Categoría: Comunicados

El Registro Electoral incluye a los ciudadanos venezolanos para que puedan ejercer el voto. El mismo se actualiza para incluir a nuevos votantes o excluir a quienes hayan fallecido. Las actualizaciones también sirven para modificar la residencia de electores registrados. Con vistas a los próximos comicios parlamentarios se implementó una jornada especial de actualización de dicho Registro y se establecieron -inicialmente- solo 14 días, esto es, desde el lunes 13 hasta el domingo 26 de julio de 2020.

Se habilitaron apenas 551 puntos a fin de que acudieran a ellos una gran cantidad de jóvenes, para lo cual requerían cumplir con dos requisitos: haber cumplido 18 años y tener su cédula laminada, aunque estuviese vencida. Debían acudir a la jornada, además, todos aquellos electores que hubieran cambiado de domicilio.

En el año 2015, ante un proceso electoral de similares características, el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó una jornada de inscripción y actualización de datos en el Registro que tuvo una duración de cinco meses y contó con la habilitación de 1.568 puntos en la totalidad de los 335 municipios, situación muy diferente a la que se presentó con vistas al evento programado para diciembre próximo.

Entre los días 23, 24 y 25 de julio, por ejemplo, se pudo constatar que no estaban operativos algunos puntos referidos en la web del CNE para el Distrito Capital y el municipio Chacao. Además, se habilitaron centros de actualización itinerantes, pero no se difundió cuándo y dónde funcionaban esos centros, con lo cual solo aquellos con información privilegiada pudieron organizarse para utilizar los operativos e inscribir o actualizar los datos de residentes de esas comunidades. Esto dificultó aún más a los ciudadanos el cumplimiento de este derecho y deber.

Como se indicó anteriormente, estaba previsto que el proceso cerrara el pasado domingo 26. Sin embargo, el CNE le comunicó al país ese mismo día una prórroga de 72 horas, justificándola por las dificultades que se presentaron en diversas zonas del país como consecuencia de las medidas de cuarentena ordenadas por el Gobierno.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) estima que tal prórroga de ninguna manera subsanó las consecuencias negativas derivadas de los pocos días determinados para llevar a cabo la jornada de registro. Y no da pie, en manera alguna, para considerar como exitosa la jornada celebrada.

Durante las dos semanas y tres días del operativo especial de actualización del Registro Electoral hubo distintos niveles de restricción por la cuarentena, dificultando y en muchos casos haciendo imposible que las personas pudieran cumplir con el requerimiento exigido, lo que sin duda lesiona un derecho importante en una sociedad democrática: el derecho al sufragio.

En suma, el OEV considera que la prórroga no maquilla siquiera los factores determinantes de unos resultados que seguramente dejaron mucho que desear; esto es, la poca promoción que se hizo del evento, el escaso tiempo del cual se dispuso, un número insuficiente de oficinas de centros para el Registro, el hecho de que las dependencias encargadas de la cedulación no intervinieran activamente en la jornada estando muchas de sus oficinas cerradas y, finalmente, pero no por ello menos importante, la pandemia.

Como lo han señalado diversos sectores de la sociedad venezolana, así como muchas organizaciones, entre ellas el OEV, la manera como transcurrió el proceso de inscripción y actualización de los ciudadanos en el Registro Electoral es un mal mensaje y no logra disipar las dudas que una buena parte del país mantiene respecto a la calidad del venidero proceso electoral. Muy por el contrario, las profundiza.

Por el bien de todos, es imperativo introducir las rectificaciones necesarias.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 30 de julio de 2020

No hay que dejar de señalar la importancia de los procesos electorales; en este caso, la importancia que tienen los próximos comicios parlamentarios. A fin de cuentas, el voto es una herramienta esencial para el sistema democrático. La severa crisis en la que se encuentra nuestra sociedad, se ha dicho mil veces, reafirma la importancia del sufragio, a fin de que esta pueda comenzar a resolverse por vía de la política, mediante compromisos que hagan posibles unas buenas elecciones.

Pero, así mismo, no hay que dejar de señalar que, para que surtan el efecto esperado, las elecciones deben ser llevadas a cabo a partir de unas condiciones que generen confianza en los actores políticos y sociales, pero sobre todo en el votante; esto es, que hayan sido realizadas de tal manera que no exista duda alguna sobre la legitimidad de sus resultados.

