Mes: octubre 2016

octubre 28, 2016 4:25 pm | El Pitazo

Luis Lander, director del organismo, argumentó que el CNE violó la Constitución al postergar las elecciones regionales hasta 2017 y suspender el referendo revocatorio, y estableció que era necesaria presión interna y externa para restituir el derecho al sufragio en el país

Por: Leopoldo González Barajas
El Pitazo

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) se pronunció con respecto a las acciones tomadas por la Mesa de la Unidad Democrática para restituir el hilo constitucional en el país. El director de la organización, Luis Lander, fue categórico al afirmar que las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral de anunciar las elecciones regionales para el primer semestre de 2017 y de suspender la recolección de 20 % para activar el referendo revocatorio iban en contra de la Constitución, sin embargó se negó a calificar el gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.
Esta semana, 50 organizaciones no gubernamentales, entre las que destacaban Espacio Público, Transparencia Venezuela, Foro Penal, entre otras, enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA) solicitando que se activara la Carta Democrática contra Venezuela. Adicionalmente, Provea calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura del Siglo XXI”.
Lander explicó que OEV no quiere “entrar en la discusión académica sobre cómo llamar al gobierno”, sin embargo reiteró que es urgente de parte de las organizaciones civiles del país y agentes internacionales presionar para que el CNE restituya el derecho al sufragio en el país. “Sin elecciones no hay democracia (…). La Constitución dice que esta es una sociedad democrática, y estas decisiones que se produjeron la semana pasada van en contra de lo que dice la Constitución”.

Fuente: http://elpitazo.com/ultimas-noticias/observatorio-electoral-venezolano-sin-elecciones-no-democracia/

Rafael Uzcátegui | Correo del Caroní
Jueves, 27 octubre 2016 00:00

Lander: “Con lo del 20 de octubre el CNE desconoce su propia decisión y los mecanismos que la propia institución había implementado y validado”

Provea entrevistó a Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), para que nos compartiera su análisis sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 20 de octubre:
“Coloca al referendo revocatorio (RR) en una posición muy difícil. Esa decisión no fue la única. En días previos anunció que las elecciones regionales se realizarían al final del primer semestre del 2017. Eso constituye una clara violación de lo que está dispuesto en la Carta Magna: el período de los gobernadores y de los representantes de los consejos legislativos es de 4 años. La elección anterior fue en el 2012, por lo que en el 2016 tocaban nuevas elecciones. Y el CNE tiene potestad para decidir la fecha de todas las elecciones a realizar en el país, es la única instancia que tiene esa atribución, pero esta facultad no es arbitraria, sino que tiene que respetar tanto los plazos como los períodos constitucionales, que están claramente definidos y que en este caso el CNE violentó.
Lo del jueves 20 es grave. ¿Qué es lo que termina haciendo el CNE con la decisión de ese día? Resulta que según el mismo reglamento aprobado por el CNE, porque en Venezuela deberíamos tener una Ley Orgánica de Procesos de Referéndum, tanto revocatorios como de cualquier tipo. Y no la tenemos desde que se aprobó la Constitución, la Asamblea Nacional no la ha aprobado. Lo que quiere decir que el CNE, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del año 2002, en donde el tribunal le dice al CNE: ‘Hasta que no haya una ley de referéndum, el CNE tendrá atribuciones para elaborar un reglamento que los norme’. El problema con esto es que un organismo que no tiene atribuciones legislativas, como lo es el Poder Electoral, es convertido por la sentencia en juez y parte. El CNE definió ese reglamento y cualquier duda o malinterpretación es el mismo CNE el que aclara esas dudas. Y eso lo hemos estado arrastrando a lo largo de este año, pues hemos sido testigos de cómo, contrariando ese mismo reglamento, que dice en uno de sus artículos con mucha claridad, el número 3, que el CNE se comprometerá a que los procesos se hagan con celeridad. Pero resulta que a lo largo del 2016 lo que ha hecho es retrasar los tiempos. Cada vez que hay un plazo se toma el máximo de tiempo establecido en la normativa. Y cuando puede agregar algunos días adicionales, lo hace. Entre esas cosas que no están en el reglamento, pero que el CNE le impuso a los venezolanos, está la necesidad de la recolección del 1% de los electores para crear un grupo promotor, que sea a su vez el que promueva los siguientes pasos. Todos fuimos testigos que ese proceso del 1% de las firmas fue hecho con suma dificultad.

