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Primera quincena, mayo de 2023

Elecciones generales el 26 de mayo. Para estas votaciones universitarias se permitirá la participación de los empleados administrativos y los obreros. Siete profesores se disputan la silla de Vargas. Expectación por lo que puede constituir el principio de una nueva etapa de renovación de la gerencia universitaria en el sector público nacional. Se trata de unos comicios de mucha importancia para Venezuela. La participación es fundamental

Bajo la torre del reloj de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se acerca la hora de votar. Las elecciones generales que debieron celebrarse en el primer semestre de 2012, hace 11 años, serán, finalmente, este próximo viernes 26 de mayo de 2023.

El conflicto político y la parcializada intervención del Poder Judicial sobre la autonomía universitaria dilataron la efectiva convocatoria a un proceso electoral en la UCV. En la última década se fue tornando cada vez más indispensable la renovación de los liderazgos en la primera y más antigua casa de estudios universitarios del país. El consenso, fruto del diálogo, puso fin a la traba. Todos los actores tuvieron que ceder, anteponiendo el futuro de la comunidad universitaria.

Son 293 cargos a elegir y alrededor de 221.000 los miembros de la comunidad universitaria habilitados para votar.

Estas son las preguntas clave sobre esta cita con la democracia universitaria, que seguramente abrirá camino a una nueva etapa dentro del escenario universitario nacional.

¿Qué se elige este 26 de mayo?

Este proceso electoral permitirá elegir:

• Un rector, un vicerrector académico, un vicerrector administrativo y un secretario, para el período 2023-2027.
• 11 decanos (uno por facultad), 11 candidatos al Consejo de Apelaciones (uno por facultad) y 5 representantes profesorales ante el Consejo Universitario, para el período 2023-2026.
• 77 representantes profesorales ante los Consejos de Facultad (siete por facultad) y 185 representantes profesorales ante los Consejos de Escuelas (cinco por escuela, a razón de 37 escuelas), para el período 2023-2025.

¿Quiénes pueden votar?

En esta ocasión, según el reglamento transitorio aprobado por el Consejo Universitario el 20 de julio de 2022, tienen derecho a voto los siguientes cinco sectores electorales:

• 1. Profesores activos y jubilados, indistintamente de su escalafón.
• 2. Estudiantes regulares de pregrado.
• 3. Personal Administrativo activos y jubilados.
• 4. Obreros activos y jubilados.
• 5. Egresados de pregrado.

El proceso de votación es presencial. El único documento requerido es la cédula laminada, vigente o vencida o, en su defecto, el pasaporte. Las mesas funcionarán el viernes 26 de mayo en horario comprendido de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en la Ciudad Universitaria de Caracas y en los núcleos de Maracay, Barquisimeto, Barcelona y Ciudad Bolívar. Las mesas estarán ubicadas en cada una de las facultades.

¿Cómo se vota?

El Consejo Universitario decidió el pasado 25 de enero hacer esta elección general con equipos de lectoras ópticas que son propiedad de la institución. Los votantes deberán rellenar óvalos en una boleta impresa, e introducirla en la máquina. El número de votos varía, según el sector electoral al que se pertenezca: por ejemplo, ni el personal administrativo ni los obreros tendrán derecho a votar para los representantes profesorales a las distintas instancias del cogobierno universitario.

1. Tanto los profesores activos no adscritos a una facultad como todos los profesores jubilados, bien sea que estén adscritos o no estén adscritos a una facultad, podrán ejercer el voto para elegir rector, vicerrectores, secretario y representantes profesorales ante el Consejo Universitario.

Además de los cargos anteriores, los profesores activos adscritos a una facultad también podrán votar para elegir decano, candidatos al Consejo de Apelaciones, representantes profesorales ante el Consejo de Facultad y Consejo de Escuela.

2. Los estudiantes de pregrado podrán ejercer el voto para elegir rector, vicerrectores, secretario, decano y candidatos al Consejo de Apelaciones.

3. El personal administrativo activo no adscrito a una facultad, así como todo el personal administrativo jubilado, tanto el de dependencias centrales como el adscrito a alguna facultad, podrá ejercer el voto para elegir rector, vicerrectores y secretario.

Además de los cargos anteriores, el personal administrativo activo adscrito a cualquier facultad también podrá ejercer el voto para elegir decano y candidato al Consejo de Apelaciones.

4. El personal obrero, activo o jubilado, adscrito a dependencias centrales, podrá ejercer el voto para elegir rector, vicerrectores y secretario, así como los jubilados adscritos a alguna facultad. Además de poder elegir a los cargos anteriores, el personal obrero activo perteneciente a facultades también podrá votar por decano y candidato al Consejo de Apelaciones.

5. Todos los egresados de pregrado podrán ejercer el voto para elegir rector, vicerrectores, secretario, decano y candidatos al Consejo de Apelaciones.

¿Cuáles cargos son personalizados y cuáles por listas?

Los cargos a rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, secretario, decano y candidato al Consejo de Apelaciones son uninominales, es decir, el elector vota para cada cargo de forma individual seleccionando sólo un candidato por cargo.

¿Y cómo serán adjudicados? El artículo 7 del reglamento transitorio establece que el candidato al cargo postulado que haya obtenido la mayoría de los votos (mitad más uno), sumados los votos de todos los sectores electorales, se proclamará como candidato electo.

Entre tanto, para los cargos de representantes profesorales ante el Consejo Universitario, ante el Consejo de Facultad y ante el Consejo de Escuela la forma de elección es mediante listas abiertas.

¿Qué quiere decir listas abiertas? Es un sistema de representación proporcional personalizada, a través del cual cada grupo u opción electoral presenta una lista de candidatos. Cada elector votará por un máximo de candidatos igual al número de representantes principales a elegir. Un elector puede escoger candidatos, ya sea de una misma lista o entre varias listas.

¿Y cómo serán adjudicados? Esta adjudicación se hará por el sistema de representación proporcional personalizada (método de D’Hont, según el artículo 80 del Reglamento de Elecciones Universitarias del 31-10-2007).

¿Cómo se contarán los votos?

Tomando en consideración que la comunidad académica es la responsable de crear, asimilar y difundir el conocimiento mediante la investigación y la enseñanza, para la formación científica y humanística de los estudiantes, su dirección descansa en el cuerpo docente, dice el reglamento transitorio.

Con base en lo anterior, se establecieron porcentajes de participación asignados a cada sector, los cuales se calculan sobre el número total de profesores votantes:

• A los estudiantes regulares de pregrado les corresponde un porcentaje de 25 %.
• A los egresados les corresponde un 5 %.
• Al personal administrativo le corresponde un 10 %.
• Al personal obrero le corresponde un 10 %.

Para determinar la participación del voto de los sectores Estudiantes, Egresados, Personal Administrativo y Personal Obrero, se aplicará el factor de proporcionalidad del voto o factor de conversión del voto en cada sector electoral (FPVS). ¿Qué es esto?

El FPVS se define como el cociente del porcentaje de participación asignado al sector electoral (PPS) por el número total de profesores que votaron (NTPV) entre el número total de votantes del sector electoral (NTSV) con cinco cifras decimales, procediendo de la siguiente forma: si la sexta cifra decimal es menor a 5, no se realiza el ajuste, si es mayor o igual a cinco la quinta cifra decimal se ajustará a la inmediata superior. Esta es la fórmula:

Veámoslo ahora de manera más fácil y gráfica: el profesor ucevista Alberto Fernández compartió en sus redes sociales este video que hizo junto a la también profesora Nashla Báez, con el propósito pedagógico de aclarar dudas sobre la participación de los diferentes sectores en estas elecciones:

¿Quiénes son los candidatos?

La Comisión Electoral de la UCV publicó el 5 de mayo su Boletín Nº09/2023, que contenía las listas y candidatos aceptados. Luego, publicó el 12 de mayo el Boletín Nº10/2023, con las decisiones sobre impugnaciones de listas y candidatos aceptadas. En consecuencia, el Boletín Nº11/2023 contenía la oferta electoral.

El 15 de mayo, sin embargo, la Comisión Electoral informó sobre su decisión de publicar un nuevo boletín de decisiones sobre impugnaciones de listas y candidatos aceptados, así como otro boletín con el listado de candidatos definitivos, “con la corrección y subsanación de errores contenidos en los boletines números 10 y 11”, los cuales quedaron sin efecto. En consecuencia, el Boletín N°13/2023 contiene una nueva corrección y subsanación de decisiones sobre impugnaciones de listas y candidatos aceptadas.

La oferta electoral con las listas y los candidatos definitivos está, finalmente, contenida en el Boletín Nº14/2023. Están en competencia 884 candidatos.

En este Boletín OEV haremos énfasis en los cargos de las cuatro autoridades principales, a los cuales aspiran candidatos de siete diferentes listas:

Las cuartetas

¿Habrá segunda vuelta?

En el caso de que ningún candidato haya logrado la mayoría de votos (mitad más uno), se procederá a una segunda vuelta, con los dos candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos.

De ser necesario, el cronograma electoral fija la celebración de segunda vuelta para el 23 de junio. El acto de juramentación de los ganadores deberá ser programado durante la semana del lunes 10 al viernes 14 de julio de 2023.

¿Por qué esto es importante?

La autonomía, como conquista de los universitarios y derecho constitucional, es un valor en juego en la Venezuela contemporánea. Votar para renovar la conducción académica y administrativa de la UCV puede verse también como la acción que abra el candado para la celebración de próximos comicios que también se encuentran en mora desde hace varios años en el resto de las universidades públicas autónomas del país.

En este sentido, cabe señalar que el reglamento que pauta los comicios ucevistas es transitorio (tendrá vigencia hasta 15 días después de la proclamación de todos los ganadores) y no es válido para el resto de las universidades públicas autónoma.

La UCV está llamada a dar el ejemplo, con una votación transparente y respetuosa de las diferencias que refleje la pluralidad y la sana convivencia propia de la universidad.

Más allá del sector universitario, muchos gremios y colegios profesionales también reclaman desde hace rato que se destraben los obstáculos y les permitan, en el marco de la libertad de asociación, seguir decidiendo de manera orgánica el futuro de sus entes. Porque la democracia debe seguirse ejerciendo y defendiendo desde las instancias más próximas al ciudadano.

En el OEV, desde el amparo del derecho a elegir y a participar de manera cívica en los asuntos públicos, animamos a la participación de la comunidad universitaria en este micro radiofónico informativo que hemos divulgado en las últimas semanas en alianza con el circuito nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría:

(Otras) siete preguntas frecuentes

Ahora, para terminar, con base en el instructivo Nº 1 de la Comisión Electoral de la UCV para esta elección, compartimos respuestas a siete preguntas frecuentes sobre estas elecciones, que pueden ser de utilidad:

1. ¿Los estudiantes de nuevo ingreso aceptados, pero que aún no han comenzado clases, votan?

R: Siempre y cuando ya estén inscritos debidamente en la UCV por Secretaría. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Universidades, son estudiantes de las universidades las personas debidamente inscritas en ellas.

2. Si soy egresado de FACES y profesor de Arquitectura, ¿dónde puedo votar?

R: Vota en Arquitectura como profesor.

3. Si soy empleado u obrero y estudiante, ¿en qué condición puedo votar?

R: Vota como estudiante.

4. Si soy empleado u obrero y profesor, ¿en qué condición puedo votar?

R: Vota como profesor.

5. Si soy profesor jubilado, ¿puedo votar como egresado por decano?

R: No puede, el profesor jubilado no puede cambiar su condición.

6. Si soy estudiante en dos escuelas o facultades, ¿dónde debo votar?

R: En la Escuela en la cual ingresó primero.

7. ¿Pueden votar egresados de pregrado con más de 50 años de graduados?

R: Sí, para esta elección fueron incluidos en los Registros Electorales todos los egresados de la UCV.

Primaria: definidos los reglamentos que regirán el proceso

En 216 artículos, distribuidos en seis distintos reglamentos complementarios, se hallan contenidos todos los procedimientos que regirán el proceso comicial primario de un sector de la oposición política, para elegir candidato presidencial rumbo al 2024.

La Comisión Nacional de Primaria publicó el 7 de mayo, finalmente, después de la prórroga para consultas que se había dado, los instrumentos que aclaran las reglas de juego de esta elección.

¿Cuáles son y qué dicen los reglamentos?

1. Reglamento para la participación de electores venezolanos en el exterior en la elección primaria de 2023

El texto establece que podrán votar los venezolanos ya inscritos en el Registro Electoral del CNE para votar en el exterior y también los que, ya estando en el RE, actualicen sus datos para votar en la primaria, con el mecanismo interno de la Comisión. ¿De cuánta gente estaríamos hablando? Los venezolanos inscritos en el RE para votar en embajadas y consulados son casi 108.000, pero venezolanos migrantes ya inscritos en Venezuela y que no han podido actualizar su dirección son por lo menos 3.000.000, como avanzó el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, en entrevista el 9 de mayo. Allí también adelantó que se podrá votar en unas 70 ciudades o localidades del mundo que tienen la mayor concentración de venezolanos. Establecerán mediante instructivo el plazo y procedimiento a seguir para la actualización de datos. El acto de votación en el exterior se hará de forma manual y presencial.

Dos cosas que vale la pena aclarar:

a) los venezolanos en el exterior solo podrán hacer una actualización sobre el RE de la primaria -basado en el RE del CNE- y con ello cambiar la dirección para votar a una ciudad más cercana a donde viven ahora, pero no podrán inscribirse nuevos electores en ese registro de la primaria.

b) actualizarse para votar el 22 de octubre en este proceso no implica de ninguna manera ni se traduce en actualizarse para votar en la presidencial. Ese es un trámite que compete al CNE.

2. Reglamento sobre postulaciones, sustituciones y manifestaciones de apoyo a candidaturas para la elección primaria de 2023:

Entre los requisitos para ser candidato enumeran, entre otros, los de “haber demostrado un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados”, así como la obligatoriedad de suscribir una declaración de principios democráticos para garantizar la gobernabilidad y de suscribir un Programa Mínimo de Gobierno. Quien sea aspirante debe comprometerse a acatar las decisiones, reglamentos e instructivos de la Comisión, y a apoyar a quien resulte ganador. Se habla de un “compromiso voluntario de contribuir con los costos del proceso”. La inscripción de candidaturas iniciará el 24 de mayo y finalizará el 23 de junio de 2023. Permitirán sustituciones hasta 72 horas antes de la votación, en casos extraordinarios y no quedarán reflejadas en boleta.

3. Reglamento en materia de propaganda, publicidad y mensajes electorales en la campaña electoral de la elección primaria de 2023

La campaña durará ocho semanas, del 22 de agosto al 20 de octubre de 2023, bajo principios de igualdad, convivencia, respeto mutuo y consideración a las otras candidaturas y a la ciudadanía, observancia de las reglas, austeridad y equilibrio. La Comisión establecerá mecanismos para promover los principios de trato respetuoso y de igualdad de oportunidades en la publicidad de candidatos. A tal efecto, podrá programar debates por medio de actos públicos en comunidades, universidades, gremios, programas de radio, televisión y portales de noticias. Las sanciones por incumplimiento de las normas de campaña van desde amonestación verbal o escrita, pasando por la suspensión temporal de propaganda electoral o, en caso de reincidencia, la suspensión definitiva de la propaganda, hasta la descalificación del candidato en los casos de reincidencia más grave.

4. Reglamento de testigos electorales en la elección primaria de 2023

Los candidatos tendrán un testigo ante la Comisión. Igualmente, tendrán derecho a la designación de testigos acreditados ante las Juntas Regionales y ante las Mesas Electorales. También podrán designar testigos para las auditorías, o para otros actos electorales. La obstrucción u obstaculización por parte de los testigos electorales del normal desenvolvimiento del proceso electoral acarreará la revocatoria inmediata de la credencial respectiva. El testigo suplente podrá incorporarse a la revocatoria del principal. El procedimiento de acreditación de los testigos electorales será automatizado, y se regirá por un instructivo.

5. Reglamento de totalización, impugnaciones y nulidad de actas y resultados electorales en la elección primaria de 2023

Deja claro este reglamento que el acto de totalización es competencia de la Comisión Nacional de Primaria y se realizará dentro de las 48 horas siguientes al anuncio de la Comisión que formalice la finalización del acto de votación, con presencia de los testigos de los candidatos. Una vez concluido el proceso de totalización de votos, comenzará un lapso de 24 horas para impugnar motivadamente los actos y los resultados electorales ante la Comisión. “Para declarar la nulidad de la votación es fundamental que la parte impugnante pruebe suficientemente el hecho denunciado. En ausencia de plena prueba de tales hechos legalmente obtenida, se desestimará su impugnación”, aclara el artículo 20.

6. Reglamento sobre actos electorales en la elección primaria de 2023

Este texto clave establece las normas que regularán los actos de instalación, constitución, votación, escrutinio, verificación ciudadana, cuando corresponda, y distribución y disposición del material electoral. Cinco datos importantes son:

6.1. La Comisión Nacional de Primaria es el órgano rector y la instancia superior de la organización, administración, dirección y supervisión de la primaria, aunque haga uso de su facultad de solicitar apoyo técnico o logístico.

6.2. Sobre el sistema electoral, dice: “El sistema previsto para el funcionamiento de la mesa electoral y el acto de votación podrá ser automatizado o manual según lo determine la Comisión Nacional de Primaria”.

6.3. Cada centro de votación debe contar con un coordinador de centro de votación, pero también se designará un monitor, postulado por la sociedad civil y seleccionado por la Comisión, quien “tendrá la responsabilidad de transmitir los resultados de cada una de las mesas del centro de votación asignado al sistema de totalización nacional”.

6.4. El voto es secreto. El acto de votación se iniciará a las 8:00 a.m. y se cerrará a las 4:00 p.m., salvo que haya electores esperando en cola.

6.5. Durante el proceso electoral los cuadernos de votación y cualquier otro material electoral que identifique a los votantes serán “eficaz y cuidadosamente resguardados para preservar la identidad de los votantes”. Los miembros de las Juntas Regionales dispondrán del material electoral, “de forma que quede completamente a salvo la identidad del elector”.

