos fenómenos atípicos ocurridos en estos doce años de elecciones llaman especialmente la atención. Diez gobernadores en este período se vieron en la obligación de dirigir el estado con la cámara estatal opositora, cinco de oposición y cinco del oficialismo.

Entre ellos se encuentran: Luis Lippa (AD) en Apure en el 2000, cuando el oficialismo obtuvo cuatro de los siete legisladores regionales; Luis Acosta Carlez (MVR) en Carabobo durante el 2004, cuyo partido alcanzó apenas seis de los 15 representantes; Henrique Salas Feo (PV) en las elecciones de 2008 en Carabobo, que tuvo que lidiar con nueve de los 15 parlamentarios locales; y más recientemente, Henrique Capriles (MUD) en los comicios mirandinos de 2012, tras un desenlace apretado con ocho diputados en contra y siete a favor. Ese año, el gobernador Henri Falcón (MUD) también corrió con la misma suerte en Lara, luego que el chavismo lograra nueve de los cargos y la oposición seis.

Pero, ¿cómo se explica que en dos elecciones realizadas simultáneamente, el mismo día, el resultado sea el contrario?
El sistema electoral paralelo, implementado en la práctica con “las morochas” desde el año 2000 y con la normativa electoral vigente desde 2009, supone la elección directa de los representantes nominales y el mecanismo proporcional para los cargos lista, ambos desvinculados. Esto permite precisamente que ante una elección para el Poder Legislativo –tanto nacional, estadal como municipal– existan circunscripciones con mayor valor que otras entendiendo que el que gana ese circuito podría llevarse todos los candidatos nominales.

Aunque la Carta Magna garantiza la representación proporcional, en la práctica nos encontramos frente a una fórmula electoral de tipo mayoritario. De esta forma, la primera mayoría suele quedar claramente sobrerrepresentada.

Realizar el Referéndum Revocatorio en el 2016

En la alocución del 9 de agosto, la Presidenta del CNE afirmó que: El mecanismo de referendo revocatorio no es una fórmula para generar inestabilidad política en el país y menos para subvertir el propio orden constitucional. Recordó, además, que esta participación protagónica del pueblo tiene como objetivo el fortalecimiento de la democracia. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), ha sostenido, reiteradamente, esas mismas afirmaciones, en el entendido que superar pacíficamente la aguda crisis política, económica y social del país, debe pasar por consultar, democráticamente, al soberano, a todos los venezolanos con derecho a voto. El referendo revocatorio de mandatos es hoy el mecanismo puesto en marcha por un sector importante del país para el logro de ese fin.

Atendiendo a la invitación de la Rectora Lucena de revisar los plazos señalados en las normas, el OEV concluye que lo allí pautado permite, si hay voluntad política para ello, avanzar en el proceso más rápidamente de lo hecho hasta ahora. Así, por ejemplo, el artículo 28 de las normas para regular referendos revocatorios indica que: En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles… la Junta Nacional Electoral verificará y cuantificará dichas manifestaciones. Por su parte, en el artículo 30, se dice que: La celebración del referendo revocatorio de mandato se llevará a cabo dentro de los noventa días continuos siguientes a su convocatoria. Los distintos plazos contemplados en la normativa para los pasos venideros tienen una redacción similar. Se fijan allí plazos máximos que, en aras de la eficiencia y celeridad, pueden perfectamente y sin atropellar las disposiciones legales, reducirse. El CNE ha mostrado en anteriores procesos electorales su capacidad técnico-organizativa para adelantar procesos electorales con mayor prontitud.

Luego del fallecimiento del Presidente Chávez en 2013, por ejemplo, en menos de 40 días el CNE organizó y llevó a cabo una nueva elección presidencial.

Declaraciones hechas en los últimos días, por diversos directivos del CNE, contradicen los principios de participación ciudadana, transparencia, imparcialidad, celeridad, confiabilidad, eficiencia, igualdad y publicidad de los actos establecidos en el artículo 3 de las normas para regular los referendos revocatorios. En vez de transparente, lucen opacas y los venezolanos seguimos sin saber a ciencia cierta cuánto demorarán los pasos siguientes. Es mayor la incertidumbre que la confianza. Las nuevas fechas sugeridas, mediados de septiembre y finales de octubre, conspiran contra la celeridad. Nuevas demoras que, injustificadamente, benefician políticamente a unos y perjudican a otros, ponen en entredicho el principio de igualdad. En democracia, los derechos de todos deben ser garantizados con equidad e imparcialidad. Es responsabilidad y obligación del CNE que así sea.