Como todos recordamos se recaudaron más de dos millones de firmas, cuando lo que se requería era poco menos de 200 mil rúbricas. El CNE hizo una primera revisión de esas firmas, haciendo una primera limpieza de alrededor de 600 mil firmas. Luego el CNE estableció el mecanismo de validación, que tenía un condimento adicional que no deja de llamar la atención: la semana antes de validar las firmas, el CNE abrió una semana de corrección de firmas para permitir que aquellos electores que desearan retirarla lo pudieran hacer. Sin embargo, no se permitió que aquellos votantes que estuvieran en una planilla desechada, pudieran incorporarse. Finalmente el CNE terminó diciendo: ‘Sí hay más del 1% de venezolanos que quieren otorgarle a la Mesa de la Unidad Democrática la condición de promotores del RR’. Si hubo algún tipo de fraude en el proceso de recolección inicial, luego de todo el procedimiento quedaba absolutamente depurado, por lo que finalmente 800 mil firmas quedaron blindadas ante cualquier posibilidad de fraude.

La decisión del 20 de octubre es una decisión muy grave porque pasaron varias cosas. Gobernadores oficialistas de varios estados anuncian que unos tribunales penales, de su estado, aceptaron la denuncia de fraude y que apoyándose en esa denuncia, introducían una medida cautelar para paralizar el proceso. Curioso: quienes la hacen pública no son los tribunales, sino los propios gobernadores.Las decisiones son casi simultáneas y en un tenor bastante similar. Luego el CNE entrega una nota de prensa, sin declaraciones públicas, diciendo que acataban esa decisión judicial. Sin embargo los tribunales penales no tienen jurisdicción electoral. Esas mismas denuncias de fraude fueron entregadas al CNE, y este las rechazó y se las pasó a la Fiscalía para que las procesaran, pues de ser ciertas establecían responsabilidades individuales, no de la MUD. Con lo del 20 de octubre el CNE desconoce su propia decisión y los mecanismos que la propia institución había implementado y validado”.

Coordinador general de Provea

Fuente: https://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/50906-que-impide-el-revocatorio

Jhoalys Siverio | Correo del Caroní

¿Dónde estamos?El cerrojo al mecanismo electoral por parte del Ejecutivo, apelando a fallos inconstitucionales de los tribunales y arbitrarias decisiones del CNE, tensan la gobernabilidad, recrudecen el conflicto y minan una transición política en democracia. Para comprender esta difícil coyuntura que pone en jaque el sistema republicano entrevistamos a la historiadora Margarita López Maya, al director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, y a la dirigente Liliana Hernández.

“Estamos ante un quiebre total de la democracia venezolana”Para la historiadora Margarita López Maya, Venezuela está en una etapa de definir si consolida la dictadura o revierte la situación actual.

La historiadora y profesora universitaria, Margarita López Maya, asevera que desde el 20 de octubre, fecha en que se ofició las sentencias de tribunales de control penal y la medida del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender el proceso del referendo revocatorio, se produjo un quiebre de la democracia venezolana.

“Se produjo un momento de inflexión. Prácticamente teníamos ya una tendencia autoritaria muy fuerte, muy aguda, pero en el momento en que el CNE cercena el derecho a votar, a los venezolanos nos quita el derecho a resolver la situación a través del voto. Entramos en un quiebre y ya no queda nada del sistema democrático”, expone López Maya.

Coincide en esa ruptura del hilo constitucional decretada por la Asamblea Nacional, para definir en qué punto está el país actualmente, advirtiendo que se trata de un momento en el cual Venezuela “o camina hacia la continuación y consolidación de una dictadura o detiene esta tendencia que ha tomado forma a través del Ejecutivo nacional, por el brazo del CNE”.

“Es delicado porque esto está sucediendo en el momento de una catástrofe económica y social que tiene Venezuela. Estamos ante una bomba de descontento social que puede estallar en cualquier momento, pues tienen mucho temor por la ausencia de alimentos, falta de medicinas, un sistema de salud colapsado, la inseguridad que raya en las peores del mundo, y un quiebre institucional hacia una dictadura”, sostiene.