América Latina: Chile definió constituyentes y Paraguay eligió gobernantes

🇨🇱 | Chile

Con 84,87 % de participación, en un contexto de voto obligatorio, los chilenos escogieron este 7 de mayo a los 50 integrantes del Consejo Constitucional 2023, una suerte de asamblea constituyente que se encargará de debatir y presentar un borrador de nueva Constitución que deberá ser votado en referéndum a finales de este año.

Llamó la atención que el 16.98 % de los votos fueron nulos y el 4,56 % en blanco. Analistas explicaron a EFE que esto tiene relación con cierto rechazo al carácter obligatorio del voto, con falta de información, con el poco clima electoral de la campaña o porque el votante no se identificaba con ninguna opción. Análisis de medios refieren que las dos alianzas de derecha aglutinan 34 curules, suficientes para imponer su mayoría calificada de 3/5.

Después de peruanos y colombianos, los venezolanos fueron la tercera comunidad migrante con mayor concentración de electores por otras nacionalidades, con 66.142 venezolanos con derecho a voto en Chile, su país de acogida, según el Servicio Electoral chileno. Por el contrario, si las elecciones presidenciales venezolanas fuesen este domingo, apenas 2.076 venezolanos en Chile tendrían derecho a voto para poder participar, aunque la migración hacia ese país sureño supera los 450.000 nacionales, según la ONU. Otra evidencia de la urgencia de actualizar el Registro Electoral venezolano para el próximo ciclo electoral venezolano.

🇵🇾 | Paraguay

La votación, el 30 de abril, en la cual resultó vencedor de la presidencia el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña (42 %), fue calificada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como una elección bien organizada con retos pendientes. La participación se situó en 63,24 %.

También en su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos tomó nota del voto de los paraguayos en el exterior: en comparación con la última elección general en 2018, en estas elecciones hubo un incremento de 8,73 % en el número de ciudadanos paraguayos en el exterior registrados como electores (de 38.170 a 41.505). Sin embargo, de acuerdo con algunas estimaciones del Estado paraguayo más de 1,3 millones de sus nacionales residen en el exterior, lo que representa un número considerablemente mayor al de paraguayos registrados para votar. Los países desde los cuales se podía votar eran Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, los mismos de la última contienda.

La MOE OEA saludó la aprobación de una ley, en 2022, que establece la inscripción automática en el Registro Cívico de los paraguayos residentes en el extranjero, entre otras medidas para facilitar su inscripción. También notaron, sin embargo, que aún deben realizarse mayores esfuerzos regulatorios y organizativos para facilitar e incrementar el voto en el exterior.

Mundo: Turquía, en duelo reñido por la Presidencia

🇹🇷 | En una Turquía profundamente dividida tras dos décadas de Recep Tayyip Erdogan en el poder, el duelo para elegir al decimotercer presidente de ese país se ha tornado muy reñido.

Turquía se prepararía para una inédita segunda vuelta electoral el próximo 28 de mayo, luego de la votación de este 14 de mayo en la cual el presidente Erdogan aventajó a su rival Kemal Kilicdaroglu pero no logró la victoria. El opositor dio por hecho que habría nueva votación y prometió ganar esa segunda vuelta, reseñó la AFP.

Con un 90,6 % de los votos escrutados, al cierre de este Boletín OEV, el conservador Erdogan obtenía el 49,86 % de los sufragios mientras que su rival, el socialdemócrata y laico Kiliçdaroglu, el 44,38 %, según la agencia estatal Anadolu.

Las cifras aún pueden evolucionar en ese país de 85 millones de habitantes y algo más de 64 millones de personas, que también eligieron a su parlamento, llamadas a votar.

Erdogan prometió respetar el resultado en las urnas, que es monitoreado por cientos de miles de observadores electorales de ambos bandos. Esta es una noticia en desarrollo.

Recomendación al cierre

Es urgente defender la democracia de todo lo que la acecha, y para ello se requiere recrearla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. Las anteriores son de las ideas clave pronunciadas por el poeta venezolano Rafael Cadenas en su discurso de recibimiento del Premio Cervantes 2022, el pasado 24 de abril en España. EN ESTE VIDEO puedes revivir la ceremonia completa, pero si quieres ir directo a las palabras del maestro, ubica el minuto 20.

Segunda quincena, abril de 2023

El quinto voto hace falta para retomar discusiones y decisiones importantes de los próximos procesos comiciales, como la actualización del Registro Electoral y el reglamento del sufragio en el exterior

Hablemos de la administración electoral y sus tiempos: hace casi dos años, el 4 de mayo de 2021, juraron los 15 integrantes del Consejo Nacional Electoral; cinco principales con sus 10 suplentes. El quinto poder público del Estado empezaba una nueva era. Pero hace un año, el 26 de abril de 2022, uno de los rectores principales fue designado para asumir funciones en el Poder Judicial, generando así una falta absoluta que todavía no ha sido cubierta. En consecuencia, el actual directorio del CNE lleva incompleto la mitad de su tiempo en funciones.

Si seguimos revisando fechas, de hecho, la vacante absoluta de la exrectora principal Tania D’Amelio ocurrió un día antes de su designación en la Asamblea Nacional como nueva magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, porque le fue aprobada su jubilación el 25 de abril de 2022, según consta en la Resolución 220425-0027 del CNE publicada en la Gaceta Electoral N° 1011 de fecha 26 de abril.

El ente rector del Poder Electoral tiene al directorio como cabeza de su organigrama. Está compuesto por cinco miembros. Si bien la mayoría de sus decisiones se toma por mayoría simple, de tres votos, algunas otras que precisa la legislación respectiva ameritan acuerdo de cuatro votos.

“El CNE requiere de un mínimo de tres rectores electorales para su funcionamiento. Las decisiones del órgano se tomarán con el voto favorable de por lo menos tres de sus miembros, salvo en los casos en que la ley exija cuatro votos”, dice el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

Dos de los actuales rectores electorales son vinculados al oficialismo y los otros dos a la oposición. En los directorios celebrados durante el último año se han podido aprobar cuestiones más administrativas, como beneficios de jubilaciones y de pensiones o como certificaciones de procesos electorales de diversas organizaciones sindicales que recientemente fueron efectuadas, las cuales contaron con la autorización de convocatoria y la verificación del CNE en lo referente al cumplimiento de su proyecto electoral.

Pero otros temas prioritarios de la agenda electoral, posiblemente más controvertidos por su impacto político, permanecen engavetados. Un ejemplo es la propuesta de reglamento de voto en el exterior consignada por el vicepresidente Enrique Márquez en agosto de 2022. Por otra parte, aunque en el papel presuntamente existiría presupuesto para hacerlas este año, nada se ha aprobado tampoco sobre jornadas especiales que permitan masificar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, dentro y fuera de Venezuela.

Las anteriores son apenas dos de unas cuantas decisiones demoradas, que eventualmente requerirían del quinto voto en caso de no haber consenso o mayoría en torno a la propuesta, y cuyo retraso en su aprobación e implementación desde ya afectan el próximo ciclo electoral 2024-2025.

Se cuentan por millones tanto los venezolanos dentro del territorio nacional que requieren inscribirse o actualizar su centro de votación, como los venezolanos en el mundo que igualmente tienen derecho a formar parte del RE o a actualizar su residencia para poder seguir ejerciendo su derecho al sufragio desde la sede consular más cercana a su nuevo domicilio. La no actualización del RE, que por definición legal tiene carácter continuo y debe ser cercano a la gente, lesiona el derecho a elegir.

Lo señalado anteriormente también ha afectado hasta cierto punto las renovaciones de directivas gremiales, como la de la Federación Médica Venezolana, apunta un trabajo reciente de Tal Cual.

Un cargo clave en el CNE

La exrectora D’Amelio también ejercía como presidenta de la Junta Nacional Electoral y como integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Estos son dos de los tres órganos subordinados del CNE. Ambos son clave porque desde el primero se organizan todos actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y desde el segundo se genera la formación, organización, supervisión y actualización del RE.

Se agregan, entonces, otras dos faltas absolutas aguas abajo en el organigrama del ente comicial, no sin impacto, desde luego.

Los tres órganos subordinados del CNE “están integrados por tres miembros, dos de los cuales son rectores electorales y un tercero será uno de los suplentes de un rector electoral, distinto a los rectores que conforman la Junta Nacional Electoral. Serán presididos por un rector electoral, postulado por la sociedad civil”, detalla el artículo 44 de la LOPE.

Ciertamente, la exrectora D’Amelio había sido postulada y designada como rectora electoral por la sociedad civil. Desde su jubilación en el CNE para pasar al TSJ, la Junta Nacional Electoral no puede tener presidente. Desde hace un año solo está conformada por el rector electoral Roberto Picón (postulado por las universidades) y por el rector suplente incorporado Carlos Quintero. Uno vinculado a la oposición y el otro relacionado con el oficialismo.

“Las decisiones de los órganos subordinados del CNE se toman con el voto afirmativo de por lo menos dos de sus integrantes”, precisa el artículo 45 de la LOPE.

La solución que nadie toca

¿Cómo volver a completar el directorio? La respuesta natural está en el artículo 13 de la LOPE, el cual establece la forma en que serán suplidos los rectores principales provenientes de postulaciones hechas por la sociedad civil, como es el caso. Así, tanto lo aprobado por la AN el 4 de mayo de 2021, como lo que informa la web del CNE en su sección de “Autoridades”, coincide: Leonel Párica es el primer suplente y Rafael Chacón el segundo suplente de la exrectora D’Amelio. Ambos han sido en el pasado funcionarios del gobierno, con lo cual a ambos se les vincula públicamente con el oficialismo.

“Las o los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de las rectoras o rectores electorales correspondientes”, dice claramente el mismo artículo 13 de la LOPE. Estamos, o deberíamos estar, ante un trámite administrativo sencillo, ordinario, de ascenso de un suplente ante una vacancia absoluta. Sin necesidad de intervención de los otros poderes públicos.

Pese a lo anterior, la historia reciente del CNE exhibe una larga lista de intervenciones e injerencias de órganos distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico para la conformación e incluso para la toma de algunas decisiones propias del Poder Electoral. Recordemos que venimos tanto de varias directivas designadas por el Poder Judicial, como de polémicos fallos que han socavado la autonomía e independencia del CNE.

En 2024 corresponden elecciones presidenciales y en 2025 se vence el período legal del resto de los cargos de elección popular: Asamblea Nacional, gobernaciones, consejos legislativos estadales, alcaldías y concejos municipales. No es menor, de cara a lo que se juega el poder político en el futuro próximo, la relevancia y el papel que pueda ejercer el nuevo quinto rector electoral del CNE.

Ascender igual a destrabar

Una eventual integración al directorio del suplente respectivo también impactaría positivamente, aguas abajo, sobre el funcionamiento de los dos órganos subordinados que por igual cumplen un año sin uno de sus tres integrantes.

Al respecto, el artículo 10 de la LOPE afirma: “Cada órgano subordinado tiene tres integrantes, de los cuales dos son rectores electorales y un suplente de un rector electoral distinto a los rectores que conforman el órgano subordinado correspondiente. Cuando el suplente del rector electoral que integra el órgano subordinado pasa a ser principal, es sustituido por el segundo suplente. Si éste no pudiere ser sustituido, el CNE nombrará a un tercero con el voto afirmativo de por lo menos cuatro de sus integrantes”.

Es decir, un eventual -aunque por los hechos, poco probable- ascenso de Párica como rector electoral (principal) generaría una vacante en la Comisión de Participación Política y Financiamiento a la cual pertenece hasta ahora en calidad de rector suplente incorporado. Esa vacante, según dice el artículo que acabamos de citar, debería entonces ser ocupada por el segundo suplente Rafael Chacón.

Como ya hemos dicho, los órganos subalternos deben estar presididos por un rector principal postulado y designado por la sociedad civil. En el caso de la presidencia de la Junta Nacional Electoral se presentaría el siguiente escenario: no podría asumirla el rector Picón, porque su designación provino del sector universitario. Como dato para el registro, aunque Párica quedó designado por la AN como suplente por la sociedad civil, lo cierto es que en la lista de elegibles a integrar el CNE figuraba como postulado por el Poder Ciudadano.

Nubarrones

Como hemos citado la ley, también, para finalizar, mencionaremos por igual la fuerza de los hechos o, en este caso, de las declaraciones públicas que han venido enturbiando este asunto.

Enero empezó con un asomo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de “considerar serenamente y atentamente” el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE. Por ley, es función de este poder público designar a los integrantes del ente comicial. Pero por períodos legales, todavía no corresponde renovar a ninguno de sus integrantes en funciones.

El asunto se complica más con la reciente declaración del presidente Nicolás Maduro, quien el pasado 13 de abril volvió a poner en duda (no es la primera vez que lo dice) la fecha de la próxima elección presidencial: “No sabemos si van a ser este año o el próximo, guárdenme ese secreto ahí. ¿Ah, Diosdado (Cabello)? Guárdenme ese secreto, borren esto de la grabación”, dijo intencionalmente a sus seguidores en un acto político.

Con una primaria opositora públicamente anunciada para la segunda quincena de octubre, adelantar la próxima elección presidencial constituiría, además de una violación legal, una clara evidencia de ventajismo oficialista que en nada beneficiaría ni a los venezolanos ni a la democracia. Por el contrario, le abriría un nuevo capítulo a la ya prolongada crisis política, madre de las diversas crisis venezolanas. Estas irregularidades, lamentablemente, contribuyen a la desconfianza y la abstención.

Consenso en Bogotá sobre necesidad de cronograma que permita elecciones con plenas garantías

La Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, celebrada este 25 de abril en Bogotá, identificó posiciones comunes en torno a la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos.

En ese sentido, como se cita en la declaración final, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.

El segundo de los consensos alcanzados establece que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.

Y, como tercera posición común, se aboga porque la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela.

20 países con sus cancillerías coincidieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para hacer “recomendaciones al Gobierno y la oposición venezolana con el fin de llegar a una decisión libre y soberana del pueblo”.

Convocarán prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro, a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado.

Las reacciones

El Gobierno toma nota de las deliberaciones realizadas durante esta conferencia internacional. Mediante un comunicado, Venezuela reiteró que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la Mesa de Negociación en México para la creación de un Fondo Social que, con la liberación de recursos, contempla inversiones en salud, educación, servicios públicos y mitigación de riesgos, así como la liberación de Alex Saab.

“Está demostrado que el desarrollo de un país, el de su pueblo y el de sus instituciones constitucionales y democráticas, no se puede realizar bajo constante agresión, coerción y amenaza”, reaccionó el Gobierno.

La opositora Plataforma Unitaria, por su lado, celebró que en las discusiones que se dieron hubo un consenso total entre todos los países participantes sobre la necesidad de retomar de manera urgente, sin excusas ni más dilaciones, el proceso de negociación establecido en la Ciudad de México.

En un comunicado, la oposición expresó su confianza en que las posiciones comunes den el “impulso necesario” para avanzar en temas “tan sensibles como la liberación de todos los presos políticos”, así como un cronograma que “permita rescatar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y con garantías para todos los venezolanos”.

Primaria: comisión extiende consultas para tomar decisiones clave

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) decidió el 21 de abril abrir el compás de sus consultas sobre algunos de los reglamentos referidos a la elección primaria del candidato presidencial opositor. Consideraron extender hasta el 7 de mayo (y ya no hasta el 24 de abril, como estuvo planteado en principio) el plazo previsto para la publicación de los reglamentos clave del proceso, sin que esto afecte, aclararon, el resto del cronograma electoral.

Son dos los escenarios planteados por la CNP al Consejo Nacional Electoral (CNE) para considerar su posible apoyo técnico a la elección primaria. Según el primer escenario, el CNE facilita a la CNP el uso de unos 5.000 centros de votación para hacer la elección manual, con enlaces del CNE en cada centro y apoyo de funcionarios del Estado para la seguridad. De acuerdo con el segundo escenario, el CNE igual facilita el uso de una cantidad similar de centros, pero también apoya con la utilización del sistema combinado de votación y, adicionalmente, con una jornada amplia del Registro Electoral: al menos dos meses y 1.500 en todas las parroquias del país.

Si extendieron el plazo para la publicación de los reglamentos es porque antes, el 18 de abril, la Comisión Técnica del CNE encargada de decidir sobre las solicitudes hechas con anterioridad por la CNP le entregó un informe a esta comisión del cual podemos resumir cuatro ideas fundamentales: un sí y tres no.

El sí: al entregar el informe de la Comisión Técnica, el presidente del CNE, rector Pedro Calzadilla, le reiteró a la CNP la disposición de las autoridades electorales de apoyar la iniciativa. El CNE “considerará todas aquellas propuestas que coadyuven a fortalecer la participación política, siempre y cuando las mismas no afecten la integridad del sistema electoral venezolano”, según nota de prensa del ente comicial.

Dicho de modo resumido: hubo un sí del CNE a la solicitud de la CNP de brindarles apoyo técnico y logístico en la primaria, pero todo con sus condiciones. Aquí es donde caben los tres no:

1) “La Comisión Técnica del CNE considera inviable la petición de la Comisión Nacional de Primaria de eliminar el proceso de autenticación biométrica del sistema de votación, ya que el mismo forma parte integral del sistema venezolano. Eliminar este proceso generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector un voto. El CNE ha garantizado al país la realización de más de 21 procesos electorales. En todos ellos ha garantizado la seguridad de la identidad de las electoras y electores, así como el secreto del voto”, expresa el informe.

Al respecto, podemos comentar lo siguiente: Venezuela cuenta con voto y escrutinio automatizados desde el año 2004, pero entre los años 2005 y 2011 los dispositivos biométricos conocidos popularmente como captahuellas estaban fuera de la mesa electoral, en lo que en su tiempo se llamó Sistema de Información al Elector (SIE). Es solo a partir de la elección 2012 cuando el captahuella entró a la mesa, es decir, se integró a la máquina en lo que ahora se denomina el Sistema de Autenticación Integral (SAI). Tuvimos elecciones en el pasado con máquinas y sin captahuellas conectados a ellas.

2) La Comisión Técnica del CNE también consideró inconveniente la propuesta de la Comisión Nacional de Primaria para que los procesos de escrutinio, transmisión y totalización se hagan de forma paralela al sistema automatizado. “Este tipo de mecanismos ad-hoc generarán resultados inconsistentes creando de esta manera desconfianza en las electoras y los electores, considerando que los resultados oficiales serán los producidos por el sistema automatizado”, dice el informe.

