Cualquier proceso electoral debe estar precedido por una campaña informativa lo suficientemente robusta que permita al elector comprender a cabalidad cada una de las actividades y tomar decisiones informadas. Lamentablemente, el tiempo que se dispuso para la elección de los jueces de paz hace imposible que las reglas de juego sean conocidas a detalle por la sociedad venezolana.
En este sentido, desde el OEV contribuimos a la difusión de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal y su reglamento como un ejercicio de transparencia. Recordamos que la información es crucial para empoderar a los ciudadanos, generar confianza en la elección, prevenir manipulaciones (si los votantes cuentan con fuentes confiables pueden cuidarse de la desinformación), estimular la participación política y potenciar la auditoría ciudadana.
Mientras el Gran Polo Patriótico se enfocó, sobre todo, en el caso de los “niños del Tibú”, la vacunación y otros mensajes asociados a la pandemia por Covid-19; la Plataforma Unitaria fue el grupo con más menciones a la muerte de Baduel, la Reconversión Monetaria y, en menor medida las negociaciones en México. En las menciones sobre Saab coincidieron los extremos
De una revisión de 61.693 tweets posteados por 834 cuentas de la categoría Partidarios/as –integrada por el Gran Polo Patriótico, la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática y los Abstencionistas–, se extraen los siguientes temas priorizados por cada grupo partidista durante los primeros 15 días de octubre.
La tabla refiere el porcentaje de menciones que ocupa cada grupo partidista respecto al total de referencias de cada tema halladas en la muestra.
Mientras que la Plataforma Unitaria fue el grupo que más mencionó la muerte en prisión del exministro de la Defensa, Raúl Baduel (54%), seguida de la reconversión monetaria –que entró en vigencia el pasado 1 de octubre– (52%) y de las negociaciones en México (43%); el oficialismo se concentró, especialmente, en el asesinato de dos niños de presunto origen venezolano que fueron sorprendidos robando unos pantalones en un comercio de Tibú, Colombia, un lugar fronterizo entre ambos países (62%). Adicionalmente, también el Gran Polo Patriótico aparece como la subcategoría que más ha hablado del proceso de vacunación y de la pandemia producida por el Covid-19.
Por su parte, el grupo Abstencionista acumula la mayor cantidad de menciones sobre la actuación del alto represetante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, respecto a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre; así como de la compañía Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que está bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019 y que fue declarada en quiebra a finales de septiembre para acogerse a un plan de rescate de las autoridades colombianas.
Aunque la Alianza Democrática no dedica ni el 20% a alguno de estos siete temas, sí es el grupo que más menciones colecciona respecto a las elecciones de noviembre.
A partir del 16 de octubre en adelante, el acontecimiento más relevante estuvo asociado a la extradición de Alex Saab, empresario colombiano identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano.
Alex Saab: el tema en el que coinciden los extremos
Según los datos obtenidos, la frecuencia de tuits desde el 1 hasta el 15 de octubre mostró un comportamiento similar entre todos los grupos partidarios. Sin embargo, en cuanto se conoció públicamente que Saab sería extraditado a los Estados Unidos, después de haber permanecido más de un año detenido en Cabo Verde en el continente africano, el número de menciones experimentó el incremento más pronunciado dentro del periodo analizado.
Aunque desde el 1 al 22 de octubre el GPP es el grupo que acumula la mayor cantidad de menciones, con el 36%, no fue el conjunto partidista que dedicó mayor espacio al tema el día de su extradición. En la gráfica puede apreciarse la proporción de tweets que las y los abstencionistas destinaron al respecto, un 30% de las menciones totales.
Con etiquetas como: “Ola de solidaridad por Álex Saab”, “EEUU secuestró a Álex Saab” y “la verdad siempre triunfa”, el oficialismo logró mantener posicionado en la red social el tema del empresario colombiano con mensajes que tendían a comunicar principalmente solidaridad con el enjuiciado y denunciar abusos e injusticia en el caso, por parte de los Estados Unidos.
Los más virales
Son criminales y por eso hay que enfrentarlos aplicando la justicia. La extradición de Alex Saab es un golpe certero a la estructura criminal que secuestra y destruye a Venezuela.
María Corina Machado
El mensaje de la dirigente alcanzó 3.963 retweets, 114 tweets citados y más de 11 mil likes. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó:
Lo de Alex Saab era absolutamente predecible, lo convirtieron en objetivo solo por ayudar a Venezuela, el imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional, invaden países, asesinan presidentes, dan golpes de estado, secuestran a personas, igual Nosotros Venceremos!!
Diosdado Cabello
Aunque la publicación de Cabello obtuvo menos retweets, fue la publicación más destacada por el caso de la extradición de Saab a los Estados Unidos con 3.274 retweets, 281 tweets citados y 3.405 likes.