No obstante, para López Maya la llave hacia la puerta del cambio del momento político actual en Venezuela reside en los ciudadanos, destacando que la ciudadanía debe expresar su voluntad de cambio, para lo cual es importante su participación en las manifestaciones de calle.
“Que se hagan ver y expresen su voluntad de recuperar el derecho al voto. Queremos recuperar esto de una manera pacífica, pero si nos quitan el derecho al voto, no tenemos otra salida. Hay que ir detrás de estas iniciativas que han tomado los grupos políticos y hacer una gran fuerza política nacional que le haga entrar en razón al Ejecutivo nacional, al oficialismo y al sector militar que lo apoya, que nosotros queremos resolver esto de manera democrática y necesitamos que se nos restituya nuestros derechos políticos. No pueden quitarnos nuestro derecho a votar”, reitera.

¿Hay dictadura?
La suspensión del referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro ha llevado a afirmaciones de diferentes factores que terminaron por definir al actual gobierno como dictatorial.

La historiadora precisa que “para nosotros, los analistas políticos, está claro que ya no existen las mínimas condiciones para decir que aquí hay una democracia. Al CNE, a través de una de las decisiones más arbitrarias y vergonzosas, suspendernos el referendo revocatorio es porque efectivamente ya no queda el ladrillo de la democracia, que es el derecho al voto. Estamos en la puerta iniciando una dictadura, lo que significa que si nosotros nos dejamos que nos impongan este tipo de arbitrariedades, nos veremos muy pronto con un cierre de la Asamblea Nacional, que es el alma de la democracia y donde se expresa el pluralismo de la Nación, la prohibición o ilegalización de los partidos políticos, una represión política más fuerte y el cierre de muchos de los derechos civiles y políticos de los venezolanos”.

Margarita López Maya insiste en advertir que la situación puede venir a peor, pero dependerá de la presión social el que se revierta o no.
“Si no actuamos con energía exigiendo que se nos devuelvan nuestros derechos constitucionales, veremos en los próximos días o semanas una tendencia más fuerte a quedarnos sin derechos civiles y políticos”, concluyó.

“El costo de salida de los que están en el gobierno es inmensamente alto”

El abogado y politólogo,Benigno Alarcón, prevé el aumento de medidas autoritarias por el costo que significa una salida del gobierno.

El abogado, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, Venezuela está en el mismo punto, visto desde la actuación de un gobierno autoritario y no democrático.

“Estamos en el mismo punto; es decir, un autoritarismo competitivo que perdió la base político-electoral y necesita mantenerse en el poder por los medios que pueda, porque los costos de salida del poder son extraordinariamente altos”, explica.

De allí los obstáculos para impulsar una transición o cambio político por vía electoral, en vista de lo que -afirma- es un alto costo para quienes hoy están en el poder, viéndolo como una amenaza.

“Hay dos fuerzas, una que trata de democratizar el sistema, y otra que trata de mantener el poder por mecanismos mucho más autoritarios. Lo que veremos en los próximos días será más de lo mismo, un gobierno que va tomando cada vez medidas más autoritarias. En la medida en que los días avancen, esto se vuelve más complicado y el gobierno se vuelve más autoritario”, observa Alarcón.

Aun así, un proceso de transición no está cerrado. Recuerda que las transiciones se producen “cuando el gobierno llega a la conclusión, a veces por las buenas y a veces por las malas, que no tiene manera de sostenerse. El gobierno pasa a negociar los costos de su salida, qué será de ellos fuera del poder, cómo se manejarán los procesos electorales a futuro, qué pasará con el partido político, eso es un poco la negociación que se da en estos casos”.

Sin embargo, acota que “hoy el gobierno siente que puede mantenerse en el poder por otros medios, y lo está tratando de hacer a toda costa y desesperadamente. Pero estos procesos, al final del día, se terminan definiendo a favor de la democracia. Cuando el gobierno no se puede sostener, usa la represión, y en la media que las medidas represivas fallan, el gobierno empieza a considerar su salida”.

Presión social como clave
Alarcón también apuesta por la presión social. “A los ciudadanos y la oposición les queda elevar el costo del uso de esa represión. En primer lugar, poniéndolo en el dilema de si reprimir o no hacerlo, todo lo que de alguna manera encarezca la represión. Si el gobierno no tiene necesidad de reprimir, el costo de la represión es cero”.

Explica que la represión a la protesta, el tener que controlar la situación por la fuerza, hacen de esa medida un alto costo político, razón por la cual se hace vital a su vez las denuncias de violación de derechos humanos en organismos internacionales.