3) Sobre la solicitud de la CNP de que el CNE haga una jornada especial de inscripción y actualización en el RE, en el informe se advierte que este tipo de actividades no pueden estar dirigidas a un grupo de organizaciones políticas y, por el contrario, deben estar dirigidas a todos los venezolanos. “El CNE está planificando un proceso integral de catastro de centros de votación y jornada de RE, para cubrir las demandas de todos los venezolanos y las organizaciones con fines políticos, de inscripción y actualización de datos en el RE”.

Sobre esto último también podemos comentar: la información que ha trascendido sobre el particular no especifica cuándo sería esa jornada especial del RE. Es necesaria ahora, como parte de la preparación al ciclo electoral 2024-2025. Dilatarla, por razones políticas, hasta después de octubre jugaría en contra de las condiciones y garantías de las próximas elecciones.

Asimismo, es oportuno recordar lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “Las organizaciones con fines políticos, comunidades organizadas, comunidades y organizaciones indígenas, podrán solicitar al CNE la apertura de centros de inscripción y actualización”. Solicitarlas es, pues, un derecho de los partidos.

El artículo 28 de la misma LOPRE también establece el carácter continuo del RE: “No es susceptible de interrupción por la realización de un proceso electoral. Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento, así como solicitar la rectificación de los datos que estuvieren erróneos o afectasen su derecho al sufragio”. Las 24 oficinas regionales electorales son, a todas luces, una oferta insuficiente frente a la importante demanda de actualización del RE.

Esta Comisión Técnica del CNE, designada a principios de febrero, está integrada por el presidente Pedro Calzadilla, el rector principal Roberto Picón y los rectores suplentes incorporados Carlos Quintero y Leonel Párica.

En rueda de prensa, el 20 de abril, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, dijo que hizo falta una sesión de trabajo conjunto entre la CNP y el CNE para discutir las solicitudes.

Paraguay va a elecciones… con un registro de electores también problemático

Paraguay elegirá este 30 de abril los cargos de presidente y vicepresidente, 45 senadores titulares y 30 suplentes, 80 diputados titulares e igual número de suplentes, 17 gobernadores y 257 miembros titulares e igual número de suplentes para las 17 juntas departamentales.​ En total, 768 cargos.

Están habilitados 4,7 millones de electores quienes podrán concurrir al asignado entre los 1.157 locales de votación. El Código Electoral Paraguayo establece que el ejercicio del sufragio constituye una obligación para todos los ciudadanos habilitados, cuyo incumplimiento será sancionado. En las cuatro más recientes elecciones generales la participación ha estado por encima del 60 %.

Se votará con máquinas de votación con pantalla táctil que, como en Venezuela, imprimen una versión física del voto, llamada boletín, que una vez doblada por el elector debe ser firmada por el presidente de mesa y depositada en una urna, que allá es plástica. En Paraguay los votantes se entintan el dedo índice de la mano derecha después de sufragar.

Son 41.502 los paraguayos residentes en el exterior que podrán votar desde los consulados, únicamente por la dupla presidencial y por senadores. La mayor cantidad de migrantes, exactamente 31.313, están radicados en Argentina, seguido de España y Estados Unidos. Para ellos el voto también será electrónico.

La realidad, sin embargo, es que alrededor de 2 millones de paraguayos viven en Argentina. Tenemos aquí otro caso latinoamericano de exclusión masiva de migrantes de su registro de electores. Como ahora mismo en Venezuela.

Entre las razones paraguayas encontramos la exigencia de una inscripción previa con trámites considerados engorrosos, así como la falta de una política que impulse el sufragio desde el exterior, según organizaciones independientes. Si se sacan cuentas, este volumen de migrantes paraguayos en Argentina podría influir de manera determinante sobre los resultados electorales.

Los nacionales dentro de Paraguay que también están excluidos de su registro de electores serían alrededor de 1,8 millones, según la organización Escuela Cívica Militante (ECM).

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos encabezan la observación electoral internacional.

Los favoritismos se debaten entre el gobernante Partido Colorado, con el exministro Santiago Peña como candidato, y la opositora Concertación Nacional, con el también exministro Efraín Alegre a la cabeza. Existen otros 10 aspirantes a la presidencia, fruto de las primarias que en diciembre pasado celebraron todos los partidos y movimientos de forma simultánea.

Paraguay llega a esta elección general siendo uno de los pocos países latinoamericanos con administraciones de derecha que en el pasado reciente han marcado distancia del gobierno venezolano.

Recomendación al cierre

En nuestras dos anteriores entregas del Boletín OEV explicamos uno por uno los casos de municipios en los cuales ya no gobierna la autoridad local elegida en noviembre de 2021. Nos hemos quedado sin seis alcaldes, ¿cuáles son?, ¿y ahora qué hacemos? MIRA ESTE VIDEO RESUMEN de minuto y medio que preparamos sobre el tema.

Primera quincena, abril de 2023

La desconexión con la política, la falta de alternativas en el liderazgo y la desconfianza hacia el sistema abonan a la desmotivación de los venezolanos, sobre todo los jóvenes mayores de 18 años, a la hora de cumplir con su deber de registrarse en el padrón nacional de electores y así quedar habilitados para ejercer su derecho al sufragio

Un cruce entre el registro de cedulados y la base de inscritos en el Registro Electoral (RE) sugiere que, para el año 2024, 3,3 millones de personas con entre 18 y 30 años no estarán inscritos en el RE. Pero, si se traen las proyecciones de disminución demográfica producto de la migración, se debe asumir entonces que para esa fecha 2,4 millones de personas mayores de 18 años en Venezuela no estarán inscritas en el RE. Si no se implementan acciones pronto, claro está.

¿Por qué el desencuentro juvenil con el deber cívico de inscribirse en el RE y poder ejercer el derecho al sufragio? Porque tienen desinterés por la política. Porque sienten una profunda desconexión con la oferta de liderazgo disponible en Venezuela. Porque no ven alternativas. Porque aprecian que el sistema electoral está construido para dar la victoria siempre al mismo contendor; no confían, están llenos de mitos. Y porque opinan que el voto solo tiene valor en democracia.

Las anteriores afirmaciones son parte de los resultados de la investigación “Los jóvenes venezolanos y la política. Una visión cualitativa”, recién presentada por Estadolab, un centro de reflexión y acción social cuyo objetivo fundamental es contribuir a superar la fragilidad estatal en Venezuela y a transformar la crisis actual en una oportunidad de desarrollo. Este estudio fue realizado junto al Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno.

Esta investigación cualitativa se basó en cinco focus group en la región capital y en 21 entrevistas en profundidad a jóvenes menores de 30 años en varias ciudades del país que no están inscritos en el RE.

¿Quiénes componen esta parte de la población? Una generación pragmática, digital, que nació en la era Chávez, en tiempos de alta polarización política, y que creció en la era Maduro, con la inestabilidad económica, el desabastecimiento, el apagón y la pandemia. ¿Y qué buscan? Estabilidad. La mayoría trabaja para costearse los estudios y para apoyar en la casa. Han desarrollado, pues, gran sentido de la responsabilidad.

¿Qué sienten estos jóvenes sobre la política? Según la investigación citada, hallaron estas cuatro tendencias:

• 1. Desinterés. La describen como un esfuerzo agotador e inútil y como terreno del conflicto.

• 2. La participación, cuando se da, es una pantalla. Consideran que no son tomados en cuenta y que, cuando los llaman, es “para hacer bulto”.

• 3. La definen como un desastre. Sostienen que todos los políticos son iguales y que solo los mueve sus propios intereses y no el servicio a la gente.

• 4. La califican como el terreno del engaño y la dominación. Perciben la práctica política venezolana como algo muy distante de su razón de ser.

¿Qué opinan sobre la democracia? De nuevo la investigación resalta cuatro ideas, fundamentalmente positivas, con la madre y los abuelos como los grandes reservorios de memoria democrática:

• 1. La describen como un sistema que permite la participación plural, de todos.

• 2. La asocian a la presencia de oportunidades de calidad e igualdad en el acceso a ellas.

• 3. La entienden como la posibilidad de que las personas tengan libertad de elegir lo que quieren y lo que necesitan.

• 4. Advierten que en Venezuela está mal implementada. Ahí es donde se vierten inconformidades e ideas negativas, con la experiencia nacional, pero no con el concepto en abstracto.

¿Resignificar el voto?

La investigación encontró que los jóvenes consideran que el voto tiene la función única de elegir. No lo resignifican. Ignoran que, en otros contextos, el voto también ha sido un ejercicio social conducente a movilizaciones o desencadenante de eventos democratizadores.

En su línea de investigación de experiencias comparadas, el politólogo John Magdaleno ha hallado 44 casos en los cuales transiciones a democracia tuvieron lugar con motivo de elecciones que las facilitaron. “La elección sí puede funcionar si se la acompaña con otros instrumentos. No es una varita mágica”, expresa Magdaleno en un video reciente publicado por Estadolab.

Entre las recomendaciones para la acción que esta organización ofrece al cierre de su estudio cualitativo se cuentan la necesidad de apelar a la responsabilidad y al sentido del deber, presentar a los jóvenes el dilema estratégico de participar sin condiciones (se abren posibilidades) y de no participar (fracaso asegurado), presentarles la política como algo necesario y, por último, el de informarlos con argumentos racionales a ellos, que surfean mejor el fenómeno de la desinformación.

Pero la investigación también advierte una idea clave: el por qué los jóvenes venezolanos no quieren participar está lejos de explicarse por mera apatía. Hay barreras estructurales para la participación. Veamos.

La barrera que aporta el CNE

La más reciente Encuesta Nacional sobre Juventud (ENJUVE) hecha y publicada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entrevistó a más de 8.000 jóvenes en 2021, el año de las más recientes elecciones en Venezuela. Al preguntarles a quienes dijeron ser abstencionistas por qué no votarían en las elecciones regionales y municipales de noviembre de ese año, 42 % de la muestra alegó que no estaba inscrito en el RE.

En junio y la mitad de julio de ese año, 45 días, tuvo lugar la más reciente jornada especial de inscripción y actualización de datos en el RE que haya dispuesto el Consejo Nacional Electoral (CNE), el administrador del registro de electores del país.

En la práctica no llegaron a 1.000 los puntos disponibles en toda la geografía nacional. De hecho, como demostró un análisis de Súmate, el 50 %, más de 500 de las 1.141 parroquias de Venezuela se quedó sin punto para registrarse en el RE. Y algunos otros puntos funcionaron en sedes de comunas, bases de misiones, edificios públicos y comandos policiales, alejados de los tres criterios que, según la legislación electoral, deben regir la ubicación de estos espacios:

1. facilidad de acceso para los electores.

2. Presencia en sectores de difícil acceso / mayor concentración.

3. Garantía para todos los sectores de la población.

En la actualidad, el carácter continuo que define el RE apenas se observa en las 24 oficinas regionales electorales (ORE) del CNE, una por capital de estado. Ante el grande y creciente rezago existente entre la realidad poblacional y nuestro registro de electorales, los 24 puntos ahora disponibles se tornan absolutamente insuficientes, son una capacidad instalada absolutamente deficitaria en relación con las tareas de inscripción y actualización de datos en el RE que el CNE debe acometer de cara al próximo ciclo electoral.

En un país con recurrentes problemas de movilidad y precariedad en la prestación de servicios públicos, los tiempos de jornadas especiales del RE deben ser mucho más amplios y la disposición de puntos mucho más cercana a los electorales, como dicta la legislación. La municipalización y parroquialización del RE es, insistimos en esto, materia urgente.

En otros tres municipios la ausencia absoluta debe conducir a elecciones (y II)

En nuestro boletín anterior nos fijamos en los casos de tres municipios de Venezuela cuyos alcaldes elegidos el 21 de noviembre de 2021 hoy se encuentran privados de libertad por la presunta comisión de delitos, y subrayamos lo que establece la legislación y la forma como la norma viene siendo incumplida.

En la segunda parte de este seguimiento queremos agregar a la discusión otros tres casos municipales de reciente data que también configuran ausencia absoluta de los alcaldes.

El más reciente lo protagonizó este 11 de abril el alcalde del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, Yovani González, quien renunció públicamente al cargo. El 21 de noviembre de 2021 el candidato de la Unidad (oposición) había ganado al contendor oficialista por ventaja de 12 sufragios, equivalentes al 0,26 % de la votación. Desde el 12 de abril la primera magistratura municipal la asumió el presidente del Concejo Municipal, Jhonfer Uzcátegui (PSUV, fracción distinta a la del alcalde).

En la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) la renuncia se considera una de las causales de ausencia absoluta, al igual que la muerte, como ha ocurrido en los dos siguientes casos que nos ocupan.

Antes, el 11 de febrero, falleció el alcalde del municipio Federación del estado Falcón, Argenis Arcaya Romero. Militante del oficialista PSUV, por cuya tarjeta fue electo con el 46 % de los votos el pasado 21 de noviembre de 2021.

Y el 22 de febrero falleció Raúl Carballo, alcalde del municipio Juan José Rondón del estado Guárico. Había sido elegido con el 49 % de los votos, postulado por la Alianza Democrática, una coalición de partidos y dirigentes no oficialista pero tampoco afiliada a la Plataforma Unitaria.

De nuevo invocamos el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM): “si se produce la ausencia absoluta del alcalde antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”. En casos de falta absoluta por fallecimiento, el procedimiento de convocatoria a elecciones debe ser inmediato, pero no lo ha sido.

En el municipio Federación del estado Falcón la presidenta del Concejo Municipal, Nayrobis Osteicochea (PSUV), juró como alcaldesa encargada. También en el municipio Juan José Rondón del estado Guárico el presidente del Concejo Municipal, Dennis Raúl Rangel (PSUV, fracción distinta a la del alcalde), asumió como alcalde encargado.

Esto, a diferencia de los tres casos de los alcaldes detenidos en los últimos 14 meses, en los cuales sus reemplazos no son los que indica la misma ley: “cuando la falta del alcalde se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”.

Los municipios con alcaldes detenidos son Jesús María Semprún, del Zulia; Independencia, de Anzoátegui, y Santos Michelena, de Aragua.

Juntando todos los casos, ya suman seis los municipios del país en los cuales debería producirse la repetición de elecciones de alcaldes. El CNE, hasta ahora, guarda silencio.

En memoria de Tibisay Lucena Ramírez

Más de una docena de procesos electorales en la historia reciente de Venezuela se celebraron bajo la conducción principal de Tibisay Lucena Ramírez. La exrectora y expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) falleció el 12 de abril a los 63 años.

Socióloga de profesión y docente de Procesos Electorales en la Universidad Central de Venezuela, llegó al CNE hace dos décadas, en 2003, primero como suplente. En 2005 ascendió a rectora principal y desde abril de 2006 hasta junio de 2020; es decir, durante poco más de 14 años, ejerció como titular del ente rector del Poder Electoral.

Antes del CNE, la también violonchelista había participado como asesora de la Comisión de Régimen Político, Democracia, Participación Política, Referéndum, Sistemas Electorales, Poder Electoral y Partidos Políticos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En 2000, laboró como proyectista de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), documenta el portal Poderopedia.

Después del CNE, la oriunda del estado Lara se desempeñó como rectora de la estatal Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte). Desde octubre de 2021 fue ministra de Educación Universitaria.

Desde el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos por el fallecimiento de Tibisay Lucena Ramírez. Paz a su alma.

Recomendación al cierre

En alianza con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, acabamos de divulgar un primer micro radiofónico en la red nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría en el cual tuvimos oportunidad de hablar a su audiencia sobre el Registro Electoral y las claves para inscribirse o actualizar datos hoy, antes de que sea tarde: ESCÚCHALO AQUÍ.

Segunda quincena, marzo de 2023

Después de la era Bachelet, es la primera actualización oral de Volker Türk sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU. ¿Qué dijo, tras su reciente visita al país? Subrayamos y comentamos las claves políticas de su mensaje

Todas las partes deben pensar en el futuro que quieren para Venezuela, expresó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su actualización oral de la situación venezolana, que tuvo lugar este 21 de marzo en el marco del 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El diálogo y la colaboración entre las autoridades y la oposición serán fundamentales, incluida la reanudación de las conversaciones políticas en México, considera Türk, quien desempeña el cargo desde octubre de 2022. Instó a la comunidad internacional a que ofrezca su pleno apoyo a este proceso.

En el OEV coincidimos en la importancia capital de la reanudación de las negociaciones. Los dos primeros puntos de agenda del memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno y la oposición mayoritaria en agosto de 2021 resultan imprescindibles para un avance seguro y acordado del próximo ciclo electoral. Son estos puntos: 1. Derechos políticos para todos, y 2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables.

Muchas de las acciones pendientes, como la actualización del Registro Electoral, la facilitación del derecho a la identidad a la luz de nuevas disposiciones establecidas por el Saime, la garantía del voto migrante y las inhabilitaciones políticas, por citar solo algunas, requieren tiempo para su ejecución. Por eso, en el OEV creemos que el momento para empezar a trazar y acordar las garantías y condiciones electorales del futuro próximo (2024-2025) es y debe ser ahora.

Después de esta actualización oral, específicamente el 28 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará en su país una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano.

Petro se ha reunido con su homólogo venezolano Nicolás Maduro por lo menos tres veces en los últimos meses. Estados Unidos, entre tanto, reaccionó diciendo que participaría en esta conferencia promovida por el mandatario colombiano. En Venezuela, mediante un comunicado la delegación de la Plataforma Unitaria (oposición) para la negociación agradeció el interés y saludó las iniciativas que promuevan el reinicio del proceso.

Primera actualización posvisita

Del 26 al 28 de enero, el alto funcionario de origen austriaco visitó Venezuela. Ahora comunicó que durante esos días mantuvo un intercambio “abierto y franco” acerca de los retos en materia de derechos humanos, y los desafíos políticos y económicos que enfrenta el país.

“Venezuela sigue enfrentando graves desafíos de derechos humanos en los ámbitos civil, político, económico y social”, ratificó el alto funcionario de la ONU.

En enero pasado, Türk se reunió con altas autoridades, entre ellas el presidente y la vicepresidenta, el canciller, así como con los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo. También se reunió con integrantes de la delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México, de la Iglesia católica y con más de 125 miembros de la sociedad civil, incluido el director del OEV Ignacio Ávalos.

