POR Héctor Briceño*
Desde que Nicolás Maduro asumiera la Presidencia de Venezuela tras las controvertidas elecciones de 2013, ha impedido en dos ocasiones la realización de un referendo revocatorio de su mandato: la primera, en 2016; la segunda, tan sólo a las dos semanas de iniciado 2022. Y aunque las estrategias utilizadas por el Gobierno chavista fueron diametralmente opuestas, convergen en varios puntos.
Hace seis años, el chavismo dilató el proceso de convocatoria hasta lograr que, en caso de efectuarse, se tradujera en una simple rotación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Presidencia de la república y no en la convocatoria inmediata de una nueva elección presidencial que permitiese apartar al régimen del poder. Para ello, utilizó un defecto en el diseño constitucional según el cual si un presidente abandona el cargo durante los cuatro primeros años del periodo constitucional de seis, deben convocarse nuevas elecciones en el plazo de 30 días. Sin embargo, según el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si el abandono tiene lugar durante los dos últimos años del sexenio, le corresponde al vicepresidente (nombrado directa y exclusivamente por el presidente en ejercicio) asumir la Presidencia hasta culminar el periodo constitucional.
Este defecto se encuentra en que ni siquiera un referendo revocatorio, es decir, ni siquiera la voluntad popular expresada a través de elecciones, permite sustituir a la élite política en la Presidencia una vez cruzada la frontera de los cuatro años. Así, los promotores del referendo revocatorio presidencial de 2016 abandonaron la iniciativa en cuanto la llegada de la frontera temporal se hizo inminente, gracias a los obstáculos que pusieron conjuntamente cuatro tribunales regionales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en octubre de 2016.
En enero de 2022, no obstante, la estrategia puesta en marcha por el chavismo fue inversa: en vez de retrasar, aceleró el proceso al máximo con el objetivo de impedir la organización de los grupos opositores promotores del referendo y, con ello, evitar que reunieran el apoyo de al menos el 20% de electores inscritos en el registro electoral, requisito indispensable establecido por el artículo 72 de la Constitución venezolana para convocar el proceso revocatorio.
El 17 de enero pasado, representantes de las Agrupaciones de Ciudadanos Mover (Movimiento Venezolano por el Revocatorio), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta y el Comité Pro Defensa de la Democracia Nacional como Internacional solicitaron al CNE la activación del procedimiento para la realización de un referendo revocatorio al cumplirse la mitad del mandato presidencial. La sorpresiva receptividad inicial del instituto electoral, que derogó algunas de las trabas burocráticas diseñadas para obstaculizar este tipo de solicitudes, fue superada por la publicación de un expedito cronograma de organización del proceso de recolección del apoyo (manifestaciones de voluntad) de los electores al referendo. Según el cronograma electoral publicado el viernes 21 de enero por el CNE, los promotores disponían de menos de cinco días, entre el 21 y el 25 de ese mes, para inscribir testigos, informar a los electores y promover el referendo revocatorio. También establecía que la recolección del 20% de manifestaciones de apoyo (4,2 millones de electores) se realizara, en una única jornada de 12 horas, el 26 de enero a través de 1.200 centros de votación cuya distribución geográfica no fue dada a conocer hasta el sábado 22 de enero.
El procedimiento “no es factible”, denunció el rector del CNE Roberto Picón, puesto que impuso una barrera física imposible de sortear. Para alcanzar el mínimo de apoyos necesarios cada centro tendría que atender de promedio “a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas, disponiendo cada uno de los firmantes de 12 segundos (…) para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno”. Además, la distribución geográfica de los centros implicaba que los electores debían desplazarse “entre municipios de su mismo Estado, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia”, afirmó mediante un comunicado la organización social de observación electoral Observatorio Electoral Venezolano (OEV). En efecto, el 26 de enero se reunieron poco más de 42.000 manifestaciones de voluntad a favor del referendo (un 1% del registro de electores), imposibilitando con ello la convocatoria del revocatorio presidencial.
