El pasado 14 de noviembre, contra viento y marea, los estudiantes de la Universidad de Carabobo llevaron a cabo, luego de no haber podido hacerlo en los últimos diez años, la elección de sus representantes a los organismos de gobierno y cogobierno. La participación fue masiva y resultaron triunfantes las planchas encabezadas por los jóvenes opositores al oficialismo.
Sin embargo, el 27 de noviembre, mediante una cuestionada decisión jurídica, que, entre otras cosas ignoró olímpicamente la autonomía universitaria, el TSJ determinó, no la anulación de los comicios y la obligación de repetirlos, lo que de por sí hubiese sido una incontestable arbitrariedad, sino la victoria de la candidata oficialista a la Presidencia de la Federación de Centros Universitarios, no obstante haber obtenido apenas el 20 por ciento de los votos, contra el 80 por ciento de quien resultó vencedor en las urnas. Significa lo anterior que fue el TSJ el que eligió, entonces, a Jessica Bello sin importar que fue Marlon Díaz, quien resultó seleccionado en los comicios estudiantiles.
Semejante decisión reitera el que pareciera un propósito estratégico del Gobierno, el de achicar la democracia lo más posible en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, convirtiendo cada votación, no importa el escenario, en un evento diseñado bajo condiciones que procuren el triunfo de sus candidatos, o, en el caso de una derrota, que tramiten su anulación, el desconocimiento de sus consecuencias políticas (por ejemplo nombrar “protectores” en las gobernaciones en donde triunfe un candidato contrario), mediante la intervención de algún otro organismo del poder público, el TSJ en el presente caso, pero que podría ser cualquier otro, vistas las irregularidades con las que funcionan nuestros poderes públicos.