El análisis del Observatorio Electoral Venezolano también arrojó que el grupo de la Alianza Democrática fue el que menos mensajes publicó en relación a la extradición de Álex Saab, con solo el 4% dirigido al empresario. Cabe destacar que ni siquiera el día 16 de octubre, la cantidad de mensajes de la Alianza Democrática fue significativa en comparación con el GPP y los Abstencionistas.
Menos menciones
Por su parte, la Plataforma Unitaria alcanzó el 30% de mensajes referidoa a Álex Saab, lo que sigue siendo reelativamente menos al compararlo con los Abstencionistas y el GPP.
Base utilizada.
Nº de tweets por subcategoría (del 1 al 22 de octubre):
Gran Polo Patriótico: 22.858 (37%)
Plataforma Unitaria: 20.391 (33%)
Alianza Democrática: 10.158 (17%)
Abstencionista: 8.286 (13%)
Total: 61.693
Nota metodológica.
La muestra diseñada por el OEV de figuras y actores relevantes contempla cuatro categorías: 1) Partidarios; 2) Instituciones del Estado; 3) Funcionarios/as Públicos; y 4) Sociedad Civil. La información que aquí se presenta constituye un análisis de un sector de la primera categoría “Partidarios”, la cual, adicionalmente, contiene cuatro subcategorías: Gran Polo Patriótico (GPP), Plataforma Unitaria, Alianza Democrática y Abstencionistas. Los datos fueron extraidos específicamente de las candidaturas del GPP y de la Plataforma, debido a que, para la fecha del primer corte, no se conocía el listado de contendientes a las alcaldías por parte de la Alianza Democrática. Esta información será actualizada en el siguiente corte.
La categoría “Partidarios” está compuesta por 834 cuentas de partidos políticos y sus diregentes, así como las y los candidatos al máximo cargo del Ejecutivo estadal (23 entidades) y municipal (335 municipios). Incluye también a figuras que forman parte de las estructuras partidarias o personajes prominentes de cada partido, aunque no estén optando por un cargo de elección popular. Se descartaron las cuentas de legisladores(as) y concejales(as) con ánimos de facilitar la búsqueda.
Además de no garantizarse la paridad en la postulación a cargos principales en circunscripciones nominales para las gobernaciones y alcaldías, resultó evidente la desproporción en la participación de las candidatas en Twitter. Un estudio del OEV sobre la conversación en la red social, tras la revisión de alrededor de 16 mil tweets posteados por candidatos y candidatas, arroja que las contendientes mujeres tuitearon 5.7 veces menos que los candidatos hombres en los primeros 15 días de octubre, equivalente a 15% de los mensajes analizados
Entre los primeros resultados arrojados por el estudio de la conversación en Twitter, realizado por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) con información extraída entre el 1 y el 15 de octubre, destaca la baja presencia de mujeres en la red social, especialmente de las candidatas postuladas al mayor cargo del Poder Ejecutivo municipal en las megaelecciones del próximo 21 de noviembre.
El análisis aplicado sobre tres grupos partidarios que participarán en los comicios (procedente de los listados de candidaturas conocidos de forma preliminar[1]), reveló lo siguiente:
Gobernaciones. El porcentaje de mujeres postuladas por el GPP para contender a las gobernaciones es 13% (tres candidatas), al igual que el de la Plataforma Unitaria que alcanza también el 13% (tres candidatas), mientras que el de la Alianza Democrática es 9% (dos candidatas); cuya base corresponde a las 23 entidades del país. La presencia en Twitter de estas ocho (8) candidatas es absoluta, sus cuentas fueron rápidamente localizadas.
Alcaldías. El porcentaje de mujeres postuladas por el GPP a los 335 municipios del país es 28% (94 candidatas), mientras que las féminas propuestas por la Plataforma Unitaria alcanzó el 13% (44 candidatas). De este total, fue posible localizar las cuentas en Twitter de 59 candidatas del Gran Polo (equivalente al 63% de las 94 postuladas) y de 25 candidatas de la autodenominada Unidad (equivalente al 57% de las 44 postuladas). En el periodo analizado no se tuvo conocimiento del listado preliminar completo de la Alianza Democrática, de manera que no se incluye en este análisis del primer corte.
Como se observa, se ubicaron casi dos tercios de las cuentas de candidatas propuestas por la alianza GPP y poco más de la mitad de las postuladas por la Unidad, de manera que la presencia de las candidatas de estas dos coaliciones disminuye en la red social cuando se trata del ámbito municipal. Se sugiere revisar la nota al final del texto para ahondar en las precisiones metodológicas.