Lamentablemente, luego de un inicio que parecía auspicioso a partir del nombramiento del Comité de Postulaciones por parte de la Asamblea Nacional, la situación se deterioró, las coincidencias políticas que parecían existir desaparecieron y el TSJ terminó obviando las normas legales vigentes, designando un directorio inclinado hacia el oficialismo, con base en un arreglo político parcial entre el gobierno y un sector minoritario de la oposición. Cabe mencionar de pasada, pues es historia reciente y conocida, que la nueva directiva ha tomado algunas decisiones que han sido ya cuestionadas legal y políticamente.

En medio de este tenso contexto, el pasado 5 de julio el ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, declaró refiriéndose a un comunicado de una “facción” de la Asamblea Nacional, que: “Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan”. Se trata de una opinión absolutamente contraria al sistema democrático, tanto por su contenido como por quien la comunicó, que contribuye de manera ostensible a enrarecer aún más el clima electoral. No puede pasarse por alto que es precisamente el Ministro de la Defensa el principal responsable de adelantar el llamado Plan República, vigilante y salvaguarda de la seguridad del venidero proceso electoral.

Por otra parte, hay que mencionar que en el mismo sentido negativo contribuyeron pronunciamientos de factores políticos opositores, advirtiendo anticipadamente que ellos no participarían en las elecciones parlamentarias, dado el sesgo del Consejo Nacional Electoral y las condiciones en que tendrían lugar los comicios, en particular la intervención de algunos partidos y la suspensión, calificada de arbitraria, de su dirección nacional y su sustitución por otras juntas directivas.

En fin, los venezolanos nos encontramos ante un panorama complicado y marcado por importantes interrogantes, dentro del cual por si fuera poco, se pretende cumplir con un proceso disponiendo de poco más de cinco meses, en medio de circunstancias que se ven seriamente agravadas por la pandemia y que, en muchos aspectos, dificultan su organización. Luce necesario considerar, de manera consensual, la posibilidad de extender el tiempo en beneficio de la calidad de las elecciones.

No obstante los inconvenientes registrados en las líneas anteriores, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ratifica la necesidad de realizar un esfuerzo en el que participen diferentes sectores de la vida venezolana, además de los sectores políticos, con el propósito de lograr los acuerdos requeridos para que los venezolanos puedan ir a votar, a sabiendas de que acuden a un acto transparente y honesto y desde la convicción de que no hacerlo o hacerlo mal generaría graves consecuencias para la sociedad venezolana.

El OEV reitera, además, que llevar a cabo el proceso electoral representa un esfuerzo que debe hacerse por la democracia y por el ciudadano de a pie; el que experimenta día a día, en carne propia, una crisis despiadada que se expresa en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es un esfuerzo que contribuye en buena medida a despejar el futuro próximo, dibujando un escenario que represente el comienzo de la recuperación del país a partir de pactos poselectorales que abonen la estabilidad social.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 10 de julio de 2020

La inmensa mayoría de los venezolanos, más allá de sus posiciones políticas o ideológicas, está de acuerdo con una salida pacífica a la ya prolongada crisis política nacional, causa fundamental de los numerosos y variados problemas que entraban el funcionamiento de nuestra sociedad y el transcurrir diario de la vida de los ciudadanos, agravados, además, por los efectos de la pandemia.

Organizaciones de variada naturaleza, entre ellas el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), se han pronunciado de manera reiterada por la necesidad de alcanzar un acuerdo político que haga viable la celebración de unas elecciones que posibiliten ir abriendo caminos a la resolución de los problemas sociales, económicos, sanitarios y educativos que confrontamos. En este sentido, se ha insistido mil veces que el primer paso para ello es el nombramiento consensuado de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble e imparcial, que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia y que garantice la validez de los resultados obtenidos en las urnas de votación.

No debería haber razón alguna para evadir un pacto de esta naturaleza. No es este, así pues, el momento de querer sacar provecho político de la tragedia que estamos padeciendo. Por el contrario, es este el momento de unir a todos los sectores, políticos y sociales, en torno al desenlace de una crisis que agobia a nuestra sociedad desde hace varios años.