La reciente renovación de la Carta de Entendimiento que permite a su Oficina continuar su trabajo en Venezuela durante los próximos dos años ha sido bien recibida.

Diálogo con la sociedad

Tras sus interacciones en enero, el Alto Comisionado comentó que sostuvo varios intercambios con distintos actores sobre el espacio cívico, luego de los cuales alentó a las autoridades a entablar un diálogo significativo con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

“Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital”, dijo Türk, quien es abogado de profesión. Sin embargo, recordó que los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Ejemplifica con el caso de seis sindicalistas y dirigentes sindicales quienes llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir.

Al Alto Comisionado para los Derechos Humanos también le preocupan las restricciones a los medios de comunicación, el bloqueo de páginas web y el cierre de emisoras y programas de radio.

En el OEV consideramos que este es otro pilar fundamental de los procesos electorales que amerita ser atendida de cara al próximo ciclo electoral venezolano: solo la libre expresión y el acceso equitativo de los actores políticos y candidatos al ecosistema de medios permitiría que los electores puedan pudiesen construirse mejores retratos de la realidad política y social, para tomar decisiones de voto más responsables e informadas. Eso, hasta ahora, no ha sido posible.

“Las señales de recuperación económica traen cierta esperanza, pero las políticas para apoyar el crecimiento económico del país deben tener los derechos humanos en su centro. El acceso libre, transparente e igualitario a los datos y la información de interés público será clave para lograrlo”, expresó el Alto Comisionado en esa actualización.

Leyes, sanciones y acciones

Türk llamó la atención, igualmente, sobre la reciente presentación de un proyecto de ley -presentado y aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional- para regular aún más a las ONG, el cual ha suscitado serias preocupaciones que él comparte. “Proporcioné observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y reitero mi llamamiento para que cualquier legislación se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos”, emplazó.

Una vez más, la vocería de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pide el levantamiento de las sanciones sectoriales que, desde su punto de vista, han exacerbado los desafíos preexistentes y profundizado la lucha diaria de los pueblos. “En enero, escuché cada vez más voces de preocupación -de actores humanitarios, sociedad civil, funcionarios públicos, la ONU en el país y autoridades- sobre el impacto que han tenido las sanciones sectoriales”, dijo Türk.

Al cierre de su intervención comentó que, para la reforma y para el restablecimiento de la confianza, el pueblo de Venezuela requiere acciones concretas y colectivas. Su Oficina está dispuesta a tender puentes entre las instituciones del Estado y el pueblo, y a seguir ofreciendo su experticia para acompañar los esfuerzos por promover los derechos humanos en el país.

Después de la visita del Alto Comisionado a Venezuela, desde el OEV consignamos una comunicación a su oficina en Caracas a través de la cual puntualizamos los que consideremos son los desafíos más relevantes del próximo ciclo electoral, desde las perspectivas del ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido.

Pasa en el Zulia, Anzoátegui… y ahora en Aragua: ¿qué debe proceder tras la privación de libertad de alcaldes? (I)

¿Qué tienen en común los municipios Jesús María Semprún, del Zulia; Independencia, de Anzoátegui, y Santos Michelena, de Aragua? Que sus alcaldes, elegidos por el voto popular en las más recientes elecciones municipales del 21 de noviembre de 2021, han sido privados de libertad acusados de la presunta comisión de delitos. ¿Cómo impacta esto en el ámbito electoral?

Los dos primeros casos son materia conocida. El 28 de enero de 2022 la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm, Keyrineth Fernández (PSUV), fue detenida en un operativo contra el narcotráfico. Dos meses antes había sido electa con el 47 % de la votación. Y el 29 de enero de 2022 las autoridades detuvieron al alcalde del municipio Independencia, Carlos Rafael Vidal (PSUV), identificado como líder de una “red” de delincuencia organizada, dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina. Vidal había ganado con el 45 % de los votos.

Ahora, en marzo de 2023, una nueva y grave trama de corrupción en las entrañas de la industria petrolera sacude el país. Y ha comprometido un tercer caso municipal: la detención, el 17 de marzo, del alcalde de Santos Michelena, Pedro Hernández (PSUV), imputado por delitos de terrorismo y extorsión agravada, entre otros. En 2021 Hernández había sido el alcalde más votado del partido de gobierno en Aragua: 72 % de los votos.

Lo conducente tras estas detenciones está establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM):

Si la falta temporal de un alcalde “se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta”, dice la ley.

Hasta donde se tiene conocimiento público, la condición de ausencia absoluta no ha sido declarada ni en el caso del municipio Jesús María Semprún (Zulia) ni en el caso del municipio Independencia (Anzoátegui), aunque haya transcurrido más de un año de las detenciones de ambos alcaldes.

Continúa la ley: “cuando la falta del alcalde se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”. Y, agrega: “si se produce la ausencia absoluta del alcalde antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”, en este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo alcalde, estará encargado de la alcaldía el presidente del Concejo Municipal (esto, luego de que el Concejo haya declarado la ausencia absoluta).

Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.

-En el caso del municipio Jesús María Semprúm (capital, Casigua El Cubo): el actual alcalde encargado es Wuyhsmans González, ex candidato a alcalde postulado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien había quedado segundo con 41 % de los votos en la elección del 21 de noviembre de 2021. No ocupaba, como exige la ley, ningún alto nivel de dirección ejecutiva dentro de la alcaldía al momento de la detención de la alcaldesa. Observadores del OEV en el Zulia conocieron que la decisión de su designación presuntamente habría sido decidida desde Caracas.

-En el caso del municipio Independencia (capital, Ciudad Orinoco): desde el 21 de febrero de 2022 por acuerdo del Concejo Municipal el alcalde encargado es Hernán Rodríguez, del PSUV, quien antes de esa fecha se desempeñaba como secretario de gobierno en la Gobernación del estado Anzoátegui, pero tampoco formaba parte de la dirección ejecutiva municipal.

-En el caso del municipio Santos Michelena (capital, Las Tejerías): la reciente designación del presidente del Consejo Legislativo del estado Aragua, Asdrúbal José Arias (PSUV), también ha sido cuestionada. El 22 de marzo explicó a periodistas que el Concejo Municipal lo juramentó como director general de la alcaldía, razón por la cual solicitó un permiso no remunerado de 60 días para ausentarse de sus labores parlamentarias regionales.

Este de Aragua es el único caso en el cual, para finales de marzo de 2023, faltan por cumplirse los más de 90 días consecutivos para que el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la falta del alcalde, declare la ausencia absoluta.

Para los tres casos, sin embargo, cabe preguntarse: ¿Por qué no se cumplió lo dispuesto en el artículo 87 de la LOPPM para ejercer las suplencias de los alcaldes faltantes (detenidos) mientras el Concejo declara la falta o ausencia absoluta? Y, específicamente, en los casos del Zulia y Anzoátegui, más de un año después, vale la interrogante: ¿por qué si la desincorporación de ambos alcaldes al frente del poder ejecutivo municipal de estas localidades superó el tiempo legal máximo permitido de 90 días continuos, los concejos municipales respectivos no han declarado la falta o ausencia absoluta, que debe ser comunicada al CNE para que este pueda convocar y celebrar nuevas elecciones?

Estas decisiones tienen impacto directo sobre los electores de estos municipios, porque permitiría que la soberanía popular elija mediante el sufragio a quienes deben ejercer estos cargos de elección popular hasta que finalice el período de cuatro años. Son los electores de estas jurisdicciones quienes deben decidir quiénes serán sus nuevos gobernantes ejecutivos municipales.

No deben pasarse por alto estos hechos, porque sientan precedentes para otros posibles casos políticos en el futuro.

Primaria: juntas regionales “acercarán” el proceso a opositores en toda Venezuela

La responsabilidad de la organización de la primaria presidencial opositora empieza a desconcentrarse. Además de los cinco miembros principales y cinco suplentes de la Comisión Nacional de Primaria, designados en noviembre pasado, a partir de abril trabajarán 240 integrantes de las 24 Juntas Regionales que acompañarán el proceso en todas las entidades federales.

Cada estado contará en breve con una Junta Regional para la Primaria conformada por 10 miembros, cinco principales y cinco suplentes. Al hacer el anuncio, el pasado 20 de marzo, la comisión nacional aseguró que todos ellos “cumplieron con el perfil definido por la comisión para ser parte de este camino desde las entidades”. También confían en que estos miembros estadales acercarán el proceso a todos los venezolanos.

El 31 de marzo la comisión publicó los nombres a través de este hilo de Twitter:

Recomendación al cierre

La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) publicó los registros electorales de personal obrero y administrativo, egresados, profesores activos y jubilados y estudiantes que tendrán derecho a voto en las elecciones generales del próximo 26 de mayo. ¿Eres ucevista?, ¿conoces a un ucevista? Revísate o comparte este ENLACE. El lapso de recepción vía web de impugnaciones al registro electoral vence el 5 de mayo, según cronograma.

Primera quincena, marzo de 2023

Presentamos siete apuntes clave para comprender mejor la cuestionada facultad de la Contraloría para sacar de la carrera electoral a ciudadanos por vía administrativa y sin sentencia judicial firme. ¿Qué tan viejo o nuevo es esto?, ¿afecta a quienes no les interesa la política? Descubre por qué este es un problema de todos

El lanzamiento progresivo de precandidaturas para la elección primaria opositora de octubre de 2023 ha hecho que reflote en la opinión pública el asunto de las inhabilitaciones políticas. Pero, más allá de quién podrá y quién no podrá inscribir su candidatura al próximo ciclo electoral, este debate encuentra su raíz en el derecho humano a ser elegido y en su estado de vulneración en la Venezuela actual.

1. Esto es un derecho

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, establece el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

La misma condición de igualdad la ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua (2005), en la cual expone: “La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad”.

La sección de derechos políticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) también garantiza el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos y de ser elegido para cargos de elección popular por medio del sufragio. El ejercicio de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme.

En la misma sintonía se expresa el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que solamente se podrán limitar los derechos políticos mediante una decisión judicial.

2. ¿Cómo se torció la letra?

Para responder esta pregunta debemos remitirnos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Este instrumento legal fue sancionado en 2001 y reformado parcialmente a finales de 2010.

¿Por qué esta ley es tachada de inconstitucional por expertos, por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque en su artículo 105 faculta al contralor general de la República a inhabilitar políticamente hasta por 15 años. Dicho de otra manera, se permite despojar a los ciudadanos de su derecho a postularse a elecciones mediante un procedimiento administrativo de la Contraloría, y no únicamente por sentencia judicial firme como dicta la carta magna.

La historia política nacional recuerda el episodio de la llamada “lista Russián”. En el primer semestre de 2008 el entonces contralor, Clodosbaldo Russián, inhabilitó políticamente a alrededor de 400 ciudadanos por presuntas irregularidades administrativas. El mismo contralor consignó la lista el 25 de febrero de 2008 en el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que, ayer como hoy, ha hecho caso sin más. Más del 80 % de esas personas eran abiertamente opositoras al gobierno. El 23 de noviembre de ese año 2008 se celebraron elecciones regionales y ninguno pudo postularse.

A partir de la aparición de la “Lista Russián”, el CNE amplió la categoría “inhabilitado político”, para construir tres nuevas clasificaciones: inhabilitado político, inhabilitado para ejercer funciones públicas e inhabilitado por interdicción civil, ilustró el periodista Eugenio Martínez en un hilo de Twitter del pasado 9 de marzo.

Por esta razón, continúa Martínez, la tabla de objeciones del CNE en su Sistema Automatizado de Postulaciones incluye dos tipos de sanciones: inhabilitado político e inhabilitado administrativo. Ni uno ni otro ciudadano así catalogado podrá postularse para optar a ser elegido a cargos de elección popular, pero una diferencia radica en que el inhabilitado político tampoco puede votar, mientras que el inhabilitado administrativo sí, diferencia el periodista venezolano dedicado a la política y a las elecciones.

En la actualidad ambos tipos de inhabilitaciones son resultados de decisiones de la Contraloría, aunque en el pasado la inhabilitación política provenía exclusivamente de una sentencia judicial firme.

3. Pero ¿esto es nuevo o viejo?

La inhabilitación, estampada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, es una de las sanciones previstas dentro de la legislación de control fiscal desde el año 1975. Como recordaba Teodoro Petkoff en un editorial de 2008, es herencia de los tiempos en que Luis Piñerúa Ordaz creía que leyes draconianas eran suficientes para combatir la corrupción administrativa.

Acceso a la Justicia, organización especializada en la materia, también nos ayuda a hacer memoria: la inhabilitación está concebida como una medida adicional a la sanción de destitución, que se trata de una medida disciplinaria que comporta la ruptura de la relación de servicio establecida entre el funcionario y la administración.

Sin embargo, en 2001 la medida perdió la condición de sanción adicional a la destitución y pasó a ser adicional a la multa, originada en la declaración de responsabilidad administrativa, aparte del incremento arbitrario del número de años, que pasó de tres a un máximo de 15. Esta fue una propuesta del exdiputado oficialista y exmagistrado Luis Velásquez Alvaray.

Un origen de la práctica anteriormente descrita lo podemos encontrar en la resolución del contralor Russián del 24 de agosto de 2005, cuando impuso al entonces alcalde de Chacao Leopoldo López la “sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres años”, como “complemento” de otra sanción de responsabilidad administrativa y multa dictada por averiguaciones previas por el caso de una donación de la estatal PDVSA al partido Primero Justicia. Esto no estuvo precedido de procedimiento administrativo, ni hubo derecho a la defensa. Y apenas un mes después, en fecha 26 de septiembre de 2005, el contralor Russián volvió a inhabilitar a López para ejercer funciones públicas pero por un lapso de seis años, bajo alegato de una modificación presupuestaria en Chacao en 2002.

#EnContexto

4. ¿Qué lo ha legitimado en la práctica?

En una polémica sentencia emitida en 2008, año de la “Lista Russián”, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de la Contraloría.

Otra sentencia más reciente, de 2019, esta vez de la Sala Político-Administrativa, refrendó que el contralor puede inhabilitar sin más, y que al hacerlo “no vulnera en modo alguno los derechos y garantías consagradas en el Texto Fundamental, relativas al debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de tipicidad de las sanciones”.

Pero en la práctica la Contraloría, que es un órgano de naturaleza administrativa, ha venido usurpando funciones de los órganos judiciales. Y vaya que lo ha hecho: entre 2002 y 2015, este órgano inhabilitó a 1.401 funcionarios públicos. Y en 2021, descalificó a 28 integrantes de la anterior Asamblea Nacional (AN), por “negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio”.

5. El factor sorpresa

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General, las inhabilitaciones de los candidatos deben ser publicadas en la Gaceta Oficial y comunicadas al interesado y a los organismos competentes.

Como se comenta en el más reciente informe de gestión de la Contraloría, ese órgano lleva un registro de inhabilitados. Pero los datos sobre las inhabilitaciones dejaron de ser publicados hace por lo menos cinco años. Con la opacidad que impera sobre este tema, nadie -excepto el contralor- sabe a ciencia cierta quién está inhabilitado hoy, quién estuvo y ya no lo está, o en cuáles casos cuyo lapso se cumplió la Contraloría le ha instruido al CNE que retire la objeción correspondiente del Sistema Automatizado de Postulaciones, de suerte que esa persona pueda efectivamente volver a postularse.

Tan sorpresivas son las inhabilitaciones que el candidato de la MUD (oposición) a la gobernación de Barinas en 2021, Freddy Superlano, se enteró de la supuesta resolución de la Contraloría cuando numéricamente ya era el virtual ganador. Nunca fue notificado de su inhabilitación antes del día de las elecciones y la resolución nunca fue publicada en la Gaceta Oficial, pero ni siquiera notificada al CNE.

“Inhabilitado(a), y no podrá ser postulado(a)”, le apareció a la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el Sistema Automatizado de Postulaciones, en letras blancas sobre un recuadro rojo, cuando intentó inscribirse como candidata al proceso de repetición de esa elección. Su sustituto acordado por la coalición opositora MUD, Julio César Reyes, también fue inhabilitado.

Tan sorpresivas resultan las inhabilitaciones que el candidato a la gobernación de Barinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), formación ahora disidente de la coalición electoral oficialista, sí pudo postularse para esa cita del 21 de noviembre de 2021, pero apareció inhabilitado 16 días después, cuando intentó volver a inscribirse para la repetición de enero de 2022.

De la lista de 27 candidatos descalificados que la Contraloría envió al CNE para la más reciente elección venezolana, 15 eran del disidente PCV, y el resto de otras formaciones de la oposición política. El PCV alegó que las inhabilitaciones no estuvieron precedidas de ninguna investigación o decisión legal.

Prácticamente ninguna inhabilitación administrativa, ni en la más reciente elección de 2021 ni antes, ha recaído sobre algún candidato que al momento del proceso electoral esté acogido por la coalición electoral de partidos políticos del oficialismo.

Diversas clasificaciones mundiales de la democracia coinciden durante los últimos años en que en Venezuela prácticamente no hay Estado de derecho, tampoco se respeta la separación de poderes públicos y no existen contrapesos que impidan la arbitrariedad gubernamental.

6. Y a ti que nos lees, ¿esto te afecta en algo?

En mucho. Para que las elecciones sean auténticas, como establece la Declaración de Derechos Humanos, el derecho de los ciudadanos a ser elegidos también debe ser respetado.

Entendemos que los sistemas judiciales puedan comprobar ilícitos y, en consecuencia, depurar la lista de elegibles sacando de la carrera a quienes los cometieron y hayan sido procesados y sentenciados. Pero otra acción muy distinta es emplear la sanción administrativa de la inhabilitación como parte de una estrategia que, en realidad, no solo afecta a ciudadanos adversarios de la clase política gobernante que también tienen derecho a aspirar a cargos de elección popular, sino sobre todo a los 21 millones de electores que ven disminuida y menoscabada la oferta electoral, la pluralidad de opciones, para poder elegir con libertad.

Las inhabilitaciones, entonces, no son un problema de un grupo de políticos que quieren y no pueden. Su radio lesivo se amplía al conjunto social. Es un problema de todos. Cada vez que inhabilitan a uno, sin debido proceso y bajo aparente motivación partidista, sea quien sea el ciudadano, represente a la corriente que represente dentro del espectro político, las perdedoras son la integridad de nuestros procesos electorales y la calidad de nuestra democracia.