SUBCATEGORÍA
Candidatas Gobernaciones1
%
Presentes en Twitter2
%
Candidatas Alcaldías1
%
Presentes en Twitter2
%
Total Candidatas (CG + CA)
%
Gran Polo Patriótico
3/23
13%
3/3
100%
94/335
27%
59/94
63%
97/358
27%
Plataforma Unitaria
3/23
13%
3/3
100%
44/335
13%
25/44
57%
47/358
13%
Alianza Democrática
2/23
9%
2/2**
100%
N/A3
N/A3
N/A3
N/A3
N/A3
N/A3
Notas metodológicas. (1) Se toma como base el total de candidaturas a gobernaciones (CG= 23) y alcaldías (CA = 335). (2) Se toma como base el total de candidatos/as cuyas cuentas en Twitter fueron localizadas por el OEV en cada subcategoría. De allí la diferencia. (3) Para la fecha de este primer corte, realizado del 1 al 15 de octubre, no se conocía el listado de candidaturas a las alcaldías de la Alianza Democrática. La información será actualizada en el siguiente corte.
Lejos de la paridad
En definitiva, ninguna de las dos alianzas políticas principales –definidas así por haber concentrado en la última década la mayor cantidad de preferencias electorales–, alcanzan una postulación paritaria en gobernaciones y alcaldías para el próximo 21 de noviembre, aunque es importante especificar que no es una exigencia normativa.
Del total de los 358 cargos (23 gobernaciones y 335 alcaldías), el porcentaje de mujeres postuladas por el Gran Polo Patriótico es de 27%, mientras que la Plataforma Unitaria alcanza el 13%. Resulta evidente que a medida que el cargo ofrece mayor proyección o notoriedad nacional, tal como las gobernaciones, la presencia de las mujeres se vuelve más insignificante.
Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un reglamento especial[2] para garantizar los derechos de la participación paritaria, y su respectivo instructivo[3], el cual establece que las candidaturas de hombres y mujeres debe presentarse de forma igualitaria, en realidad se trata de una normativa que aplica exclusivamente para cuerpos colegiados (consejos legislativos y concejos municipales).
Venezuela presenta un atraso en legislar a favor de una postulación paritaria en espacios de representación de Poder Ejecutivo a nivel estadal y municipal. A esto se le conoce comoparidad horizontal. De acuerdo al número de gobernaciones, así como alcaldías existentes en cada entidad, los partidos o coaliciones deben postular 50% mujeres y 50% hombres en las candidaturas a dichos cargos, atendiendo también a bloques de competitividad de cada partido y/o alianza; dependiendo si son distritos (o circunscripciones) donde su votación ha sido baja, media o alta. Con ello se evita la postulación de alguno de los géneros exclusivamente en distritos perdedores.
Adicionalmente, y a diferencia de lo reglamentado por el CNE para estos comicios, otras latitudes han normado la paridad en fórmulas integradas, especialmente para cuerpos colegiados. Esto se traduce en el registro de candidaturas donde la persona principal y la persona suplente deben ser del mismo género. Con ello, se ha buscado evitar la simulación en caso de que mujeres candidatas sean registradas por sus partidos políticos para cubrir el requisito del porcentaje de género, pero que al comenzar el cargo piden licencia para dejar lugar a los suplentes varones.
Mientras el país tiene aún pendiente estas discusiones, la región ha experimentado avances importante en la materia. Varias naciones han incluido la paridad como precepto constitucional, en superación de los mecanismos de cuotas, y han establecido, por ejemplo, que las fórmulas completas (principal y suplente en cargos a los parlamentos), sean del mismo sexo. En este sentido, se ha estudiado que poco importa la asignación de más mujeres en las suplencias de las fórmulas porque, en términos reales, esto termina por traducirse en mujeres que difícilmente tienen la oportunidad de acceder al cargo. La paridad debe incorporarse tanto en cargos principales como suplentes.
¿Con qué frecuencia tuitearon las candidatas?
De los 16.313 tweets de candidatos y candidatas recolectados entre el 1 y el 15 de octubre por el OEV, extraídos de una categoría con más de 800 cuentas pertenecientes a figuras y actores partidarios relevantes, 13.875 fueron posteados por candidatos hombres (85%) y 2.438 por candidatas mujeres (15%). Esto significa que, en su conjunto, las mujeres tuitearon 5.7 veces menos que los hombres.
La representación de la mujer en la conversación cobra especial relevancia porque ha estado comúnmente vinculada a los espacios privados, mientras que el ámbito político tradicionalmente ha sido considerado un espacio en el que participan con mayor frecuencia los hombres. Estas exigencias para consolidar la democracia paritaria, que incluye especialmente la postulación y acceso de mujeres a espacios de poder, buscan establecer un fiel reflejo entre lo que sucede en la sociedad y lo que debe suceder en la política en el camino hacia una igualdad sustantiva.