El OEV reitera, por último, que la ausencia de acuerdos no deja ganadores ni derrotados. Perdemos todos, sobre todo los ciudadanos cuya vida ha venido siendo una tragedia. Es deber de nuestro liderazgo político mirar más allá de sus intereses.

Observatorio Electoral Venezolano

Caracas, 12 de junio 2020

En medio de la grave crisis política, causante de los problemas y conflictos que agobian desde hace varios años a la sociedad venezolana, en días recientes se asomó la posibilidad de llegar a algunos acuerdos que pudieran marcar los primeros pasos que nos conduzcan a la solución pacífica de las dificultades que perturban el funcionamiento normal del país. Resulta importante destacar que, de acuerdo a las encuestas, es esta la opción de la inmensa mayoría de los venezolanos y, así mismo, la que vienen exigiendo, con constancia y firmeza, diversos sectores organizados de la sociedad civil.

Las conversaciones de estos días, entre la oposición y el Gobierno, con la participación de organizaciones internacionales, han girado en torno al propósito de concretar diversas e importantes iniciativas incluidas en un plan de ayuda humanitaria.

De manera casi paralela habían tenido lugar encuentros referidos a las próximas elecciones parlamentarias, concentrándose particularmente en el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) políticamente equilibrado, que merezca la confianza de la opinión pública y que inicie las tareas previstas a fin de que las elecciones tengan lugar.

Lamentablemente, el 5 de junio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó la decisión de declarar la “omisión inconstitucional” por parte de la Asamblea Nacional en la designación de los integrantes del CNE, sembrando la duda acerca de su equilibrio en el desempeño de los asuntos que le corresponden y comprometiendo el proceso de votación.

El OEV lamenta y considera inconveniente la más reciente decisión electoral del TSJ. Insistimos en la necesidad de las negociaciones políticas, a fin de acordar las condiciones para unas elecciones que resulten confiables. Reivindicamos la importancia de que se haya conformado un Comité de Postulaciones Electorales plural. Reiteramos, así mismo, que la vía pacífica, democrática y electoral es la única que puede abrir la ruta para que emerja un nuevo y mejor país para los venezolanos. Y enfatizamos, por último, la convicción de que con cualquier otra fórmula, perdemos todos. Ojalá haya tiempo para corregir este grave error.

Caracas, 7 de junio 2020

Nicolás Maduro, en una entrevista reciente, dejó entrever que este año podría no haber elecciones en Venezuela: “A estas alturas yo no sé si habrá elecciones este año porque tenemos esta prioridad [la pandemia], y hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a ‘trocha y mocha’. Está el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, en el caso que se tuviera que deliberar con la Constitución en la mano y tomar decisiones”, dijo en un programa de radio a Alfredo Serrano Mancilla, el que fuera su asesor económico a principios de su Gobierno (La Pizarra, 18 de abril de 2020).

No es Venezuela el único país del mundo donde está en discusión un cronograma electoral. Como bien señalamos en nuestro más reciente boletín (Boletín OEV N° 39), en alrededor de 50 países está siendo suspendido o postergado el cronograma electoral que tenían ya acordado. Los tipos de elección involucrados son variados (nacionales, parlamentarias, regionales, municipales, referendos) pero, en todo caso, lo relevante es resaltar que, dada la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus, discutir la alteración de fechas de una eventual próxima elección no es una situación exclusiva de Venezuela. No somos el ombligo del mundo y, en este ambiente de grandes incertidumbres, Venezuela está acompañada por la totalidad del planeta.

Igualmente cabe resaltar que esos debates y resoluciones sobre los cronogramas han sido abordados de maneras distintas en diversos países. En Uruguay, por ejemplo, la decisión final resultó luego de haberse logrado un consenso entre los partidos políticos con representación en el parlamento, el ejecutivo y la autoridad electoral. Un comportamiento que, desde una mirada democrática, parece ejemplar. También está el ejemplo de las primarias en un estado de los Estados Unidos donde hubo una decisión inicial del gobernador, suspendiéndolas por razones de seguridad sanitaria, y una posterior decisión de la corte estadal, ordenando su realización, con una votación de 4 jueces a favor y 2 en contra. En todo caso, fue una votación polarizada, siendo favorables a Trump los cuatro jueces que se expresaron por revocar la suspensión decretada por el gobernador. No parece haber existido allí esfuerzos por construir acuerdos inclusivos. La fuerza institucional de una mayoría se impuso.