Con preocupación y alarma el OEV también registró que no se hizo mención alguna a las elecciones de gobernadores e integrantes de los consejos legislativos estadales. Por mandato constitucional, esas elecciones deben realizarse a más tardar en diciembre de este año (art. 160). Cada día que pasa sin que el CNE fije y anuncie la fecha de esas elecciones y el cronograma de su proceso, dificulta la posibilidad de cumplir con este mandato. Urge que esas decisiones sean tomadas y anunciadas al país.

Hay un gran consenso nacional en torno a la idea de que nuestras diferencias se resuelvan por la vía legal y pacífica. El CNE no debe ignorar ese consenso, ingrediente importante de la cultura política nacional, y debe desplegar toda su fuerza institucional para crear las condiciones que, con apego a las normas, hagan posible las consultas a las que tienen derecho los ciudadanos.

Caracas, 14 de agosto de 2016

El artículo 3 de las normas para regular referendos revocatorios dice: La promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos quedarán sujetos a los principios de participación ciudadana, transparencia, imparcialidad, celeridad, confiabilidad, eficiencia, igualdad y publicidad de los actos.

Las declaraciones de hoy 9 de agosto del Poder Electoral, nuevamente parecen no apegarse a esos principios. En vez de transparente, lucen opacas y los venezolanos seguimos sin saber a ciencia cierta cuándo serán los pasos siguientes. Es mayor la incertidumbre que la confianza. Las nuevas fechas sugeridas, mediados de septiembre y finales de octubre, conspiran contra la celeridad. Nuevas demoras que, injustificadamente, benefician a unos y perjudican a otros ponen en entredicho la imparcialidad y el principio de igualdad.

En democracia, los derechos de todos deben ser garantizados con equidad e imparcialidad. Es responsabilidad y obligación del CNE que así sea.

Caracas, 9 de agosto de 2016

A lo largo de las últimas semanas los venezolanos hemos visto como han arreciado las declaraciones de líderes del oficialismo, incluyendo las de altos funcionarios gubernamentales y del propio Presidente de la República, oponiéndose a que tenga lugar un Referéndum Revocatorio Presidencial.

El alegato descansa, principalmente, en la descalificación de quienes lo proponen. Se señala, en efecto, que detrás de quienes pretenden activarlo se encuentran movimientos interesados en desestabilizar al país que, además, son los responsables de la severa crisis que sufre nuestra sociedad. A partir de este razonamiento se busca impedir dicho Referéndum asumiendo que, al hacerlo, se actúa legítimamente en defensa de la gestión del Presidente Maduro. Así lo señaló claramente Héctor Rodríguez, responsable de la fracción parlamentaria del PSUV, al declarar en una entrevista que impedir que se llevara a cabo era para ellos una obligación y no hay duda de que tal ha sido la línea estratégica del oficialismo. Por otro lado, Elías Jaua, alto dirigente del mismo partido, afirmó, en parecido sentido, que el Referéndum no procedía porque tal figura estaba pensada “para revocar a gobiernos oligárquicos y no a gobiernos populares”.

Respecto a lo anterior, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) cree que una cosa es defender la gestión del Presidente Maduro y no desear que abandone el cargo antes de finalizar su período, y otra muy distinta es tratar de impedir, como sea, una consulta que está siendo promovida por sectores de la sociedad, procedimiento pautado en la Constitución Nacional, para que sean los propios ciudadanos los que decidan si su mandato debe o no ser revocado.

Visto lo anterior, en el primer caso estamos ante un hecho perfectamente legítimo. En el segundo, frente a un hecho que contraría las normas vigentes y  violenta las reglas que rigen el comportamiento democrático, menoscabando de esta manera un derecho de los venezolanos. Ante esto, el OEV solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) que ponga especial cuidado en la observancia y control de posibles abusos y atropellos, cumpliendo con su obligación de actuar con imparcialidad y equidad.

Caracas, 6 de agosto 2016.