Es importante hacer varias precisiones sobre la investigación. Aunque el OEV aplicó diversas técnicas para la búsqueda (a través de los filtros dispuestos por Twitter, búsqueda por sugerencias y otros motores de búsquedas para conseguir usuarios en redes sociales: Social-Searcher.com[4]y Snitch.name [5]), el no conseguirlas no significa, necesariamente, que las candidatas no poseen un perfil en la plataforma. Existen diversas razones por las que esto ocurre, por ejemplo, podrían estar registradas con identificativos que no coinciden con su nombre completo, difícilmente verificable; o, por otro lado, podrían ser cuentas inactivas o de bajo rendimiento (seguidores, engagement, etcétera).[6]
Dicho lo anterior, debe advertirse que las probabilidades de que la ciudadanía enfrente las mismas dificultades para ubicar y conocer a sus candidatas son altas, lo que finalmente se convierte en un obstáculo sobre el derecho a ejercer un voto informado. Por ello, extendemos una sugerencia a las organizaciones políticas postulantes a diseñar mecanismos que faciliten a las y los electores el conocimiento y acceso a quienes buscan representarlos, esto incluye estrategias básicas como tener presencia en las redes sociales.
Nota metodológica.
La muestra diseñada por el OEV de figuras y actores relevantes contempla cuatro categorías: 1) Partidarios; 2) Instituciones del Estado; 3) Funcionarios/as Públicos; y 4) Sociedad Civil. La información que aquí se presenta constituye un análisis de un sector de la primera categoría “Partidarios”, la cual, adicionalmente, contiene cuatro subcategorías: Gran Polo Patriótico (GPP), Plataforma Unitaria, Alianza Democrática y Abstencionistas. Los datos fueron extraídos específicamente de las candidaturas del GPP y de la Plataforma, debido a que, para la fecha del primer corte, no se conocía el listado de contendientes a las alcaldías por parte de la Alianza Democrática. Esta información será actualizada en el siguiente corte.
La categoría “Partidarios” está compuesta por 834 cuentas de partidos políticos y sus dirigentes, así como las y los candidatos al máximo cargo del Ejecutivo estadal (23 entidades) y municipal (335 municipios). Incluye también a figuras que forman parte de las estructuras partidarias o personajes prominentes de cada partido, aunque no estén optando por un cargo de elección popular. Se descartaron las cuentas de legisladores(as) y concejales(as) con ánimos de facilitar la búsqueda.
[1] Esta información no contempla los resultados de las modificaciones y sustituciones de candidaturas, sino que se alimenta de los listados preliminares difundidos por los grupos políticos. La información actualizada de candidaturas, publicada en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) el lunes 18 de octubre, será incluida en el próximo corte.
[2] CNE. (2021, 12 de julio). Reglamento Especial para Garantizar los Derechos de Participación Paritaria, Alterna y Política de Legisladoras o Legisladores y Concejalas o Concejales en las Elecciones Regionales y Municipales 2021. Gaceta Electoral Nº 980. Disponible en: http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2021/gaceta_electoral_980.pdf
Más de 250 voces, que incluye 105 organizaciones de la sociedad civil y de defensa de Derechos Humanos además de 152 ciudadanos, respaldaron a través de un comunicado conjunto la necesidad de un acuerdo nacional que garantice, entre otros, atender la situación política, económica y social que vive Venezuela en medio de la expansión del coronavirus y bajo un contexto de profundización del proceso de crisis humanitaria compleja.
El documento expresa igualmente la preocupación por la convocatoria a un proceso electoral en medio de la pandemia y sin respeto a las normas, garantías y disposiciones contenidas en la Constitución nacional vigente.
“Los procesos adelantados para el nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) deberían haber sido producto de un acuerdo amplio, y no de un pacto parcial impuesto por un solo sector, que finalmente se concretó, como en varias ocasiones anteriores, con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Adicionalmente, este nombramiento abortó un proceso que, con todas sus dificultades, venía avanzando a principios del año en la Asamblea Nacional, a través de un Comité de Postulaciones integrado de manera plural”.
“El TSJ, además, le otorgó competencias legislativas al nuevo CNE, lo cual constituye una grave violación de nuestro ordenamiento jurídico”, se señala en el documento.
Asimismo, se resalta la inconveniencia de la abrogación, por parte de las nuevas autoridades del CNE, de competencias fuera del ordenamiento jurídico vigente, materializadas en decisiones como la ampliación del número de diputados de 167 a 277, que viola el artículo 186 constitucional, además de violentar el artículo 298, en el que se señala expresamente que no puede haber modificaciones en las reglas electorales 6 meses antes de una elección.
Advierten que cinco meses son poco tiempo para realizar unas elecciones, especialmente en tiempos de pandemia, señalando que: “esta circunstancia trae consigo nuevos desafíos importantes, los cuales se suman a las circunstancias políticas, económicas y técnicas que se deben enfrentar para la organización del proceso electoral”, además de consecuencias inmediatas, pues diversos sectores y movimientos han manifestado su desconfianza y su posible decisión de no participar en el próximo evento electoral, porque afirman que no cumple con las exigencias de imparcialidad, transparencia y confiabilidad.