7. ¿Qué se puede hacer?

Con voluntad política, la Asamblea Nacional puede reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General para suprimir la facultad de ese órgano de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a postularse a elecciones mediante procedimientos administrativos y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa. Una de las recomendaciones prioritarias de la Unión Europea va en este sentido.

También con voluntad política, la mesa de negociación y acuerdos entre gobierno y oposición, que imperativamente debería ser reinstalada, puede lograr el levantamiento de inhabilitaciones políticas que en su momento fueron impuestas bajo motivaciones extraconstitucionales.

Todo, al final del día, reivindica el carácter indispensable de los acuerdos políticos como base fundacional, como punto de partida, si en los próximos años queremos aspirar a mejores elecciones. Los actores políticos lo saben, y la sociedad esperaría que trabajen más en función de ello.

Otra lectura de Psicodata: problemas políticos casi no estresan a venezolanos

Impacto de diverso tipo ha generado la encuesta Psicodata Venezuela, realizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y presentada el pasado primero de marzo.

Uno de los datos del estudio que más ha estremecido a sus receptores es el que desnuda que 81 % de los encuestados afirmó que no se puede confiar en la mayoría de las personas. “Altos niveles de desconfianza se asocian con tendencia a aceptar prácticas autoritarias de gobierno y con baja calidad de capital social”, interpretan los investigadores acerca de este número.

En el OEV revisamos esta encuesta nacional, que retrata 14 dimensiones psicosociales de los venezolanos, y encontramos otros tres datos de nuestro interés directo, quizás menos mediatizados en los últimos días, pero que pueden arrojarnos luces en la comprensión de los fenómenos políticos y electorales. Vamos a enumerarlos y a comentarlos brevemente:

1. Los problemas políticos le generan estrés apenas al 7,5 % de la población, entendido el estrés con base en factores que pueden generar tensión o malestar en la persona. Por encima, y por largo rato, la economía es el problema más estresante para el 64,5 % de la muestra. Y el top tres se completa con los problemas de salud y personales.

Si bien lo anterior puede ratificar la idea generalizada, y antes revelada en otras encuestas, de que el grueso de la población anda desconectado de lo político y de sus políticos, el siguiente dato nos puede ayudar a entender que quizás a la gente le hacen falta canales más efectivos y/o confiables de inserción en el espacio público.

2. El 59 % de la población reporta tener ganas de participar en actividades sociales o políticas. Los pobres son quienes manifiestan mayor deseo de participar (77 %).

El estudio entiende la participación como la intención de intervenir en iniciativas que impacten en el entorno. Los porcentajes arrojados pueden representar una fuente de oportunidades para nuevas iniciativas que reivindiquen el valor y la práctica de la buena política.

3. El principal apoyo de los venezolanos es, por mucho, su familia. El 67 %, cuando tiene un problema recurre a ella. La población sabe que existen instituciones (las públicas y políticas, entre otras), pero cuando tiene un problema sólo el 9 % acude a ellas para pedir ayuda.

Esto último se traduce en un llamado de atención y una oportunidad de autorevisión para nuestras instituciones, especialmente las políticas. ¿Por qué la mayoría del país no las ve como un apoyo para contribuir a la solución de sus problemas?

4. No nos estresa tanto, pero sí nos preocupa mucho: ante la situación que atraviesa el país actualmente, nueve de cada diez sienten preocupación y cuatro de cada diez dicen que con frecuencia su ánimo se ha ido deteriorando. Así también:

-42 % siente que lo que pasa en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder.

-A 73 % le entristece pensar en el futuro del país.

-A 79 % le da rabia saber la situación a la que hemos llegado como nación.

Nos gobierna la desesperanza, porque como país nos cuesta divisar un horizonte próspero, y más bien nos asomamos al futuro desde el sentimiento de tristeza. Un dardo a la crisis de liderazgo que experimentamos, y un desafío para la construcción de una cultura ciudadana y democrática.

El estudio, de carácter nacional, fue levantado entre diciembre de 2022 y enero de 2023, a partir de entrevistas telefónicas a una muestra representativa de 1.500 adultos que participaron en la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), de todos los estratos sociodemográficos y todos los estados del país. La presentación completa está disponible en la web de Psicología-UCAB.

Primaria: “No estará comprometida identidad de votantes”

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que en ningún escenario estará comprometida su identidad. Queremos transmitir confianza. Ya en 2012 se tomaron medidas para proteger la identidad”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, consultado sobre el temor a la asistencia del CNE y la protección de la identidad. Lo expresó a los medios este 8 de marzo, justo después de quedar instalada la Comisión Técnica de Primaria, que establecerá el alcance de una eventual asistencia técnica del Poder Electoral en la elección del candidato de la oposición mayoritaria para la presidencial de 2024.

En el acto de instalación, celebrado en la sede del CNE, estuvieron el presidente del órgano comicial, Pedro Calzadilla, coordinador de la nueva instancia técnica, junto a los rectores electorales Roberto Picón, Carlos Quintero y Leonel Párica. Por la Comisión Nacional de Primaria asistieron Jesús María Casal, Ismael Pérez Vigil, Roberto Abdul, Miguel Cañas y Francisco Castro.

“En esta primera reunión, la representación de la CNP expuso las expectativas de esa comisión en cuanto a la participación técnica del CNE, las cuales serán analizadas por el organismo”, informó el CNE en un boletín de prensa.

Casal, por su lado, afirmó que la comisión se instaló de manera respetuosa y con la disposición de escuchar los planteamientos, con serenidad y entusiasmo. Solicitaron jornadas de actualización del Registro Electoral y poder utilizar los centros de votación. “La primaria es un proceso ciudadano y nosotros definimos las condiciones, entre esas condiciones está que somos el órgano rector de la primaria y somos quienes controlamos el proceso en todas sus fases”, aclaró en entrevista con Unión Radio.

Recomendación al cierre

Estonia concurrió a elecciones legislativas el 5 de marzo. En este país europeo, referente mundial por su voto electrónico, por primera vez se emitieron más votos digitales que papeletas físicas. ¿Cómo se vota por internet en la nación báltica? Lo cuenta esta nota de Euronews. Una experiencia que desde Venezuela bien vale la pena estudiar.

Segunda quincena, febrero de 2023

Las elecciones son procesos ciudadanos que hacemos entre todos. En este boletín 100 compartimos algunas pistas sobre a qué debemos prestar especial atención. Así, ponemos nuestra mirada sobre los acuerdos, el registro, el árbitro, los candidatos inhabilitados, los partidos desmembrados, la opacidad y la vigilancia. Detrás de cada uno de estos asuntos hay derechos que el Estado debe garantizar y los ciudadanos, estar en su derecho de ejercerlos

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) completa, con la presente entrega, una centena de boletines periódicos. Un esfuerzo sostenido de esta organización en sus últimos años, pensado con el ánimo de propiciar una comprensión más plural y socialmente responsable de los asuntos electorales en el país, la región e incluso del mundo.

No es, desde luego, asunto sencillo el de medir fuerzas con la desinformación, que también extiende sus tentáculos hacia lo electoral sembrando desconfianzas, reencuadrando realidades, alimentando mitos y, en suma, alejando aún más a la sociedad del desarrollo y resguardo de la democracia.

Llegamos al boletín 100 con nuestra lupa de observadores puesta en el futuro. Y lo primero que divisamos es que los venezolanos todos, junto a sus instituciones, debemos prepararnos mejor para encarar el próximo ciclo electoral: en los próximos dos años, 2024 y 2025, por mandato constitucional deberían ser renovados los 3.360 cargos de representación popular de la nación, desde la Presidencia de la República (un jefe de Estado), pasando por la Asamblea Nacional (277 diputados, tras las reformas de 2020), hasta las gobernaciones (23 gobernadores), los consejos legislativos (253 legisladores, a la fecha), las alcaldías (335 alcaldes) y los concejos municipales (2.471 concejales, según el diseño actual).

¿A qué debemos prestar atención?, ¿sobre cuáles aspectos deberíamos afinar esa mirada, para convertir el próximo ciclo electoral venezolano en una oportunidad aprovechada para un mejor futuro para el país? De seguro son más. No es menos cierto que en el camino irán apareciendo otros factores, pero, de entrada, vamos a aportar cinco elementos que vale la pena ubicar en la primera fila de los esfuerzos político-electorales necesarios en el futuro próximo.

1. Los acuerdos políticos

De lo siguiente estamos convencidos: para que las próximas elecciones en Venezuela salgan mejor, los actores políticos tienen que coincidir previamente en negociaciones para llegar a acuerdos.

Los más recientes procesos electorales pueden servir como ejemplos de cómo el acuerdo político sirve como catalizador.

Por un lado, la presidencial de 2018 y la parlamentaria de 2020 no salieron bien. La primera violó las reglas del juego democrático y derivó en un desconocimiento internacional del resultado que arrastró problemas de diversa índole. La segunda excedió la letra constitucional, al imponer un diseño arbitrario y distinto al de la legislación, y las consecuencias se evidenciaron, entre otros aspectos, en una mermada participación.

Por otro lado, la regional y municipal de 2021 detuvo el descenso de la curva de integridad electoral. Los acuerdos por una administración electoral menos desequilibrada, la habilitación de tarjetas electorales antes cooptadas y la apertura hacia una observación electoral internacional más plural despertaron una mayor participación entre actores y electores. Y ante el colofón ventajista de Barinas, la voluntad popular revalidó la viabilidad de la ruta electoral.

México es una puerta que por ningún motivo debería cerrarse. La hoja de ruta lleva rato trazada y aprobada por consenso, memorando de entendimiento incluido, con lo político y lo electoral como asuntos esenciales. En el entendido de que buena parte de las garantías y condiciones por definir se asientan, además de sobre la base de los acuerdos políticos, en el interés y la apropiación de la sociedad: las elecciones también las construye, las hace, las diseña la gente. Con sus demandas y su participación.

2. El Registro Electoral y el derecho a elegir

El más reciente corte del Registro Electoral (RE) del cual se tiene conocimiento público data del pasado 30 de septiembre. Son 21 millones 094 mil 629 electores. Pero faltan otros tantos millones.

Minimizar el amplio rezago, la creciente brecha existente entre la dinámica poblacional y migratoria con el padrón nacional de electores debe constituir una materia de primer orden porque, indefectiblemente, predispondrá el carácter de la próxima elección presidencial.

Dentro de Venezuela, una cantidad no despreciable de la población necesita actualizar su residencia y su centro de votación, mientras que el bono demográfico juvenil requiere inscribirse por primera vez. Fuera de Venezuela, los 107.878 electores que, a la fecha, aparecen registrados para votar desde el exterior no son sino una minúscula parte de los varios millones de migrantes que deben, primero, recuperar su derecho a la identidad para, entonces sí, seguir ejerciendo su derecho a elegir en esta, que continúa siendo su primera comunidad política de adscripción.

Conforme avanzan las semanas se eleva el apremio por una buena jornada especial del RE, que cumpla con los tres criterios establecidos en la legislación electoral: facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración y garantía para todos los sectores de la población (artículo 33 de la LOPRE). El tiempo es ahora.

Desde agosto de 2022 espera discusión en el directorio del CNE un proyecto de reglamento del voto en el exterior. Una era la situación migratoria en 2009, cuando la AN aprobó la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que limita el voto migrante a aquellos con una residencia u otro régimen de legalidad de permanencia, y cuyo artículo 124 la legislatura actual debería reconsiderar. Y otra es la realidad 14 años después, cuando Naciones Unidas ha posicionado a Venezuela como uno de los países de mayores crisis migratorias del mundo.

El derecho a elegir pasa, finalmente, por el respeto al principio de calendarización: las fechas y los períodos de ley, los cronogramas electorales y el equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos predisponen a mejores elecciones.

3. El árbitro

Lo dicen las encuestas: la imagen pública del CNE mejoró, aunque parcialmente, con la actual administración, designada en 2021 por el Legislativo, el poder público al cual le corresponde este encargo constitucional. Y esto ha sido gracias a los acuerdos políticos. Los antecedentes nos enseñan un errático camino de autoridades comiciales nombradas por el Poder Judicial desconociendo los procedimientos claramente estipulados en la Constitución.

Los integrantes del órgano electoral serán actores fundamentales del próximo ciclo. Decíamos en 2021, cuando juraron en el Parlamento, que después de las regionales de 2021 los actuales rectores serían los encargados de llevar a cabo los destinos, por lo menos, de la elección presidencial de 2024, así como de las votaciones parlamentarias y subnacionales del año siguiente.

Pero el directorio ha cambiado. Injustificadamente, desde abril de 2021 no se ha materializado el reemplazo para la falta absoluta de una de las rectorías principales. No solo está incompleto el directorio, sino también dos de los tres órganos subordinados del órgano rector del Poder Electoral.

Por el bien de todos, para el próximo ciclo electoral se necesita un CNE completo y con la mayor independencia institucional posible, a pesar de que el Estado haya propiciado en el pasado muchas violaciones al principio de separación de poderes. Un CNE que refuerce su capacidad sancionadora ante arbitrariedades recurrentes en campañas electorales como el uso de bienes y recursos del patrimonio público con fines electorales y la aparición de altos funcionarios públicos en ejercicio favoreciendo parcialidades partidistas.

4. La participación política y el derecho a ser elegido

Corregir tanto desnivel acumulado, tanta pendiente, en el terreno de juego electoral pasa por sincerar quiénes pueden alcanzar o recuperar el derecho constitucional a ser elegidos.

Aquí hace falta hacer valer la carta magna, la cual establece que los derechos políticos únicamente pueden ser despojados mediante sentencia judicial firme. Y no mediante inhabilitaciones administrativas de la Contraloría, avaladas por una ley de cuestionada constitucionalidad.

La inhabilitación con aparente motivación partidista ha venido superándose a sí misma en las elecciones recientes: ya no es solo la denuncia del Partido Comunista, formación disidente de la coalición gobernante, de retiro de 15 de sus candidatos en 2021 sin investigación ni decisión previa, o el caso de su candidato a gobernador de Barinas quien sí pudo inscribirse para noviembre de 2021, pero no para enero de 2022, por otra súbita inhabilitación. Es también que, en Barinas, ocurrió la inhabilitación retroactiva del candidato inicialmente ganador de esa gobernación, al igual que la de su esposa, quien de paso nunca ha ejercido cargos públicos.

No por casualidad la segunda de las recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) habla de suprimir esa prerrogativa de la Contraloría de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.

A las inhabilitaciones se une el tema, también irresuelto, de la entrega de los símbolos y de las tarjetas electorales de seis partidos políticos (no solo los opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano, sino los oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos) a facciones internas minoritarias. Y, ante esto, la primera de las recomendaciones urgentes de la MOE UE: evitar que el Poder Judicial invada las competencias del Poder Electoral.

5. La desinformación y la vigilancia social

Como decíamos más arriba, la sociedad hace buena parte del ciclo electoral: desde su motivación a inscribirse o actualizar sus datos en el RE, pasando por su participación como miembros de mesa, hasta su votación misma en la jornada electoral. Para participar del ciclo electoral, sin embargo, la gente precisa de información. Solo con datos verificados, confiables, veraces y oportunos los electores podrán tomar decisiones responsables y conscientes.

Además de un ecosistema mediático disminuido, el rigor de la censura y la opacidad en el acceso a datos públicos, Venezuela también ha padecido desinformación electoral. Hablamos de toda información falsa o maliciosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.

La lucha por el acceso a información veraz es una cruzada que requiere del concierto de todos, desde el árbitro, pasando por los actores políticos, hasta los electores. Se libra insertando políticas concretas contra la desinformación en los próximos cronogramas electorales, desde el CNE; evitando y siendo oportunamente sancionados quienes promuevan información maliciosa e intenten manipular la conversación pública, desde las candidaturas y los partidos; y haciendo mayores esfuerzos de alfabetización digital para saber con criterio más afinado qué huele a mentira, desde la sociedad.

La pluralidad de flujos comunicacionales también se fortalece permitiendo una observación electoral nacional e internacional diversa e independiente, capaz de advertir faltas con libertad, pero también de recomendar mejoras que redundan en el desarrollo y resguardo de la democracia.

La desinformación no es, sin embargo, la única nube oscura. Urge aclarar el uso del Sistema Patria y del carnet de la patria con fines electorales. Como también recomendamos desde la observación electoral en su momento, el terreno se desnivela menos si se da a conocer cuál es la institución responsable de la gestión de los datos de esta plataforma, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos y con qué fines, todo bajo el derecho constitucional de acceso a la información.

Terminamos como empezamos: enfatizando la importancia de que la sociedad exija, reclame y abrace los acuerdos políticos que deben surgir sobre las condiciones y garantías necesarias para transitar un próximo ciclo electoral lo más competitivo posible. Así como la naturaleza no da saltos, así también los procesos para lograr altos niveles de integridad electoral son graduales, incrementales. Trabajemos, con el concurso de todas las partes, con todos los venezolanos, en la construcción de una vía para avanzar en la reinstitucionalización del país hasta encontrarle puerta de salida constitucional, pacífica y democrática a la crisis que todavía determina nuestra cotidianidad.

Recomendación al cierre

En el OEV seguimos haciendo esfuerzos para contribuir a que la sociedad eleve su conocimiento y apropiación de los procesos electorales. En este sentido, abrimos el Aula Electoral OEV, un espacio multimedia de formación ciudadana que puedes cursar a modo de clases asíncronas desde tu computadora o celular. Ya tenemos tres clases a tu disposición: Cómo se construyen las elecciones en Venezuela; Las tareas para poner al día el Registro Electoral y garantizar el voto migrante, y La (des)información en tiempos de procesos electorales. INGRESA YA AL AULA.