El caso nuestro es un caso extremo. Aunque no es todavía una decisión definitiva, sino más bien un anuncio preliminar, el lenguaje usado en la declaración asoma ya un mal camino. Constitucional y legalmente no le corresponde al presidente decidir la fecha de ninguna elección y menos aún alterar un cronograma ya decidido. Se estaría, una vez más, usurpando funciones que son de la exclusiva competencia del Poder Electoral. En la entrevista citada, Maduro señala que cualquier debate y posterior resolución sobre el tema será hecha en el TSJ.

Debería ser el Poder Electoral, renovado por la Asamblea Nacional al finalizar el procedimiento iniciado a fines de 2019, quien, guiado por vocaciones democráticas, construya un consenso entre los principales actores políticos, un acuerdo nacional en esta materia, acordando qué elección o elecciones deberían realizarse en qué fecha, pasada la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. La pandemia no debe pasarle por encima a la democracia.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 24 de abril 2020

El coronavirus se nos volvió pandemia y tiene tomado el planeta. Se dice que no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial nada que haya generado tal sensación de vulnerabilidad en el mundo. En este caso en lo más básico, la salud, pero con consecuencias graves en todas las esferas de la vida humana, entre las que, desde luego, está la economía.

Se trata de un espécimen microscópico del que los científicos confiesan no saber todo lo que de él hay que saber, cuya vacuna no pareciera estar a la vuelta de la esquina y que ha puesto en jaque al mundo, modificando en forma radical la manera como transcurre la vida en todos los países. Nuestra idea de la convivencia social está siendo puesta a prueba como nunca antes. El mundo está en cuarentena, la gente en sus casas agobiada por interrogantes y preocupaciones acerca de lo que ocurre y de lo que vendrá en el futuro cercano.

Como en otras partes, en Venezuela el Gobierno decretó el estado de alarma en el ámbito nacional y ha ido tomando medidas que, con sus variantes, se fundamentan en los protocolos aconsejados por la Organización Mundial de la Salud y organismos similares a escala internacional, pero en medio de debilidades severas en su sistema de salud pública y una situación de emergencia sanitaria diagnosticada hace varios años, como ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el contexto anterior, el OEV estima imprescindible un acuerdo político para encarar esta emergencia. Un acuerdo que haga a un lado las diferencias inherentes a la polarización y ponga en el centro la grave situación por la que están hoy en día pasando todos los venezolanos, así como las secuelas que inevitablemente dejará por un buen tiempo esta pandemia en todos nosotros, no importa el lado ideológico o político en donde nos ubiquemos.

No es este, así pues, el momento de querer sacar provecho político de la tragedia que estamos padeciendo. Es el momento de unir a todos los sectores, políticos y sociales, en torno a la búsqueda de financiamiento, apertura de un canal humanitario, la revisión de sanciones y todo lo que sea necesario enfrentar en esta crisis.

Esta pandemia nos pone por delante un desafío que llamamos a enfrentar con calma y que requiere la solidaridad entre todos los venezolanos, que cada quien desde su posición y desde sus posibilidades, la asuma como una tarea propia. Y, valga la reiteración, exige como condición necesaria alcanzar todos los acuerdos que hagan falta entre los distintos actores políticos.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 24 de marzo de 2020

El pasado sábado 7 de marzo, los venezolanos fuimos impactados con la información de que 49.408 máquinas de votación quedaron inservibles, además de 49.323 de los dispositivos llamados “captahuellas”, producto de un incendio en el galpón del Consejo Nacional Electoral, en Filas de Mariche. Supimos, igualmente, que solo 562 del total de máquinas de votación disponibles no resultaron dañadas por el fuego. Y trascendió, por otra parte, la falta de medidas de seguridad que protegieran un lugar de tanta importancia.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva de lo ocurrido, a fin de ubicar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Lamentablemente, sin que las necesarias indagaciones hubieran sido llevadas a cabo, funcionarios del Gobierno acusaron abiertamente a sectores opositores de haber perpetrado el hecho. Cabe decir, así mismo, que desde los lados de la oposición se habló de un sabotaje por parte del oficialismo. Habrá que esperar el dictamen de la Fiscalía y esperar, igualmente, que este organismo se desempeñe con celeridad y de manera imparcial, aunque su historial no dé para ser muy optimistas. ¿Sería mucho pedir una investigación a cargo de una comisión independiente?