El comunicado concluye señalando que: “El conflicto político es el principal origen de la crisis que se vive en todos los ámbitos de la vida social. La necesidad de llegar a los acuerdos necesarios es, literalmente hablando, una obligación, no solo política, sino moral, como lo han expresado diversas voces de la sociedad. La magnitud y las consecuencias de la precaria situación que agobia a la mayoría de los venezolanos así lo exige”.
LEE A CONTINUACIÓN | El comunicado completo “LOS ACUERDOS POLÍTICOS SON INDISPENSABLES”, divulgado este 8 de julio de 2020, con las adhesiones de 105 organizaciones de la sociedad civil y de 152 ciudadanos:
¿Deseas suscribirlo también? Este comunicado quedará abierto para nuevas adhesiones. El enlace para suscribir es el siguiente:https://forms.gle/2VrxB3hRCaE5mMBy6
A un año de la celebración de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 es necesario resaltar que sus resultados están lejos de ser producto de un proceso electoral imparcial, equitativo, transparente y, por ende, confiable. Al punto que esas elecciones presidenciales solo sirvieron para profundizar la crisis política debido a la pérdida de legitimidad en la reelección de Nicolás Maduro y, además, le sumaron nuevas aristas a un complicado contexto de recesión económica y de emergencia social en Venezuela.
Todas estas acciones de ventajismo político se hicieron bajo la mirada despreocupada del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien no fue la única autoridad que tuvo un papel como árbitro electoral. Otros cuerpos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) también tomaron participación en decisiones que marcaron la contienda electoral, que resultó desconocida tanto a lo interno de Venezuela como afuera de sus fronteras.
El resultado no podía ser otro que una histórica baja participación en una elección presidencial venezolana apenas con 46,07%, como lo marcaron los resultados oficiales del CNE. Esta cifra que pudiera ser alta que cualquier otro país de América Latina está muy lejos de la participación electoral de 74,69% que se reportó en las presidenciales de 2006, el 80,49% de las presidenciales de 2012 o incluso, de la participación de 79,68% que se dio durante las presidenciales de 2013.
Valga el momento, además, para evocar que el equipo de veedores del OEV en los 24 estados fue testigo de un cúmulo de 459 irregularidades electorales, durante el propio día de las votaciones del 20 de mayo. En concreto, se registraron 75 hechos de violencia o momentos de tensión, 84 fallas en la organización y más importante, 294 reportes de abuso con la propaganda electoral y los recursos públicos.
Este ventajismo del partido político a cargo del Gobierno también se expresó en una campaña de coartación para aquellos electores que reciben los beneficios de los distintos programas sociales que se entregan a través del mecanismo del llamado “Carnet de la Patria”. No es sencillo olvidar tampoco que todavía no se ha levantado una investigación profunda e imparcial sobre la denuncia de la compra de los votantes con la entrega de una bonificación especial en bolívares para aquellos portadores del “Carnet de la Patria”.
Aparte los representantes del OEV, tuvieron que lidiar con 6 episodios distintos que le pusieron reservas para efectuar su labor de observación electoral en algunos centros de votación. Estos números apenas dan cuenta de la tendencia en los 313 centros electorales que formaron parte de la muestra usada para la observación.
Todas estas irregularidades son parte de los argumentos que llevaron a más de 50 países en el mundo a desconocer la reelección de Nicolás Maduro y que hoy se expresan en distintas iniciativas de mediación política que intentan encontrar una salida a la crisis política en Venezuela. En las ofertas del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y otras gestiones como el reciente encuentro liderado por Noruega, la celebración de unas elecciones equitativas, justas y con garantías aparece como una de las herramientas más útiles para resolver el grave desafío nacional.
Sin embargo, en el OEV queremos resaltar que nada de esto puede darse sin que se resuelva primero: el nombramiento de un nuevo cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se realice un operativo especial para actualizar el Registro Electoral que permita la participación de todos los electores venezolanos tanto adentro como afuera del país y se garantice el cumplimiento de, al menos, 12 auditorias básicas y de las misiones de observación electoral tanto nacionales como internacionales
Observatorio Electoral Venezolano Caracas, 20 de mayo de 2019
El pasado domingo pasó lo que tenía que pasar. Lo ocurrido no fue sino la consecuencia de un proceso ilegal y apresurado, convocado a destiempo, diseñado con un evidente sesgo a favor de la candidatura del Presidente Maduro, todo lo cual fue ampliamente registrado en sus diversos aspectos por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), así como por otras organizaciones. Fue el colofón de un proceso que se expresó en nuevas transgresiones a las normas vigentes, emblematizadas ese día por el intento de violar la libertad de los electores mediante acciones llevadas a cabo abierta e impunemente por el oficialismo mediante el uso del carnet de la Patria, lo que, dicho sea de pasada, constituye la magnificación casi infinita del delito – compra de votos con recursos públicos- que, sin mayores pruebas, se tradujo en su momento en la “des proclamación” de los tres diputados de Amazonas y de la circunscripción indígena sur, electos para la Asamblea Nacional el año 2015.