Primera quincena, febrero de 2023

Los más recientes informes muestran un progresivo deterioro de la salud política en buena parte del planeta. En América, los recientes acontecimientos ponen de manifiesto que los gobiernos deben escuchar a los ciudadanos, incluirlos en la toma de decisiones y trabajar con ellos para garantizar que los contratos sociales sigan siendo válidos o se renueven adecuadamente. Si el poder no escucha, crecerá el descontento

Las democracias están decayendo o se están estancando en un contexto global que cambia con gran rapidez. Esta es una de las conclusiones en las cuales coinciden dos de los más recientes índices del estado de la democracia en el mundo. Pero, más allá del escrutinio general, lo primero que cabría preguntarse al revisar estos documentos es cómo queda posicionada Venezuela.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) acaba de publicar en esta quincena la versión en español de su informe “El estado de la democracia en el mundo 2022. Forjar contratos sociales en tiempos de descontento”. Las únicas tres menciones a nuestro país son incluso repetitivas sobre la misma caracterización de régimen político, de acuerdo con esta organización: “Si bien América es la segunda región más democrática del mundo, Haití, Nicaragua y Venezuela se han unido a Cuba como autocracias en la región”, afirman.

No es muy distinto de lo que también este mes publicó la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés) en su Índice de la Democracia 2022 titulado esta vez “Democracia en primera línea y la batalla por Ucrania”. Allí leemos: “América Latina alberga cuatro regímenes autoritarios: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Existe el riesgo de que la lista de autocracias en la región aumente, ya que varios países están experimentando un proceso de retroceso democrático. El ejemplo más destacado es El Salvador, que registró la segunda mayor caída de la región, después de Haití, en 2022”.

En el índice, la EIU ubicó a Venezuela en la posición 147 de entre 167 países listados. El dato pone a nuestro país cuatro peldaños arriba en relación con la clasificación del año anterior, en un ranking que tiene a Noruega en la cúspide y a Afganistán en el fondo. Incluso Nicaragua (143), Cuba (139) y Haití (135) quedaron mejor evaluados que Venezuela.

Los indicadores que se toman en cuenta para llegar a estas conclusiones son: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles.

Ahora bien, ¿cómo están la región y el mundo en materia de democracia?

IDEA: renovar los contratos sociales

Al hablarnos de América, IDEA Internacional puntualiza los siguientes cinco aspectos clave:

a) Un tercio de las democracias de la región ha experimentado descensos en los últimos dos años. Bolivia, Brasil, EE. UU., El Salvador y Guatemala son los países que más descensos han registrado.

b) En EE. UU. las amenazas a la democracia persisten tras la presidencia de Donald Trump, y se evidencian en la polarización, las tendencias contramayoritarias y el retroceso de derechos establecidos desde hace tiempo.

c) Las crecientes amenazas a la democracia incluyen la polarización tóxica, la desinformación y las noticias falsas, las leyes restrictivas y las prohibiciones de derechos, la intimidación de la prensa y los crecientes ataques a los tribunales y a los órganos electorales.

d) El descontento también va en aumento. La sociedad acude a las urnas y a las calles en busca de un cambio, impulsada por la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y los efectos de la pandemia.

e) Mientras que el descontento puede dar lugar a opciones democráticas en las urnas —y ha dado lugar a estas— los autoritarios populistas manipulan este descontento en un intento por desmantelar la democracia desde adentro. La democracia es un aliado, no un obstáculo, en la revisión del contrato social. Ofrece canales institucionales que pueden servir a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Para superar los obstáculos, este informe de IDEA Internacional hace especial énfasis en un mecanismo clave: el contrato social. Esta organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo considera que el contrato social debe volver a concebirse para responder a las nuevas y cambiantes necesidades y demandas de la gente. Entre los nuevos canales que experimentan los grupos que intentan esta nueva concepción enumeran nuevas constituciones, asambleas ciudadanas, asociaciones políticas locales, foros interpartidistas y mecanismos de diálogo gubernamental.

Aquí todos tenemos responsabilidad, no solo los gobiernos, sino también la sociedad civil, los partidos políticos,los medios de comunicación, los grupos de expertos, los académicos y los individuos. “Tienen que desempeñar cada uno su papel a la hora de apoyar y participar en la renovación de los contratos sociales”.

EIU: Ucrania gana, Rusia pierde

Si bien con IDEA nos enfocamos en hacer escala en nuestro continente, el más reciente informe anual de la Unidad de Inteligencia de The Economist nos ayudará a poner el gran angular sobre cinco grandes rasgos que caracterizan la democracia mundial de nuestros días:

a) Ucrania, ejemplo de democracia: la afamada publicación londinense considera que el compromiso del pueblo ucraniano por el derecho a decidir su propio futuro es inspirador. “Demuestra el poder de las ideas y los principios democráticos para unir a una nación y a su pueblo en pos de la democracia”, esto, en el contexto de la guerra con Rusia que está próxima a cumplir un año.

b) Rusia, el mayor perdedor en 2022: lo enuncian así porque Rusia registró en 2022 la mayor caída anual de su índice y descendió aún más en la clasificación mundial. El informe evalúa que el sueño de Vladimir Putin de restaurar la posición de Rusia como potencia imperial está fracasando. “El corolario de la guerra ha sido un pronunciado aumento de la represión estatal contra toda forma de disidencia y una mayor personalización del poder, empujando a Rusia hacia una dictadura absoluta”, afirman.

c) Espacio en la cima; los nórdicos y Europa dominan: los países nórdicos (Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia y Dinamarca) dominan la parte alta de la clasificación del Índice de Democracia. Noruega ostenta altas puntuaciones especialmente en proceso electoral y pluralismo, cultura política y participación política. Europa Occidental fue también la región que mejor se comportó en 2022 en cuanto al aumento de su puntuación en el índice.

d) Lo mejor y lo peor de 2022; subidas, bajadas y cambios de régimen: Chile, Francia y España suben a la categoría de “democracia plena”, mientras que Papúa Nueva Guinea y Perú han descendido a “regímenes híbridos”. Tailandia encabeza la lista mundial con el mayor aumento de puntuación, ya que el espacio para la oposición política se abrió y la amenaza de la insurgencia retrocedió. En el extremo opuesto del espectro, muy cerca de Rusia en términos de regresiones de puntuación, se encuentran Burkina Faso, Haití y El Salvador, donde Nayib Bukele “socavó los controles, equilibrios y límites constitucionales al afirmar que se presentará a la reelección consecutiva”.

e) Droga, insurgentes, señores de la guerra, piratas cibernéticos y otras amenazas a la soberanía y la democracia: aquí se habla de los poderosos cárteles de la droga de América Latina y el Caribe, los cuales desafían el control estatal sobre el territorio, además de amenazar la seguridad de los ciudadanos de a pie. “Este problema ha exacerbado los ya elevados niveles de corrupción en la región y está erosionando las normas democráticas en muchos países”. Otra amenaza creciente es la proliferación de ciberataques, ya sea por parte de empresas criminales privadas o individuos, o por actores estatales hostiles.

En líneas generales, a pesar de las expectativas de un repunte tras el levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia, la puntuación media global de este índice se estancó en 2022. Prácticamente no varió en relación con el año anterior. Según esta última edición, casi la mitad (45,3%) de la población mundial vive en algún tipo de democracia, mientras que más de un tercio (36,9%) vive bajo un régimen autoritario.

¿Qué hacer? Algunas pistas

¿Por qué estamos como estamos? En el caso de América Latina, según EIU, la escasa capacidad del Estado es una de las principales causas de las bajas puntuaciones de la región, en relación con el funcionamiento del gobierno y la cultura política. Un reto: que los latinoamericanos aumenten su nivel de confianza en las instituciones del Estado; las cuales deben minimizar la desigualdad y la corrupción.

En la idea de que corren tiempos de disminución de la confianza en las instituciones coincide el informe de IDEA. Pero a lo anterior agregan el ingrediente de la desinformación. En este sentido, esta organización recomienda específicamente a los órganos electorales de los países que actualicen sus acciones en materia de educación cívica.

“Los programas y las campañas de educación cívica deben ir más allá de la información técnica sobre el funcionamiento de las elecciones para centrarse más en la construcción de la ciudadanía mediante la visibilidad, la promoción y la reproducción de las experiencias exitosas de participación ciudadana y las lecciones aprendidas”.

Al respecto, el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) tras las más recientes elecciones venezolanas, de noviembre de 2021, consideró insuficientes los esfuerzos de educación cívica del Consejo Nacional Electoral. Los estudios de campo del OEV durante la campaña 2021 también señalaron muy pocas campañas y declaraciones públicas del ente comicial que generaran confianza a los electores mediante la garantía del secreto del voto.

Por último, IDEA refresca que, para que las elecciones sean creíbles, los órganos electorales deben ser autónomos, sus rectores deben actuar con independencia y los gobiernos no deben interferir indebidamente en sus decisiones. Reto gigante en Venezuela, donde el año empezó con un asomo gubernamental de posible cambio de autoridades electorales sin que las actuales hayan completado su período constitucional y con un directorio todavía incompleto por la injustificable demora en el reemplazo de la falta absoluta de una rectoría.

Elecciones en Ecuador: lo político, lo técnico y el voto migrante

🇪🇨 | En Ecuador se celebraron el pasado 5 de febrero las Elecciones Seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) así como el Referéndum 2023 que intentó reformar la Constitución. A pesar de la violencia política registrada en algunas provincias del país en la noche del 4 de febrero, la jornada electoral en general transcurrió en un clima de tranquilidad. El Consejo Nacional Electoral reportó una participación de más del 80% de los electores.

A continuación, vamos a revisar estas elecciones desde las miradas política y técnica.

En lo político, citaremos al decano de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad San Francisco de Quito, Paolo Moncagatta, quien en un artículo evalúa un país con un gobierno debilitado y el correísmo fortalecido.

¿Por qué el gobierno sale debilitado? CREO, como se llama el movimiento del presidente Guillermo Lasso, obtuvo pocas alcaldías y prefecturas de importancia. El referéndum dio como ganador al “No” en sus ocho preguntas, con porcentajes de entre el 52% y el 58%. “Este es sin duda un gran revés para el ejecutivo, que había presentado al referéndum como su proyecto, y que, muy probablemente, había calculado que ganaría con amplios márgenes (…) El referéndum fue una equivocación estratégica, perdió estrepitosamente, y ahora pone al ejecutivo en un plano mucho más difícil que antes de las elecciones”, escribe Moncagatta.

¿Por qué el correísmo sale fortalecido? Emergen como ganadores claros en este proceso electoral el movimiento Revolución Ciudadana y su líder el expresidente Rafael Correa. “Se hace de las alcaldías y prefecturas más importantes del país, recuperándolas de sus principales adversarios políticos. Pero más allá, por el número de alcaldías obtenidos a nivel nacional, la Revolución Ciudadana -y Pachakutik- deja la impresión de ser uno de los pocos movimientos/partidos con una estructura consolidada a nivel nacional”, dice el analista. Los triunfos más relevantes son las alcaldías de la capital, Quito, y el puerto principal, Guayaquil.

Ahora miremos lo técnico. En su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) consideró que “uno de los desarrollos más preocupantes” del proceso electoral “fue el aumento de la violencia política, con manifestaciones del crimen organizado en la contienda electoral”. Asimismo, anotaron que el proceso de escrutinio “tomó mucho más de lo esperado y en varias mesas observadas no se apegó a lo estipulado en los manuales”, al tiempo que observaron “falta de capacitación” en la mayoría de miembros de mesas electorales.

Transparencia Electoral, por su lado, valoró positivamente la apertura del CNE hacia las misiones de observación nacionales e internacionales. En su informe preliminar dan cuenta de 241 observadores internacionales y 1.864 observadores nacionales.

Esta misión de observación también saludó las iniciativas del árbitro orientadas a garantizar los derechos civiles y políticos de sus nacionales, tales como las relacionadas con el voto de personas privadas de libertad (PPL), de personas con movilidad reducida (voto en casa) y el voto de residentes en el extranjero (voto telemático).

¿Cómo se comportó la votación desde el exterior?

Los 409.250 ecuatorianos residentes en el exterior y habilitados para el sufragio solamente podían expresarse en el Referéndum 2023 y por los Consejos de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En Venezuela votaron 1.848 ecuatorianos inscritos en las mesas de Caracas y Valencia, como enseñan los resultados públicos en la web del CNE de ese país. A diferencia de la tendencia ganadora del “No”, los ecuatorianos en Venezuela votaron mayoritariamente por el “Sí” al paquete reformista del presidente Lasso en seis de las ocho preguntas de esta consulta. El “No”, sin embargo, se impuso -en sintonía con la votación mayoritaria nacional- únicamente para las preguntas 5 y 6, relativas a las propuestas de eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS, de modo que fuese la Asamblea Nacional la que los designara, y a modificar el proceso de designación de los miembros de estos consejos.

Queda para el debate el peso que pudo tener la polarización en los resultados de este referendo. ¿Los electores habrán efectivamente respondido las preguntas planteadas, o habrán votado más a favor o en contra de Correa y de Lasso?

Las preguntas de esta consulta y las características de este proceso en general las explicamos a principios de año, cuando presentamos el calendario electoral latinoamericano 2023 en nuestro Boletín OEV 97.

La Junta Especial del Exterior tuvo que iniciar en días recientes el recuento de votos correspondientes a las actas de escrutinio que presentaron inconsistencias durante el sufragio presencial en las circunscripciones del exterior.

La MOE/OEA reportó que el voto telemático cubrió 97.100 electores o un 25% del padrón electoral en el exterior. El servicio de voto telemático se interrumpió aproximadamente desde las 8:00 y hasta las 9:30 de la mañana, horario de Quito. Durante esta interrupción, no fue posible emitir el voto en ninguna de las 52 zonas electorales en que estaba previsto el voto telemático. Según la información proporcionada por el CNE a la MOE/OEA, ocurrió un problema de conectividad entre la página de votos disponible para el votante y la base de datos. Se restableció a partir de las 10:00 a.m. “La MOE/OEA observó que muchos ecuatorianos en el exterior mostraron malestar e incertidumbre a través de las redes sociales por este incidente”. No obstante, 17.940 ecuatorianos residentes en el exterior emitieron su voto a través de esta modalidad. Pocos.

Primaria opositora el 22-O: “La colocamos completamente en manos de la gente”

“A partir de este momento la primaria requiere mucho más de la cooperación de todos. Con este anuncio colocamos completamente la primaria en manos de la gente”, expresó el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, al revelar el cronograma que regirá este proceso, cuya jornada de votación quedó fijada para el próximo 22 de octubre de 2023.

A tres meses de la instalación de la comisión no se han resuelto todas las incertidumbres sobre la primaria, admitió Casal, pero la consulta nacional de la primera etapa de trabajo “permitió darle al proceso el perfil y el brío que ha alcanzado”, ponderó este 15 de febrero desde el anfiteatro de El Hatillo, en Caracas.

Sobre la reciente designación de la comisión técnica conjunta con el CNE, indicó que defenderán en ese espacio la exigencia de utilizar los centros de votación para la primaria y que se organicen jornadas especiales del Registro Electoral.

Aclaró, no obstante, que la comisión, como órgano rector de la primaria presidencial rumbo al 2024, se asegurará de controlar el proceso, que se respete su configuración, se garantice la confiabilidad y se resguarde la identidad del elector en todo momento.

Algunos hitos del cronograma son:

• 28 de febrero al 19 de marzo: juramentación de las Juntas Regionales.
• 21 de abril: invitación a observadores electorales.
• 24 de abril: publicación de reglamentos.
• 24 de mayo al 23 de junio: postulación de candidatos.
• 22 de agosto al 20 de octubre: campaña.

CNE conforma comisión técnica

Previamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que había designado una comisión técnica para determinar el alcance de su eventual asistencia en esta elección primaria. Esta solicitud la hizo la Comisión Nacional de Primaria en la reunión inicial del 16 de diciembre de 2022 con los rectores y la ratificó en comunicación enviada al CNE el 1 de febrero de 2023.

Esta comisión estará encabezada por el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, e integrada por el rector principal Roberto Picón y los rectores suplentes incorporados Carlos Quintero y Leonel Párica. Así lo acordaron las autoridades electorales el 9 de febrero. “Deberán reunirse en breve con representantes de la instancia partidista opositora”, instruyó el directorio.

Recomendación al cierre

Los personajes generados por inteligencia artificial suelen usarse para las capacitaciones empresariales. Ahora, por primera vez, se ha detectado su uso en una campaña de información afín a un Estado; es un nuevo capítulo de la manipulación en internet, que explica ESTE ARTÍCULO de The New York Times en español.

Segunda quincena, enero de 2023

Después de quince años la Universidad Central de Venezuela por fin se prepara para celebrar elecciones rectorales. El reglamento transitorio que regirá este proceso amplía la población electoral a toda la comunidad universitaria, como exigía el gobierno, pero mantiene y asigna porcentajes de participación a cada sector, como defendía la legislación universitaria vigente. Para que saliera humo blanco de la Ciudad Universitaria todos tuvieron que ceder y acordar. ¿Ejemplo para el país?

La Universidad Central de Venezuela (UCV) empezó el 2023 con la aprobación de un nuevo e importante proceso electoral: el Consejo Universitario resolvió el 18 de enero convocar a la elección de autoridades, decanos, representantes profesorales ante los distintos órganos de cogobierno universitario y consejo de apelaciones. La fecha: viernes, 26 de mayo.

Como “un proceso anhelado por la comunidad universitaria” se refirió la actual rectora, Cecilia García-Arocha, a las próximas votaciones. Justamente en mayo próximo se cumplirán 15 años de las más recientes elecciones de autoridades en la máxima casa de estudios universitarios de Venezuela. Tres lustros después, de las cuatro autoridades solo permanece ella junto al secretario Amalio Belmonte, luego de la renuncia del vicerrector administrativo Bernardo Méndez (2020) y el fallecimiento del vicerrector académico Nicolás Bianco (2022).

Dos medidas resaltan sobre la configuración del proceso electoral universitario: la decisión del Consejo Universitario (CU) de emplear por esta única vez el “Reglamento transitorio para la elección de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales de la UCV”, aprobado por esa misma instancia el 20 de julio de 2022; así como la decisión del mismo CU, tomada el pasado 25 de enero, de hacer la elección con los equipos de lectoras ópticas que son propiedad de la institución.

¿Por qué tanta demora?

Las siguientes votaciones por autoridades en la UCV debieron celebrarse en 2012. Hace más de 10 años. Pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió las elecciones en las universidades autónomas públicas en general, porque consideró que sus reglamentos no cumplían con el llamado a votación en el cual todos los sectores que integran la universidad tienen el mismo peso dentro del voto. Lo que comúnmente llaman el 1 a 1.