Resulta imprescindible que se den, lo antes posible, las debidas explicaciones respecto a lo anteriormente señalado, así como con respecto a la factibilidad de llevar a cabo las votaciones previstas para el año en curso, entendiendo que, si bien las máquinas no son el único componente del sistema automatizado de votación, constituyen una parte fundamental del mismo.

Sobra decir que lo ocurrido es, sin duda, una mala noticia para el país porque genera un gran ruido en el escenario electoral, sembrando nuevas suspicacias alrededor del sufragio. En efecto, introduce dudas referidas a qué máquinas nuevas se comprarán, a quién, cuándo, a qué costos y si serán auditables y, por ende, confiables. Resulta entonces de la mayor urgencia que el Poder Electoral informe al país, de manera transparente, los pasos necesarios que habrán de tomarse, así como los tiempos estimados para llegar a reponer la plataforma tecnológica requerida para la realización de elecciones automatizadas confiables en el país.

En definitiva, el OEV estima que este terrible evento agrega un obstáculo adicional a la salida democrática y pacífica de la crisis nacional, respaldada, según estudios de opinión, por la inmensa mayoría se la población, justo en el momento en que parece estarse alcanzando un acuerdo para nombrar un nuevo CNE, tras haberse instalado el Comité de Postulaciones Electorales. Como si fueran pocos los retos que deberá confrontar ese próximo CNE, se suma ahora esta nueva calamidad.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 11 de marzo de 2020

La necesidad de realizar elecciones se impone entre los venezolanos como una vía necesaria, aunque no suficiente, para salir de la prolongada crisis política que sufre el país. Se trata de llevar a cabo unos comicios transparentes y confiables para lo cual resulta imprescindible designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que reemplace al que durante varios procesos electorales, en particular los que tuvieron lugar después del nombramiento de la Asamblea Nacional (año 2015), actuó de manera parcializada y favorable a los intereses del Gobierno, generando resultados que fueron cuestionados severamente tanto en el ámbito nacional como internacional.

Dentro de este marco adquiere una enorme trascendencia el nombramiento de nuevas autoridades electorales, como resultado de un acuerdo político que permita la conformación de un árbitro imparcial que recupere la significación del voto como herramienta de la democracia y recupere la confianza entre los votantes, muy venida a menos en los últimos tiempos debido, como se mencionó antes, a las irregularidades que caracterizaron las últimas votaciones.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ve con preocupación los conflictos partidistas (fraccionamiento de los grupos políticos) e institucionales (la existencia de dos directivas en la Asamblea Nacional) que están dificultando, retardando y obstaculizando la renovación del CNE, según se ha podido observar claramente, por ejemplo, en el proceso de designación del Comité de Postulaciones Electorales.

El OEV observa el riesgo de que se repita la historia y, sin mediar ningún acuerdo político, sea en definitiva el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo respaldo a los intereses al Gobierno ha sido evidente, el organismo que finalmente escoja los rectores y volvamos a tener un árbitro percibido como parcializado que, lejos de contribuir a resolver los problemas de la sociedad venezolana, los agrave. Los procedimientos importan. La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral señalan con claridad la ruta a seguir para estos nombramientos. Alejarse de ella dará pie, sin duda, a desconfianzas y cuestionamientos de un eventual nuevo CNE.

No olvidemos, en este sentido, las irregulares elecciones recientes, incluidas las presidenciales llevadas a cabo en mayo del año 2018. Recordemos su papel como agravante de la actual crisis política de la sociedad venezolana.