Así, en ambas ocasiones el Consejo Nacional Electoral ha sido la institución encargada de obstaculizar la realización del referendo mediante la manipulación de la normativa, para lo que sólo necesitó de una sesión del Consejo y el apoyo de tres de los cinco rectores del CNE. El excesivo poder de las autoridades electorales pone de manifiesto la necesidad de reconstruir el equilibrio institucional; no sólo entre poderes, sino también intra-poderes, especialmente en aquellos espacios en los que se toman decisiones sobre los derechos más elementales, para que éstos no recaigan en unas pocas personas con gran poder discrecional y sin obligación de rendir cuentas frente a los ciudadanos.
Pero la súbita muerte del referendo revocatorio presidencial también pone de manifiesto, una vez más, la absoluta descoordinación opositora, que le impide organizarse y planificar los escenarios más elementales. Ni en 2016, como tampoco en 2022, la iniciativa de solicitud de un referendo revocatorio presidencial fue el resultado de una estrategia opositora planificada y coordinada políticamente, sino de un voluntarismo político que cree que la crisis humanitaria y el descontento y malestar social es articulador suficiente o incluso sustituto de la organización política.
Un referendo revocatorio presidencial es quizás el evento político más polarizante que existe. En una sociedad ya extremadamente polarizada como la venezolana, se convierte en un peligroso juego de ‘suma cero’ que podría incentivar la violencia.
Adicionalmente, la polarización puede trasladarse fácilmente de los polos chavismo-oposición hacia el débil y fragmentado bloque opositor si antes no se solucionan aspectos organizativos elementales: ¿habían coordinado los promotores del referendo revocatorio con los diversos actores de oposición?; ¿contaban con el apoyo político?; ¿disponían de una plataforma para organizar a los electores, para promover los apoyos a la solicitud y, eventualmente, para la defensa de los votos?
Más aún, si un referendo revocatorio durante el cuarto año del sexenio constitucional 2018-2024 hubiese tenido éxito, implicaría el inicio de un nuevo proceso electoral presidencial en tan solo 30 días: ¿contaba la oposición con una estructura organizada para acometer una campaña electoral presidencial?; ¿tenía la capacidad de revertir la desconfianza en el voto sembrada durante al menos los últimos cuatro años y que apenas comenzó a revertirse el 21 de noviembre de 2021?; ¿dispone de estructura política?; ¿quién sería el candidato presidencial?; ¿qué mecanismo utilizaría para designarlo?; ¿lo apoyarían todos los partidos?; ¿contaba con un plan para una transición de gobierno?; ¿y con un proyecto político consensuado? Son sólo algunas de los nudos críticos más elementales.
El chavismo impidió el referendo revocatorio presidencial y su análisis no puede separarse del resto de los eventos políticos electorales del pasado reciente y también lejano. Con ello, han querido demostrar que las dosis de apertura, económica o política, son administradas en función de un plan cuidadosamente diseñado. Para ejecutarlo cuenta con la institución electoral, los tribunales e incluso, los militares; pero también con las debilidades opositoras, su voluntarismo irracional y, sobre todo, su creciente atomización. Sin embargo, el coste de frustrar el referendo presidencial se convertirá muy probablemente en mayor desesperanza y desconfianza hacia la institución electoral, el voto y hacia los actores políticos tanto ‘chavistas’ como opositores, deteriorando aún más la escasa gobernabilidad.
La desarticulación del referendo revocatorio también ha reanimado las negociaciones de México; pero, más importante aún, coloca la lucha política venezolana por la democracia en un horizonte de medio plazo: elecciones presidenciales en 2024 y parlamentarias en 2025. Para entonces, los sectores democráticos están obligados a reconstruir la confianza mutua y la cooperación como prerrequisito para generar en la población la credibilidad y confianza necesarias y para asumir el reto de la re-democratización del país.
*Héctor Briceño es profesor-investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), responsable de la cátedra de Análisis Sociopolítico. Este artículo fue publicado originalmente en el portal Agenda Pública, de El País.