Por otra parte, en la tarde del mismo domingo, en actos separados e invocando cada uno sus razones, los candidatos Henry Falcón Javier Bertucci comunicaron al país que no reconocerían los resultados que un poco más tarde anunciaría el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la vez que proponían la realización de una nueva consulta hacia finales de año. Posteriormente, cabe advertirlo, Bertucci reconoció el triunfo del candidato, pero dejando en pie sus reparos respecto a la manera como tuvo lugar la elección.
En una alocución extremadamente breve, el CNE anunció, en efecto, el triunfo del candidato Nicolás Maduro, al tiempo que indicaba que la participación no alcanzaba el 50 por ciento, y sin que durante su comunicación hubiese alguna alusión a la posición asumida por los mencionados candidatos y dejase ver que su grave acusación pudiera tener alguna consecuencia sobre los resultados dados a conocer.
Dentro de este marco, luego de la intervención de la Presidenta Tibisay Lucena, el Recto Luis Emilio Rondón, Rector del CNE, declaró “… su no aceptación a estos resultados…”, destacando “…el incumplimiento a la normativa electoral, así como a los acuerdos suscritos por los propios candidatos…”, al tiempo que ponía a la orden de los candidatos su oficina “para atender las denuncias y esclarecer” los reparos que se pudiesen tener respecto a estos comicios. Tampoco en este caso hubo declaración alguna por parte de las autoridades electorales, lo que no deja de sorprender. En virtud de lo anteriormente expresado el OEV estima que lo ocurrido en el evento electoral del domingo 20 de mayo, dejó en los venezolanos la convicción generalizada de encontrarse ante unos comicios que no cumplieron los requisitos mínimos necesarios para ser calificados de imparciales, equitativos, transparentes y, por ende, confiables. Fue, por tanto, un evento que dejó dudas en las cifras emitidas y que puso de manifiesto las actuales inconsistencias de nuestro arbitraje electoral, derivadas fundamentalmente de su actuación parcializada. Dudas que comenzaron a generarse desde el momento mismo en que la Asamblea Nacional Constituyente llamo a la realización de los comicios. Tenemos, pues, al Presidente Maduro re elegido en medio de incidentes, que cuestionan severamente la legitimidad de su nombramiento.
Después de realizados las pasadas elecciones. el país sigue, entonces, enganchado en su crisis, aun cuando ésta cobró otras dimensiones y características que obligan a los diversos actores políticos a repensar su responsabilidad en la elaboración de los consensos necesarios para hacerle frente a los graves desacomodos económicos y sociales que confronta Venezuela.
OEV, 22 de mayo de 2108
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Elecciones Federales en Alemania, 24 de septiembre 2017. Crédito: Reuters
El Bundestag (Parlamento alemán) es elegido en la democracia representativa de la República Federal de Alemania por todos los ciudadanos mayores de 18 años en una elección libre, igual, directa, secreta y no obligatoria. Pero ¿qué es lo que hace seguro al sistema alemán? A diferencia del caso venezolano, en Alemania los ciudadanos confían en las instituciones que controlan el sistema electoral, especialmente en el parlamento y los órganos de los estados federados que funcionan de forma descentralizada, hasta el punto de votar por correo
Más de 46,97 millones de alemanes –de los 61,5 millones esperados (equivalente al 76,2% de participación)– acudieron a las urnas el pasado domingo 24 de septiembre para decidir el futuro político de su país tras elegir a 709 diputados para el 19 período legislativo del Parlamento. De los 42 partidos que se presentaron a las elecciones, el partido de la actual canciller Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), ganó junto a su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) los comicios por cuarta vez consecutiva con alrededor del 33% de los votos –correspondiéndole una asignación provisional de 246 escaños–, manteniéndose como primera fuerza parlamentaria después de 12 años frente al poder que, sin embargo, se vio debilitada frente a la votación del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD): por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de extrema derecha llegó al Parlamento, posicionándose como el tercero más votado. Ese día, las escuelas, centros municipales y otros recintos estuvieron abiertos para votar entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Sin embargo, no todos los electores tienen que asistir a los centros ese día. La modalidad de voto por correo (también conocido como voto postal o voto anticipado) se ha hecho cada vez más popular –preferido por alrededor del 30% de la población–, permitiendo a los ciudadanos votar fuera de su distrito electoral al acudir a la sede de su autoridad electoral local unos días antes o enviar su decisión por carta. Este mecanismo se instaló como una fórmula excepcional en 1957 para garantizar el acceso al sufragio a quienes tenían la movilidad limitada, pero se ha hecho una práctica habitual, para la que el ciudadano debe hacer una solicitud previamente.