“Cuando tienen suficientes pruebas para abrir casos contra funcionarios que están violando derechos humanos, eleva el costo de la represión. Al ciudadano le toca hacer valer sus derechos, colocar al gobierno en la situación de decidir entre negociar o reprimir, denunciar cada caso de represión, porque esos son los elementos que elevan el costo de la represión”, puntualiza.

Finalmente, recuerda lo complejo de las transiciones políticas, en el sentido de que no se trata de un cambio de la noche a la mañana.

“Es importante que la gente digiera que esto no es un proceso mágico, no ocurre de la noche a la mañana, en ocasiones lleva años. Evidentemente llevamos años en esta situación, pero a veces la gente piensa que en la próxima marcha pasamos a una transición, que en el próximo proceso todo está listo, y normalmente estos son procesos difíciles porque el costo de salida de los que están en el gobierno es inmensamente alto. No es que se retiran a sus casas, aquí estamos con individuos que salen del poder seguramente a enfrentar juicios hasta fuera de Venezuela”, precisa Alarcón.

“La salida menos costosa sería que Nicolás Maduro se separara del cargo”

La ex parlamentaria Liliana Hernández considera que la situación actual requiere asumir el rol ciudadano en defensa de la Constitución.

La abogada y exmilitante de Un Nuevo Tiempo, Liliana Hernández, perfila la situación política actual de Venezuela como un momento en que cada sector e institución debe asumir su rol.

“La estrategia es: la Asamblea trabajando en el restablecimiento constitucional, y los ciudadanos actuando en la calle, porque es vital, porque la única fuerza que tenemos es la visibilización de cada uno de nosotros”, afirma Hernández, quien destaca el debate en la Asamblea Nacional por el restablecimiento del hilo constitucional.

Por otra parte, pese a la decisión del CNE y la medida de tribunales penales, afirma que un mecanismo que no ha sido olvidado es el del referendo revocatorio.

“Creemos que la presencia del enviado del papa Francisco debe ser un factor que nos permita que el gobierno entienda que dentro de ese marco de restablecimiento del hilo constitucional está el artículo 72, que permite la consulta popular a efectos de la evaluación al gobierno, o sea que tampoco está descartado en este momento, tenemos que seguir con todas las acciones, y este enviado del Papa puede ser la comunicación con él, a los efectos que podamos demostrar todo lo que el gobierno ha venido violentando”, indica.

Frente a las acusaciones de una posible negociación por parte del bloque opositor, destaca que “nosotros no tenemos nada que darle al gobierno, tenemos que exigirle que restituya el Estado de Derecho, que respete la Constitución. Un enviado como el del papa Francisco no es malo para nosotros, pero todo tiene su oportunidad y en este momento estamos montado en que se dé el debate en la Asamblea y se dé la movilización de calle”.

Vital compromiso ciudadano
Para Hernández, el momento político actual de Venezuela requiere del compromiso ciudadano, acotando que tanto la MUD como los diputados en la AN están cumpliendo su rol.

“Los ciudadanos no podemos delegar en otros, tenemos que actuar nosotros. Tenemos que pelear el referendo revocatorio hasta el final. El hecho que el gobierno nos lo haya arrebatado, no tengo por qué aceptarlo. Mi obligación es pelearlo hasta el último momento en que se pueda realizar, la obligación nuestra es seguir discutiendo ese tema en cualquier escenario de conversación o aproximaciones al diálogo. En la agenda debe estar el referendo revocatorio”, aseveró.

La abogada y dirigente política vislumbra un escenario poco favorable de aquí a diciembre. “No hablo de enero, febrero y marzo que históricamente son meses de desabastecimiento de algunos productos, este año será peor, porque no tenemos la disponibilidad de hacer compras en el mercado internacional, más el problema que tenemos de que el gobierno no logró producción propia en el país”.

“No se trata de si me gusta o no Nicolás, la cuestión es sacar la ineficiencia del gobierno. El asumir la crisis y manejarla, que no es tan complicado cuando decides dar confianza, respetar las leyes, invertir en el aparato productivo e incentivar que la gente lo haga”, añade Hernández.
Frente a la crisis política, agravándose con la violación al derecho al voto, Liliana Hernández apoya la salida voluntaria presidencial, para concretar el cambio político.