Casi una década después de que la rectora García-Arocha interpusiera una medida cautelar, el TSJ le respondió ordenando un cambio de las reglas electorales. La sentencia del 27 de agosto de 2019, que el Boletín 25 del OEV reseñó en su momento, suspendía artículos de la Ley de Universidades relativos a la elección de autoridades y trazaba una “igualdad de condiciones” basada en cinco distintos registros electorales con igual peso relativo de votos para todos los integrantes de la comunidad universitaria (incluidos egresados). Se violaba así la Constitución, en sus principios de autonomía universitaria y normas de gobierno, al tiempo que el Judicial se convertía en legislador, contraviniendo las normas establecidas.

Las universidades se opusieron de manera enérgica a celebrar elecciones bajo esos criterios del TSJ, por tacharlos de inconstitucionales e ilegales. El plazo de seis meses dado por el TSJ para hacer cumplir sus órdenes venció el 27 de febrero de 2020. En esa fecha, una nueva sentencia de la Sala Constitucional decidió suspender la medida cautelar de agosto de 2019, “atendiendo al compromiso de las representaciones de las universidades nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias cuyo período está largamente vencido”.

Esa sentencia de febrero de 2020 también instruyó a las universidades a iniciar procesos eleccionarios que pusieran en práctica el principio de universalidad y sectorización de la comunidad universitaria y, a tal efecto, ajustar transitoriamente sus reglamentos electorales de acuerdo con los parámetros contenidos en la polémica sentencia del 27 de agosto de 2019. Días después de la publicación de este segundo fallo sobre el tema, empezó la pandemia de covid-19 que paralizó también la vida universitaria.

Esta decisión del CU de enero de 2023 de convocar a elecciones con su propio reglamento transitorio resultó incluso aplaudida en el seno de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. El presidente del Legislativo, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Distrito Capital), saludó el 19 de enero el proceso electoral que avanza en la UCV y la aprobación del reglamento especial que permitirá el desarrollo de unos comicios en mora. Recomendó también que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación conozca ese reglamento y los procesos que conduce.

¿Qué pasó entonces esta vez, cuando ocurrió en la Venezuela política algo distinto a la recurrente polarización e imposición de los poderes públicos sobre la vida nacional? Que todos cedieron. “Tanto la universidad en la interpretación del proceso electoral, como el Ejecutivo por las señales que ha venido dando”, dijo el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, el pasado 24 de enero en entrevista con el Circuito Éxitos de Unión Radio.

La universidad, ciertamente, creó un nuevo reglamento de tipo transitorio que va a orientar estas elecciones, pero en el camino hubo intercambios con el Ministerio de Educación Universitaria para acordarlo, agregó el representante profesoral.

Ceder para nada es negativo, ni debe entenderse como signo de debilidad de lado y lado, consideramos en el OEV. Las partes que piensan distinto están obligadas a negociar para alcanzar acuerdos que, al final del día, terminan beneficiando a comunidades como la universitaria y a la sociedad en su conjunto. Este de la UCV puede erigirse como un buen ejemplo que escale a otras instancias mayores en un país urgido de acuerdos estables para salir de la prolongada crisis política.

El mismo profesor Afonso es fruto del calentamiento electoral que significó 2022 para la UCV. El año pasado se celebraron no solo elecciones de la APUCV, sino de representantes estudiantiles ante el gobierno estudiantil (más en Boletín OEV 84) y de representantes de los egresados ante las distintas instancias del cogobierno universitario (más en Boletín OEV 87).

En esa entrevista para el programa Zona Éxitos, Afonso también comentó que la principal variación en el reglamento transitorio radica en la participación de otros sectores que no contaban antes para elegir autoridades. Vamos a revisar este documento, en sus 13 artículos.

Así serán estas elecciones

Lo primero que hay que recordar es que no es un capricho ni nada ilegal que una universidad autónoma venezolana haga su propio reglamento electoral. Por el contrario, haciéndolo ejerce la facultad que le confiere el numeral 21 del artículo 26 de la Ley de Universidades. Y, si vamos más allá, así lo ampara el artículo 109 de la Constitución, que reconoce expresamente la autonomía universitaria (que en el caso de la UCV le fue otorgada desde 1784).

Los siguientes son cinco aspectos clave del reglamento transitorio ucevista:

I. El Registro Electoral se integrará de esta forma: 1) Personal docente y de investigación ordinarios, honorarios, especiales y jubilados, indistintamente de su escalafón. 2) Estudiantes regulares de pregrado de cada facultad. 3) Egresados del nivel de pregrado de la universidad. 4) Personal administrativo activo o jubilado. 5) Personal obrero activo o jubilado. “La igualdad de condiciones se entiende aplicada a la relación entre cada sector electoral que conforman la comunidad universitaria”, se lee.

Estamos, con base en lo instruido por el TSJ en su segunda sentencia sobre el tema de febrero de 2020, ante las primeras elecciones de autoridades rectorales ucevistas que incorporarán a personal administrativo y obrero, así como a los egresados.

II. Las elecciones serán válidas sea cual fuere el número de profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros que hayan ejercido su derecho al voto.

III. Tomando en consideración que la comunidad académica es la responsable de crear, asimilar y difundir el conocimiento mediante la investigación y la enseñanza, para la formación científica y humanística de los estudiantes, su dirección descansa en el cuerpo docente, por lo que se establecen porcentajes de participación asignados a cada sector, los cuales se calculan sobre el número total de profesores votantes:

1) Estudiantes regulares de pregrado, le corresponde un porcentaje de 25 %.

2) Egresados, le corresponde un 5 %.

3) Personal administrativo, le corresponde un 10 %.

4) Personal obrero, le corresponde un 10 %.

En el OEV consideramos positivo que se mantenga algún baremo diferenciador. Como argumentamos en 2019 al calor del fallo del Judicial, siendo las universidades instituciones académicas para la investigación, creación de conocimiento y enseñanza superior, históricamente han sido siempre instituciones jerárquicas, donde todos los integrantes de sus comunidades cumplen relevantes tareas y funciones, pero no del mismo rango. La sentencia del TSJ eliminaba toda diferencia, dándole exactamente el mismo peso al voto de todos los integrantes de la comunidad universitaria, en la cual se incluía en igualdad de condiciones a los egresados que, como su nombre lo indica, dejaron ya de formar parte de la comunidad a la cual alguna vez pertenecieron.

IV. El candidato al cargo postulado que haya obtenido la mayoría de votos (mitad más uno) sumados los votos de todos los sectores electorales, se proclamará como candidato electo.

Si ningún candidato logra mayoría de votos (mitad más uno), habría segunda vuelta, con los dos candidatos con mayor cantidad de votos de los sectores electorales. Se celebraría dentro de los 30 días continuos a la primera elección.

V. Los aspectos relacionados con los procesos y procedimientos, así como condiciones generales y particulares a aplicar para las elecciones previstas en el reglamento serán las indicadas en el Reglamento de Elecciones Universitarias vigente de la UCV, de fecha 31 de octubre de 2007. Lo no previsto en el reglamento será resuelto por la Comisión Electoral de la UCV.

Hablamos, para finalizar, de un reglamento de un solo uso: tendrá vigencia hasta 15 días continuos contados a partir de la proclamación de todos los candidatos a los distintos cargos.

ONG rechazan proyecto de ley por poner en peligro el espacio cívico en Venezuela

Organizaciones de la sociedad civil en Venezuela rechazan el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión por el pleno de la Asamblea Nacional (AN) el pasado 24 de enero.

En rueda de prensa, voceros de organizaciones sociales advirtieron el 27 de enero que el proyecto de ley “deja en un limbo jurídico y administrativo a todas las organizaciones y hace inviable su regularización por requisitos que dependen de la discrecionalidad del Estado y que están siendo restringidos”.

Por su lado, el Foro Cívico expresó en un comunicado del 26 de enero que el proyecto de ley vulnera los derechos humanos de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela también expresó su “profunda preocupación” por las posibles implicaciones del proyecto. “De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.

Este proyecto de ley está siendo sometido a consulta pública nacional a partir del 27 de enero. Contiene 17 artículos y una disposición transitoria.

En boletines de prensa de la AN se ha conocido que establece aspectos como: a) la obligación de registrar las ONG ante el ente competente en materia de registros y notarías, b) la obligación de declarar con fines de registro el inventario de bienes al momento de constituirse y su actualización anual con expresa determinación de las fuentes; c) la obligación de declarar la relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes, entre otras disposiciones que oficialmente se desconocen.

Presentados los 18 asesores técnico-electorales de la primaria opositora

La Comisión Nacional de Primaria comunicó el 26 de enero los nombres de los miembros de la comisión asesora técnico-electoral que los acompañarán en el proceso de escoger un candidato único opositor que se mida con el oficialismo en las próximas elecciones presidenciales.

¿Qué hará este equipo? Atenderá las consultas de la Comisión Nacional de Primaria en cuanto a necesidades y condiciones técnicas que deberán cumplirse para garantizar una elección que la misma comisión califica de transparente, segura y eficiente tanto para los actores del proceso como para los electores.

Así, los 18 integrantes son:

• Miguel Cañas / Comisión Nacional de Primaria.
• Francisco Castro / Comisión Nacional de Primaria.
• Gustavo Silva / Comisión Nacional de Primaria.
• Ángel Lugo (Acción Democrática).
• Ildemaro Martínez (Concertación Ciudadana).
• Enrique Naime (Copei).
• Enrique Martínez (CR).
• Telmo Marturet (Convergencia).
• Naremi Silva (Encuentro Ciudadano).
• Máximo Sánchez (Fuerza Vecinal).
• Mercedes Arredondo (MPV).
• José Joaquín Rodríguez (Primero Justicia).
• Irma Blanco (Proyecto Venezuela).
• Jesús Gutiérrez (Todos Somos Unidad).
• Aimé Nogal (Un Nuevo Tiempo).
• José Luis Castañeda (UPP89).
• Humberto Villalobos (Vente Venezuela).
• Javier Martucci (Voluntad Popular).

La primaria opositora, al cierre de este boletín, continúa sin anuncio de fecha de votación ni de cronograma.

Recomendación al cierre

Puede parecer un gesto vivaracho, muchos pueden celebrar al funcionario despabilado que miente o tergiversa la información para causar confusión o fracturar al normal disenso político, pero lo cierto es que esas acciones, aparte de ser nada éticas, son inconstitucionales, fomentan la polarización y amenazan la posibilidad de alcanzar soluciones pacíficas. Así empieza Ana Julia Niño su artículo “La desinformación institucional, otro actor contra la confianza electoral”, recién publicado por el Observatorio Venezolano de Fake News. LÉELO AQUÍ.

Primera quincena, enero de 2023

Expectación por tres votaciones presidenciales, una en Centroamérica y dos en Sudamérica. En otros países también será tiempo de comicios locales, referéndum y nuevo plebiscito. Las facilidades para el sufragio de las comunidades migrantes aparecen como patrón en varios de estos procesos. Venezuela es la excepción. En nuestro país, por cierto, aparece agendada, aunque sin fecha todavía, la primaria opositora

¿Qué nos depara el 2023 en materia electoral? En América Latina están previstas elecciones generales en Paraguay, Guatemala y Argentina; elecciones subnacionales en Ecuador, México y Colombia; consultas ciudadanas en Ecuador y Chile además de elecciones primarias en Argentina y, todavía sin fecha definitiva, en Venezuela.

Veamos a continuación el perfil de cada proceso comicial:

Ecuador

El país de la mitad del mundo abre el calendario electoral latinoamericano 2023 el 5 de febrero. Ese domingo los ecuatorianos elegirán en elecciones seccionales a:

-23 prefectos e igual número de viceprefectos (un prefecto en Ecuador vendría siendo el equivalente a un gobernador en Venezuela).

-221 alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y vocales principales de las juntas parroquiales.

-7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Pero también Ecuador aprovechará la cita para hacer un referéndum que consiste en ocho consultas ciudadanas aprobatorias de enmiendas constitucionales, con igual número de preguntas relativas a:

1.- Permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.

2.- Garantizar la autonomía de la Fiscalía para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal.

3.- Reducir el número de asambleístas.

4.- Exigir que los movimientos políticos, para su legalización, cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE.

5.- Eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS, de modo que sea la Asamblea Nacional la que los designe.

6.- Modificar el proceso de designación de los miembros de estos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

7.- Incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

8.- Que las personas puedan ser beneficiarios de compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales.

No solo se votará dentro de territorio ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral (CNE) también prevé una votación telemática para ecuatorianos en el exterior, empadronados en alguna de 52 zonas especiales que han sido agrupadas en tres grandes circunscripciones del mundo, la tercera de las cuales incluye a los ecuatorianos en Venezuela.

Esta es una nueva modalidad de sufragio implementada por el CNE ecuatoriano, que permitirá a sus nacionales en el exterior ejercer su derecho al voto para elegir a los siete miembros del CPCCS y opinar en el Referéndum 2023, a través de un teléfono celular, tableta o computadora que cuente con internet.

Los requisitos que para ello se deben cumplir son: a) estar registrado en el padrón electoral en cualquiera de las 52 zonas electorales; b) tener cédula de identidad o pasaporte a la mano, c) contar con un teléfono inteligente, computadora o tablet que cuente con conexión a internet, d) inscribirse en la modalidad de voto telemático.

Si lo contrastamos con el caso venezolano, Ecuador no supedita el ejercicio de los derechos político-electorales al estatus migratorio, como limita el artículo 124 de la LOPRE venezolana.

Paraguay

El territorio guaraní es uno de los pocos de la región que, al inicio de 2023, se encuentra gobernado por una administración de derecha. El mandato del actual presidente, Mario Abdo Benítez (Partido Colorado), vence en agosto próximo. Por eso Paraguay elegirá el 30 de abril los cargos de:

-Presidente y vicepresidente.

-45 senadores titulares y 30 suplentes.

-80 diputados titulares e igual número de suplentes.

-17 gobernadores.

-257 miembros titulares e igual número de suplentes para las 17 juntas departamentales.​

Ya hubo primarias el pasado 18 de diciembre. Las Elecciones Nacionales y Departamentales Paraguay 2023 son organizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y la legislación permite el voto de los paraguayos en el exterior, quienes usarán por primera vez las máquinas de votación que fueron estrenadas dentro del territorio durante el proceso subnacional de 2021 como una innovación en jornadas eleccionarias. En estas elecciones regirá el voto electrónico, mediante la utilización de la máquina de votación, informa Cancillería.

Chile

Los partidos acordaron retomar el rechazado en las urnas proceso constituyente del 2022. Así, el nuevo Consejo Constitucional estará integrado por 50 miembros quienes serán elegidos el próximo 7 de mayo. Ellos trabajarán durante cinco meses en un nuevo Proyecto de Constitución, con base en un borrador o anteproyecto que les proporcionará un grupo de 24 expertos previamente designados en marzo por el Congreso.

El texto resultante deberá ser refrendado en un plebiscito, que tendrá lugar el 17 de diciembre. Entonces sabremos, finalmente, si Chile aceptará un nuevo texto fundamental o si insistirá por segunda vez en seguir con el vigente, que fue instaurado, en su versión inicial, durante la dictadura de Pinochet. Este país recién restituyó la figura del voto obligatorio.

En el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que terminó rechazando aquella propuesta de nueva Constitución, 546 chilenos residentes en Venezuela podían sufragar en las mesas instaladas en los consulados de Caracas y Puerto Ordaz. Votó la mitad de los inscritos. Entre tanto, 34.605 venezolanos en Chile tenían derecho a voto para esa consulta, erigiéndose como la cuarta comunidad extranjera con mayor proporción de electores en el padrón. En dos años, entre 2020 y 2022, el número de venezolanos con derecho a voto en Chile aumentó en 384 %, el segundo crecimiento porcentual más acentuado después de los haitianos, según estadísticas del Servicio Electoral (Servel) chileno.

México

El próximo 4 de junio algunas provincias de la nación azteca concurrirán a elecciones ordinarias estatales. Los electores del Estado de México (Edomex) escogen al titular del ejecutivo, y los del Estado de Coahuila irán a las urnas para elegir una gubernatura y 27 diputaciones, informa el Instituto Nacional Electoral (INE).

En Edomex los electores podrán expresarse de manera presencial, pero también por vía postal o por medio de voto remoto por internet.

Antes, el 19 de febrero, en el Estado de Tamaulipas se celebrará una jornada electoral extraordinaria para elegir una senaduría.

Guatemala

El 25 de junio es la cita comicial en la nación centroamericana. Corresponde el relevo del gobierno de derecha de Alejandro Giammattei, porque se eligen:

-Presidente y vicepresidente.

-160 diputados al Congreso.

-340 alcaldes.

-20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Si ningún candidato presidencial logra mayoría de votos en primera vuelta, habrá una segunda vuelta en agosto, únicamente para presidente.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene, entre otros desafíos, el de mejorar los procesos a fin de permitir que se obtengan resultados preliminares la misma noche de la elección. Así se lo han recomendado los más recientes informes de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). La MOE OEA ha comprobado en terreno que diversos aspectos sobre los cuales está estructurado el sistema de digitalización y transmisión actual abren la puerta a errores o manipulaciones.

Los guatemaltecos residentes en el extranjero pueden registrarse o actualizar sus datos en línea en el sitio web del TSE. El migrante solo necesita ser mayor de 18 años y contar con el Documento Único de Identificación (DPI). La Unidad Especializada sobre Voto en el Extranjero (UEVE) es la dependencia del órgano electoral encargada de todas las actividades necesarias para hacer efectivo el voto en el extranjero.

La UEVE ha informado que la modalidad de voto y los centros de votaciones se definirán en el decreto de convocatoria a elecciones generales en la segunda o tercera semana de enero de 2023.

Argentina

Los argentinos tendrán un año enteramente electoral. Además de presidente y vicepresidente, en las elecciones de este 2023 también se dirimirán los cargos de jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los gobernadores de 21 provincias (los de Santiago del Estero y Corrientes fueron electos en 2021). También se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (128 diputaciones) y un tercio del Senado (24 senadurías), y se elegirán cargos de legisladores provinciales y de intendentes y concejales municipales, enumera un trabajo de Chequeado.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de las cuales saldrán los candidatos para las elecciones generales, serán el 13 de agosto. De las leyes electorales se desprende que las elecciones generales serán el 22 de octubre.