Elecciones Federales en Alemania, 24 de septiembre 2017. Crédito: Reuters
¿Cómo funciona el sistema electoral alemán?
El sistema electoral mixto alemán ha servido de modelo para otras naciones, entre ellas Venezuela, y sus elementos están recogidos en la Ley Electoral Federal (Bundeswahlgesetz). Se trata de un sistema de representaciónproporcional personalizado (RPP), cuyo funcionamiento está diseñado para garantizar que el número de escaños asignados sea similar al porcentaje de votos obtenidos y forzar a los partidos a pactar para alcanzar la gobernabilidad. Una de sus mayores ventajas es la relación entre electores-representantes y el peso del voto, intentando que sea esencialmente igual entre los habitantes de cada distrito.
Doble voto, doble papeleta
El modo de repartición de los escaños en el Bundestag –como se conoce a la cámara baja del parlamento– se caracteriza por combinar el principio de proporcionalidad con elecciones de candidatos por nombre y apellido en distritos uninominales que rige para la mitad de los escaños. Así, cada cuatro años los ciudadanos de los 299 distritos del país acuden a las urnas para emitir dos votos independientes: en la casilla izquierda de la papeleta los electores escriben su “primer voto” para elegir de forma directa al diputado nominal de su distrito, mientras que en la casilla de la derecha emiten su “segundo voto” para escoger a un partido político que postula candidatos mediante listas cerradas en los 16 estados federados. Este segundo voto es decisivo porque determina la cantidad de parlamentarios por organización política y, sobre todo, el partido que obtendrá el Ejecutivo, ergo, define el líder que asume el cargo de Canciller (equivalente al Jefe de Gobierno). Los escaños correspondientes a este segundo voto se reparten únicamente entre los partidos que obtengan un mínimo del 5% del “segundo voto” o tres mandatos directos por el “primer voto”, ambas cláusulas evitan la presencia de grupos muy minoritarios de forma proporcional. El Bundestag es el encargado de decidir las leyes federales, elegir al Canciller de Alemania y controlar el trabajo del gobierno, lo que significa que tiene mayores funciones que el Bundesrat o Consejo Federal, conocido como la Cámara Alta. Una de las particularidades del parlamento es que no tiene un número fijo de diputados, cuenta con un mínimo de 598 escaños a los que se pueden añadir asientos adicionales hasta alcanzar los 800 curules.
Elecciones Federales en Alemania, 24 de septiembre 2017. Crédito: Reuters
Asientos adicionales
Desde 2008 los diputados al Parlamento son asignados usando el método Sainte-Laguë que es un procedimiento matemático de distribución (a partir de la reforma a la Ley Electoral del 17 de marzo) que consiste en dividir el número total de votos entre cocientes impares (1, 3, 5, 7 y así sucesivamente). Se diferencia del que tradicionalmente se usa en Venezuela (método de D´Hondt) por utilizar cocientes sucesivos (1, 2, 3, 4, etcétera). El número de mandatos directos es muy importante porque puede cambiar la distribución de escaños determinada por los segundos votos: si un partido obtiene más mandatos directos que los correspondientes a sus votos por lista, se generan mandatos excedentarios. Sin embargo, esta característica fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Federal, generando la reforma de la ley electoral en 2013. Actualmente, si un partido obtiene más mandatos directos que los determinados por los segundos votos se conceden mandatos compensatorios a los otros partidos hasta que el número total de mandatos por partido (directos más por lista) refleje lo más fielmente posible la proporción de segundos votos obtenidos por cada partido.
Candidatos: Para las elecciones de 2017, el número de candidatos ascendió a 4.828, lo que supone 400 más que en los comicios del 2013. Sólo los partidos políticos que hayan sido representados con al menos cinco delegados en el Bundestag, en las últimas elecciones, podrán postular a sus propios candidatos. El resto de partidos tendrán que comunicar previamente a la Oficina Federal Electoral a sus postulados, en un plazo máximo de 90 días antes de la jornada electoral, dichos candidatos deberán haber sido aceptados previamente por la Comisión Electoral Federal. Además, a los candidatos se les permite competir simultáneamente en un distrito uninominal y en una lista de partido.
Circuitos electorales: La distribución de los distritos electorales uninominales debe hacerse en proporción a la población. Según el artículo 3 de la Ley Electoral Federal, al delinear los distritos electorales no debe haber una diferencia superior al 15% en el tamaño de los distritos electorales. Poco antes de cada elección al Bundestag se revisan los distritos uninominales y de existir una diferencia poblacional entre ellos superior al 25%, debe diseñarse una nueva subdivisión.