“La salida menos costosa para los venezolanos sería que este señor (Nicolás Maduro) se separara del cargo y convocáramos a unas elecciones presidenciales, pero no está en su ánimo de hacerlo. La otra sería, y para mí la más democrática porque es una consulta al pueblo, es el referendo revocatorio, porque el venezolano decide si te vas o te quedas”, sostiene la dirigente política, quien defiende la consulta popular como una gran salida para un conflicto político.

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/index.php/politica/item/50908-estamos-ante-un-quiebre-total-de-la-democracia-venezolana

Marcos David Valverde|Correo del Caroní

¿Trabas? Miles. ¿La voluntad de impedir las elecciones y truncar el camino para un cambio político? Absoluta. Pero Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, insiste en que hay algo contra lo que no podrán: contener a los millones de venezolanos que saldrán a la calle la semana que viene a exigir revocatorio. Los mismos que votarán en las próximas regionales por un cambio. Amén de la postergación inconstitucional.

– ¿La postergación de las elecciones regionales es una estrategia para debilitar el ímpetu opositor ante el revocatorio?
– Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Electoral dejan muy claro que la única instancia que tiene atribución para fijar fecha de elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Eso, sin embargo, no quiere decir que el CNE puede fijarlas de manera arbitraria. En la Constitución están fijados los períodos de los funcionarios públicos de elección. En el caso de los gobernadores, dicen que es por un período de cuatro años, lo cual quiere decir que deben realizarse cada cuatro años y que las próximas debían ser en diciembre de este año. No es, por tanto, una atribución del CNE esa decisión, que significa una ampliación del mandato de los gobernadores.
– ¿Es ingenuo recordar como logro del CNE que en 2013 se celebró una elección presidencial en un mes cuando, en realidad, fue en más de un mes (el anuncio de la muerte de Hugo Chávez fue el 5 de marzo; las elecciones fueron el 14 de abril)?
– Ese periodo de 30 días que establece la Constitución para organizar una elección es demasiado estrecho y alocado. Además, hacer trabajo rutinario con una Semana Santa atravesada no es tarea fácil. La muerte de Chávez no estaba cronometrada y ese tiempo partió de cero. Ahora, a diferencia de esas elecciones, se sabía que iba a haber elecciones regionales en 2016. Desde hace mucho tiempo se sabía, así como se sabe que debería haber en 2020 y en 2024.
– Y en el caso de las últimas elecciones de alcaldes (del 8 de diciembre de 2013) se retrasaron un año.
– Eso fue un disparate sin excusa alguna.
Como si nada
– ¿Qué excusa puede haber para la no celebración de elecciones de gobernador este año?
– Tibisay Lucena no dijo nada. Anunció eso como si anunciara que estuviera lloviendo y sin dar las razones por las que estaba posponiendo esas elecciones por seis meses.
– Sobre el referendo revocatorio, ¿qué hay de la excusa sobre la tardanza de la oposición para comenzar a tramitar el revocatorio?
– Esa es una excusa halada por los pelos y sin sentido. Lo que dice el artículo 72 de la Constitución de manera muy clara es que hay que esperar que se cumpla la mitad del período y a partir de allí cualquier fecha es buena. No es que al día siguiente de la mitad hay que iniciar el proceso de activación. Además, se supone que debe haber una actuación con celeridad, y eso, en buen castellano, es con rapidez, prontamente.
– Así como, según ellos mismos han dicho, actuaron con celeridad en otras ocasiones. Recordemos la supuesta validación de más de 9 millones de firmas contra el decreto de Obama.
– ¡Exacto! Lo hacen y lo recuerdan cuando les conviene. El árbitro viola la Constitución. Tiene que actuar con imparcialidad y tiene que parecer que actúa con imparcialidad. Si tú, como árbitro, actúas para que la cosa se demore, ¿en dónde está la imparcialidad?
¿Aprendizajes?
– ¿Cómo cataloga la posición de la oposición?
– La oposición, o más que la oposición, un sector importante de la ciudadanía, ha tenido el propósito de ejercer un derecho de la Constitución: el revocatorio al actual presidente para permitir que la ciudadanía evalúe la calidad del ejercicio gubernamental y pueda decir: nos gusta o no nos gusta.
En todo esto, la ciudadanía ha ido superando los obstáculos. Ahora, del lado del gobierno la lectura no es positiva. El gobierno, de manera abusiva y arbitraria, usa los poderes públicos que funcionan como consejo a favor del gobierno para no hacer o para demorar el revocatorio. Las intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia han jugado a eso. Cualquiera con sentido común lee que eso es una violación de la Constitución. Es una interpretación caprichosa de lo que dice la Constitución y, por supuesto, no es neutra.
– ¿Está sepultado el revocatorio, al menos para 2016?
– Eso no lo diría hasta el 31 de diciembre de 2016. Y lo digo porque no es una cosa legal, sino que es una confrontación política. Si no se recoge el 20 por ciento de las firmas, el CNE podrá decir que no se recogieron las firmas y que no va ni en 2016 ni en 2017. Ese es un escenario. El otro, que es más posible, es que la semana que viene haya una masiva participación de la ciudadanía para solicitar el revocatorio. Pueda ocurrir entonces que se recoja el 20 por ciento solicitado para activar el revocatorio. Y que quede en evidencia que, a pesar de las limitaciones del CNE, mucha gente participó y mucha gente estaba dispuesta a hacerlo. Eso ya tiene efectos políticos importantes.
– ¿Por qué lo ve como el más posible de los escenarios?
– Si lo que dicen las encuestas es verdad (que más de diez millones de venezolanos están dispuestos a solicitar el revocatorio), se va a recolectar el 20 por ciento pero, adicionalmente, va a haber una movilización de gente que va a estar dispuesta, aunque quede por fuera. El derecho a la participación está garantizado en la Constitución, y cualquier cosa que lo obstaculice es violatorio de ella. Eso será un movimiento político muy importante. Es una película que el CNE no podrá desconocer.
Luis Lander es ingeniero mecánico con estudios de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la UCV. Ha publicado más de 70 capítulos de libros y artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras. Editor del libro Poder y Petróleo en Venezuela (2003). Miembro del comité editorial de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales de Faces – UCV desde 1999, siendo su director entre 2004 y 2007. Desde 2006 formó parte de la junta directiva de la Asociación Civil Ojo Electoral hasta su disolución a principios de 2011, llegando a ser su director ejecutivo. Es actualmente director del Observatorio Electoral Venezolano.