De haber segunda vuelta presidencial, se celebraría el 19 de noviembre. A ella se llega si ningún candidato obtiene al menos 45 % de los votos o más de 10 puntos de diferencia, superando el 40 %.

Entre tanto, al menos la mitad de las 21 provincias que deben elegir gobernador convocaron a elecciones en una fecha diferente a la nacional.

Los argentinos en el exterior que actualicen oportunamente su nuevo domicilio en el DNI pueden votar en elecciones generales de forma presencial en la representación consular correspondiente, siempre que figuren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.

Colombia

El 29 de octubre los colombianos tendrán elecciones de autoridades territoriales, a saber:

-32 gobernadores.

-1.102 alcaldes.

-418 diputados.

-12.072 concejales.

-6.513 ediles o miembros de las juntas administradoras locales.

De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega, para esta jornada electoral se instalarán 12.817 puestos de votación: 5.605 urbanos y 7.212 rurales. Podrán votar solo los colombianos que residan dentro del país. Para el caso de los extranjeros residentes en Colombia, podrán votar si cuentan con un mínimo de cinco años de residencia e inscriben su cédula de extranjería con categoría de residente.

Colombia establece y ejerce de manera plural la práctica de la observación electoral, tanto nacional como internacional. Del mismo modo, el CNE colombiano creó en 2019 las Veedurías Ciudadanas Electorales, que son un mecanismo de representación de los ciudadanos para hacer seguimiento a los procesos electorales que se realicen en el país, y denunciar las posibles irregularidades que se presenten en desarrollo de los comicios. Cualquier ciudadano puede formar parte de una veeduría electoral. Ellas estarán formadas por mínimo tres y máximo seis personas, y sus nombres deberán constar en el acta de formación. Este registro debe hacerse ante el CNE.

El caso Venezuela

En atención a los períodos constitucionales de los cargos de elección popular, en Venezuela no corresponden procesos comiciales para 2023, aunque el presidente Maduro ha asomado en dos oportunidades un posible adelanto de presidenciales. La oposición política, sin embargo, ha anunciado la celebración de una elección primaria durante este año con la finalidad de seleccionar un candidato unitario para la próxima elección presidencial.

La Comisión Nacional de Primaria rindió cuentas del pasado 12 de diciembre de su fase inicial de trabajo, consistente en una ronda de consultas con distintos actores y sectores del país. Aunque consideran que aún faltan por establecerse garantías y condiciones antes de comunicar la fecha de la primaria, los esfuerzos apuntan a celebrar esa votación a finales del primer semestre.

El 16 de diciembre pasado esta comisión sostuvo una reunión inicial con el directorio del CNE. Según boletín de prensa del órgano electoral, entre los planteamientos hechos a los rectores electorales se incluyeron el uso de centros de votación, la conformación de una comisión técnica para definir el alcance de la asistencia del CNE y el eventual uso del sistema automatizado de votación.

Así la planificación y el calendario electoral latinoamericano de 2023. Como cierre, compartiremos dos ideas que llaman la atención: la primera, cómo el principio de calendarización sigue imponiéndose favorablemente en la región, estableciéndose los cronogramas de los procesos electorales con suficiente tiempo, lo cual resulta beneficioso tanto para los actores, los electores, así como para los árbitros y, al final del día, para la democracia. Y, la segunda, cómo subyace una tendencia de los Estados y las administraciones electorales a facilitar y favorecer el voto migrante, mediante la simplificación de trámites y la apertura hacia nuevas modalidades de inscripción y actualización de datos, así como el ejercicio mismo del sufragio. Ambas, materias muy pendientes en la Venezuela presente.

La idea es del ratificado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (PSUV), y la comunicó en rueda de prensa el 9 de enero.

El actual directorio del CNE fue designado por la AN, como corresponde, en mayo de 2021, después de varios nombramientos inconstitucionales ejercidos por el TSJ. Con base en entrevistas con interlocutores, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea lo valoró como el más equilibrado de los últimos 20 años y apreciaron esta designación como la medida más importante para recuperar la confianza en el CNE después de que los partidos de oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores desde 2015.

La declaración de Rodríguez se produce nueve meses después de que la rectora principal Tanial D’Amelio fuese designada por la misma AN como magistrada del TSJ, dejando una falta absoluta que, todavía entrado el 2023, inexplicablemente, no ha sido cubierta con el ascenso del suplente correspondiente. El directorio funciona con cuatro de cinco rectorías principales.

La Constitución (artículo 296) establece que los integrantes del CNE durarán siete años en sus funciones y serán elegidos por separado: los tres postulados por la sociedad civil al inicio de cada período de la AN, y los otros dos a la mitad de este. El mismo artículo constitucional también contempla que los integrantes del CNE podrán ser removidos por la AN, previo pronunciamiento del TSJ.

Por su lado, la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) amplía en su artículo 30 la forma como debe hacerse la designación de rectores electorales por parte de la AN:

-Al inicio del período constitucional del Poder Electoral, designará a tres de los rectores electorales y a sus respectivos suplentes de las listas de elegibles postulados por la sociedad civil.

-A la mitad del período constitucional del Poder Electoral, designará a dos rectores electorales y a sus cuatro suplentes de las listas de elegibles postulados por el Poder Ciudadano, y por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales.

No se hizo de esta manera en mayo de 2021, cuando fueron designados al mismo tiempo los 15 nuevos integrantes del CNE: cinco rectores electorales (o principales) y sus 10 suplentes. En cualquier caso, a la fecha, ninguno de los rectores electorales en ejercicio ha agotado su período.

La LOPE también expresa (artículo 31) que la AN podrá, bien de oficio o a instancia de terceros, remover con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes a los rectores electorales, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena.

El 32 enumera los causales de remoción de los rectores electorales: a) quedar sujeto a interdicción o inhabilitación política; b) adscribirse directa o indirectamente a organizaciones con fines políticos; c) recibir directa o indirectamente beneficios de cualquier tipo de persona u organización que comprometa su independencia; d) haber sido condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos o haber sido declarado responsable administrativamente por decisión firme de la Contraloría. Hasta ahora no pesa ninguno de estos causales sobre ninguno de los cuatro rectores electorales en ejercicio ni sobre sus suplentes.

Después de la declaración del jefe del Parlamento se han levantado distintas voces prendiendo alarmas sobre la gravedad de este asomo.

La integridad electoral de un país pasa por el reconocimiento y la preservación de la institucionalidad, así como por el acatamiento de las disposiciones legales relacionadas con la designación y permanencia de la administración electoral.

Recomendación al cierre

¡Feliz 2023! ¿Cuáles son las proyecciones económicas para el año que empieza? ESTE TRABAJO de BBC Mundo presenta algunas, en materia de crecimiento, inflación e influencia de la política sobre la economía, con base en organismos internacionales, consultoras y bancos de inversión, luego de que Venezuela -otra vez- cerró el 2022 con la inflación más alta de América Latina (146 %).

Diciembre de 2022

Desde mecanismos frustrados hasta repeticiones de votaciones, pasando por el cambio de mando de los vecinos de Venezuela y la presentación de informes de observación internacional independientes, todo y más caracterizó en lo electoral el calendario del año que se acaba. Como hilos conductores de este repaso se revelan el ejercicio truncado de derechos y el carácter fundamental de los acuerdos

Termina 2022; año que, aunque no estrictamente de votaciones, dejó en su haber un conjunto de hechos en materia electoral, votaciones incluidas, que merece la pena repasar y evaluar, sobre todo a la luz del próximo ciclo electoral en Venezuela.

La persistente crisis política, madre de las crisis económica, social y migratoria que atravesamos, reivindica la importancia de la mesa de negociación y acuerdos recientemente reinstalada en México, como opción democrática y constitucional para la resolución de conflictos y la sustentabilidad de la vida nacional.

La presentación de noticias electorales 2022 que hacemos a continuación y, en general, toda la materia electoral en Venezuela se encuentra condicionada al éxito o fracaso, a la presencia o ausencia de los acuerdos políticos.

Expresada la idea del acuerdo político como eje transversal a estos y a todos puntos electorales, quisiéramos también que los siete hitos presentados por el OEV, que vamos a recordar ahora en orden cronológico, puedan ser leídos en clave de aprendizaje: de cómo, mediante el acuerdo político, las deficiencias podrían ser convertidas en oportunidades en 2023 y los años siguientes.

La sobrevenida repetición de la elección a gobernador en Barinas

La elección a gobernador del estado Barinas, repetida el 9 de enero de 2022, será recordada por al menos estos tres hitos fundamentales:

Primero, significó una injerencia inconstitucional del Poder Judicial sobre el Poder Electoral. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) paralizar la totalización de resultados cuando apenas faltaban por sumar tres actas y cuando se sabía que la ventaja numérica del candidato opositor era irreversible. Nunca debió repetirse la elección, sino dejar que el CNE terminara de totalizar, adjudicara y proclamara al ganador en buena lid. Un hecho que reaviva el debate sobre la separación de los poderes públicos.

Segundo, la participación masiva del electorado regional hizo la diferencia y, si en noviembre de 2021 la diferencia de votos entre ambos candidatos fue del 1 %, en enero de 2022 los ciudadanos de Barinas revalidaron esa voluntad ampliando incluso la brecha al 14 %. Quizás nunca en esta era política un candidato oficialista había reconocido la derrota incluso antes de que el órgano electoral anunciara el primer boletín de resultados.

Y tercero, representó el fin de casi un cuarto de siglo de administraciones sucesivas asociadas a la familia del expresidente Hugo Chávez, porque gobernadores fueron su padre y dos de sus hermanos. Una alternancia en el poder, sana en democracias, que llegó luego de una campaña electoral atravesada por las fiestas decembrinas y caracterizada por un terreno de juego muy desnivelado. El uso de recursos públicos con fines electorales y la abierta parcialización del Ejecutivo al servicio de la opción oficialista -ambas, violaciones a la norma- fueron hechos documentados en nuestro informe de observación del OEV de ese proceso comicial.

El revocatorio que no pudo ser: despacho exprés del CNE a un derecho

El poder puede ser representado como un buen acordeonista a la hora de administrar los tiempos políticos y electorales en Venezuela: si un anterior procedimiento de referéndum revocatorio presencial resultó dilatado de manera deliberada hasta por 10 meses de 2016, el más reciente intento de activación de este mecanismo fue despachado por el CNE en apenas 10 días de enero de 2022.

Precisamente sin acuerdo político alguno como telón de fondo, un grupo de activistas nacionales intentó activar esta figura contemplada en la Constitución. Pero el directorio del órgano electoral les dispuso un cronograma de recolección de manifestaciones de voluntad de casi imposible cumplimiento con lo cual, en la práctica, la revocatoria de mandato a la Presidencia de la República, por lo menos durante el actual período, quedó enterrada desde su etapa más incipiente.

Una comparación del OEV a los diseños y procedimientos aprobados por el CNE para cuatro recolecciones de firmas en distintos años visibiliza cómo esta, de enero de 2022, fue la de menos antelación, días, puntos y auditorías. Es decir, con mucho la más atropellada. Todas estas condiciones obstructivas las analizamos en detalle en nuestro Boletín OEV 77.

Las claves del informe final de la MOE UE

“Deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras elecciones”, como la falta de seguridad jurídica que provocó nuevas inhabilitaciones arbitrarias de candidatos, la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. Pero también “mejores condiciones electorales en comparación con elecciones pasadas”, como una administración electoral más equilibrada, la realización de varias auditorías y una actualización más amplia del Registro Electoral.

Unos y otros elementos fueron registrados por igual por una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que después de 15 años regresó a Venezuela para acompañar la elección regional y municipal de 2021. 23 recomendaciones, siete de ellas prioritarias, abrochan el informe final que la jefa de misión, Isabel Santos, debió presentar a distancia desde Bruselas el 22 de febrero a falta de contestación del CNE para hacerlo en Caracas, como había sido acordado por ambas partes y previamente anunciado por la MOE.

En el Boletín OEV 79 referenciamos y comentamos estas recomendaciones, pero sobre todo asentamos su valor vigente: constituyen oportunidades de mejora para elevar la integridad electoral en Venezuela, siempre que la voluntad política, acuerdos mediante, lo permita.

La silla vacía en el CNE: demorado reemplazo de Tania D’Amelio

Quizás en otros países ocurre que, ante la vacancia absoluta de una consejería o magistratura electoral, se aplica la norma y se reemplaza sin más, como cualquier otro trámite administrativo. En Venezuela, el siguiente caso demuestra que la dinámica es diferente: termina el año 2022 sin haberse dado el reemplazo a la rectoría principal del CNE que ejercía Tania D’Amelio, quien resultó designada para ser magistrada del TSJ desde finales del mes de abril.

Aunque existen un par de suplentes de esta rectoría, primero y segundo, civil y administrativamente hábiles para ascender, en más de siete meses no ha tomado decisión alguna el directorio, conformado desde abril y hasta el cierre de 2022 por cuatro rectores principales, dos vinculados al oficialismo y dos a la oposición. Las decisiones, según la legislación electoral, se toman por mayoría simple. Y en 2023 deberán venir decisiones clave, como una propuesta de reglamento para la votación en el exterior que reposa desde agosto.

La designación del quinto rector probablemente también esté atada a las negociaciones de México. En cualquier caso, la observación electoral ha reconocido a esta como la administración electoral menos desequilibrada de las últimas dos décadas, por lo menos en cuanto a rectorías, luego del acuerdo político de mayo de 2021, cuando la Asamblea Nacional designó en su totalidad a los integrantes del CNE. Encuestas también refieren que ha aumentado la imagen positiva de los electores hacia este Poder Electoral.

La primaria opositora: interés creciente, conformación del árbitro

Conforme avanzó 2022 en los medios y las redes sociales creció el interés de una parcialidad político-partidista, la opositora, en organizarse para definir en elección primaria quién será su abanderado en la carrera presidencial que constitucionalmente corresponde celebrar en 2024.

Van por lo menos cuatro fechas clave en este proceso:

• El 28 de junio, cuando la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela comunicó unas primeras ideas formales encaminadas a la celebración de la primaria.
• El 6 de octubre, cuando se aprobó el “Reglamento marco para elegir por primaria a la candidata o candidato presidencial unitario para las elecciones presidenciales de 2024”.
• El 9 de noviembre, cuando la oposición mayoritaria anunció los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, ente encargado de organizar y ejecutar la elección en algún momento del año 2023.
• El 12 de diciembre, cuando la comisión en pleno presentó en público los avances y primeras decisiones luego de una ronda de consultas que escuchó a voceros de 112 organizaciones políticas o sociales en 45 sesiones de trabajo.

En el Boletín OEV 88 enumeramos, con criterio técnico, algunos de los desafíos que tiene este equipo por delante y que seguramente se irán desgranando en los meses por venir: la recepción de todas las postulaciones, incluso de los inhabilitados administrativamente por la Contraloría; la solicitud de apoyo técnico y logístico al CNE, como en anteriores primarias tanto opositoras como oficialistas; las fechas, el financiamiento y la auditabilidad.

Tenemos nuevos vecinos: los triunfos de Petro en Colombia y Lula en Brasil

Colombia y Brasil, los vecinos geográficos más importantes de Venezuela, no solo concurrieron a elecciones durante este 2022, sino que eligieron cambios de mando que están representando y representarán en el futuro inmediato nuevas eras políticas.

El 19 de junio Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia contemporánea de Colombia. Su primera visita a Caracas como jefe de Estado sirvió para invitar a Nicolás Maduro a regresar al sistema interamericano de derechos humanos. Desde el OEV hicimos monitoreo de medios al proceso, divulgados en distintos boletines.

El 30 de octubre Luis Ignacio Lula da Silva conquistó por tercera vez la presidencia de Brasil, al vencer al mandatario derechista Jair Bolsonaro, crítico de uno de los sistemas electorales más sólidos y confiables de la región, como comentamos en el Boletín OEV 89.

Ambos procesos electorales transcurrieron, en líneas generales, con normalidad y en paz, bajo misiones de observación tanto nacional como internacional que validaron los resultados y ofrecieron recomendaciones para minimizar vicios como la compra de votos en Colombia y la justicia electoral, la polarización y la desinformación en Brasil.

Las urgencias del RE: actualizarlo dentro de Venezuela y abrirlo para ponerlo a tono en el exterior

El hecho de que no estemos transitando ahora mismo un ciclo electoral representa justamente un bono temporal valioso, que debe ser aprovechado para minimizar los importantes rezagos existentes en el Registro Electoral (RE).

Dentro de Venezuela, se ha estimado que por lo menos 2,5 millones de electores necesitan actualizar su domicilio y alrededor de otros 2 millones mayores de 18 años pueden ejercer el derecho de inscribirse en el RE. En el exterior, el sistema se encuentra cerrado con lo cual el primer paso sería, mediante acuerdo político, permitir la reapertura amplia del RE. Será necesario explorar y aplicar mecanismos que acerquen el servicio lo más posible a los migrantes con derecho a voto en elecciones nacionales.

Este es un asunto de derechos, que no debería estar sometido a condiciones y en cuyo caso la función del Estado tiene que ser facilitar y en ningún caso obstaculizar su ejercicio. Mientras más puntos convenientemente ubicados para el electorado, mejor. En una carta del mes de septiembre le expresamos al CNE más detalles y recomendaciones sobre este tema.

El 2023 debe ser el año de la apertura masiva del RE, para que estos varios millones de venezolanos puedan estar listos para votar en las próximas elecciones presidenciales. Convendrá, para ello, evaluar formas no presenciales de inscripción y actualización del RE en el exterior.

Hasta aquí nuestro recuento electoral del año que termina. El 2023 marcará, no cabe duda, la línea que seguirá nuestro próximo ciclo electoral, con las decisiones que tomen no solo los actores políticos en la mesa de negociación de México, sino también con la capacidad de incidencia sobre las condiciones y garantías que democráticamente deben ejercer los partidos políticos, la sociedad y sus organizaciones.

Recomendación al cierre

Despediremos los boletines de este año con música: el sexteto zuliano Voz Veis se reencontró después de varios años para grabar una nueva y especial versión de su tema navideño ‘Son tan buenos los recuerdos’; un canto a la unión familiar a pesar de la realidad migratoria. Dedica cinco minutos a mirar y escuchar el video. ¡Gracias por leernos, te esperamos en 2023!