Caracas, 13 de febrero de 2020

En el tiempo en que parecía que la Asamblea Nacional empezaba a tender vías de consenso para la reestructuración de un Consejo Nacional Electoral imparcial, los hechos del 5 de enero de 2020 traban el juego político dificultando una solución electoral expedita a la crisis en Venezuela.

Difícil imaginar un peor comienzo del año en materia política. El Gobierno, recurriendo incluso a la violencia, trató de impedir la elección de la nueva directiva del Poder Legislativo, obstruyendo la participación de los sectores opositores. Se trata de un hecho político muy grave, que repercute negativamente en el país.

La junta directiva, nombrada a primeras horas de la tarde eludiendo las reglas, está integrada por diputados que fueron elegidos habiendo sido postulados por partidos opositores, cuyo cambio de postura oscurece aún más esa elección, pues sugiere posibles presiones, chantajes y otras malas prácticas.

La Asamblea Nacional es una institución fundamental de la democracia, pieza angular del Estado de Derecho y componente insustituible del equilibrio de poderes. De pasar a controlarla, el Ejecutivo pasaría a controlar todos los poderes públicos, sin el sano contrapeso democrático que disponen la Constitución y las leyes.

La acción del Gobierno ha sido duramente cuestionada en el ámbito internacional, provocando la protesta de países que habían sido más cautelosos en su posición. De la misma manera, han reaccionado diversos sectores nacionales.

Mientras tanto la crisis económica, la emergencia humanitaria y el fenómeno migratorio avanzan como denominadores comunes de la sociedad venezolana.

Lejos de atenuarla, la posición asumida por el Gobierno obstaculiza seriamente la resolución de la crisis. Es, sin duda, un golpe a la necesidad de un acuerdo político nacional que permita soluciones electorales, pacíficas, democráticas y constitucionales en este nuevo año 2020.

¿Cómo podría nombrarse un CNE realmente imparcial, reconocido por todos los actores nacionales, en las circunstancias planteadas a partir del 5 de enero? Urge, pues, rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Una superación del conflicto mediante el diálogo, el consenso y la negociación política, en el marco de la Constitución y las leyes, bajo el signo de la paz, por el bien de todos.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 9 de enero de 2020

El país vive una crisis política desde hace varios años, que ha generado profundas consecuencias en su desenvolvimiento general. La solución de la misma resulta imprescindible para que se resuelvan las crisis que se han generado en lo económico, lo social y lo institucional.

Dentro de este contexto se ubica la realización de unas elecciones, vistas como condición necesaria, aunque no suficiente, desde luego, a fin dibujar una salida que permita despejar el horizonte del país. Se trata de apelar a la democrática idea de que es la opinión de la gente, expresada en el voto, la que debe decidir la suerte de nuestra sociedad, encontrándole un desenlace pacífico a una situación que compromete la existencia de los venezolanos, para una gran parte de ellos en el sentido más literal de la palabra.

Las elecciones representan hoy en día la mejor opción a la vista para rehacer al país, tan descosido y venido a menos como se encuentra hoy en día. Cualquier otro camino resulta más costoso y a la postre no hace sino retardar un proceso que al fin y al cabo termina siendo el idóneo para zanjar los conflictos que sacuden a una sociedad. Resulta clave la tramitación, cuanto antes, de un acuerdo que se prolongue, incluso, más allá del evento comicial, como parte de un gran pacto nacional orientado a solventar las dificultades que afectan al país.

El OEV estima importante señalar que el pacto en torno a la celebración de unos comicios debe ir acompañado del compromiso de que se celebren bajo la autoridad de un árbitro electoral imparcial, encargado de hacer cumplir todos los requisitos exigidos para garantizar que sus resultados sean confiables y aceptados por todos, tanto por los candidatos y sus partidos, como por los ciudadanos. Lo que el país requiere y reclama son unas buenas elecciones, no como las celebradas el pasado 20 de mayo, que fueron efectuadas en medio de grandes irregularidades y cuyos resultados fueron muy cuestionados. Otras malas elecciones no solo no contribuirán a resolver las crisis, sino que con seguridad las agravarán.

Es imperativo insistir en que si se cierra la vía para llegar a los acuerdos políticos necesarios, todos saldremos perdiendo. La negociación es la mejor opción política de cara a la grave crisis venezolana.

Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 14 de agosto de 2019