Modificado por última vez en Sábado, 22 Octubre 2016 03:30

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/index.php/politica/item/50684-director-del-oev-no-es-una-atribucion-del-cne-ampliar-el-mandato-de-los-gobernadores

octubre 23, 2016 8:25 pm
Jonas Moraos | El Pitazo

El Observatorio Electoral Venezolano indicó mediante un comunicado que con las recientes acciones del Consejo Nacional Electoral, se pone un paréntesis en la democracia en el país

Cinco tribunales regionales penales, de manera casi simultánea, determinaron la ilegalidad del 1% de las firmas recabadas a fin de iniciar el proceso de solicitud del referendo revocatorio presidencial. Las sentencias correspondientes indican que el proceso mencionado se encuentra bajo sospecha, debe ser investigado y, por tanto, sus consecuencias, “por ahora”, quedan suspendidas.

Es importante destacar que los impulsores de esas decisiones fueron los gobernadores de cinco estados:Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas. Además, fueron esos mismos gobernadores quienes primero anunciaron las decisiones adoptadas. Se trata de sentencias tomadas desde una instancia que no es competente en el ámbito electoral y que, más grave aún, contradicen la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que validó en su oportunidad las firmas requeridas para que los ciudadanos cumplieran con el requisito fijado en esa etapa del proceso.
Cabe recordar que ese requisito se cumplió ampliamente (se requerían 200.000 y se validaron cerca de 400.000). En ningún caso, las supuestas firmas fraudulentas invalidan el cumplimento del requisito exigido. Por otra parte, tal y como ha sido claramente señalado, se trata de una decisión que penaliza a laMesa de Unidad Democrática (MUD) y a todos los ciudadanos interesados en que la consulta sea llevada a cabo, aun cuando los delitos que pudieran haber existido son sólo imputables a las personas que los hubiesen cometido.