El mayor efecto que genera el sistema electoral alemán es la alta proporcionalidad entre votos y escaños. De esta forma, se promueve la creación de gobiernos de coalición considerados estables y legítimos por el electorado.
¿Quiénes cuentan los votos?
En Alemania, todo ciudadano que haya cumplido los 18 años puede inscribirse de forma voluntaria en su distrito para colaborar como ayudante en el proceso de votación, pero también les puede ser solicitado que cumplan con esa tarea, algo que solo pueden rechazar por razones comprobables, como lo exige el Servicio Electoral Obligatorio implementado en Venezuela. Parte del trabajo de estos ayudantes electorales incluye verificar que las urnas están vacías al comienzo de los comicios, comprobar el permiso de sufragio que cada elector recibe previamente por correo y vigilar que los votantes no estén sometidos o sean presionados para votar por una opción en el lugar donde depositarán su boleta. Si, por ejemplo, los miembros de un determinado partido intentaran ganar un par de votos locales, estos ayudantes electorales deberían impedirlo. Exactamente a las 6:00 de la tarde, los ayudantes cierran los centros y cuentan los votos. Con esta figura se intenta evitar la manipulación de votos.
Elecciones Federales en Alemania, 24 de septiembre 2017. Crédito: Reuters
¿Quién administra o controla el sistema electoral?
En caso de presentarse una disputa electoral, ¿quién resolvería el conflicto? En la nación europea no existe una institución equivalente al Consejo Nacional Electoral venezolano, como poder independiente. De la resolución de controversias entre los contrincantes se encargan el Bundestag, a través de una Comisión de Verificación Electoral, que constituye la primera instancia para recibir y resolver posibles apelaciones sobre la validez de las elecciones generales; mientras que la segunda, y última, corresponde al Tribunal Constitucional Federal, que se encarga de resolver de forma definitiva las apelaciones. Sin embargo, también existen procedimientos de control previo para la resolución de impugnaciones (al censo electoral, papeletas electorales, candidaturas directas o listas regionales), llevado a cabo por una serie de órganos. Conviene antes recordar que la configuración de Alemania como República Federal provoca que cada Land (estado federado) cuente con una normativa electoral que, aunque puede diferir en mayor o menor medida de la regulación central, suele inspirarse en la Ley Electoral Federal. Por ello, en comicios regionales, el Bundestag, carece de potestad para examinar la validez de aquéllas, correspondiendo tal función al parlamento regional respectivo (equivalente a los Consejos Legislativos en Venezuela). El artículo 8 de la Ley Electoral Federal enumera los organismos electorales administrativos encargados de preparar y dirigir las elecciones, como también resolver las quejas e impugnaciones en materia electoral previas al evento, variando aquellos en función del objeto de la reclamación. Al frente de la supervisión de las elecciones federales se sitúa el Director Electoral Federal, designado por el Ministerio Federal del Interior, puesto que tradicionalmente suele ocuparlo el presidente de la Oficina Federal de Estadística. Con aquél cooperan los dieciséis directores electorales de los estados federales, los directores electorales de distrito, los presidentes de las mesas electorales y, por lo menos, un presidente electoral y un comité electoral para cada distrito electoral. Estos directores y presidentes son elegidos por el gobierno del estado. En la resolución de las impugnaciones, en la cúspide se encuentra la Comisión Electoral Federal, compuesta, por un lado, por el mencionado Director Electoral Federal, que la preside, y otros ocho miembros del Bundestag, propuestos por la Cámara Baja. Pero, además de esos nueve integrantes se unen dos magistrados del Tribunal Federal Contencioso-Administrativo, que serán igualmente nombrados por el Director Electoral Federal a propuesta del presidente del tribunal. De esta forma, las reticencias ya apuntadas en relación con la capacidad del correspondiente ejecutivo para designar al Director Electoral Federal o al Director Electoral del Land quedan parcialmente neutralizadas con la presencia de dos jueces, contribuyendo en gran medida a reforzar la imparcialidad de los órganos de control electoral. La designación de los vocales de los diferentes organismos electorales habrá de llevarse a cabo por los partidos políticos en un orden de prioridad que se corresponderá con los resultados obtenidos por ellos, en el ámbito territorial de que se trate, en las últimas elecciones generales. Los partidos políticos consideran beneficiosa su participación en esas comisiones, afirmando estar, en general, satisfechos con la actuación de la Administración electoral en los distintos niveles (tal y como lo describe la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa –OSCE, en su edición digital de 2013). Básicamente, las diferencias principales con el sistema venezolano radican en la alta confianza que gozan las instituciones en el país anglosajón y en la autonomía municipal de cada estado.