Sin embargo, a raíz de esta decisión tomada, cabe repetirlo, por tribunales que no son competentes en el área electoral, el CNE decidió, ahora si con celeridad, paralizar el proceso del revocatorio hasta nuevo aviso, dejando sembrada, incluso, la duda de que se llegue a realizar en algún tiempo futuro.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que, de nuevo en este caso, se pone en evidencia que los poderes del Estado, en particular el Poder Judicial y el Poder Electoral, muestran un sesgo político y apoyan la posición oficial, que es evidente y abiertamente contraria a la realización del revocatorio, según ha sido expresada por varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), altos funcionarios gubernamentales y, de manera particular, por el propio presidente Maduro.

El OEV reitera que esta nueva decisión desconoce las normas constitucionales que garantizan derechos ciudadanos a la participación y al voto como mecanismo para dirimir diferencias, y contribuye a entrabar la salida pacífica a la crisis. Por otra parte, plantea una incógnita política en cuanto a la manera de resolverla, poniendo en paréntesis a la democracia. La vía electoral, y en particular el referendo revocatorio, es una opción ampliamente respaldada por los venezolanos que, con esta decisión, queda suspendida.

Fuente: El Pitazo

15 OCTUBRE, 2016 Autor: Efecto Cocuyo | @EfectoCocuyo

En el libro El Sistema Electoral Venezolano Reflexiones a la luz de las parlamentarias 2015 aborda en doce ensayos el ventajismo electoral que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha institucionalizado.
El libro del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), que será bautizado este sábado 15 de octubre, recoge las violaciones normativas, pero también los vacíos legales y la configuración partidista de los poderes del Estado que forman parte de un rompecabezas o “lego jurídico” -como lo llama Alfredo Infante en su artículo introductorio-, para consolidar el “proyecto revolucionario”.
Infante recorre desde la génesis del proyecto político del fallecido presidente Hugo Chávez hasta el actual mandato de Nicolás Maduro para plantear la deformación del Estado concebido en el proceso constituyente de 1999. “Las dos últimas crisis de país, la de los noventa y la de hoy, tienen como denominador común la apropiación del Estado y sus instituciones por parte de intereses particulares (ayer AD-Copei, hoy Psuv)”.
El politólogo Luis Salamanca se detiene en las normas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que son frecuentemente violadas como 1- la igualdad de los participantes en el proceso electoral; 2- la libertad de pensamiento y de expresión; 3- la comunicación e información libre, diversa, plural, veraz y oportuna; 4- la prohibición de censura previa; 5- la democratización, participación y pleno ejercicio de la soberanía popular, 6- el respeto a las instituciones del Estado y 7- la igualdad de acceso a los medios de comunicación social, entre otros.
En su ensayo, Salamanca también desarrolla un análisis sobre el ventajismo y la autonomía del elector.
En el libro se plantea, además, la necesidad de convocar una reforma electoral para cambiar el sistema de sobrerrepresentación de mayorías que afecta la elección de la Asamblea Nacional por uno que sea más fiel a la expresión de la voluntad de los electores.
En el año 2010 el oficialismo, con 48,12% de votos, obtuvo 98 representantes en la Asamblea Nacional y la oposición, con 47% de los votos, tan solo obtuvo 67 representantes. Recientemente, en las pasadas elecciones parlamentarias 6D-2015, bajo la misma normativa, la oposición con 56,31% de los votos, alcanzó 112 representantes y el oficialismo, con 43,69% de los votos, obtuvo 55 diputados.
La especialista en temas electorales Eglee González señala que la reforma debe incluir un apartado que norme y sancione los delitos electorales, pues la actual Ley Orgánica de Procesos Electorales suprimió el capítulo de la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en el que se sancionaba los delitos electorales y remite a una ley que no se ha dictado por el Parlamento.
La consecuencia de ello, es que conductas específicas como el daño a las máquinas de votación, el voto doble o el voto de un fallecido, o los atentados contra la libertad y secreto del voto, que antes se encontraban tipificados en la ley derogada, solamente serán sancionadas como delitos cuando se puedan subsumir en normas genéricas del Código Penal, cuando ello sea procedente, o cuando se encuentren.
La paridad de género y la veeduría internacional son factores que inciden en el proceso electoral y que tampoco están regulados en la actualidad.
El libro cuenta con la pluma de otros calificados conocedores de la materia electoral como José María Cadenas, Luis Lander, Héctor Vanolli, Mireya Lozada, Héctor Briceño, Dimitris Pantoulas y Mariengracia Chirinos y serápresentado por la directora y cofundadora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.

Fuente: Efecto Cocuyo